ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LOS PRESUPUESTOS Y EL NUEVO GOBIERNO

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, June 19, 2018 12:37:19

¡Vae victis!, ¡Ay de los vencidos!, clamó el jefe galo después de haber sitiado y vencido a la ciudad de Roma o, visto desde la otra orilla, “La historia la escriben los vencedores”, afirmó Orwell en 1944. Viene esto a cuento del giro de 180 grados practicado por los altavoces mediáticos, articulistas, comentaristas y tertulianos. Todos son alabanzas y loas a Pedro Sánchez y al nuevo Gobierno, lo que contrasta de forma radical con lo que se decía antes de la moción de censura. Ahora que somos tan proclives a resucitar los tuits o a tirar de hemeroteca, muchos se sonrojarían si comparásemos sus opiniones de ahora con las de antaño, especialmente con las de hace dos años, ante el intento abortado de Pedro Sánchez de formar un gobierno Frankenstein. Es evidente que en política el éxito lo tapa todo y el fin justifica los medios. A pesar de ello, extraña el uso tan desmedido del botafumeiro, alabando todos y cada uno de los nombramientos realizados.

Se ha dicho que la formación de este Gobierno está llena de simbolismo y de guiños. Los guiños pueden ser tics nerviosos y, además, suelen desfigurar la cara y afean; y los símbolos remiten a lo simbolizado, pero nunca pueden sustituirlo y me temo que aquí todo quede en los símbolos, en gestos, en publicidad y propaganda. Ser ministro para que lo identifiquen a uno con un guiño resulta, como poco, humillante. Se afirma que es un gobierno feminista, lo que no sé si es bueno o es malo. Sería bueno si lo de las once mujeres y los seis hombres hubiera surgido de forma natural al escoger a los más capacitados, pero cuando uno se jacta de formar un gobierno feminista hay que pensar que esa proporción o desproporción se ha hecho a propósito, que se ha buscado expresamente (y cabría añadir que con una finalidad electoral), con lo que ya no se sabe si cada una de las once mujeres está ahí por sus méritos o por el hecho de ser mujer, y resulta inevitable preguntarse si con los mismos méritos pero siendo hombres hubiesen sido designados.

Se afirma también que es un gobierno muy sólido. Yo lo veo un poco folclórico, con astronauta, farándula y cese incorporados, un gobierno zapateril, con parecidas ocurrencias. Dios nos libre de que repita los mismos errores; parece que hay uno al menos que Sánchez no ha cometido, que es el de pretender ganarse el voto de la juventud nombrando ministro a una criaturita que se encontrase al comienzo de su carrera. La edad media de este Gobierno debe ser considerablemente superior, lo que al menos permite que, al margen de cualquier otra consideración, la mayoría de los nombrados tengan experiencia en cargos públicos.

Lo que tampoco comparto es que sea un gobierno más técnico que político. Salvo algunas excepciones, todos los currícula vitae, mejores o peores, remiten en su gran mayoría a cargos y puestos políticos. No es de extrañar ni puede ser de otra forma cuando la actividad política se ha convertido en una profesión y no de las mejores ni de las más apetecibles, pero los que se dedican a ella lo hacen desde muy temprana edad, en el mejor de los casos nada más terminar la carrera. No sé si es malo o bueno, pero es un hecho que invalida ese discurso tan extendido de reclamarse técnico, incluso algunos llegan a autodenominarse apolíticos.

En este sentido, cuando se trata de currículos políticos no resulta fácil valorarlos. Pienso en todo caso que en esta ocasión más bien se encuentran dentro de la media, al margen de esa excelencia con que los han calificado algunos medios. Veremos los resultados cuando pasemos de las musas al teatro. Quizas haya que detenerse en los títulos que ostenta la recién nombrada ministra de Hacienda: licenciada en medicina y cirugía y con un máster (hoy en día todo el mundo tiene un máster) en gestión hospitalaria, que no parecen los más adecuados para regir el ministerio de Hacienda, aun cuando haya elaborado varios años el presupuesto en la Junta de Andalucía. Ni siquiera posee un gran ascendiente político dentro del PSOE que pudiera compensar el déficit anterior. Pero, con todo, lo más grave es que se ha traído de Andalucía a las secretarias de Estado y a la subsecretaria, con lo que van a llenar el ministerio de técnicos de gestión hospitalaria o de diplomados laborales, y van a caer como astronautas en sus nuevos destinos. Está visto que este Gobierno va a ser el de los astronautas, y no precisamente por Duque. Pobres de los funcionarios a los que les toque enseñarles.

Y es que tal vez quien ha diseñado el Gobierno no es consciente de la relevancia de cada uno de los departamentos ministeriales, y ha infravalorado claramente el de Hacienda, cuando será seguramente más importante incluso que el de Economía, ya que de su buen funcionamiento va a depender en gran medida el fracaso o el éxito del Gobierno. Sin embargo, Pedro Sánchez se ha empeñado, siguiendo los pasos de Zapatero o los consejos de ese asesor áulico que se ha agenciado y que tampoco debe saber nada de la Administración, en recuperar ministerios sin apenas contenido. Una cosa es la relevancia y la dedicación que el Gobierno quiera dar a ciertas materias y otra que para ello haya que hacer guiños creando ministerios que se encontrarán, como ocurrió en la época de Zapatero con los de Igualdad y de Cultura, sin apenas contenido, y convertidos en poco más que algunas direcciones generales. Incluso los de Educación, Sanidad, Agricultura, etc., ministerios cuyas competencias en buena medida están transferidas a las Autonomías, no deberían desde luego desaparecer, pero sí podrían muy bien estar subsumidos en otros.

Mención especial merece el Ministerio de Igualdad por el grado de demagogia que siempre comporta y el mucho oportunismo electoral que conlleva. Digamos antes de nada que hace referencia tan solo a la lucha contra un tipo de discriminación, la de género, que sin duda puede ser importante, pero no más que la desigualdad entre clases y estratos sociales. Pero es que, además, la trascendencia de una idea o de un objetivo no se mide por la creación de un ministerio, sino porque informa toda la acción política. Se dice que cuando no se sabe o no se quiere resolver un problema se crea una comisión al efecto; algunos crean ministerios. La libertad, la igualdad, la democracia, pueden ser principios fundamentales e ideas fuerza de un Estado, pero por eso mismo deben estar presentes en todas las actuaciones de los poderes públicos sin necesidad de crear un ministerio de la libertad o de la democracia.

En fin, con tantos guiños, gesticulaciones y marketing los ministerios han pasado de trece a diecisiete. Y no es esto lo más preocupante, sino que toda la Administración se ha barajado como si se tratase de un paquete de naipes, sin considerar la parálisis administrativa que durante largo tiempo comportará y el dinero que se dilapidará inútilmente. El 24 de noviembre de 2011, con motivo del relevo del Ejecutivo de Zapatero por el de Rajoy, escribí en este mismo diario digital un artículo titulado "Ante un nuevo Gobierno". Me refería en él (hace más de seis años) a la tentación que acecha a los políticos, cuando comienzan a gobernar, de cambiar toda la organización administrativa sin reparar en los costes de tiempo y de dinero que conlleva. Aun a riesgo de ser tildado de prolijo no me resisto a reproducir algunos de los párrafos que entonces escribí, porque pienso que vienen como anillo al dedo en esta ocasión:

"…los políticos parecen no ser conscientes -o no quieren serlo- del despilfarro e ineficacias que se producen con las modificaciones administrativas bien se trate de fusiones, bien de divisiones de ministerios, y no digamos si se barajan múltiples áreas administrativas, y las direcciones generales que estaban en un departamento aparecen en otros o se cambian las competencias. En primer lugar, el derroche es inmenso en tiempo. Si todo cambio de gobierno conlleva una cierta parálisis de la Administración durante un lapso temporal, este se multiplica por diez o por veinte si además del titular del departamento y los lógicos cambios de altos cargos, se remodela también toda la estructura administrativa. Hay, por ejemplo, que corregir todas las órdenes de competencia, así como las estructuras presupuestarias y contables, lo que coherentemente implica una dilación –en el mejor de los casos– en la tramitación de los expedientes. Hay un proceso bastante largo hasta que la nueva estructura se asienta y la organización recupera su marcha de crucero.

