ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL PROXIMO GOLPE DE ESTADO EN CATALUÑA

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, August 13, 2018 21:05:00

Karl Marx escribe en su obra El 18 brumario de Luis Bonaparte: “Hegel sostiene en algún lugar que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa". Con esta frase Marx quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. De vivir Marx en la actualidad, alguien le podría objetar que eso ocurriría en Francia, pero que en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.

Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932 que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República, y que claramente fracasó. El Gobierno de entonces no se tomó quizás demasiado en serio la intentona. A Sanjurjo se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua que, por supuesto, no cumplió; tan solo una pequeña temporada en el penal de El Dueso en un régimen de internamiento bastante benévolo, hasta que por último se exilió a Estoril. Cuentan que el llamado jefe de la Revolución mexicana, Plutarco Elías Calles, envió el siguiente mensaje a Azaña: "Si quieres evitar el derramamiento de sangre en todo el país y garantizar la supervivencia de la República, ejecuta a Sanjurjo". Mensaje que hoy, en un país europeo y después de más de ochenta años, con una mentalidad, por lo tanto, totalmente distinta de la que regía entonces en México, nos puede parecer muy duro y descarnado, pero no por ello deja de ser significativo.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados, auténticos representantes de la soberanía nacional. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero, quien ya había diseñado un año antes en Játiva un plan similar. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza que terminó con el arresto de los golpistas. La reacción del Gobierno y del propio aparato judicial fue muy débil. Tejero e Inestrillas, cabezas del previsible levantamiento, fueron condenados a siete y seis meses respectivamente de arresto, sin que ninguno de ellos perdiese el grado de militar.

A finales del año pasado en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado. El referéndum del 2 de octubre fue una patochada que ni siquiera validaron los llamados observadores internacionales convocados y pagados por la propia Generalitat; y la proclamación de la República, un espejismo que nadie reconoció y que carecía de todas las estructuras e instrumentos necesarios para funcionar.

No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el nuevo Gobierno y los independentistas que puede tener consecuencias gravísimas. El equipo de Sánchez y algunas de sus prolongaciones mediáticas hablan de la agenda del presidente en Cataluña que, según ellos, pasa por un doble mensaje, reaccionar con cordialidad y sin inmutarse frente a los actos hostiles de los independentistas, y con toda dureza ante sus actos ilegales. Parece ser que tan solo consideran como acto ilegal la última declaración soberanista del Parlament que el Gobierno impugnó ante el Constitucional, aunque la dureza no se vio por ninguna parte porque el Gobierno ni siquiera pidió que el Tribunal requiriese a Torrent y a los demás miembros de la mesa. Y actos ilegales, aunque de menor trascendencia, están practicando los independentistas todos los días sin que el Ejecutivo reaccione en absoluto.

Yo pienso que Pedro Sánchez solo tiene una agenda, mantenerse en el gobierno a cualquier precio, y ahí se encuentra precisamente el peligro de las negociaciones entabladas, que se realizan desde la hipoteca. Los sanchistas vienen afirmando que dentro de la Constitución se puede negociar todo. Me temo que lo que realmente quieren decir es que dentro de la Constitución se puede ceder todo. Vayamos por partes. Lo primero es señalar que no se está negociando con Cataluña sino con los golpistas, que como mucho representan a la mitad de los catalanes. Y que hay otros muchos catalanes cuyas reivindicaciones son totalmente contrarias a las que colocan los independentistas encima de la mesa de negociación.

Lo segundo es que existe la sospecha, y sospecha fundada, de que Sánchez y sus adláteres poseen un concepto muy laxo de la Constitución, por ejemplo, cuando el presidente del Gobierno afirma que el problema de Cataluña solo se soluciona votando. ¿A qué votación se refiere? Porque votar, votar, los catalanes salen a una elección por año. Otra cosa es que se pretenda, por más que se disfrace de una o de otra manera, que aquello que deben decidir todos los españoles se consulte exclusivamente a los catalanes. En ese sentido, aunque no se explican demasiado, es mal síntoma que hablen de un nuevo Estatuto, retomando aquellas cuestiones que el tribunal de garantías declaró inconstitucionales, o las manifestaciones de Meritxel Batet acerca de que si el 70 u el 80% de las fuerzas catalanas se pusiesen de acuerdo, el contenido se podría someter a referéndum en Cataluña. En ambos casos se está aceptando (o al menos se induce a confusión) que la soberanía no radica en el pueblo español en su conjunto.

Pero aun cuando creamos que la agenda de cesión de Pedro Sánchez tiene de verdad un límite, el de la Constitución, el camino emprendido es sumamente peligroso porque hay muchísimas cosas en las que el Gobierno no puede ni debe ceder, aunque no se opongan a la Constitución. Por supuesto, en todas aquellas reivindicaciones que representarían un claro agravio frente a otras Comunidades Autónomas. No hay que olvidar que Cataluña es una de las regiones más ricas, y sería totalmente injusto que al final el golpismo tuviese premio.

Pero existe incluso una limitación mucho mayor, la de no propiciar un nuevo golpe que quizás no aparecería ya como farsa, sino como tragedia. El independentismo, tras el fracaso obtenido con la declaración unilateral de independencia, si bien no ha tenido más remedio que aceptar los hechos y adaptarse a la realidad, sus representantes continúan sin embargo enrocados en su objetivo y dispuestos a repetir la rebelión tan pronto se les presente la ocasión y cuenten con los medios precisos para, ahora sí, tener éxito. En realidad, no engañan a nadie y admiten abiertamente su propósito. Consideran este periodo como un paréntesis en el que rearmarse para volver a intentarlo si nadie se lo impide. Por eso resulta tan obsceno que Pedro Sánchez quiera engañarse o engañarnos. Toda nueva cesión al independentismo es allanarles el camino para un segundo golpe de Estado, al que no han renunciado en ningún momento.

El primer golpe de Estado vino precedido de casi treinta años de cesiones en los que los dos partidos nacionales mayoritarios compraban el apoyo en las Cortes de los nacionalistas a costa de prebendas. Habrá quien pensase que esta política de continuos favores aplacaría las reivindicaciones independentistas. Todo lo contrario, sirvió para que el nacionalismo fuese robusteciéndose socialmente poco a poco y haciéndose con todas las estructuras en Cataluña. Los medios de comunicación públicos o subvencionados y la educación han ido consolidando el discurso, adoctrinando a gran parte de la sociedad, incluso, cosa sorprendente, a muchos de los que provenían de otras partes de España y que renegaban de sus orígenes para abrazar el supremacismo, esperando ser aceptados aunque fuese en un puesto de segunda fila.

Es de suponer que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE nunca pensaron que sus favores, y su pasividad hacia lo que ocurría en Cataluña, fuesen a terminar en un golpe de Estado. Pero la situación ahora es diferente. Los independentistas no lo ocultan. Permanecen en los mismos planteamientos que originaron la asonada el pasado año: autodeterminación y, si es necesario, por la fuerza. Continuar empeñados en contentarles con cesiones y nuevas competencias es pura demencia. Lejos de satisfacer sus aspiraciones, servirán únicamente como nueva plataforma en la que apoyarse para alcanzar su auténtico objetivo.

Pedro Sánchez, con la finalidad de perdurar en el gobierno, está insuflando aire al independentismo. El acercamiento de presos a Cataluña, cuando la política penitenciaria está transferida a la Generalitat; la dejación en el control de las cuentas de la Comunidad; la pasividad ante la refundación de las llamadas embajadas; el intento de dotar a Cataluña de más financiación, aunque haya tenido que disfrazarlo con la subida de la cifra de gasto público, y la prometida reestructuración de su deuda para que pueda financiarse en el mercado, son todos ellos escalones útiles para alcanzar el mismo punto, el segundo golpe de Estado al que en ningún momento el independentismo ha renunciado.

El mismo hecho de que el Gobierno de España no responda adecuadamente a las bravatas de los secesionistas y se humille una y otra vez ante sus imprecaciones es ya una cesión, porque se presta al equívoco y a que se fortalezcan frente a su clientela, al tiempo que la enfervorizan. Por el contrario, desanima por completo a la gran masa de catalanes que durante años han sufrido en silencio el despotismo de los independentistas y que se movilizaron por primera vez ante el golpe de Estado. La aceptación del funcionamiento de comisiones bilaterales sin que la Generalitat se haya incorporado a ninguno de los órganos multilaterales induce a la confusión, la que precisamente pretenden los secesionistas haciendo ver que son dos Estados que dialogan y negocian de igual a igual, tanto más cuanto que el Gobierno acepta en el orden del día la discusión sobre el derecho de autodeterminación y la situación de los presos.

Los independentistas no han tenido ningún reparo en violar la ley y cometer delitos muy graves sancionados por el Código Penal, en la confianza de que el Estado no iba a actuar, e incluso, en el caso de que actuase y recayesen sobre ellos condenas más o menos duras, estaban convencidos de que al final iba a producirse una negociación en la que situarían como punto primero el indulto de los condenados. Es lógico que lo piensen así cuando en plena campaña electoral lo insinuó el primer secretario del PSC y cuando Pedro Sánchez acaba de afirmar que no abrirá ninguna vía judicial más. Sin duda, ese mismo razonamiento será el que los independentistas apliquen cuando tengan que arriesgarse en una futura rebelión.

Si se produce un segundo golpe de Estado, al gobierno, sea del signo que sea, le va a ser más difícil reprimirlo. Me temo que los secesionistas cuando se lancen nuevamente a la aventura lo harán bastante más preparados, y dispuestos a presentar mayor resistencia. Resulta muy plausible que, ante lo incongruente una vez más de la actitud del Estado, los antiindependentistas se muestren reticentes a movilizarse de nuevo. Es muy posible que los mossos tampoco reaccionen de la misma forma, tras haber permitido el gobierno una caza de brujas entre sus filas. Uno de los factores que fue decisivo para que el golpe fracasara fue la asfixia financiera de la Generalitat, circunstancia que seguramente no subsista si las negociaciones continúan. En fin, la cabriola dada por Pedro Sánchez al romper la unidad de los partidos constitucionalistas y permitir ser nombrado presidente de gobierno por los secesionistas y, aún más, al depender de ellos para aprobar cualquier medida, sitúa al Estado español en una situación muy crítica y vulnerable, y aumenta la probabilidad de que se produzca un segundo golpe de Estado en Cataluña. Y hay que temer que en esta ocasión no sea como farsa, sino como tragedia.

republica.com 10-8-2018



CASCADA DE CESES Y NOMBRAMIENTOS

PARTIDOS POLITICOSPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, August 07, 2018 11:38:20

El triunfo de la moción de censura nos ha mostrado una realidad, tal vez de sobra conocida, pero que no solía presentarse tan de golpe ni de manera tan precipitada. Me refiero a los innumerables trasiegos que se producen en los puestos públicos cuando cambia el gobierno. Sobreviene una verdadera cascada de movimientos sucesivos en la Administración y en las empresas públicas, dando la impresión de que cuando un partido gana las elecciones o entra a gobernar, el sector público se convierte en su botín de guerra y que sus militantes y sus afines deben ocupar la totalidad de los cargos públicos.

Tras los múltiples vaivenes y tribulaciones que afligieron durante gran parte del siglo XIX a la sociedad y a la política española, la Restauración basada en el turnismo constituyó una etapa de cierta tranquilidad; bien es verdad que pagando por ello un alto precio, el de desnaturalizar casi por completo el régimen democrático hasta convertirlo en una cascara vacía. La Administración pública se conformó como una mera continuación de los partidos políticos, botín del ganador. Los empleados públicos estaban abocados a seguir el mismo destino, inmersos también en un régimen de turnismo. Se incorporaban a la función pública con el gobierno de turno y solían quedar en paro cuando este cambiaba. Surgió así la figura del cesante, tan habitual en la literatura de finales del siglo XIX. ¿Cómo no recordar la despiadada crítica que Pérez Galdós realiza a la burocracia de aquella época y a las cesantías en su novela Miau?

Con el tiempo, principalmente a partir del Estatuto de Maura de 1918, la Administración se fue profesionalizando. Se consolidó el sistema de oposiciones como forma de acceso a la función pública, se impuso la estabilidad en el empleo y se admitió el principio de que nadie podía ser despedido por motivos políticos. La Administración se fue estructurando en cuerpos jerarquizados y por especialidades, que poco a poco irían cogiendo las riendas del poder administrativo. Todo ello constituye no solo un seguro para el funcionario, al establecerse de manera más o menos clara sus derechos, sino también una garantía de neutralidad de cara al administrado.

Incluso durante el franquismo la Administración, con todos sus defectos, mantuvo una cierta profesionalidad gracias a las oposiciones como sistema de acceso a la función pública. No es de extrañar que algún famoso administrativista llegara a afirmar que las oposiciones constituían el único elemento democrático que había pervivido durante la dictadura. Pasada la primera época de represión y patrioterismo en la que los funcionarios públicos fueron sometidos a depuración, con sanciones e incluso inhabilitaciones de por vida, se tendió a incorporar poco a poco elementos del sistema anterior, como el de las oposiciones, la estabilidad en el empleo y la estructura y jerarquización por cuerpos. Se termina por encomendar casi por completo la marcha de la propia Administración a los cuerpos de nivel superior y a los especiales.

El franquismo progresivamente fue abandonado la idea de mantener la Administración como botín de guerra para dotarla de cierta profesionalidad y autonomía, lo que adquirió su máxima expresión en la ley de 1964. En realidad, se trataba de encomendar a los cuerpos de elite de la Administración su funcionamiento. En su última etapa, el régimen intentó construir un modelo de Estado en el que, con el respeto formal a la ley y su cumplimiento por la Administración, se ocultaba que la propia ley tenía su origen en un Parlamento y un Ejecutivo no democráticos.

Todo ello, sin embargo, tenía su contrapartida, los cuerpos superiores constituían una especie de elite que acumulaba enorme poder y como consecuencia también emolumentos en muchos casos desproporcionados. Principalmente los cuerpos especiales, encargados en exclusiva de determinadas tareas, se conformaban como verdaderos grupos de presión dispuestos a considerar esas funciones como solo suyas y en consecuencia, sometidas a sus conveniencias. No es de extrañar por tanto que en la Transición, con la llegada de la democracia, los gobiernos y los partidos, principalmente los de izquierdas, contemplasen al principio a la Administración con cierto recelo y se considerase como un peligro el hecho de que los cuerpos especiales de elite pretendiesen patrimonializar la funciones respectivas.

Muy pronto se vio hasta qué punto el temor era infundado. La obediencia y disciplina en la Administración quedó en seguida patente. Pero según se iba asentado el sistema democrático, comenzó a aparecer el riesgo inverso, que fuesen los políticos los que pretendiesen patrimonializar la Administración, y que cada gobierno la considerase como su finca y el botín fruto de haber ganado las elecciones. A este proceso colaboró de forma sustancial la construcción del Estado de las Autonomías. La Administración central tenía, tal como se ha dicho, estructuras y normas consolidadas que resultaban difíciles de cambiar, pero las administraciones de las Comunidades Autónomas al ser, en una parte muy importante, de nueva creación, constituyeron un campo más propicio para la discrecionalidad y la intervención arbitraria del poder político.

En las Autonomías, sobre todo en la primera época de su creación, el reclutamiento de los funcionarios se hizo de manera mucho más flexible -léase a dedo-, prescindiendo de pruebas objetivas. Esa es la razón de que en Comunidades Autónomas como Cataluña y Andalucía, en las que se ha perpetuado en el gobierno un mismo partido, predominen en la función pública las personas políticamente afines a la formación que ha gobernado de forma continuada.

Esa laxitud en las pautas y procedimientos de la Administración periférica se ha pretendido exportar a la Administración central. No han faltado críticas al sistema de oposiciones, acusándolo de propiciar los métodos teóricos y memorísticos, y de ser un mecanismo inadecuado de calibrar la adecuación del aspirante al empleo público. No negaremos que el sistema puede tener sus defectos, pero a menudo estos no obedecen a la esencia de las propias oposiciones, sino a la forma de diseñar las pruebas. Con las oposiciones ocurre como con la democracia, que es un mal sistema, pero el mejor de los posibles. No parece que exista ningún otro método que garantice más adecuadamente el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública.

Una larga tradición en la forma de ejercer sus funciones ha conservado con excepciones a la Administración central a resguardo de esa relajación y ha hecho que, en lo sustancial, se mantengan las oposiciones como procedimiento de acceso, y se garantice la estabilidad en el empleo. Se ha introducido, no obstante, una especie de turnismo con cierto parecido al implantado en la Restauración. Tan solo con cierto parecido, puesto que hay que reconocer que la situación no es la misma, ahora el cambio de gobierno no acarrea a nadie la pérdida de la condición de funcionario; es más, a la mayoría de los empleados públicos no les afecta lo más mínimo las crisis que puedan darse en el Ejecutivo, pero sí se produce un auténtico terremoto en todos los puestos y cargos de responsabilidad, a pesar de ser muchos de ellos de claro carácter técnico, razón por la que no deberían estar sometidos a los vaivenes políticos.

Cada vez son más los empleos de este tipo que tanto en la Administración como en las empresas públicas están cubiertos por personal no funcionario. Se habla de puestos de confianza, pero habría que preguntarse de confianza de quién, porque lo importante es que lo sean para la ciudadanía y esta se basa en una función pública profesionalizada, neutral, objetiva y nada politizada. Sin embargo, cada cambio de gobierno representa la renovación de un sinfín de cargos, muchos de ellos en puestos con claro contenido técnico, y que precisamente por la función a desarrollar deberían gozar de la máxima neutralidad partidista. Ha sido especialmente chirriante el nombramiento del director del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha recaído en José Félix Tázanos, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva federal del PSOE, y que posee una larga historia de sectarismo partidista. Es de suponer que será de plena confianza de Pedro Sánchez, pero de lo que no hay duda es de que el CIS y sus encuestas a partir de ahora habrán perdido la confianza de todos los ciudadanos.

Da la sensación de que los partidos que consiguen el gobierno consideran la Administración una presa y que hay que copar todos los puestos con militantes o afines. La situación se ha ido complicando en los últimos años. En los momentos actuales, los partidos carecen de gente técnicamente preparada, ya que la mayoría de sus miembros se han dedicado a la carrera política desde muy jóvenes, lo que se traduce en que los nombramientos recaen sobre personas cuyos únicos méritos son políticos. Incluso hay presidentes de empresas públicasque han llegado a sus puestos por tener la condición tan solo de esposa de un exministro, o de marido de una compañera del hermano de un presidente de gobierno. Resulta muy ilustrativo ojear los currículums de los altos cargos, y eso que cada vez hay más que se presentan remozados de forma fraudulenta, incluso parece ser que hasta el del actual presidente del Gobierno antes de serlo. Los masters constituyen un gran invento.

Esta apropiación por el partido ganador de miles de puestos del sector público sirve para retribuir de forma generosa a gran parte de los cuadros de la formación política y consolida al líder frente a los militantes. Resulta elocuente lo que en estos momentos está ocurriendo en el PSOE. Se han silenciado todas las críticas. Los mismos que condenaban a Pedro Sánchez y le prohibían pactar con los independentistas, incluso con todos aquellos que defendían el derecho a la autodeterminación, en cuanto ha llegado el cuerno de la abundancia se han acomodado al hecho de haber llegado al gobierno con los apoyos de los golpistas y, lo que aún resulta peor, que los necesiten para cualquier medida que pretendan aprobar. Supongo que cerrarán los ojos a las contrapartidas que está concediendo el Gobierno y a las que se verá obligado a otorgar. Es más, tendrán que cerrar los ojos también al hecho de que sus mismos nombramientos tienen un pecado original, se fundamentan en los votos de los secesionistas. No sé si las poblaciones de sus respectivas Comunidades estarán tan dispuestas a mirar para otro lado. Resulta hiriente oír a Rosa María Mateo hablar del sueño de recuperar la credibilidad de la radio y televisión pública y convertir la entidad en plural y independiente, después de haber sido nombrada por un procedimiento tan peculiar como el de un decreto-ley y con una exigua mayoría de votos entre los que se encontraban los del PDeCat y de Esquerra Republicana, formaciones que controlan una emisora tan democrática como TV3.

También en el mundo de la función pública, especialmente en el de los funcionarios de más alto grado se ha introducido el turnismo en el acceso a los cargos y puestos de nivel superior. En realidad, cuenta poco el mérito y la capacidad, sino más bien el grado de empatía que se le suponga con el partido gobernante. Ciertamente ahora no ocurre como en la Restauración, que puedan despedir a un empleado público por motivos políticos, pero en buena medida por motivos políticos se asciende o se desciende de puestos que teóricamente son técnicos. No es infrecuente escuchar a un alto cargo que ha cesado con ocasión de un cambio de gobierno, preguntarse el motivo del cese al considerar que su puesto es técnico. Habría que responderle que quizás el mismo por el que había sido nombrado.


republica.com 3-8-2018



LA LEVEDAD DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO POPULISTA

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Thu, August 02, 2018 19:40:38

Después de mes y medio sin hacer acto de presencia -aún no ha dado ni una rueda de prensa-, el presidente del Gobierno compareció en el Congreso no se sabe muy bien para qué. En teoría, para presentar su programa de gobierno, lo que debía haber hecho y no hizo en la moción de censura. Su discurso, excepto repetir algunas medidas anunciadas ya por sus ministros, se limitó a prometer la elaboración de planes, muchos planes, uno por cada problema, que es algo así como la promesa de constituir comisiones. Anunciar la elaboración de planes o la creación de comisiones no compromete nada, es tirar balones fuera, tan largo me lo fiais.

Y es que Pedro Sánchez no va a poder cumplir casi nada de lo que prometa. Él es consciente de que, como adelantó Rubalcaba, preside un gobierno Frankenstein, no tanto por su composición, que también, sino por los apoyos que tiene en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez se asienta sobre un pecado original, haber llegado a la Moncloa con el voto de los golpistas, pecado que le perseguirá a lo largo de todo su mandato y estará detrás de todas las medidas que adopte.

Una pregunta le acosará siempre: ¿Cuáles fueron las promesas que hizo para que le apoyasen los secesionistas? Y aunque los ofrecimientos no se explicitasen, ¿qué esperaban y esperan obtener? Nadie puede creer que el PDeCat, después de 40 años de practicar el tres por ciento, votase al PSOE en la moción de censura por repulsa a la corrupción del PP. El otro día en las Cortes el PP y Ciudadanos se lo dijeron claramente en su intervención y, lo que fue aún más elocuente, los independentistas tampoco dejaron lugar a dudas. Que no se llame a engaño, le advirtieron, sin ellos no puede dar un paso, los va a necesitar para cada medida que quiera aprobar. Y al tiempo, le comunicaron el precio.

Pedro Sánchez es consciente de que se mueve en el alambre y de que deberá hacer malabarismos para conseguir cualquier acuerdo en el Parlamento. Pero, en realidad, a él esta dificultad no le resulta demasiado relevante. Lo único que le interesa es mantenerse en el gobierno. Si no le ha importado llegar a la Moncloa con el apoyo de los golpistas, menos le va a importar si puede o no puede cumplir sus promesas o el precio que tenga que pagar en ese intento. Por ello, todo su programa consiste en la elaboración de planes, que no cuestan nada, amén de guiños, de gestos y de medidas-parche, que seguramente no conseguirá aprobar.