Los caprichos o las ocurrencias de cada nuevo gobierno, dividiendo, juntando, troceando o pegando unidades administrativas, suelen salir carísimas. Se precisa cambiar todos los rótulos de los edificios, los membretes de oficios y resto de papelería. Deben revisarse un sinfín de contratos administrativos de servicios al incidir sobre unidades que se han transformado en otras. Se precisarán, con lo que ello supone, mudanzas y traslados de despachos y de edificios. Desde el punto de vista económico, especial gravedad tienen las modificaciones en los sistemas informáticos, ya que elevadas inversiones quedarán obsoletas con la nueva estructura y habrán de ser sustituidas por otras.

Todas estas modificaciones originan un alto coste en lo económico, pero también en el funcionamiento de los servicios porque resulta inevitable que durante bastante tiempo se produzcan cierta desorganización y desconcierto. Valga la anécdota que me contaba un alto cargo de Hacienda: cuando con Pedro Solbes se volvieron a unir los ministerios de Hacienda y de Economía, que se habían separado cuatro años antes en la segunda legislatura de Aznar, los subsecretarios de ambos departamentos aún estaban discutiendo por los despachos. Este tipo de reorganizaciones administrativas suelen constituir tan solo operaciones escaparate, pero lejos de ahorrar dinero al presupuesto incrementan el gasto y difícilmente pueden fundamentarse en la austeridad…".

Si esto es verdad en todo nuevo gobierno, al que en principio se le supone una permanencia de al menos cuatro años, qué decir en el caso del que se acaba de constituir que es parlamentariamente endeble y con un claro carácter provisional, orientado a convocar de forma más o menos inmediata nuevas elecciones. La cosa no tiene demasiado sentido a no ser que todo él sea tan solo una operación de marketing, en la que poco importan los resultados, y por tanto la pérdida de tiempo, en el convencimiento de que no se va a poder realizar nada y solo interesan los anuncios, los gestos, los guiños, las poses y la venta de la mercancía, orientado todo ello a obtener mejores resultados en las próximas elecciones.

El pasado 7 de junio todos los medios de comunicación prestaron una gran atención a los decretos de nombramientos de ministros que aparecían en el BOE, pero pocos, más bien ninguno, reparó en el real decreto que los precedía por el que se ponía patas arriba toda la Administración sometiéndola a una especie de caleidoscopio. El simple hecho de que casi todos los ministerios hayan cambiado de nombre implica ya un derroche en rótulos de edificios, en impresos, en oficios, en papelería en general y en modificaciones de programas informáticos.

El real decreto, como es normal en todos estos casos debido a la urgencia, solo concreta hasta el nivel de secretarías de Estado, quedando el resto de la organización administrativa a la espera de un desarrollo posterior de cada ministerio que en unos más y en otros menos, pero en todos se dilatará considerablemente (en Cultura y en Igualdad quizás no, porque tienen poco que desarrollar) y mientras tanto casi toda la Administración, en buena medida en el limbo.

Lo más interesante de este decreto es la disposición final cuarta que literalmente dice así: “El Ministerio de Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto”. Ahí es nada. Se trata de cambiar todo el presupuesto -que a estas alturas aún no se ha aprobado, y que por el camino que va no estará operativo ni al final del ejercicio. Presupuesto que tanto el PSOE como Podemos no quisieron ni negociar y que ahora por imperativo del PNV se van a comer con patatas (Rajoy dixit); eso sí, aderezado de otra manera. Los mismos caballos pero con distintos arreos. Claro que, a lo mejor, a este Gobierno solo le interesan los arreos. Cosas del marketing político.

republica-com 15-6-2018



PEDRO SÁNCHEZ, LA CABRA TIRA AL MONTE

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, June 11, 2018 19:34:15

Resulta harto evidente que, desde el inicio de la legislatura, Pedro Sánchez ha tenido un único objetivo: llegar a ser presidente del Gobierno, lo que constituye una aspiración respetable para un líder político, siempre que espere conseguirlo mediante los votos de los ciudadanos y no a cualquier precio. El problema se encuentra en que los electores no han ido en la misma dirección y no le premiaron con resultados suficientes para aspirar de forma directa y normal a su ansiada meta.

La historia es de sobra conocida: su enroque en el “no es no“, y la negativa a toda negociación con el partido mayoritario -ya que un acuerdo con esta formación le impedía lógicamente ser presidente de gobierno-; su predisposición a pactar con cualquiera otro partido, fuese el que fuese, con tal de asegurarse su objetivo de llegar a la Moncloa; su intento de casar contra natura a dos formaciones antitéticas como Podemos y Ciudadanos; la necesidad de una nueva consulta electoral; la parálisis del país de cerca de un año sin gobierno y, por último, el intento de formar un gobierno Frankenstein, con el apoyo de los independentistas y en contra del Comité Federal de su partido, que se vio obligado a forzar su dimisión para abortar la operación.

Desde hace más de quince años, en múltiples artículos he venido criticando las primarias y mostrando los defectos que ocasionan en el funcionamiento de los partidos y en su estructura democrática. Por este sistema tan imperfecto Sánchez retomó el control del PSOE, pero esta segunda vez de manera autocrática y despótica. Es el gran vicio de las primarias, porque al ser investido el líder directamente por los militantes, se debilitan y casi desaparecen los órganos intermedios, de manera que las posibles discrepancias resultan casi inviables.

Durante cierto tiempo parecía que Pedro Sánchez había abandonado sus pasadas veleidades de formar un gobierno Frankenstein, tanto más en cuanto que la situación en Cataluña se hacía cada vez más dura y el independentismo había dado un golpe de Estado. Es más, aunque ciertamente a remolque, se mantuvo unido al resto de partidos constitucionalistas en las medidas a tomar respecto al golpismo.

Pero la cabra siempre tira al monte y, por lo visto, el secretario general del PSOE no había perdido la esperanza de llegar al gobierno y, consciente de que las encuestas no le eran favorables y por lo tanto tampoco el porvenir ante las próximas elecciones, ha retornado al viejo proyecto de hacerse con el gobierno, aunque sea apoyándose en los partidos catalanes, a pesar de que ya no solo eran independentistas sino también golpistas. Contaba ahora con la ventaja de que no era fácil que en su partido se produjese resistencia. De todos modos, la decisión se adoptó al margen y con total desprecio de la Ejecutiva y del Comité federal, en el entendido de que después de las primarias dichos órganos son tan solo una prolongación del secretario general.