La doctrina socialdemócrata es un sistema coherente en el que cada parte remite a la otra y la complementa. Todo está perfectamente trabado por una teoría política (la del Estado social frente a la del Estado liberal) y económica (el keynesianismo frente al teoría clásica). Se puede estar de acuerdo o no con sus postulados, pero no se puede negar su consistencia. Sin embargo, la globalización, y aún más la Unión Monetaria, hace casi imposible en los momentos presentes su aplicación. Por eso los partidos socialdemócratas cuando en la actualidad gobiernan terminan o bien aplicando la política de la derecha o bien caen en el populismo. El populismo, se diferencia radicalmente de la socialdemocracia. Carece de toda coherencia y sistematización. Normalmente consiste en un haz de medidas sueltas y a veces contradictorias, escogidas más por el hecho de ser populares y caras a la masa que por los resultados que se vayan a obtener, con frecuencia los contrarios a los perseguidos. Esa es la razón por la que a veces aparece como de derechas y otras como de izquierdas.

Pedro Sánchez, dado el origen de su Gobierno y sus ochenta y cuatro diputados, está incapacitado con mas razon para plantear un programa socialdemócrata, en cuyos principios básicos se incluye la igualdad de todos los ciudadanos sea cual sea el territorio al que pertenezcan. Todo lo más puede ser un programa populista, y eso en teoría, porque en la práctica tendrá muy difícil aprobar sus medidas-parche. Una buena prueba de todo ello es lo que hasta ahora ha esbozado en materia fiscal, pieza esencial en un programa auténticamente socialdemócrata.

Pedro Sánchez, aun cuando conoce que la presión fiscal en España está más de seis puntos por debajo de la media de la de la Unión Europea, renuncia a toda reforma fiscal, y echa mano de ocurrencias, que no tienen demasiada lógica, y que desde luego no solucionan ni el problema de la insuficiencia recaudatoria ni la falta de progresividad impositiva, pero que son populares por el tipo de colectivos a los que supuestamente se van a aplicar. El problema se complica porque no parece que en todo el equipo de Sánchez haya quien sepa algo de política fiscal y por eso se transmiten las cosas más peregrinas, como el apaño que pretenden hacer en el impuesto de sociedades.

La señora ministra de Hacienda ha reiterado que la medida va contra las grandes empresas, no contra las pequeñas ni contra los autónomos. Malamente puede afectar a estos últimos, cuanto no están sujetos al impuesto de sociedades sino al IRPF. La ministra ha afirmado también que a las empresas grandes se las va a gravar con un tipo impositivo mínimo del 15%. Cosa exótica esa de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades. Ni mínimo, ni máximo, ya que es un tributo en que el tipo debe ser único, proporcional. En los momentos actuales, del 25%. La progresividad tiene tan solo sentido en la tributación de las personas físicas. Bien es verdad que, en estos tiempos de rebajas, se han establecido para determinados grupos de sociedades unos tipos reducidos: 20% para las cooperativas, 15% durante dos años para las sociedades de nueva creación, 10% para asociaciones y fundaciones, y 1% para las sociedades de inversión… Pero, en fin, no creo yo que lo que esté proponiendo el Gobierno sea conceder un tipo reducido a las multinacionales.

A lo que la ministra quería referirse no era a un tipo mínimo (el tipo continuará siendo, como es lógico, el general del 25%), sino una tributación mínima. Es decir, que sea cual sea el resultado de la declaración tendrán que pagar al menos el 15% de tipo efectivo, lo que va a ser difícil de justificar y sobre todo de instrumentar de una manera coherente, sin que se produzcan efectos perniciosos contrarios a los que se persiguen. El tipo efectivo no se fija a priori, sino que es el que resulta para cada sociedad después de aplicar el general del 25% y de haberse deducido todos los beneficios fiscales.

El problema es que las distintas reformas, especialmente las acometidas en tiempos de Zapatero, a base de exenciones, deducciones y desgravaciones han dejado convertido el impuesto de sociedades en un queso gruyère. En los casos más escandalosos, habitualmente de grandes empresas, el tipo efectivo se sitúa en el 3 o 4%. Es indudable que la situación debe ser corregida, pero no a base de procedimientos extraños contrarios a la naturaleza del impuesto, sino eliminando con carácter general muchos de los gastos fiscales que vacían de contenido el gravamen. Estas eliminaciones afectarán a unas sociedades más y a otras menos (sin ninguna diferenciación a priori, sean grandes o pequeñas), según se estén lucrando en mayor o menor medida de los beneficios fiscales.

Diferenciar entre sociedades grandes y pequeñas es otro tic populista. Se supone que el "pueblo" considera totalmente justificado subir el gravamen a las grandes, pero no a las pequeñas. Se identifica indebidamente grande con rico y pequeño con pobre, pero en las sociedades no tiene por qué ser así, el tamaño no es sin más, señal de prosperidad y de grandes beneficios. Otra cosa son las retribuciones de los administradores o de los ejecutivos, pero estos no tributan por sociedades sino por el IRPF. Por otra parte, ¿cuál debería ser la variable a considerar como representativa del tamaño?, ¿sus ventas?, ¿el valor añadido?, ¿los beneficios? Según al sector al que pertenezcan habrá empresas en las que las ventas serán casi en su totalidad valor añadido, y habrá otras por el contrario en las que este será una parte muy pequeña de la cifra de negocios.

Por último, sea cual sea la magnitud elegida, fijar cualquier cantidad para establecer la división es pura arbitrariedad. ¿Por qué X y no X+Y? Con toda probabilidad se producirá un error de salto; algo que todo experto tributario sabe que debe evitarse de forma radical en cualquier medida fiscal y, sin embargo, a pesar de ello últimamente acontece con demasiada frecuencia. Supongamos que sean las ventas la magnitud elegida y X el límite establecido para caer de uno o de otro lado. Se daría el absurdo de que una sociedad al vender un euro más de los X estaría obligada a pagar a Hacienda miles de euros más. Aunque parezca increíble, esto ya ocurre, por ejemplo, con la pensión de un dependiente respecto a la declaración de renta de la persona que lo tiene a su cargo.

Lo que se pretende hacer es tan alambicado que la señora ministra no ha tenido más remedio que mantener al director general de Tributos del anterior equipo a ver si la sacaba del aprieto, y eso después de que había fichado ya por Ernst&Young. Habrá que hablar un día de las puertas giratorias, de los políticos, pero también de los altos funcionarios del Estado: inspectores, abogados del Estado, ingenieros de obras públicas, interventores, técnicos comerciales del Estado, etc. En fin, volviendo a nuestro tema hay que ver qué pastel sale al final, si a gusto de Sánchez o de Ernst&Young.

El sistema fiscal constituye una pieza clave del Estado Social, pero por lo mismo también una de las partes más elaboradas de la teoría socialdemócrata. Se fundamenta en una estructura robusta de impuestos directos (IRPF, sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones), entrelazadas de manera coherente y que se complementan. El tronco central es sin duda el IRPF, que en teoría debería gravar con una tarifa progresiva la renta global, incluyendo todas las fuentes de cada uno de los contribuyentes, y considerando todas sus circunstancias personales. Los impuestos de patrimonio y sucesiones perfeccionan al IRPF haciendo más difícil la evasión y dificultan la acumulación de la renta y la riqueza, y el impuesto de sociedades, por su parte, impide que el gravamen sobre los ingresos personales se dilate en el tiempo al estancarlos en las corporaciones.

Pues bien, desde el año 1987 este andamiaje es el que se ha venido desmantelando poco apoco en España y me atrevo a decir que, aunque en menor medida, también en otros países. El IRPF ha dejado de ser un impuesto personal, puesto que no se grava de manera global la totalidad de la renta. Se emplean dos tarifas, una para los ingresos de capital, más reducida, y la general que se aplica al resto de las rentas. Además, al no cumplirse la acumulación de todos los ingresos en una única tarifa, la progresividad, como es lógico, es mucho más reducida. Todo ello sin contar con que la tarifa general ha ido sufriendo en distintos momentos reducciones sucesivas. Los tramos han pasado de 36 a 5 y el tipo marginal máximo del 65 al 45 %. Los impuestos de sucesiones y de patrimonio se cedieron a las Comunidades Autónomas que, desde el primer momento, entraron en competición para ver quién reducía más los gravámenes hasta que en la práctica casi han desaparecido; y ya hemos visto en qué ha quedado convertido el impuesto de sociedades, que tras reducir el tipo nominal del 35 al 25 se ha dado ocasión para que los distintos beneficios fiscales lo vacíen de contenido.

A nada de todo esto tiene intención de enfrentarse Pedro Sánchez, como tampoco la tuvo Rodríguez Zapatero. Todo lo contrario, eliminó el impuesto de patrimonio, colaboró al desarme de la progresividad en el IRPF y fueron sus gobiernos los que en buena medida contribuyeron a que el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades se aproximase peligrosamente a cero. Sin embargo, todo programa socialdemócrata que pretenda serlo y el mantenimiento de lo que se llama vulgarmente economía del bienestar pasan forzosamente por la corrección y reforma del sistema fiscal siguiendo los parámetros anteriores. Miente quien se presente como el apóstol del Estado social y afirme que lo va a mantener y a incrementar a base de ocurrencias, gestos y medidas-parche más o menos populistas.

El Estado social tampoco se puede sostener acudiendo al incremento del déficit del sector público. Desde hace más de treinta años he venido combatiendo el santo temor al déficit de Echegaray y al dogmatismo de los que hacían una religión del presupuesto equilibrado. Pero antes no estábamos en la Unión Monetaria. Las circunstancias han cambiado sustancialmente, el endeudamiento público alcanza el 100% del PIB, porcentaje al que nunca nos habíamos ni siquiera acercado; además, gran parte de él es también exterior, lo que complica la situación especialmente, y esta es la razón de mayor peso cuando no controlamos nuestra propia moneda y dependemos de los mercados y del BCE.

En las circunstancias actuales, cualquier laxitud en el control de la estabilidad, tal como ha propuesto Pedro Sánchez, es una irresponsabilidad y constituye una huida de la verdadera solución que es el incremento sustancial de la presión fiscal. Ahora bien, esta medida es muy poco popular, sobre todo si no se limita a las grandes fortunas y a las multinacionales, y Pedro Sánchez, todo lo más, quiere aplicar (quizas no le queda otro remedio) una política popular, populista y además de una gran levedad.

republica.com 27-7-2018



LA MALDICIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Sun, July 22, 2018 19:50:00

Durante el mes de junio, la prensa se ha hecho eco de dos informes que, aunque diferentes, tienen un punto en común, el despilfarro en la obra pública. El primero ha sido elaborado por la Asociación española de geógrafos y estudia el grado de ineficacia en el que han incurrido las distintas administraciones públicas en las obras acometidas en las dos últimas décadas. Como es lógico, su contenido se limita a nuestro país, pero se extiende a casi todos los tipos de inversión pública. El segundo está elaborado por los auditores del Tribunal de Cuentas europeo y se orienta exclusivamente a analizar la inversión realizada en el tren de alta velocidad (AVE) desde el año 2000, pero se centra en seis países miembros: Francia, España, Italia, Alemania, Portugal y Austria. Es curioso observar cómo tituló la prensa la presentación de este último informe, ya que parecía que iba referido únicamente a España y era a nuestro país al que se dedicaban todos los reproches y las críticas. Bien es verdad que nos correspondía una cuota importante de ellos, porque éramos los que más habíamos invertido en este medio de transporte y más recursos habíamos obtenido de la Unión Europea para este fin.

Ambos informes ofrecen aspectos interesantes acerca del despilfarro que rodea la obra pública. Los datos y los casos concretos que citan pueden ser esclarecedores y significativos, pero en un artículo, debido a su reducida dimensión, es obligado abstraerse de ellos y centrarse más en las causas y en conocer si las decisiones políticas han sido las correctas e incluso en qué medida las circunstancias las han condicionado.