Se trataba de buscar un pretexto, una coartada, y la ocasión se presentó con la primera sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. En realidad, la sentencia no dice nada nuevo que no se conociese ya. Es más, lo sabido y publicado es mucho más extenso que su contenido, puesto que este no hace referencia a la totalidad del caso. Incluso todo ello ya había sido utilizado por el propio Pedro Sánchez en las pasadas campañas electorales y seguramente tenido en cuenta por los votantes en los comicios de 2015 y 2016. En buena medida, por lo tanto, estaba ya descontado.

Por otra parte, conviene no confundir el plano penal y el político. Ahora que se habla tanto de no judicializar la política, es curioso cómo nos dejamos llevar por la ley del péndulo. En ocasiones, cuestionamos y denigramos las sentencias hasta el extremo de linchar a un tribunal (como en el caso de la manada) o de intentar descalificar y coaccionar a los jueces (como en el proceso contra los golpistas catalanes). Pero en otros casos como en el de la sentencia que nos ocupa se concede a todas sus aseveraciones y expresiones la condición de "palabra de Dios" que hay que creer como si fuese una verdad revelada. Las sentencias se deben acatar y respetar, pero también es posible disentir en ocasiones, sobre todo en aquellos aspectos que se salen de los términos estrictos de una sentencia penal, y no se basan en los hechos, sino que constituyen más bien juicios de valor.

Uno se sorprende al escuchar que se había creado una inmensa indignación ciudadana, un clamor popular acerca de que la situación era insostenible. El único griterío lo constituía el de Ciudadanos que, ante los buenos augurios de las encuestas, reclamaban elecciones anticipadas. ¿qué había cambiado del 23 al 24 de mayo para que se produjese tal cataclismo?. ¿De verdad creemos que el mayor problema de los ciudadanos se encuentra en unos hechos que por muy corruptos que fuesen se produjeron en dos ayuntamientos de Madrid hace quince años? Lejos de mi intención disculpar la corrupción del Partido Popular, pero tampoco me gusta que me engañen o me tomen por tonto, y que utilicen una sentencia judicial que apenas añade nada a lo ya sabido como excusa para tapar la ambición del secretario general del PSOE y para justificar su pacto espurio con los golpistas. La corrupción es sin duda una lacra, pero no solo ni principalmente la narrada en esta sentencia, sino la que ha afectado desde el primer momento de la Transición a casi todos los partidos que han gobernado en Ayuntamientos y en Comunidades Autónomas, y habitualmente en proporción directa al tiempo que lo han hecho.

Que la sentencia es un pretexto aparece de forma bastante clara cuando quien la ha usado es el secretario del partido socialista. No se trata, tal como se dice, de poner el ventilador, pero si se colocasen en un platillo los casos de corrupción del PSOE desde los principios de la democracia y en otro los del PP resultaría difícil saber cuál de los dos pesaría más. Y si hablamos de financiación irregular, la mayoría de los partidos de uno o de otro modo la han practicado. Para no irnos muy lejos, ¿qué es el caso de los ERE sino un sistema de dopaje? Los recursos que estaban dedicados a los parados se han dirigido al clientelismo, es decir, un medio para conseguir adhesiones y votos. Pedro Sánchez se desliga del tema dando a entender que es un problema de Andalucía o de los dos presidentes que han dimitido; pero si se profundiza en el tema, Sánchez sería como mínimo participe a título lucrativo, ya que dicho clientelismo no solo ha servido para obtener mejores resultados en la Comunidad Autónoma sino también en las elecciones generales en las que él aparecía como candidato a presidente del gobierno.

La prueba de que la sentencia se utiliza como pretexto es que mientras Sánchez proponía que se censurase al PP por corrupción, pedía el voto al partido más corrupto de España, el del 3%, el de la familia Pujol, el que durante más de treinta y cinco años ha saqueado las finanzas públicas no solo para enriquecerse, sino para ir creando estructuras independentistas y supremacistas, en buena medida xenófobas, que preparasen una futura secesión. Incluso Esquerra, que se jacta de su honradez y pureza, ha sido cómplice, al menos en la última temporada, de esta corrupción que es de las peores, no solo por la cantidad de fondos empleados, sino por las graves consecuencias y resultados que acarrea.

A estas alturas no puedo por menos que suscribir las palabras de Rodríguez Ibarra: "El independentismo me preocupa mucho más que lo que haya robado el PP". Hay problemas más graves que la corrupción, sobre todo cuando esta se ha cometido hace quince años y no parece que pueda repetirse. La integridad territorial es desde luego uno de ellos y de los más importantes, no por cierto patrioterismo o nacionalismo españolista, sino porque, como certeramente ha afirmado Alfonso Guerra, detrás de la unidad está la igualdad. A lo que habría que añadir que detrás del Estado se encuentran la política redistributiva y social.

Por escandaloso que aparentemente pueda parecer, lo más negativo de la actuación de un político no se encuentra en la posible corrupción, al menos en el sentido restrictivo en que lo hace el Código Penal. La ineptitud, la estulticia, la incompetencia y el sectarismo en un gobierno pueden tener consecuencias mucho más negativas para la ciudadanía que lo que entendemos vulgarmente por corrupción. Otra cosa es el juicio ético o penal que merezca tal comportamiento. El 7 de mayo del 2015 en este mismo diario digital escribía un artículo que titulé "Los dos Ratos". Criticaba yo entonces la tesis mantenida por algunos comentaristas de diferenciar entre el Rato gran artífice de la economía nacional entre los años 1996 y 2004, que sería acreedor a todo tipo de elogios y el otro, el Rato de Bankia, de las tarjetas opacas y de las cuentas en Suiza, que merecería todo tipo de reproches, vilipendios y anatemas. Discrepaba profundamente, porque los errores y los pecados sociales del primer Rato serían mayores, a mi juicio, que los del segundo, pues, en su calidad de responsable económico, inició un proceso que introdujo a la sociedad española en una ratonera de la que aún no hemos salido por completo, y que ha producido enormes y numerosos daños y costes sociales y económicos.

Ni la corrupción ni la sentencia están en el origen de la moción de censura que se celebró a finales de la semana pasada. Son exclusivamente la excusa. La verdadera razón se halla en la ambición mostrada desde el primer día por Pedro Sánchez, dispuesto a conseguir la presidencia del Gobierno, aunque fuese con el voto de los independentistas, y en el deseo de estos de librarse de Rajoy. Sánchez simplemente ha retomado su objetivo de hace dos años y que el Comité federal de su partido no le permitió acometer.

A pesar de su reiterada autoproclamación de hombre de Estado e incluso de su apoyo al art 155, su postura ha estado siempre regida por la ambigüedad y por el seguimiento al PSC. El PSC ha venido siendo uno de los factores de inestabilidad del PSOE y que le ha arrastrado a las situaciones más críticas, una verruga difícil de controlar. Estuvo detrás de los enormes errores cometidos por Zapatero con respecto al Estatuto de Cataluña, aprobando un texto inconstitucional y que ha sido en buena parte el origen de los conflictos con los nacionalistas. El PSC ha estado detrás de la ambigüedad que ha mostrado siempre Pedro Sánchez, con discursos como el de nación de naciones o situándose durante mucho tiempo en una extraña equidistancia: si bien criticaba duramente al independentismo, no lo hacía nunca sin censurar al mismo tiempo al Gobierno, acusándole de no hacer política en Cataluña. Hasta el último momento, cuando ya la declaración de la independencia era un hecho, estuvo oponiéndose a la aplicación del artículo 155. El PSC también ha estado detrás de que Sánchez abogase y forzase una aplicación mitigada de dicho artículo y por el plazo más breve posible.