Cuando hablamos de despilfarro automáticamente pensamos en la corrupción. Sin duda, se trata de la forma más inmediata y más radical en la que se muestra el derroche de los recursos públicos, pero no es la única, ni quizás la más importante desde el punto de vista cuantitativo y económico (otra cosa será desde el ético). Por corrupción se entiende habitualmente una actuación ilegal adoptada conscientemente en contra del patrimonio del Estado y en la mayoría de los casos persiguiendo el beneficio propio o de terceros por los que se tiene interés y a los que se pretende beneficiar. Suele girar alrededor de la apropiación indebida o del tráfico de influencias.

Toda corrupción se traduce de una u otra forma en despilfarro, en un mal uso de medios públicos bien mediante una apropiación directa, bien de manera indirecta a través de la contratación pública, quizás la más generalizada y la que está contemplada en los dos informes que comentamos. Es verdad que aparentemente son los recursos de una empresa (no los públicos) los que retribuyen directamente al corrupto, pero esta comisión siempre es el precio de algo, que puede ser una adjudicación a favor de quien no la merece, lo que irá en detrimento de la calidad de la obra, o bien la admisión de un sobrecoste injustificado de lo inicialmente previsto, que redundará como es lógico en un perjuicio al erario público. Es a través de los procesos penales como nos enteramos de este tipo de despilfarros y también de cómo podemos cuantificarlos, conscientes siempre de que es muy posible que los asuntos y las cantidades conocidas representen solo una pequeña parte de la real.

Tal como ya se ha dicho, hay otras formas de dilapidación de recursos en las obras públicas que en principio no tienen por qué entrañar corrupción, sino mala administración y una deficiente gestión. El primer capítulo es el sobrecoste ya citado que si en algunos casos puede derivarse de prácticas corruptas, en otras ocasiones puede tener diferente origen. Ambos informes se centran mucho en esta clase de malversación, motivados quizá porque resulta fácil de detectar y, por lo tanto, de cuantificar. Solo se precisa comparar el precio al que la obra ha sido adjudicada con el que finalmente resulta de la liquidación.

Los datos pueden resultar escandalosos, por ejemplo, la desviación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona que presenta un sobrecoste del 38,55% y que, en algunas fases, como en los accesos a Barcelona, alcanza el 230%. Si bien el record se encuentra en la línea Sttutgart-Munich donde la desviación alcanzó el 622%. Hay que apresurarse a señalar, sin embargo, que hay desviaciones que pueden estar plenamente justificadas y que en estos casos no se puede hablar de malversación, dispendio o falta de eficacia. Puede ocurrir -y de hecho ocurre- que a lo largo de la obra surjan variables no previstas y que estaban ocultas a la hora de elaborar el proyecto y en consecuencia hacen imprescindible el cambio. Son los consabidos modificados. Es más, será difícil que una obra se termine liquidando sin desviaciones.

A menudo aquellos que desconocen el sistema de contratación administrativa tienen la tentación de considerar corrupción, o al menos mala administración, a todo sobrecoste que aparece en la obra pública. Ello tiende a confundir las cosas en un totum revolutum y puede colaborar a que se termine descalificando cualquier estudio sobre la ineficacia de la actuación inversora de la Administración. Caso similar se produce cuando un ministro de Fomento, con desconocimiento total de cómo funciona el presupuesto y el proceso de contratación administrativa, se escandaliza y critica fuertemente al Gobierno anterior porque en 2017 los créditos de inversiones de su departamento solo se ejecutaron en un 70%. Lo cierto es que resulta totalmente imposible una ejecución al 100%. porque pocas obras tienen una duración inferior al año, y el crédito debe estar retenido desde el inicio de la obra. Una ejecución al 70% es algo totalmente normal. Espero que no retornemos a los tiempos de antaño en los que las autoridades de ese ministerio colocaban como objetivo central incrementar como fuese el porcentaje de ejecución de los créditos, incluso empleando mecanismos ilegales como anticipar recursos a las empresas por acopio de materiales que en realidad no habían existido.

Si bien es cierto que cualquier modificado no puede considerarse sin más un despilfarro, no es menos cierto que los sobrecostes constituyen un indicio de la posible existencia de una corruptela o al menos de una mala gestión. La inversión pública, a pesar de llamarse pública, está realizada casi en su totalidad por empresas privadas interesadas en que la obra se liquide con el precio más elevado posible sobre el de adjudicación. Tienden por tanto a propiciar los modificados. Si los responsables administrativos y políticos entran en cierta complicidad con las empresas adjudicatarias o por negligencia y apatía no realizan los controles adecuados, se pueden producir desviaciones no justificadas con el consiguiente perjuicio al erario público. El hecho es tanto más probable cuanto se contratan con terceros también los proyectos (que a menudo se elaboran con importantes deficiencias) y hasta la dirección de obra. Y aún más aumenta el riesgo cuando no se controla adecuadamente la ausencia de intereses comunes entre las empresas que elaboran el proyecto y asumen la dirección de obra y la encargada de realizarla. La capacidad de presión de las grandes constructoras es notable y encuentran siempre mecanismos para inflar los precios.

El despilfarro de recursos públicos se produce también por una mala planificación o por graves errores de cálculo que conducen a acometer inversiones innecesarias, poco viables o no suficientemente ordenadas. El informe del Tribunal de Cuentas señala como uno de los defectos más graves del trazado del AVE a nivel europeo la falta de coordinación de los países miembros y la incapacidad de las autoridades europeas para imponer una pauta coherente a los Estados, que han actuado cada uno según su criterio, en la mayoría de los casos motivados por la rentabilidad política y electoral cortoplacista. "Se ha construido un mosaico ineficiente de líneas nacionales mal conectadas", lamenta Oskar Herics, miembro del Tribunal de Cuentas europeo y responsable del informe.

En el caso de España, el informe de los geógrafos confirma algo que ya sabíamos: la existencia de múltiples inversiones que nunca se deberían haber realizado. Tramos del AVE desechados, líneas con un rendimiento totalmente ruinoso, aeropuertos que no han entrado ni entrarán en funcionamiento, otros infrautilizados, desaladoras paradas ya que el precio al que se obtiene el agua es absolutamente prohibitivo, autopistas en las que se ha duplicado el recorrido y han terminado quebradas, etc. En muchos de estos casos, el hecho de haberse acometido la obra mediante concesiones y asociaciones público-privadas con condiciones muy ventajosas para la iniciativa privada hace que las pérdidas recaigan fundamentalmente sobre el erario público.

En último lugar, debemos referirnos a la forma de dispendio de los recursos públicos más difícil de delimitar y de cuantificar, ya que en buena medida puede estar sometida a juicios de valor y a una pluralidad en las opiniones. Se trata de aquellas inversiones que obedecen a una mala elección en el destino de los recursos públicos, cuando una aplicación alternativa hubiese proporcionado una mayor utilidad y eficacia. Con muchísima frecuencia, las decisiones se han adoptado sin criterios económicos y en ausencia de cualquier cálculo acerca del coste de oportunidad, guiadas únicamente por objetivos políticos y electorales.

En nuestro país la existencia de las Comunidades Autónomas ha conducido a una pugna entre ellas y con el Estado, de manera que la decisión sobre inversiones se tomaba no porque fuese la más lógica y eficaz, sino por la mayor o menor presión que pudiesen realizar las respectivas Comunidades. Caso típico y evidente es el que se ha producido con el AVE. Su trazado está muy lejos de haber obedecido a un criterio de oportunidad, más bien se ha debido a las exigencias de la diversas Autonomías. Todas querían su AVE y que además terminase pasando por todas sus provincias. Tal como cita el mismo informe de los geógrafos, si se accede a la página web de Marca España se puede leer como titular del apartado de infraestructuras: “El país de la alta velocidad” (Marca España, 2017).

Ciertamente, nuestro país se ha colocado a la cabeza de Europa en cuanto a líneas de alta velocidad se refiere. A tal objetivo se han destinado ingentes fondos públicos. Pero hay que preguntarse si las opciones tomadas son las más adecuadas. Resulta evidente que se precisaba modernizar las estructuras ferroviarias, pero ¿de verdad se precisaba AVE en todos los recorridos? ¿No hubiese sido suficiente en muchos de ellos con tendidos de velocidad media? Tal vez con menos recursos se podría haber abarcado un mayor número de líneas.

Pero en el tema de las obras públicas hay una pregunta más radical: ¿No nos hemos pasado en la asignación de recursos a las infraestructuras en detrimento de los capítulos dedicados a otros cometidos, especialmente a aquellos de contenido social, los que componen la economía del bienestar? Frente a la cuantía cada vez más reducida de las pensiones, ante una menor cobertura del seguro de desempleo que condena a un número elevado de hogares a carecer de cualquier ingreso, ante las carencias en la sanidad pública o en la educación o la indigencia en la administración de justicia, presentamos un nivel en equipamiento y en infraestructuras que llega a ser la envidia de muchos países con ingresos mucho más elevados que el nuestro. Desde el AVE a los equipamientos de los pueblos más pequeños todas las administraciones públicas han dedicado cuantiosos recursos a la obra pública.

¿Cuál es la razon de este comportamiento posiblemente tan anómalo? La respuesta quizás la encontremos una vez más en nuestra pertenencia a la Unión Europea. Es de sobra conocido que la Unión Monetaria se constituyó sin los mecanismos redistributivos adecuados, como indica de forma clara que el presupuesto comunitario apenas alcance el 1,2% del PIB comunitario. Los únicos instrumentos de compensación eran los llamados fondos. En España se ha creado un auténtico mantra alrededor de la enorme cantidad de recursos que se han recibido de Europa. Tal mito se ha mantenido a base de una política inteligente de la UE que obligaba a publicitar la marca “Europa” en toda obra o actividad financiada, aunque fuese parcialmente, por dichos fondos, y a una propaganda interior empeñada en cantar las excelencias de la UE y de lo mucho que nos estábamos aprovechando de nuestra pertenencia a ella. Nadie, por el contrario, se ha preocupado de explicarnos que buena parte de esos recursos habían salido antes de España. Los recursos de la UE no caen del cielo, sino de la contribución de todos los Estados miembros, entre los que se encuentra España.

Los fondos, además, eran ayudas finalistas que debían ser invertidas en determinados objetivos, principalmente infraestructuras, forzando a los Estados miembros a dedicar una parte de sus presupuestos a dichas finalidades, no solo por la contribución realizada a la UE, sino también por la parte de la inversión o actividad que debía cofinanciar la hacienda pública estatal, incluido el sobrecoste que se pudiese producir en la obra pública. La finalidad de no perder los fondos, unida a la creencia un tanto ingenua de que eran gratuitos, ha hecho que muchas administraciones se lanzasen a acometer obras no demasiado acertadas. Ello puede ser una explicación del enorme desarrollo que han experimentado las infraestructuras, algunas de ellas sin justificación, en detrimento de los gastos de protección social.

Ante esta perspectiva, no parece lo más acertado que lo primero que anuncie el nuevo ministro de Fomento sea su intención de eliminar los peajes de un número importante de autopistas, según vayan terminando las concesiones. Seguro que hay otros muchos objetivos bastante más perentorios en los que emplear los recursos públicos. Claro que, a lo mejor, de lo que se trata es de premiar al secesionismo catalán por haber dado un golpe de Estado o, más bien, por haber llevado a la Moncloa a Pedro Sánchez.

republica.com 19-7-2018



DEVOLVER LA NORMALIDAD A CATALUÑA

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, July 16, 2018 09:38:42

Si hay algo que repiten continuamente todos los integrantes del equipo de Sánchez es que hay que devolver la normalidad a Cataluña. No diría yo que la normalidad haya sido precisamente la característica más habitual de esta Comunidad. Es más, el nacionalismo odia la normalidad. No quiere que Cataluña este dentro de la norma, una región más. Ansía que sea especial. Reclama su especificidad, es decir, sus hechos diferenciales que, como es lógico, piensan que son mejores que los hechos diferenciales del resto de las regiones, porque si no ¿para qué se van a demandar con tanto ahínco? Pero, en fin, dentro de esa campaña publicitaria en la que, desde el primer día, Pedro Sánchez ha convertido a su Gobierno, se encuentra el eslogan de la normalización.