En esta ocasión, no ha disimulado y ha pedido directamente el voto a los nacionalistas. Lo ha conseguido y ya es presidente del Gobierno. Los sanchistas afirman que no ha habido pactos y que no se ha pagado ni se va a pagar precio alguno. Difícil de creer. Al menos con el PNV se ha pactado, que se sepa, el mantenimiento de los presupuestos (esos presupuestos, que según afirmaba el partido socialista nunca podría votar) y la no convocatoria inmediata de elecciones. No habrá habido pactos, pero Pedro Sánchez desde la tribuna no ha dejado de hacer guiños a los secesionistas, comprando por ejemplo el relato independentista acerca del último estatuto y prometiendo su modificación para incorporar la parte declarada inconstitucional en su día. Pero, mientras tanto, el golpe de Estado continúa activo. Nadie ha renegado de la declaración unilateral de independencia, y el muy honorable y xenófobo presidente de la Generalitat reta permanentemente al Estado.

Haya habido o no haya habido pactos, Sánchez debería preguntarse por qué los golpistas le prefieren a Rajoy o a Rivera. No creo que el motivo sea la corrupción ¿Qué esperan de él? Es más, cabría interrogarse acerca de por qué Torra se encontraba gritando en la puerta de Ferraz a favor de Pedro Sánchez (según aparece en la famosa foto) en la noche que el Comité federal defenestró al hoy presidente del Gobierno. ¿Los parlamentarios socialistas se han parado a pensar que todos los que votaron a favor de Sánchez, excepto ellos, supuestamente, defienden el derecho de autodeterminación?

El otro día en la moción de censura, Aitor Esteban inició su intervención en tono irónico, riéndose del gran Estado español cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del País Vasco. Comentario humillante, pero cierto. El Gobierno de España lo han decidido quienes no creen en España y quieren separarse de ella, los que pretenden romper el Estado español. Es mentira que a Rajoy le haya echado la corrupción, por muy grande que sea la del Partido Popular. No creo yo que la corrupción preocupase mucho al PDeCAT. A Rajoy le han desalojado de la Moncloa los secesionistas, que piensan sentirse más cómodos y tener más oportunidades con Pedro Sánchez. Al nuevo presidente de Gobierno lo han nombrado los mismos que en Cataluña designaron al xenófobo Torra. Quizás sea verdad que haya que modificar la Constitución, pero para impedir que los que quieren destruir el Estado sean los que decidan precisamente sobre el Estado. El tiempo dirá cómo termina la aventura, pero si yo fuese militante socialista no estaría nada contento. Es muy posible que el pasado sábado el PSOE haya iniciado una carrera hacia su total desaparición.

Para los que consideramos perversa la Unión Monetaria, pero también sabemos que es difícil, casi imposible, que un país en solitario pueda abandonar el euro, tal vez encontremos en todo esto un efecto colateral positivo. Y es que entre lo de Italia y lo de España cabe la posibilidad de que la moneda única comience a desquebrajarse. A lo mejor, hay que terminar dando las gracias a Pedro Sánchez.

republica.com 8-6-2018



CATALUÑA Y LA PERVERSIÓN DEL LENGUAJE

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Sun, June 03, 2018 23:25:09

Resulta de sobra conocido que el lenguaje no es neutral. Es más, a menudo constituye un arma valiosa a la hora de conformar la realidad. Quien controla el lenguaje es fácil que controle la ideología y, con ella, la sociedad. Fue George Orwell quien de forma más clara se refirió a la perversión del lenguaje cuando en su novela “1984” habló de la neolengua impuesta por el Gran Hermano.

Los independentistas son auténticos artistas en la perversión del lenguaje. A base de repetir determinadas palabras o frases, han conformado un relato que nada tiene que ver con la realidad, pero que intentan imponer como verdad incontestable. Así, hablan de Cataluña como colonia cuando constituye una de las Comunidades Autónomas más ricas y con más competencias de España; como región oprimida, lo que choca con el nivel de su renta per cápita y de su autonomía. Han reescrito la historia falsificándola y construyendo las farsas más disparatadas e ilusorias. Presentan al Estado español como opresor, tiránico, le acusan de no respetar los derechos humanos. Denominan presos políticos a quienes han dado un golpe de Estado de carácter xenófobo y supremacista… Y no se sabe cuántas burdas mentiras más que quizás puedan confundir en el extranjero donde la información es escasa, pero resulta impensable que puedan tener algún crédito en el interior.

Pero, además de estas falsificaciones tan chapuceras del lenguaje, los independentistas realizan unas más sibilinas y menos toscas que, de forma inconsciente, pueden terminar por ser asumidas en el discurso de los no separatistas, y convertirse en un error generalizado que dé lugar a tergiversar la realidad. Los secesionistas hablan siempre de España y de Cataluña como términos disyuntos, sin que uno contenga al otro. Cataluña no es España. Lo que subyace detrás de este lenguaje es la pretensión de establecer un terreno de juego igualitario en el que se enfrenten o dialoguen de igual a igual dos entes soberanos. Pues bien, es frecuente que desde las tertulias o desde las informaciones periodísticas se caiga en este mismo error, y se emplee el término "España" o "españoles" en aquellas ocasiones en las que debería hablarse del "resto de España" o del "resto de españoles", ya que lo que se pretende es contraponerlo a Cataluña o a catalanes. El error puede parecer insignificante, pero contiene una fuerte carga ideológica.

En esa operación de pervertir el lenguaje, los secesionistas procuran hablar siempre en nombre de Cataluña o del pueblo catalán cuando todo lo más se pueden erigir en portavoces del 50% de los catalanes. A menudo, en los medios de comunicación de Madrid o del resto de España se comete el mismo error y, lejos de hablar de los independentistas catalanes, hablamos de Cataluña o de los catalanes, concediéndoles una representación y universalidad que no poseen.

Más enjundia si cabe se produce a propósito de las actuaciones judiciales en España y fuera de España con respecto a los procesados y a los huidos. El independentismo, con el afán de internacionalizar el proceso y de llevar el ascua a su sardina, se empeña en denigrar a los jueces y fiscales españoles, poniendo en duda su independencia (en realidad, se ha llevado a cabo el linchamiento de alguno de ellos) y ensalzando a los tribunales extranjeros que intervienen en las extradiciones. Es lógico que los secesionistas echen las campanas al vuelo ante cualquier actuación que pueda considerarse un revés en la tramitación de las euroórdenes. Y es aquí donde se encuentra la perversión del lenguaje, porque esos reveses se consideran una bofetada al Tribunal Supremo español y se habla de que “los tribunales europeos han desautorizado a la justicia española”.

Una vez más se juega con las palabras, porque solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo y El Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede asimismo en Luxemburgo pueden considerarse justicia europea y con competencia suficiente para rectificar las sentencias de los tribunales de los distintos países miembros. El proceso judicial de los acusados por rebeldía en el Tribunal Supremo se encuentra tan solo en fase de instrucción y queda pues por recorrer un largo camino en el que, además, se pueden producir múltiples cambios antes de que se pronuncien los tribunales europeos. Hasta ahora, los jueces y fiscales que han intervenido tan solo pertenecen (y no con una categoría muy sobresaliente) a algunos de los países europeos, aquellos a los que por uno u otro motivo han ido a parar los fugados. En ningún caso se les puede identificar con la justicia europea con mayúscula, tal como se pretende jugando con las palabras. Su cometido es pronunciarse únicamente acerca de si se dan las circunstancias para ejecutar la euroorden e incluso, en algunos casos como el de Bélgica, su decisión ha recaído exclusivamente sobre aspectos formales.

De cualquier modo, es comprensible que los soberanistas jueguen con las palabras para retorcer la realidad y mantener así su tesis de la intrínseca maldad y parcialidad de los jueces españoles y de cómo desde Europa los dejan en ridículo. Pero lo que no es tan explicable es que los no independentistas, articulistas, tertulianos y demás creadores de opinión terminen asumiendo este discurso y hablen de la bofetada que la justicia europea ha dado al juez Llarena y de cómo lo han desautorizado. Se dejan arrastrar por el mismo error que cometen conscientemente los secesionistas al denominar justicia europea, y concederle por tanto un puesto preeminente, a cualquier juez, por secundario que sea, de más allá de los Pirineos.

Las razones del soberanismo para distorsionar de este modo la realidad están claras, pero ¿cuáles son los motivos para que los que supuestamente están en contra del independentismo mantengan la misma postura? Quizás la explicación se encuentre en el tradicional complejo de inferioridad de los españoles y que por lo menos se remonta a la generación del 98 e incluso antes. Ya en 1833, Larra publicaba un artículo cuyo título, “En este país”, era expresivo de la costumbre de explicar cualquier problema por los defectos y carencias de España y de creer que las situaciones y circunstancias siempre son mejores en los otros países.

Larra en ese artículo se inventa un interlocutor, don Periquito, que se queja de casi todo, y añade siempre una coletilla: “cosas de España”. En este país, según él, no se lee ni se sabe escribir. Se queja de que no hay policía en este país. Es un país de ladrones. Porque en Londres no se roba, apostilla Fígaro. En este país no hay limpieza. En el extranjero, por el contrario, no hay lodo, señala Larra. Aquí no hay buenos teatros, y ¡qué cafés los de este país! Y así proseguía don Periquito sin encontrar una cosa buena en España y suponiendo, aunque apenas hubiese salido al extranjero, que todos esos males en otros países no sucedían.

Muchos años han pasado desde la época en que escribía el pobrecito hablador y mucho ha cambiado España en todos los aspectos desde entonces. Sin embargo, continúan existiendo don Periquitos que creen que la corrupción solo existe en España, que piensan que en el extranjero los jueces y fiscales son absolutamente independientes y neutrales, que solo en España el consumidor está indefenso ante los multinacionales, que las puertas giratorias no funcionan en otros países, etc., etc. En ningún país de Europa sucedería esto, afirman a menudo y con aplomo. Curiosamente son los extranjeros que vienen a España los que quizás mejor sepan reconocer las virtudes y bondades que tiene nuestro país, y los que más relativizan nuestros vicios, conscientes de que no son ni más ni menos que los de los demás países.

Nada más entrar en la Comunidad Económica Europea, España se situó a la cabeza de todos los miembros en cuanto a europeísmo se refiere. Los índices de aceptación eran altísimos. Esta positiva valoración de los ciudadanos, que ha caracterizado nuestro proceso de integración desde 1986 y que lo ha mantenido al margen de todo cuestionamiento, hunde sus raíces en esa admiración bobalicona, que da por bueno, sin examen previo, todo aquello que provenga de más allá de nuestras fronteras. Después de muchos años de aislamiento, después de largo tiempo de sentirnos rechazados, de creernos el adagio francés de que África comienza en los Pirineos, nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea nos llenó de orgullo. Nos acercamos a Europa agradecidos, sin estar seguros de merecerlo; acomplejados, hicimos el firme propósito de demostrar a nuestros vecinos que nadie nos gana a europeizantes.

Este sentimiento ha perdurado en los últimos treinta años. Y en la actualidad, existe aún mucho don Periquito que, ante cualquier divergencia entre los órganos judiciales de nuestro país y los de cualquier país extranjero, no dudan en otorgar la razón a estos últimos aun cuando sean de cuarto orden; es más, conceden a sus actuaciones el carácter de canon con el que medir las decisiones de los tribunales españoles. Dentro del pensamiento de los Periquitos actuales no cabe la menor posibilidad de creer que las dificultades surgidas en los procesos de extradición de los golpistas catalanes se deban a los defectos de diseño y funcionamiento de la Unión Europea. Si la euroorden no funciona es porque los jueces españoles son unos chapuceros.

La perversión del lenguaje adquiere a menudo tonos más amables, pero también más hipócritas. Las afirmaciones se disfrazan de buenas intenciones y de objetivos loables. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la propuesta de Pedro Sánchez de reformar el artículo 472 del Código Penal. No es que este artículo no debiera ser reformado, todo lo contrario. Es un engendro de difícil interpretación, que crea confusión e introduce toda clase de dudas acerca de cómo hay que entender el término violencia. El problema radica en el "cuándo" el secretario general del PSOE propone su reforma y en los motivos que alega para acometerla. No parece que sea este el momento más a propósito, ya que se puede entender que con la redacción actual no cabe acusar a los golpistas de rebelión, cuando hoy por hoy sí lo está haciendo el juez instructor. Por supuesto que el proceso está en sus inicios y no se sabe cuál será la calificación definitiva, pero por eso mismo no parece prudente que el secretario general del PSOE tome partido y no deje trabajar a los tribunales.

Antes de lanzarse por la pendiente de la moción de censura, de la que hablaremos otro día, Pedro Sánchez para respaldar su propuesta ofrece un razonamiento aparentemente bastante convincente, basado en la historia. Nuestro Código Penal al tipificar el delito de rebelión estaba pensando en los golpes de Estado militares, al estilo de los que se habían producido a lo largo de la historia de España en los siglos XIX y XX: pero la realidad ha cambiado, los golpes de Estado ya no los cometen los espadones sino los presidentes de las Comunidades Autónomas, por lo que se hacía preciso cambiar la legislación.

Todo muy lógico, si no fuera porque los hechos no lo confirman. El requisito de violencia no se encuentra ni en el Código Penal de finales del siglo XIX ni en el de los primeros años del XX ni en el de la I República ni durante el franquismo. Se introduce precisamente en 1995 cuando han transcurrido veinte años de democracia y ha desaparecido toda amenaza golpista por parte del ejército integrado ya en la OTAN. Es el último gobierno de Felipe González con Belloch de ministro de Justicia el que reforma el Código Penal y elimina el artículo 214, cuyos orígenes se remontan al menos a 1900 y que estipulaba: “Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes…”. El punto 5 decía expresamente: “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El precepto no exigía ningún requisito de violencia.

La llamada reforma Belloch establece, en cambio, el art 472, en el que se requiere para el delito de rebelión que el levantamiento sea violento. Y como explica quien se autodenomina redactor del artículo, el carácter de violento se introdujo por una enmienda aprobada por el grupo socialista y el de Izquierda Unida, y parece ser que bajo la presión de PNV y Convergencia. Tras los acontecimientos posteriores, uno tiende a pensar que los nacionalistas sabían muy bien lo que hacían. Es de suponer que PSOE e IU, no.

republica.com 1-6-2018

EUROPA, SESENTA AÑOS DESPUÉS

EUROPAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Sun, May 27, 2018 23:19:45

En este mes de mayo han coincidido dos actos orientados a ensalzar el credo y el espíritu europeos y a premiar a quienes han sobresalido, según dicen, en la defensa de la Unión. El primero en Yuste, con la entrega del premio Carlos V a Antonio Tajani, y el segundo en Aquisgrán, con la concesión del Carlomagno a Macron. En esta ocasión, las ceremonias tenían una relevancia especial, no solo por la notabilidad de los premiados, sino también porque cuando se han cumplido sesenta años de la entrada en vigor del Tratado de Roma y de la creación del Mercado Común, la Unión Europea se encuentra en una encrucijada crítica, con graves complicaciones, especialmente en la Eurozona. Puede parecernos extraño, pero lo cierto es que los problemas actuales estaban ya implícitos en la orientación que se tomó hace sesenta años.