La cuestión consiste en saber qué se entiende por normalización, y si no existe el peligro de que, al intentar que en Cataluña reine la normalidad, se termine por imponer la anormalidad dentro de toda España. Desde luego, no es normal que el presidente de una Comunidad Autónoma comparezca para poner verde al jefe del Estado, afirme que rompe todo tipo de relaciones con la Corona y manifieste que ni él ni sus ministros van a acudir a ningún acto al que asista el Rey y, viceversa, no le invitarán a los actos que convoque la Generalitat. Es más, anómalo es que el mismo presidente de la Generalitat participe en las manifestaciones callejeras en contra del jefe del Estado, algaradas que, por otra parte, él mismo había convocado.

Pero tampoco parece muy normal que el presidente del Gobierno de España se llame andana, no respalde al jefe del Estado y haya mantenido al mismo tiempo el encuentro previsto con el presidente de la Generalitat. Está muy bien ser republicano, aún más, yo diría que es lo único razonable, pero mientras el Rey sea el jefe del Estado las injurias contra él son también contra todos los españoles. En buena medida, los golpistas han establecido su estrategia en presentar su actuación no como una rebelión contra el Estado, sino como un enfrentamiento con un gobierno de derechas de ideología franquista. Tras la moción de censura, esta tergiversación ya no es posible de mantener. De ahí que ahora pretendan sustituirla por un desafío a la Corona, aun cuando saben perfectamente que se trata de una monarquía constitucional en la que el Rey no ejerce ninguna competencia. Crean así una situación ambigua, en las que ellos son maestros, que les permite mantener la calumnia y los exabruptos contra España centrándolos en el Rey y dejar así al margen a Pedro Sánchez, como si la guerra no fuese con él de manera que puedan obtener cesiones y ventajas en una posible negociación y presentarse como demócratas en el ámbito internacional. Lo grave es que el hoy presidente del Gobierno admita este doble juego y asuma el papel de niño bueno, dispuesto a pasar por alto todo tipo de ofensas a las instituciones españolas.

Parece también anómalo que en un acto en EE. UU el presidente de una región española insulte gravemente al Estado español., desacreditándolo, tachándolo de Estado antidemocrático en el que no se respetan los derechos fundamentales y en el que existen presos políticos. Lo que sin duda sí fue normal fue la contestación del embajador español, desmintiendo los exabruptos de Torra. No solo anómalas, sino ridículas resultaron por extemporáneas la espantada del presidente de la Generalitat y las intervenciones de los parlamentarios secesionistas pidiendo el cese de Morenés y la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores. Y algo parecido se podría afirmar de las manifestaciones posteriores de Sánchez caracterizadas por la falta de firmeza, eludiendo dar su apoyo al embajador y limitándose a declarar que, como tantas veces había afirmado, no creía que en España hubiera presos políticos. ¡Para chasco! Solo faltaba que el presidente del Gobierno afirmase que los hay. ¿Qué importa que Borrell dé instrucciones a los embajadores sobre el discurso con el que deben responder a los independentistas si el presidente del Gobierno no es capaz de mantenerlo y permite la ambigüedad?

A pesar de que Sánchez nos quiere hacer creer que la anormalidad en Cataluña proviene de que Rajoy no ha sabido dar una solución política al conflicto mediante un diálogo con la Generalitat, lo cierto es que su origen se encuentra exclusivamente en que las autoridades de una Comunidad Autónoma, valiéndose de los instrumentos de poder que le otorgan la Constitución y el Estatuto y la complicidad de ciertos empresarios, medios de comunicación y asociaciones civiles, han dado un golpe de Estado en toda regla. Golpe de Estado que, si bien por el momento ha fracasado, está lejos de estar totalmente desactivado, lo que se nos olvida con frecuencia. Cierta normalidad se estableció cuando, por una parte, actuó la justicia y, por otra, se implantó el artículo 155 de la Constitución, pero normalidad parcial y muy limitada en el tiempo, como parcial y efímera ha sido la aplicación del citado precepto, tal como impuso el PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno de entonces.

A pesar de que en un principio parecía que los independentistas desistían de sus intenciones, muy pronto se vio que no y muchas son las muestras de que no se han movido un ápice de su postura y de que continúan desafiando al Estado. Es mas cada día se encuentran más crecidos. Simplemente esperan mejor ocasión para volver a repetir el golpe. Por eso resulta bastante anómalo que desde el Estado se les vuelva a otorgar el control de la Generalitat. Es cierto que las fuerzas secesionistas ganaron en escaños las elecciones (esas elecciones que se debían haber convocado mucho más tarde), pero eso les da derecho a regir la Comunidad Autónoma, no a continuar con los planteamientos y las actuaciones anteriores y que habían motivado la aplicación del artículo 155.

Pero lo que en realidad ha instalado de forma muy alarmante la anormalidad en Cataluña e incluso en toda España es el funanbulismo y la pirueta practicada por Pedro Sánchez que, de estar en el bando de los que ellos mismos se habían denominado partidos constitucionalistas, en un día cambia de trinchera y pacta con todos los que defienden el derecho de autodeterminación, y en una semana pasa de estar considerando la posibilidad de aplicar de nuevo el art 155, a ser elegido presidente del Gobierno gracias a los votos de los que pretenden romper el Estado. ¿Dónde está ahora todo ese PSOE que prohibía a Sánchez llegar al poder con el apoyo de los secesionistas? ¿Dónde están todos aquellos periodistas y tertulianos que juraban y perjuraban que Pedro Sánchez nunca aceptaría eso?

Quizás no nos damos realmente cuenta de la transcendencia de lo ocurrido en la moción de censura y de la grave situación de anormalidad que a partir de ese día se originó tanto en Cataluña como en el resto de España. La cuestión no radica en que Sánchez no fuese nombrado presidente por el voto de los ciudadanos. En España, de acuerdo con la Constitución, el presidente del Gobierno nunca es elegido por los ciudadanos, sino por los diputados. El problema se encuentra en que ha llegado a la presidencia con los votos de los diputados representantes de los golpistas y, es más, necesitará esos mismos votos (tal como se aprecia ya en el nombramiento de los consejeros y del presidente de RTVE) para todos y cada uno de los acuerdos que pretenda sacar del Parlamento. Sánchez ha dinamitado la frágil unión establecida en el bloque constitucional, y se ha convertido en rehén de los secesionistas.

En estas circunstancias el diálogo y la negociación que pretende implantar Pedro Sánchez con los golpistas no van a contribuir a la normalidad, sino todo lo contrario. Diálogo no es lo mismo que negociación. Dialogar se puede dialogar de todo. La negociación implica un “do ut des”, partida y contrapartida. No todo es negociable. Es más, me temo que en estos momentos en Cataluña hay muy poco que negociar. La negociación con el nacionalismo siempre ha sido de más a más, las concesiones las hacía siempre el Estado, nunca el nacionalismo, puesto que se partía en todos los casos del suelo conseguido, para incrementarlo, jamás para reducirlo.

Parece evidente que el Estado puede realizar muy pocas concesiones en Cataluña si no quiere ir contra sí mismo, bien contraviniendo la ley o la Constitución, bien faltando a la equidad y a la justicia frente a las otras Comunidades, bien concediendo más armas e instrumentos a los independentistas para que la próxima vez no fallen en el golpe. Tampoco los secesionistas parece que puedan ofrecer mucho al Estado como no sea retornar a la legalidad, pero el cumplimiento de la ley ni se negocia ni tiene precio. Ahora bien, Pedro Sánchez sí ha precisado y va a precisar del apoyo de los independentistas todo el tiempo que dure la legislatura, y es difícil no creer que está dispuesto a pagar los peajes respectivos. Las cesiones de Pedro Sánchez van a incrementar la anormalidad política en Cataluña, pero también en toda España.

No parece que ayude a la pretendida normalización que se encomiende la custodia de los golpistas a los golpistas. Esto es lo que esconde el discurso del Gobierno sobre el traslado de los presos a Cataluña. Que esta Comunidad es la única que tiene transferida la competencia en materia penitenciaria. Se afirma que se trata únicamente de aplicar la ley, pero la ley señala tan solo una conveniencia que debe ser evaluada por los ministerios del Interior y de Justicia, de acuerdo con todas las circunstancias. En suma, es una decisión política que en esta ocasión tenía que haber considerado quien se va hacer cargo de los presos en Cataluña, las condiciones a las que van a estar sometidos, cómo pueden participar a partir de ahora en la rebelión que continúa activa y las posibles peregrinaciones de creyentes que va a dar lugar en las cárceles. Razones todas ellas suficientes para mantener a los presos alejados de Cataluña.

Por otra parte, el golpismo no puede tener premio ni se debe beneficiar a una Comunidad en detrimento de las otras, quizás mucho más necesitadas. En realidad, nos movemos en un sistema de suma cero, los recursos que se destinan a un objetivo no se dedican a otro. De ahí que las negociaciones de carácter financiero interterritorial deberían adoptar principalmente la forma de la multilateralidad, lo que odian los nacionalistas que pretenden siempre entenderse en un bis a bis con el Estado al que con frecuencia pueden chantajear. Por eso es bastante relevante la declaración de Pedro Sánchez de no acometer la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, cuestión que paradójicamente el PSOE reclamaba constantemente al anterior Gobierno. Bajo el pretexto de falta de tiempo, que no cuadra con su pretensión de agotar la legislatura, la pretende sustituir por conversaciones con cada una de las Comunidades.

Mano libre para el favoritismo y sobre todo para comprar el apoyo de los nacionalistas, principalmente de los catalanes. De hecho, todos los datos se orientan al mismo punto: el perfil de la ministra de Política Territorial, como si toda la actividad del Ministerio se redujese a Cataluña; el nombramiento de Isaías Táboas como presidente de Renfe, cuya capacidad no deriva, creo yo, de ser historiador, sino catalán, que induce a pensar que el objetivo principal es solucionar las cercanías de Cataluña (lo de Extremadura, aunque su ferrocarril se encuentre a nivel tercermundista, no corre prisa); o los anuncios del ministro de Fomento acerca de eliminar el peaje de las autopistas, que beneficiarán principalmente a Cataluña, y no digamos si se acepta la condonación de la deuda de la Generalitat.

No parece que del encuentro entre Pedro Sánchez y Torra haya surgido el compromiso por parte de este último de acudir a los órganos multilaterales sino que, de acuerdo con las exigencias independentistas, se establecen comisiones bilaterales. No es un mero tema de método, sino de principio. Detrás de ello se encuentra la concepción del secesionismo de que la relación se establece entre dos Estados soberanos. Torra hasta se permite invitar al presidente del Gobierno a una reunión en Cataluña. No resulta muy normal y menos aún que Sánchez no conteste adecuadamente. El lenguaje ambiguo tan querido por los secesionistas es sumamente peligroso.