Fue Winston Churchill quien el 19 de septiembre de 1946 en un discurso en la Universidad de Zúrich lanzó por primera vez un reto, el de iniciar un proceso que más tarde sería la Unión Europea. "Quisiera hablar hoy del drama de Europa (...) Entre los vencedores sólo se oye una Babel de voces. Entre los vencidos no encontramos sino silencio y desesperación (...) Existe un remedio. Debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. (...) Para realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse."Paradójicamente Gran Bretaña siempre ha sido la más euroescéptica y hoy está en proceso de abandonar la Unión Europea.

El primer paso hacia esta unión política lo va a dar el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, que propondrá un plan para administrar en común la industria pesada franco-alemana. Sobre esta base, el 18 de abril de 1951 seis países -Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo- crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). La unión tenía, más que una finalidad económica, una finalidad política. El Tratado hacía imposible que ninguno de los firmantes pudiera fabricar individualmente armas de guerra para utilizarlas contra los otros.

Sin embargo, esta tendencia se rompe con el fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa (CED), propuesta por Francia, que hizo patentes ya las dificultades y la casi inviabilidad de cualquier avance en la unidad política; lo que condujo a que la futura unión se encaminase exclusivamente por el ámbito económico y más concretamente por el comercial. Así, el 25 de marzo de 1957, los seis países citados firmaron el Tratado de Roma que entraría en vigor el 1 de enero de 1958, fundando de esta forma el Mercado Común. En realidad, lo que se creaba era exclusivamente una unión aduanera.

El Tratado de Roma significó el triunfo de las tesis funcionalistas cuyo máximo representante fue Jean Monnet. Ante la imposibilidad de avanzar en la unión política, demostrada por el fracaso de la CED, se pretende desarrollar la unión económica en el supuesto de que más tarde y poco a poco se lograría la unión política. La historia ha demostrado que este gradualismo tenía un pecado original, ser asimétrico. Avanzar solo en los aspectos comerciales, financieros y monetarios sin dar apenas pasos ni en la integración política ni tampoco en las esferas social, laboral, fiscal o presupuestaria sería la causa de todas las contradicciones y problemas que han ido surgiendo en la Unión Europea.

Los que desde posturas socialdemócratas apostaron por este gradualismo no fueron conscientes, o no quisieron serlo, de que tal asimetría conducía al imperio del neoliberalismo económico, ya que mientras los mercados se integraban y se hacían europeos, los poderes democráticos, que debían servir de contrapeso y corregir la injusta distribución de la renta, quedaban en manos de los Estados nacionales. Es más, no comprendieron que, si bien las fuerzas económicas y las fuerzas políticas que las apoyaban tenían sumo interés en avanzar en los aspectos comerciales, monetarios y financieros, una vez logrados estos, no verían ningún aliciente, más bien todo lo contrario, en dar pasos en los aspectos políticos.

La asimetría en el proceso llevaba en su seno, tal como ahora se está haciendo patente, la destrucción del propio proyecto o, al menos, de los principios que habían animado su creación. El colosal desarrollo de algunos aspectos, dejando paralizados y anémicos otros, tenía por fuerza que dar a luz un monstruo, inarmónico y pletórico de contradicciones que, lejos de propiciar la unidad entre los países, incrementa sus diferencias e incluso los recelos que se pretendían superar.

Muchos cambios, sin duda, ha sufrido aquella Unión Aduanera que se creó en 1958; pero todos desde un mismo lado, sin que se hayan compensado con modificaciones de la otra ribera. Se introdujo la libre circulación de capitales y mercancías, pero sin que apenas se hayan dado más tarde pasos en la armonización fiscal, laboral y social, con lo que se permite que el capital y las multinacionales chantajeen e impongan condiciones a los gobiernos. Se construye una unión monetaria sin una unión fiscal, es decir, sin los mecanismos redistributivos entre los Estados que corrijan las desigualdades que crea la moneda única. El euro y el mantenimiento de un presupuesto comunitario que no supera el 1,2% del PIB constituyen una contradicción en sí mismo, y carecerán siempre de viabilidad.

La Unión Monetaria es el ejemplo más claro de la miopía de ciertos mandatarios, ya que fue la condición que impuso Mitterrand a Kohl como contrapartida a la reunificación alemana. El miedo a una Alemania fuerte le llevó a creer que privando del marco al país germánico se ahuyentaban los fantasmas del pasado. ¡Puede haber mayor despiste! porque, muy al contrario, ha sido el euro lo que precisamente permite a Alemania mantener, sin armas ni ejércitos, la supremacía sobre toda Europa. Supremacía que aparentemente es económica, pero que deriva inevitablemente en política. Alemania es la gran beneficiada de la moneda única.

De los seis países más o menos homogéneos que en 1958 conformaron el Mercado Común se ha pasado a veintiocho con tremendas diferencias en todos los aspectos. Si entonces podía haber alguna posibilidad de constituir una unión política, aunque fuese imperfecta, hoy resulta ingenuo y utópico pensar no solo que esta integración pueda producirse sino ni siquiera que se establezcan los mínimos lazos de solidaridad y redistribución entre los países miembros para hacer viable el proyecto.

No obstante, el discurso imperante continúa aferrándose al gradualismo, y a la creencia de que aún es posible caminar hacia la unión política. Tal postura es fruto del voluntarismo más absoluto que a menudo raya en la inconsciencia. Cualquier propuesta en esa dirección es boicoteada o al menos relegada a un proceso tan largo de reformas que, al final, si se aprueba es después de haber sido descafeinada y teniendo poco que ver con el proyecto inicial. Eso es lo que ha ocurrido por ejemplo con la Unión Bancaria.

Fue en la cumbre de junio de 2012 cuando, contra todo pronóstico, el ortodoxo Monti, que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (Mecanismo de Estabilidad Europeo) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española, y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades. Había nacido lo que más tarde llamarían la Unión Bancaria.

Seis años más tarde la Unión Bancaria solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían ser la contrapartida a esa cesión de competencias. Desde luego, Europa no ha asumido ni tiene intención de asumir el coste del saneamiento de los bancos en crisis, que era la propuesta de Monti. Hasta la fecha, los bancos de los distintos países continúan siendo principalmente nacionales (la pasada crisis del Banco Popular en España y de los italianos Veneto Banca y Popolare de Vicenza lo muestran claramente) y los posibles costes están muy lejos de mutualizarse, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma.

Ahora los eurooptimistas ponen sus ojos en Macron y en las reformas planteadas por la Comisión, que se discutirán el próximo mes de junio. Son avances muy pequeños porque ni siquiera se cuantifican, pero solo su enunciado genera urticaria en Merkel y en los mandatarios del resto de países del norte. Macron, una vez elegido, planteó, casi como un contrato, que Francia estaba dispuesta a aplicar las medidas de rigor que se le exigían, y a las que hasta ahora los distintos gobiernos habían sido reticentes, a condición de que se acometiesen en la Eurozona las reformas necesarias. Las medidas ciertamente se han instrumentado en Francia, sobre todo con la aprobación de la reforma laboral, pagando por ello Macron un coste político importante. Pero las reformas de la Eurozona continúan pendientes y sin ningún viso de que Alemania esté dispuesta a consentirlas.

En principio, la dilación provenía de que no había gobierno en Alemania, pero una vez que este se ha constituido no se ve en absoluto que el panorama pueda aclararse. Varias veces han coincidido Macron y Merkel, y ante las propuestas del primero la canciller alemana ha tirado siempre balones fuera. No quiere oír hablar de presupuesto de la Eurozona ni del seguro de desempleo comunitario ni de nada que pueda significar transferencia entre los países, ni tan siquiera de mutualización de créditos.

En Aquisgrán, Macron en su intervención delante de Merkel expuso el tema sin contemplaciones:"En Alemania no puede haber un fetichismo perpetuo por los superávits presupuestarios y comerciales, porque se hacen a expensas de los demás". Merkel contestó con elegancia y elogios a Macron, pero sin la menor concesión. Todo lo más, avanzar en la Unión Bancaria. El presidente de la República francesa dio de lleno en la diana. Alemania presenta año tras año superávits en la balanza por cuenta corriente desproporcionados (9% este año) y que repercuten muy negativamente en los demás (empleo en Alemania, desempleo en el resto de los países).

Son muchos los defectos que se pueden predicar de Donald Trump, pero hay que reconocer que parte de su mensaje llega a los ciudadanos. Así ocurre con el eslogan de “América primero”, que tiene su consistencia en los enormes superávits que vienen manteniendo China y Alemania, difícilmente justificables y que perjudican al resto de los países, entre ellos a EE.UU. La reacción de Trump quizás vaya a iniciar una guerra comercial. Se insiste en que la respuesta de Europa debe ser unitaria, pero ¿tienen todos los países los mismos intereses? ¿No estaremos defendiendo los objetivos de Alemania y asumiendo un coste que no nos corresponde?

Después de 60 años, la Unión Europea es un proyecto fallido. Sea cual sea el aspecto que se considere, presenta toda clase de grietas e ingentes contradicciones. La fuga al extranjero de algunos golpistas catalanes ha dejado al descubierto las lacras de la euroorden, y ha evidenciado hasta qué punto se está lejos de la integración que proclama el discurso oficial (ver mi artículo del 12 de abril pasado). Es cierto que los fugados han sabido escoger los países que podían ser más proclives a sus intereses, pero la desconfianza con la que se mueven ciertos jueces indica bien a las claras que en Europa continúan existiendo los complejos y los perjuicios que tradicionalmente han separado a los Estados. No es extraño que el euroescepticismo se extienda en todas las latitudes, y no puede cogernos por sorpresa que en un país como Italia haya triunfado en las últimas elecciones.

republica.com 25-5-2018



EL XENÓFOBO TORRA Y EL APROVECHATEGUI DE RIVERA

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Sun, May 27, 2018 23:15:50

La palabra aprovechategui se ha hecho famosa, viral, como se dice ahora. La verdad es que resulta altamente expresiva y aclaratoria de los planteamientos de Ciudadanos. No está en el diccionario de la Real Academia, pero podría incorporarse como una versión light de aprovechado, oportunista. El presidente del Gobierno hizo diana -por mucho que después le criticasen- al calificar así el comportamiento de Rivera. A estas alturas, exigir una aplicación más dura del artículo 155, cuando parece que quedan tan solo días para que en Cataluña haya gobierno de la Generalitat y decaiga por tanto el citado artículo, es un buen ejercicio de postureo, y de aprovechar (de ahí lo de aprovechategui) el cabreo y la ignorancia de la gente.

Aprovecharse hace siempre referencia a algo, normalmente de algo, cierto y concreto. Y en este caso lo concreto es el caos que se ha creado en Cataluña y los errores cometidos por los partidos nacionales; pero ahí se encuentra el oportunismo de Rivera, porque es tan culpable o más que los demás. Todas las formaciones políticas se han enfrentado al tema de Cataluña sin dejar al margen sus intereses electorales y sin considerarlo, por tanto, un problema de Estado, el problema más crítico que sin duda tiene hoy España.

Por supuesto que esto afecta en primer lugar a Podemos que, de forma increíblemente paradójica y por el único motivo de cosechar votos en las regiones con fuertes movimientos nacionalistas (aprovechategui), defiende el derecho de autodeterminación que, aparte de constituir un desatino desde el punto de vista teórico, es totalmente contradictorio con la ideología que afirman profesar. ¿Cómo conciliar los principios de la izquierda con las pretensiones de las regiones ricas (que son las únicas que pretenden la independencia) de romper los lazos de solidaridad con las regiones menos desarrolladas? La sucursal en Cataluña de Podemos (con Colau a la cabeza) afirma que no es independentista, pero lo cierto es que termina situándose en la mayoría de los conflictos a favor de los golpistas y de sus postulados.

Pero ese oportunismo electoral ha estado también presente en el resto de los partidos nacionales y ha provocado que la actuación del Gobierno en Cataluña haya sido extremadamente lenta y tibia, permitiendo que el secesionismo llegase a límites que nunca se deberían haber consentido. El PSOE, arrastrado por las ambivalencias del PSC y en el afán de desgastar a Rajoy, durante mucho tiempo se situó en una extraña equidistancia: si bien criticaba duramente al independentismo, no lo hacía nunca sin censurar al mismo tiempo al Gobierno acusándole de no hacer política en Cataluña. Bien es verdad que resulta difícil saber a qué tipo de política se refería, porque no creo que el modelo sea la de Zapatero en su época. De aquellos polvos, estos lodos.

El artículo 155 se ha aplicado en Cataluña tarde y mal. Tarde, porque durante mucho tiempo ninguna de las formaciones políticas quería oír hablar de él. Es posible que el Gobierno estuviese perezoso en su aplicación, pero con 134 diputados resulta perfectamente comprensible que, a pesar de tener mayoría en el Senado, desease ir acompañado. El PSOE, una vez más arrastrado por el PSC, hasta el último momento y cuando ya la declaración de la independencia fue un hecho, estuvo oponiéndose a la aplicación del 155 y, diga lo que diga ahora Rivera, los portavoces de Ciudadanos repitieron como papagayos una misma frase: “Aplicar el artículo 155 es como matar moscas a cañonazos”.

Se aplicó mal porque desde el primer momento se le puso plazo de caducidad convocando unas nuevas elecciones. El PSOE, empujado una vez más por el PSC, deseaba una aplicación mitigada y por el plazo más breve posible, y Ciudadanos insistía sin cesar que se aplicase el 155 pero con el único objetivo de convocar elecciones. El error era evidente. Tras treinta años en los que el nacionalismo había ido copando las instituciones y consolidando un imaginario y una estructura separatistas, pretender que en tres meses era posible invertir la situación no dejaba de ser una inocentada o un puro espejismo. Ciudadanos podía sacar un buen resultado, como así ocurrió. Pero resultado inútil en la práctica, puesto que le era imposible formar gobierno. Aun cuando las fuerzas independentistas hubieran perdido las elecciones (las perdieron en votos), dadas las diferencias existentes en las fuerzas constitucionalistas, tampoco hubiera podido gobernar.