Los golpistas en ningún momento han desistido de su objetivo, continúan reafirmándose en el 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia y consideran esta etapa como un paréntesis en el que fortalecerse para volver a dar otro golpe de Estado. En esta situación toda nueva concesión o transferencia de competencias supone lisa y llanamente dotarles de más armas e instrumentos para que el nuevo golpe tenga éxito. ¿Estamos ciegos? Mientras permanezcan en esta actitud, el restablecimiento de la normalidad debería provenir más bien de hacer los cambios legales precisos para privar a la Generalitat de aquellas competencias que pueden usarse y de hecho se usan para afianzar el golpismo. Nada impide aplicar de nuevo el 155, puesto que no han variado las condiciones por las que se aplicó la primera vez.

Antes de con el Estado, la negociación que se debería establecer es entre los propios catalanes cuya sociedad y parlamento están divididos en dos mitades enfrentadas y una impone despóticamente sus planteamientos a la otra. El establecimiento de la normalidad debería empezar por ahí. Mientras esa postura consensuada no se produzca, el Gobierno, como afirmó certeramente Arrimadas, no dialogará con Cataluña sino con los independentistas.

republica.com 13-7-2018



¿Y SI TERMINÁSEMOS ECHANDO DE MENOS A RAJOY?

PARTIDOS POLITICOSPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Wed, July 11, 2018 13:19:06

Hace poco menos de dos años (el 1 de septiembre de 2016), escribí en este diario un artículo titulado “Qué fácil sería todo si Rajoy tuviese toda la culpa”. Tras describir los males que, a mi entender, desde el plano económico y social afectaban a la sociedad española, dando la razón así a todos aquellos que denunciaban la desigualdad, la pobreza y la precariedad originadas, y los sufrimientos y calamidades que se le había hecho padecer a una gran parte de la población, me cuestionaba lo que en mi opinión, ya no resultaba tan claro, el origen de todos estos males. Para los partidos de la oposición era evidente. Rajoy tenía toda la culpa. Ojalá fuese así, afirmaba yo, ya que la solución estaría en manos de los ciudadanos, consistiría exclusivamente en echarlo, antes o después, del poder. Y me dedicaba más tarde, a lo largo del artículo, a demostrar cómo la cosa era harto más compleja.

Han pasado aproximadamente veintidós meses y Rajoy ya no está en la Moncloa. Bien es verdad que su salida ha tenido poco de operación limpia, ya que se ha sustentado en los votos no ya de los secesionistas sino de los golpistas, pues en estos meses habían pasado de la potencia al acto. Si, tal como afirma Borrell, el problema de la integración territorial es el más importante que tiene España, mal augurio contar con un gobierno nacional que se apoya en aquellos que están dispuestos por cualquier medio a romper el Estado. Es ello entre otras cosas lo que me lleva a preguntarme si no vamos a echar de menos a Rajoy.

Presiento que los que muy pronto van a contestar afirmativamente son los distintos círculos de la derecha. Los mismos por los que ha sufrido Rajoy durante mucho tiempo un fuerte hostigamiento: sectores de su partido en extraña actuación cainita, medios de comunicación y periodistas heridos en su orgullo en la creencia de no haber recibido adecuada atención; empresarios y poderes económicos que se han creído perjudicados o no suficientemente beneficiados como debería ser por un partido de derechas y que han coqueteado con Ciudadanos. Me da la impresión de que, sin pasar mucho tiempo, se van arrepentir de haber sometido a Rajoy a acoso y derribo.

Los que seguramente ya le echan de menos, aunque no lo digan, son los dirigentes de Ciudadanos. Tenían una postura muy cómoda, manteniéndose en una cierta ambigüedad. Por una parte, como socios de gobierno, condicionando su actuación, pero sin jamás comprometerse y, por otra, atacándole y criticándole si las cosas salían mal o creían que podían obtener rentabilidad electoral, ya que ellos no se habían manchado las manos. Se han mantenido desde el primer momento en una permanente cacería contra el líder del PP y fueron los que hicieron, aunque después se han debido de arrepentir de ello, el disparo para que se iniciara la moción de censura. Creo que empiezan a comprender cómo va a cambiar en su contra la situación tanto en Cataluña como en el resto de España, y cuan plácidamente vivían antes.

Algo parecido le puede ocurrir a Podemos. Contra Rajoy vivían mejor. Gran parte de su discurso y de su programa consistía en criticar al líder del PP. Ahora, con Pedro Sánchez, después de haberle encumbrado a la presidencia del Gobierno no saben qué hacer. Han pasado de afirmar que si no formaba un ejecutivo de coalición ejercerían una oposición dura, a una luna de miel. Me da la sensación de que Pedro Sánchez les está toreando y se van a encontrar con que poco a poco les va a ir comiendo el terreno.

¿Y la mayoría de los ciudadanos? Pues es posible que también le echen de menos. Pienso que no tanto por la excepcionalidad del personaje como porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey y, dada la mediocridad del mundo político en todas sus variantes ideológicas, alguien con simple sentido común y prudencia, con firmeza, pero sin reacciones espasmódicas u ocurrencias, puede ser un valor a tener en cuenta. Después de tanta renovación y regeneración, uno se pregunta si lo que realmente hay es lisa y llanamente degeneración. Es conocido lo que cuentan de Belmonte que como alguien le preguntase por cómo un banderillero suyo tras la Guerra Civil había llegado a gobernador de la provincia de Huelva, de forma muy seria contestó: “Degenerando, hijo, degenerando”. Hoy no sé si se podría afirmar lo mismo de muchos políticos, pero desde luego sí de la actividad política en su conjunto.

A Rajoy nadie le podrá negar que se ha enfrentado con relativo éxito a dos grandes problemas, para mí los más importantes que tenía el Estado y que continúa teniendo. El primero, la integración de España en la Unión Monetaria que ha zarandeando su economía y la ha sumido en la mayor crisis, al menos de los cincuenta últimos años. El segundo, el golpe de Estado propiciado desde las máximas instancias de una Comunidad Autónoma, una de las más ricas de España, y que sin duda está aún latente y sin desarmar por completo.

En el primer tema, parece claro que en 2011 el Gobierno de Rajoy recibió una herencia endemoniada, cuyo origen se remonta a los gobiernos de Aznar, al crecimiento a crédito, a los ingentes déficits de la balanza de pagos, al enorme endeudamiento exterior, a la burbuja inmobiliaria, a la génesis de la crisis financiera, etc. Todos los horrores que heredó Zapatero y de los que se sintió muy orgulloso y agravó en la primera legislatura hasta que estalló la crisis, crisis, a la que, tras negarla, intentó enfrentarse de forma espasmódica y sin ningún éxito.

Todo ello es de sobra conocido y cómo Zapatero transmitió a Rajoy la economía en estado catatónico, y también cómo a lo largo de estos seis o siete años se han logrado restablecer las cifras macroeconómicas, incluso algunas que eran sustanciales para el crecimiento económico y cuya corrección parecía imposible alcanzar, Me refiero, por ejemplo, al saldo de la balanza por cuenta corriente, que de un déficit del 10% del PIB ha pasado a porcentajes positivos. Algo bastante inimaginable.

Claro que esta historia tiene también su reverso. Tal como ha venido afirmando la oposición, y yo señalaba en el artículo anteriormente citado, la recuperación no está llegando de igual modo a toda la población y la desigualdad se ha intensificando sustancialmente. Ahora bien, ¿alguien podía pensar que con Rajoy o sin Rajoy el resultado podía ser distinto? Quizás sí, pero peor, tal como ocurrió con Rodríguez Zapatero y puede ocurrir con Pedro Sánchez. Nos guste o no admitirlo, este es el precio a pagar por estar en la Unión Monetaria, por eso algunos éramos tan críticos con el euro, porque era evidente que el coste de las crisis las pagarían los trabajadores y las clases bajas.

Durante las dos legislaturas de Aznar y la primera de Zapatero, la economía española perdió cotas muy importantes de competitividad que se tradujeron en elevados déficits de la balanza de pagos y en un stock abultado de endeudamiento exterior que, antes o después, tenían que entrar en crisis. La corrección en condiciones normales, y así había sido siempre, pasaba por la devaluación de la divisa, pero al pertenecer a la Unión Monetaria esta no era posible. La moneda hace de cortacircuito, pero cuando este no se produce el ajuste se traslada al sector real transformándose en recesión y paro. La única alternativa entonces es la deflación interior, reducción de salarios y precios de manera que se recupere la competitividad exterior, pero pagando un elevado precio en cotas de igualdad.

Existe una diferencia importante entre la devaluación monetaria y la interior. La primera empobrece a los ciudadanos frente el exterior, pero no modifica la relación interna. En la segunda, por el contrario, es imposible que todos los salarios y los precios evolucionen en la misma medida (los precios relativos incluyendo los salarios se modifican). El coste se distribuirá de manera desigual. Es hasta posible que algunos de los agentes obtengan beneficios. Sin duda, son las clases bajas las que asumen las mayores pérdidas.

Hay otro factor que complica aún más el tema. La carencia de la moneda propia limita la capacidad de acción de los gobiernos nacionales y los deja, por una parte, al albur de los mercados y de las autoridades comunitarias, especialmente del BCE. Además, el diseño de la Unión Europea ha prescindido de todo mecanismo de solidaridad entre los países acreedores y deudores, y las ayudas establecidas, únicamente como créditos, se han planteado a menudo en condiciones draconianas. El mejor o peor resultado de la política de los gobiernos depende por tanto también de la habilidad y energía para manejarse en Europa. Fue sin duda una de las razones del desastre del último Gobierno de Zapatero.

Tanto los partidos de izquierdas como los de derechas deberían tener presente el escaso margen que los gobiernos nacionales tienen a la hora de instrumentar su política económica y social dentro de la Eurozona. Es posible que en algunos aspectos se hubiesen podido obtener mejores resultados que los conseguidos por el Gobierno de Rajoy, pero seguramente también mucho peores. Conviene no olvidar las presiones a las que tuvo que enfrentarse orientadas a que pidiese el rescate. Por supuesto desde el exterior, pero también desde el interior. Poderes económicos, financieros y mediáticos asustados por los altos tipos de interés clamaban al unísono para que el Gobierno pidiese el rescate. ¿No nos acordamos ya de los editoriales de El País y de las tesis mantenidas por el economista de cabecera de Ciudadanos? La resistencia del Gobierno no fue la epopeya de la que intenta convencernos Guindos en su libro "España amenazada", pero sin duda fue un gran acierto. De haber cedido (nada tiene que ver este posible rescate con el saneamiento de los bancos), los resultados, qué duda cabe, hubiesen sido más dramáticos y la desigualdad generada, mucho mayor.

El nuevo Gobierno ha recibido una economía en una situación bastante desahogada, lo que le puede permitir un margen considerable para ampliar las políticas sociales y de igualdad. Los empresarios y los sindicatos han firmado un acuerdo para subir los salarios un 3%. Pero la permanencia en la Unión Monetaria continúa creando grandes incertidumbres y seguramente peligros, que no pueden combatirse con ocurrencias, figuritas y demagogias. La verbena en que Pedro Sánchez ha convertido el Ministerio de Hacienda, pieza sustancial de la política económica, y la falta de conciencia de los partidos de izquierdas de que la pertenencia a la Unión Monetaria reduce sustancialmente el margen de maniobra, genera los peores presagios.

El segundo tema es el de la integración o, más bien, desintegración del Estado. En el conflicto catalán a Rajoy se le ha acusado a menudo de practicar una política demasiado blanda o al menos indecisa. Tales planteamientos pueden tener un punto de razón ya que hubiesen sido necesarias actitudes mucho más enérgicas. Pero, una vez más, no se puede olvidar el contexto en el que el Gobierno del PP se movía: 137 diputados propios y el resto del Parlamento, fraccionado. En el ala izquierda, Podemos, una formación política que contra toda lógica y traicionando sus principios, se declaraba partidaria del derecho de autodeterminación de todas las regiones de España y que, mientras arremetía con saña contra la corrupción del Partido Popular, coqueteaba y coquetea aún con los golpistas, incluso con los herederos del partido más corrupto de España, Convergencia. Situado no se sabe dónde, Ciudadanos, una formación nueva y un tanto oportunista que a menudo se presenta como el azote del independentismo, pero que se ha movido por mero cálculo electoral y ha estado dispuesta a dejar solo al Gobierno si eso le ocasionaba rentabilidad política. Y un partido socialista secuestrado por un caudillo con un solo objetivo: llegar a la presidencia del Gobierno al precio que fuese.

Durante casi todo el tiempo, el Gobierno de Rajoy se ha encontrado en gran medida solo frente a un movimiento dogmático y sectario que supedita todo, ideología y legalidad, a obtener por las buenas o por las malas la independencia. En este procés se unen sin ningún escrúpulo la extrema derecha y la extrema izquierda, y se disculpan las cotas más altas de corrupción, incluyendo el 3% de Pujol y sus discípulos. No es por tanto de extrañar la prudencia de Rajoy y su pretensión de arrastrar en sus decisiones al menos al PSOE y a Ciudadanos.

El PSOE, el de Pedro Sánchez, empujado por el PSC, ha mantenido siempre una postura reticente, ambigua, adoptando una tercera vía que, si bien condenaba determinadas actitudes y conductas de los independentistas, responsabilizaba también al Gobierno por no intentar dar una solución política, que en realidad no se sabía en qué consistía, aunque ahora ya se conoce perfectamente, en hacer concesiones a los secesionistas. Lo que se ignora en los momentos actuales es hasta dónde se va a llegar en las renuncias. Bien es verdad que el haber alcanzado el gobierno con el apoyo de los golpistas y que vayan a ser estos necesarios para sacar adelante cualquier ley o acuerdo en el Congreso, presagia los peores resultados. Las actuaciones realizadas hasta ahora por el nuevo gobierno lo confirman. En este tema es, sin duda, en el que con mayor probabilidad podemos terminar echando de menos a Rajoy.

republica.com 6-7-2018



OTRA CUMBRE FALLIDA

EUROPAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Wed, July 11, 2018 13:13:49


Existe un cierto consenso, cada vez más amplio, de que la Unión Europea no funciona, y es que el gradualismo ha introducido el proyecto en encrucijadas de difícil -más bien de imposible- salida. Resulta ilusorio pretender corregir ahora la asimetría de partida con la que se redactaron los Tratados. Los países que se vieron beneficiados por ellos -Alemania y demás países del Norte- quizás hubieran estado dispuestos a ceder en el origen como contrapartida a las ventajas que obtenían de la Unión. Incluso hubiera sido el momento de explicárselo a sus propios ciudadanos. Pero de ningún modo van a hacer ahora concesiones sustanciales a cambio de nada, ni es fácil hacer comprender en este momento a sus poblaciones que si quieren que el sistema funcione deben crear mecanismos de solidaridad y de redistribución con el resto de países a los que la Unión, tal como está concebida, perjudica.

Es por eso por lo que cada nuevo intento de avance, por reducido que sea, hacia mecanismos integradores se desfigura y se desplaza más y más hacia adelante sin alcanzar nunca el objetivo. Fue hace ya seis años, precisamente en la Cumbre de junio, cuando Monti, entonces al frente del gobierno italiano y al que se situaba entre los ortodoxos, se plantó y amenazó con vetar el comunicado final si no se aceptaba que fuese la Unión Europea (Mecanismo de Estabilidad Europeo) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. Tras el apoyo de Francia y de España a la iniciativa, Alemania no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades. Había nacido lo que más tarde llamarían la Unión Bancaria.

Seis años más tarde, la Unión Bancaria solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían constituir la contrapartida a esa cesión de competencias. Desde luego, Europa no ha asumido ni tiene intención de asumir el coste del saneamiento de los bancos en crisis, que era la propuesta de Monti. Hasta la fecha, las entidades financieras de los distintos países continúan siendo principalmente nacionales (la pasada crisis del Banco Popular en España y de los italianos Veneto Banca y Popolare de Vicenza lo muestran claramente) y los posibles costes están muy lejos de mutualizarse, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma.

A lo largo de los últimos meses, desde la Comisión, pero principalmente por parte de Macron, se han propuesto distintas medidas con el objetivo de reformar la Eurozona y hacerla viable. Merkel ha venido dando largas y vaciando las propuestas, hasta el extremo de que lo que previsiblemente aprobará estos días el Consejo acabará como siempre sin apenas eficacia práctica. Las palabras son engañosas y no significan absolutamente nada si no se las llena de contenido. En la Unión Europea los agentes son expertos en convertir los vocablos en flatus vocis.

En la propuesta de Macron sobresalía la constitución de un presupuesto para la Eurozona distinto y separado del de la Unión Europea. El planteamiento en teoría es sumamente interesante ya que incide sobre la fractura nuclear de la Unión Monetaria, y del que se derivan todos sus problemas y contradicciones: el hecho de que al mismo tiempo no se haya creado una unión fiscal. La existencia de un verdadero presupuesto es lo que permite que en cada uno de los Estados se compensen y puedan corregirse los desequilibrios creados por la integración comercial, financiera y principalmente por la monetaria que se dan a nivel nacional.

Pero las palabras no significan absolutamente nada si no se concretan y delimitan. Merkel durante todos estos meses ha estado moviéndose en lo etéreo sin comprometerse. Finalmente parece que ha dado su aquiescencia, pero la idea se ha desnaturalizado perdiendo casi toda su virtualidad. En primer lugar, porque, por lo pronto, se aplaza hasta dentro de dos años; segundo, porque no se fija la cuantía, lo que es definitivo, ya que si no se concreta la dotación es como no afirmar nada. Las cifras que se están manejando son ridículas e indican bien a las claras que lo que se llama presupuesto no tiene nada que ver con lo que se tiene por tal en cualquier Estado moderno; tercero, porque se diseña únicamente como un fondo de emergencia, cuya disponibilidad se realizará bajo la modalidad de préstamo y nunca como una transferencia a fondo perdido. Es decir, se descarta por completo la política redistributiva que constituye el fundamento de toda Hacienda Pública moderna y que es la que resulta imprescindible para paliar los desequilibrios entre países o regiones que cualquier Unión Monetaria genera.

En línea con lo anterior, parece que el presupuesto se va a nutrir principalmente de aportaciones de los diferentes Estados y no de impuestos propios de la Unión; con lo que tampoco por la parte de los ingresos se aprovechará su posible función redistributiva. Tiene visos de que su papel se va a circunscribir a ser un fondo que ayude a que los países afectados por choques asimétricos no estén obligados a restringir sus inversiones públicas mientras llega la recuperación. Existe una cierta predilección de la Unión Europea por las infraestructuras, desentendiéndose de todo lo demás. Léase gastos sociales y economía del bienestar. Algún día tendríamos que analizar las deseconomías e ineficacias que se han originado por el hecho de que los fondos de cohesión se hayan orientado principalmente a las obras públicas.

¿No sería lógico que lo primero que asumiese un presupuesto que pretende solucionar los desajustes y desequilibrios que la Unión Monetaria genera entre países fuese la socialización del seguro de desempleo? Lógico, sí; probable, no. El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Olaf Scholz, ha propuesto, en una entrevista publicada en la revista Der Spiegel, la creación de un seguro de desempleo europeo. Pero, una vez más, las palabras engañan. Lo que en realidad sugiere es tan solo un nuevo fondo que prestase a los sistemas nacionales en los momentos de crisis, cuando el desempleo sea muy alto y, por lo tanto, el gasto en esta prestación también, pero que deberían devolver una vez superada la crisis.

Estamos siempre dentro de la misma filosofía, prestar en todo caso, sí, pero nada más, sin una verdadera integración presupuestaria y fiscal que implique transferencia de fondos entre países. Ahora bien, sin esa transferencia de recursos, una unión comercial, financiera y sobre todo monetaria no puede subsistir a largo plazo, porque el hecho es que su propia existencia crea un flujo en sentido contrario que debe ser compensado (como ocurre dentro de cada Estado) para que se mantenga un mínimo equilibrio.

Existe además un agravante, todas estas posibles ayudas al igual que las del MEDE (que ahora se quiere convertir en un fondo monetario europeo, sin cambiar en realidad nada) estarán condicionadas a recortes y ajustes de los que en los últimos diez años ya hemos tenido suficiente experiencia. ¿Podemos creer de verdad que, ante una nueva recesión, Grecia puede someterse a otra aventura como la que ha vivido hasta ahora? El ECOFIN acaba de dar por terminada la crisis griega, lo que es mucho decir, pero en cualquier caso el campo después de la batalla es desolador. Su PIB se ha reducido en el 25% del PIB. Incluso este dato no es en absoluto significativo de la pérdida de riqueza y bienestar efectiva de su población que ha sido mucho mayor, amén de la hipoteca que tanto en el endeudamiento exterior como en el público mantiene para el futuro. Pero no solo es Grecia, a otros muchos países, entre los que hay que incluir a España, les resultaría letal repetir la odisea sufrida en los últimos años.

Es evidente que la Unión Monetaria está resultando un buen negocio para Alemania y demás países del Norte, pero un gran problema para los países del Sur, lo que deja en el mayor de los ridículos a los planteamientos adoptados en su día por Mitterrand al imponer a Alemania el euro como condición para la reunificación, creyendo que privándola del marco sería más fácil controlarla y evitar sus tentaciones hegemónicas. El resultado ha sido desde luego el contrario: teniendo en cuenta los términos fijados por Maastricht y demás tratados, el euro y las instituciones creadas están siendo los mejores instrumentos para que el país germánico imponga su supremacía.

Solo hay que echar un vistazo a las cifras macroeconómicas de los distintos países para comprobar cómo ha influido en cada uno de ellos la creación de la moneda única, y las diferencias que se han originado. Ciertamente no es solo Alemania la beneficiada, pero, dado su tamaño, tiene especial trascendencia. Y especial importancia adquiere también entre los datos macroeconómicos el déficit o superávit en la balanza por cuenta corriente, porque cuando son desproporcionados indican en buena medida cómo unos países viven a costa de otros. Durante los siete primeros años de este siglo, Alemania fue acrecentando su superávit, enchufada de forma parásita a los déficits de los países del Sur. La crisis ha obligado a estos a equilibrar sus cuentas exteriores, pero sin que el país germánico haya hecho lo propio. Bien al contrario, su superávit se ha incrementado, alcanzando el 9% del PIB, una bomba para la estabilidad del comercio mundial y frente a la que EE. UU. ya ha reaccionado.

Trump puede coleccionar todo tipo de excentricidades y vilezas, pero hay una parte de su discurso que se asienta sobre hechos ciertos y es que un orden económico internacional no puede coexistir con desequilibrios tan enormes en el comercio entre países, y que es imposible que Alemania, China, India, etc., sigan manteniendo esos excedentes comerciales; concretamente con respecto a EE. UU., que es el que verdaderamente a Trump le importa. Va a comenzar una guerra comercial que va a afectar -ya está afectando, de hecho- a España y a otros países del Sur, sin que ellos tengan ninguna culpa, solo por el hecho de formar una unión aduanera con Alemania. Una vez más, van a salir perjudicados.

Todo ello debería hacer pensar que sin reformas en profundidad la Unión Europea, y desde luego la Unión Monetaria, no puede subsistir, aunque no parece que los países del Norte estén dispuestos a realizar verdaderas concesiones. No es de extrañar, por tanto, que las contradicciones de todo tipo surjan cada vez en mayor medida en todos los campos. En los últimos días se han manifestado con extrema virulencia en el ámbito migratorio, hasta el extremo de que se hayan colado en la agenda de este Consejo robando un espacio importante en sus deliberaciones. A pesar de ello, no creo que se llegue a ninguna conclusión. Y es que cuando no se acepta la solidaridad interna entre los países de la Unión, malamente va a poder funcionar con los no europeos.

republica.com 29-6-2018



ACUARIUS: SIENTE UN POBRE A SU MESA

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, June 25, 2018 23:47:27

Allá por los años cincuenta el régimen franquista lanzó una campaña tendente a promover la caridad cristiana en Navidad. Se eligió el eslogan “Siente un pobre a su mesa”, eslogan que más tarde fue adoptado por Berlanga para dar título a una de sus mejores películas, orientada precisamente a denunciar la hipocresía que se ocultaba tras esta operación, cuya finalidad quedaba reducida a lavar la mala conciencia de la burguesía. En especial, resulta ilustrativo el papel que asume en el film Ollas Cocinex, el patrocinador, que emplea la campaña como instrumento de marketing y publicidad comercial. La censura del régimen prohibió el título de la película, que finalmente tuvo que tomar el nombre de uno de los protagonistas, “Plácido”, nombre con el que casi gana el óscar a la mejor película en lengua no inglesa y con el que ahora la conocemos.

Después de tantos años el film mantiene su vigencia, al constituirse en una denuncia permanente de bastantes de esos programas que, bajo el disfraz de piedad y conmiseración, aprovechan la mala conciencia y la sensibilidad popular, y explotan la pobreza con objetivos comerciales y publicitarios. La beneficencia a menudo resulta sospechosa. Bien es verdad que en la mayoría de los casos cuesta criticar actos aparentemente cargados de humanidad y que tienen como resultado disminuir el dolor y el sufrimiento de personas concretas, pero ello no puede ser excusa para silenciar la doblez y la hipocresía que animan determinadas actitudes e iniciativas.

Cómo no rememorar la película de Berlanga ante la utilización de las imágenes del Acuarius en la campaña publicitaria organizada por Benetton. ¿Pero acaso hay tanta diferencia ente los que buscan una rentabilidad económica y una rentabilidad política? El espectáculo orquestado por Pedro Sánchez alrededor del Acuarius y sus 630 inmigrantes tiene cierto tufillo a oportunismo. Resulta difícil no encuadrarlo en ese tinglado publicitario que ha creado desde que llegó al poder, repleto de gestos, símbolos y ocurrencias, todo ello dirigido a la propaganda y al reclamo político y a obtener en los próximos comicios mejores resultados. Un gobierno folclórico, que ha tardado una semana en mostrar las primeras lacras y que promete días gloriosos. Esa finalidad de rédito político y electoral no puede por menos que intuirse al constatar el circo montado alrededor de la llegada de los barcos, con la vicepresidenta del Gobierno, seis ministros, el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y no se sabe cuántos alcaldes al retortero, amén de todos aquellos políticos que de una u otra forma se han subido al carro, seguros de obtener ventajas políticas.

Ante la comisión de seguimiento constituida con la participación de los seis ministerios implicados y de la Generalitat valenciana; ante las múltiples comparecencias de prensa, algunas de ellas solemnes como la de Carmen Calvo y Ximo Puig; ante los múltiples preparativos y el empeño y el esmero adoptados en que no se produzca el menor error y desliz; ante la expectación creada por la llegada a puerto, retransmitida en un maratón en directo por Radio Nacional, cabría deducir que los 630 pasajeros del Acuarius son los primeros inmigrantes que llegan a territorio español. Sin embargo, cada semana arriba a las costas españolas un porcentaje similar o mayor que los que transporta el Acuarius, sin que se monte ningún fasto.

Aun cuando no lo demuestre, se comprende el cabreo que debe de tener la presidenta de la Junta de Andalucía. No ha tenido más remedio que apoyar el gesto del presidente del Gobierno, pero ha dejado caer que Andalucía también existe y que lo que se celebra como un hecho humanitario, transcendental y único, y por el que se echan todas las campanas al vuelo en Valencia, está ocurriendo en las costas del Sur de España a diario. El mismo fin de semana que Italia se negaba a admitir a los inmigrantes del Acuarius, eran rescatadas frente al litoral andaluz 550 personas, a pesar de lo cual siete resultaron ahogadas; y al mismo tiempo que se producía la travesía hasta Valencia, mil irregulares eran recogidos en el Estrecho. En lo que va de año, Andalucía ha recibido 286 pateras con 7.128 inmigrantes, de los que 1.350 eran niños, y muchos de ellos viajaban sin sus padres. Este es el día a día de Andalucía. Sin fiesta, sin Navidad. A estos inmigrantes no los recibe la vicepresidenta del Gobierno, ni hay comisión de seis ministerios creada al efecto, ni salen por televisión, excepto cuando se ahogan. Los del Acuarius son los pobres que sienta a la mesa Pedro Sánchez, los que como en la película Plácido, nos hacen sentir buenos. En este caso, incluso mejores que los italianos y que los gobiernos conservadores. Los otros, los que no pertenecen a la campaña de Navidad, que se lo monten como puedan.

El gesto de Pedro Sánchez tiene mucho de folclore, de teatro, de exhibición, de campaña publicitaria, de rédito electoral; incluso de ocurrencia, sin reflexión y sin medir las consecuencias, porque las preguntas se acumulan: los barcos van a continuar llegando a Italia, ¿qué va a hacer España, seguirá recibiendo a todas aquellas naves que Italia u otros países se nieguen a aceptar? ¿Qué régimen jurídico se va a aplicar a los inmigrantes del Acuarius? ¿Se les va a conceder la condición de refugiados a todos? ¿Se les otorgará un tratamiento mejor que al resto de inmigrantes? ¿Se les recluirá en un centro de internamiento de extranjeros con la posibilidad después de tantas algaradas de ser deportados a su país? Cada media hora se han emitido opiniones diferentes. Y cada interlocutor ha mantenido una tesis distinta. Lo que no es extraño si consideramos las contradicciones en las que se incurre cuando se adopta una decisión tan precipitada y guiada exclusivamente por el marketing político a corto plazo.

Desde el exterior se ha alabado el gesto de España; no puede ser de otra manera. A nadie le gusta quedar como insensible e insolidario. Pero ¿estamos seguros de que la actitud adoptada por el Gobierno español va a colaborar positivamente a solucionar el enorme problema de las migraciones a nivel europeo? Y, sobre todo, después de este gesto de arrogancia, ¿va a quedar España en mejor postura de cara a la próxima cumbre para defender sus intereses en esta materia?

Las migraciones no son un problema de fácil solución, ni admiten posturas simples y demagógicas. Por supuesto, una vez más, la Unión Europea es incapaz de dar una respuesta coordinada; no suele hacerlo en casi ninguna materia, tal como se ha demostrado, por ejemplo, en los últimos tiempos en el campo judicial. No obstante, hay que reconocer que la inmigración es un terreno especialmente complejo, donde confluyen las contradicciones del sistema capitalista y del Estado social, porque si realmente el Estado quiere ser social y garantizar el bienestar de sus ciudadanos no tiene más remedio que poner límites a la solidaridad con los extranjeros.

Hoy, en toda Europa, el tema de la inmigración está retando a los políticos y poniendo en aprietos en especial a los partidos de izquierdas que ven cómo sus votantes se desplazan paradójicamente a formaciones a las que se califica de populistas o de ultraderecha, pero que han sabido entender y manejar el miedo al fenómeno migratorio de una amplia capa de la población, la de aquellos que pueden sufrir sus consecuencias, por encontrarse en situaciones más precarias. Frente a ello no vale esgrimir descalificaciones morales y negar el problema. La oposición de intereses existe. Todos los ciudadanos no se encuentran en la misma situación. Hay una gran parte, a los que la inmigración no les genera ninguna incomodidad, y pueden adoptar sin coste alguno posturas humanitarias y magnánimas. Incluso, en ocasiones, el balance puede ser positivo, por ejemplo, muchos empresarios pueden encontrar en la llegada de inmigrantes una fuerza de trabajo barata que como ejército de reserva tire hacia abajo de los salarios y empeore las condiciones laborales. Una alternativa a la deslocalización empresarial.

El hecho de que en España hasta ahora no hayan surgido partidos xenófobos no significa que entre amplias capas de la población no surjan descontentos y agravios que pueden estallar en cualquier momento. En ciertos ámbitos es fácil ser progresista y presumir de compasivo y piadoso. La inmigración no constituye ningún problema para los que vivimos en Pozuelo, Aravaca, Galapagar, la Moncloa o el barrio de Salamanca. Allí no se ven inmigrantes más que en el servicio doméstico, o en la hostelería, y desde luego no compiten en ningún aspecto con sus residentes. Cosa bien distinta ocurre para los que habitan en barrios más populares en los que mayoritariamente se asientan los inmigrantes. El hacinamiento en pisos y sus costumbres, propias de otras culturas, pueden crear más de un problema a los otros vecinos. Por más generosos que sean estos, es posible que vean con recelo cómo muchos extranjeros, al tener condiciones económicas más precarias que las suyas, acaparan las plazas en las guarderías y en los colegios públicos. Se sentirán también desplazados en las becas y en los servicios sociales. Muchos de los que se encuentran en paro no podrán por menos que pensar que los inmigrantes son los causantes en cierta medida de que no encuentren empleo. Otros, aun cuando posean un puesto de trabajo, especularán tal vez acerca de que su salario y sus condiciones laborales son bastante peores dado que los inmigrantes han hecho posible la precarización del mercado laboral.

Amplias capas de la población que tienen que luchar contra largas listas de espera de muchos meses en tratamientos o pruebas médicas puede ser que vean con prevención la ampliación de la población asistida, en especial cuando no va acompañada del incremento de los recursos destinados a esta prestación. La situación por supuesto es muy distinta (y podemos, por lo tanto, adoptar posturas más altruistas) para los que pertenecemos al grupo cada vez más numeroso que contamos con sanidad privada y pública y podemos jugar con una o con otra según nos convenga.

Todo ello es real y entra dentro de lo “humano, demasiado humano” y no vale negar los hechos con argumentos falaces. Desde esas posiciones relajadas y de comodidad económica se mantiene a menudo que los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo que no quieren los nacionales. No es totalmente cierto. Es posible que no los quieran los españoles con esas condiciones laborales, que tan solo son posibles porque hay emigrantes dispuestos a aceptarlas. Se dice que los inmigrantes vienen a cuidar de nuestros hijos y ancianos, lo que es verdad para determinadas clases sociales; pero para otras, las que precisamente trabajan en el servicio doméstico, en el cuidado de enfermos y de dependientes, en la hostelería, en la construcción y en otros muchos servicios, la visión que tienen de los inmigrantes es más bien de competidores. Incluso el antagonismo y el enfrentamiento de intereses se puede establecer y quizás en primer término entre los inmigrantes ya establecidos en España y los que puedan llegar en el futuro. Por supuesto que todo sería más claro si no hubiese paro. Es más, la inmigración podría ser una solución para el tan cacareado déficit demográfico, pero con tres millones y medio de desempleados todos estos argumentos hacen aguas.

En cualquier caso, el problema de la migración es lo suficientemente grave y complejo para que no se use con fines propagandísticos de ningún tipo ni se utilice demagógicamente. La literatura universal ha recogido con frecuencia los dilemas éticos que plantea, que no son nada fáciles de resolver. Ya a finales del siglo XIX, Zola, en una de sus mejores novelas, “Germinal”, recoge el conflicto que se establece entre los mineros de Montsou, quienes, ante la vida de miseria y explotación a la que se ven sometidos, se han puesto en huelga, y los trabajadores belgas, cuya pobreza será seguramente mayor, ya que están en paro, y que la dirección de la mina trae a Francia para ocupar el puesto de los huelguistas. Es evidente que del final de la novela se deduce que los únicos beneficiados de esta importación de mano de obra son los dueños de las minas.

republica.com 22-6-2018



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