No podemos rasgarnos ahora las vestiduras acerca de la situación creada. Era bastante previsible. El 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado, desde estas mismas páginas alertaba yo de los errores cometidos y del escenario kafkiano que se podía presentar. Llarena tiene razón cuando afirma que el golpe de Estado continúa latente y, en base a ello, mantiene las prisiones preventivas por la más que probable intención de reincidencia. Esta se ha expresado de forma clara en las actuaciones de los fugados al extranjero, especialmente de Puigdemont, y se ha hecho más evidente aún con la designación de Quim Torra como candidato a la Generalitat, y el discurso que este ha pronunciado en su investidura manifestando su predisposición a perseverar en el proceso de ruptura con España.

Quim Torra, propuesto ciertamente por Puigdemont pero con la aquiescencia de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, no ha dejado demasiadas dudas. Piensa reconstruir lo poco que el 155 había desmontado de la estructura golpista. Va a crear una comisión al efecto, así como también piensa relanzar, financiadas con fondos públicos, las llamadas embajadas, órganos de propaganda del independentismo catalán en el exterior. Al mismo tiempo, va a retomar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, entre ellas la de transición.

Parece que estamos en el “como decíamos ayer” de Fray Luis de León. ¿Qué hacer ante este escenario? Aferrarse, tal como hacen tanto el PSOE como el Gobierno, a que una cosa son las palabras y otra los hechos, y que solo se puede actuar cuando los hechos son delictivos, resulta muy arriesgado. Imaginemos que un grupo de generales hubiesen organizado un golpe de Estado y tras desbaratarlo y pasados unos cuantos meses colocásemos de nuevo a esos militares o a otros similares en los mismos puestos y nos dijesen sin ambages que están dispuestos a continuar con el golpe, y con el pretexto de que solo son palabras y no hechos pusiésemos en sus manos personal y material que facilitasen sus intenciones y esperásemos pacientemente para actuar a que el golpe se perpetrase de nuevo. ¿Sería lógico o más bien demencial?

Hoy, los golpes de Estado, al menos en España, no los dan los generales, sino los presidentes de las Comunidades Autónomas, y no son los fusiles ni los cañones los instrumentos apropiados, sino los inmensos medios personales y materiales que les otorga su posición, especialmente si se trata de una de las regiones más ricas de España; y la violencia no radica tanto en la física, como en la coacción, el tumulto y el sabotaje. En ese aspecto, tiene sentido la modificación del Código Penal, que ahora propone Pedro Sánchez, respecto al delito de rebelión para adaptarlo a los tiempos actuales. La pregunta es por qué no se hizo antes, durante todos estos años en los que se anunciaba el golpe de Estado que se pensaba dar o, mejor, por qué en 1995 se hizo una redacción tan sumamente mala. Plantearlo ahora en pleno proceso solo puede inducir a confusión.

Se dirá que a los generales los elige el Ejecutivo central y a los presidentes de las Comunidades Autónomas, sus respectivos parlamentos. Es cierto, pero los eligen como resultado de unas elecciones autonómicas y para gestionar una Comunidad, no para dar un golpe de Estado. El Parlamento de Cataluña, en contra de lo que afirman los independentistas, al igual que cualquier otro parlamento autonómico, no es ni soberano ni poder constituyente, tan solo poder constituido y únicamente sobre las competencias transferidas del Estado. ¿Es lógico poner en manos de Torra la inmensa fuerza y el poder que le dan los medios y recursos de la Generalitat, entre ellos el de disponer de un cuerpo armado de 17.000 hombres, cuando afirma tajantemente que va emplear todo ello en un objetivo ilegal y delictivo en contra de más de la mitad de los catalanes y de la totalidad del resto de España? ¿Hay que esperar pacientemente otra vez a que los secesionistas terminen de armarse de nuevo, y esta vez se supone que de forma más eficaz, para dar el golpe definitivo? O incluso, ¿habrá que aguardar a que, como afirma la muy avispada y aguda Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el golpe triunfe y el desenlace sea irreversible? Rajoy y Sánchez han pactado aplicar de nuevo el artículo 155 tan pronto como los independentistas infrinjan la ley. Deberían considerar, no obstante, que los secesionistas también han aprendido, que estarán preparados para dicha eventualidad y que tal vez reaccionen de distinta forma que la primera vez. La cosa ahora no va a ser tan fácil.

Ciudadanos tiene razón para alarmarse, pero lo que no es de recibo es que esta situación, cuando se es al menos tan culpable como los demás en su génesis, se use como instrumento para desgastar al Gobierno. De ahí lo de aprovechategui. Rivera reprocha al Ejecutivo el haber llegado a un cierto pacto secreto con el PNV orientado a conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos, cuya contrapartida sería permitir la formación de gobierno en Cataluña y que así decaiga el 155. De ahí que Rajoy, según Rivera, no haya recurrido el voto delegado de Puigdemont y Comín. Puede ser cierto o no, pero de lo que no cabe duda es de que el Gobierno tiene que ir con pies de plomo en los recursos, porque todo aparente revés tiene un efecto bumerán y contraproducente y además se le deja solo. Bastó un informe negativo del Consejo de Estado en el recurso que se iba a presentar al Tribunal Constitucional contra la investidura de Puigdemont para que le lloviesen las críticas, entre ellas las de la formación naranja. Por cierto, que más tarde se vio lo oportuno que resultó tal recurso y su importancia estratégica.

No es ningún secreto que Rajoy deseaba la constitución de un gobierno en Cataluña. Es posible que por muchos motivos. Uno, que él, como todos, no estaba seguro de lo que podía salir de unas nuevas elecciones. Otro fundamental sin duda, la necesidad de que el PNV aprobase lo presupuestos. Situación ciertamente chirriante, la de que la gobernabilidad de España dependa una vez más del nacionalismo vasco, y que este pueda chantajear condicionando la solución a tomar en el problema catalán. No obstante, puestos a reprochar este estado de cosas, Ciudadanos debería mirar más bien a su izquierda (ver mi artículo de la semana pasada).

Rajoy cometió a mi entender un grave error, el de aceptar gobernar con 134 diputados y con un simple acuerdo de investidura. Debería haber consultado a su amiga la señora Merkel. Tampoco el SPD quería esta vez entrar en el gobierno, pero la canciller se negó en redondo a gobernar si no era en coalición. Es verdad que ante los enormes retos a los que se enfrentaba España la primera propuesta de Rajoy fue la constitución de una gran coalición, pero lo cierto es que ni siquiera Ciudadanos quiso entrar en el gobierno. Eso le ha permitido a Rivera una postura muy cómoda de Pepito Grillo y que deteriora fuertemente al Ejecutivo.

El tema entraría dentro de lo normal y allá cada partido con su estrategia, su política y sus expectativas, pero adquiere otras dimensiones cuando salpica un asunto tan fundamental para España como el de Cataluña. En esta materia todo desgaste del Gobierno se transforma por desgracia en una erosión de la posición del Estado, y toda división mostrada agriamente entre las fuerzas constitucionalistas, una rendija que el independentismo aprovecha inmediatamente.

La situación sin duda es grave. Está claro que legalmente el acuerdo tomado en octubre por el Senado no da más de sí. El artículo 155 de la Constitución lo importamos, como tantas cosas, del extranjero, concretamente de Alemania, pero también como en tantas cosas, lo hicimos sin tener en cuenta otras, en este caso el resto de circunstancias diferenciales. En Alemania están prohibidos los partidos políticos secesionistas, cosa que no ocurre en España en la que no solo están permitidos, sino que se les consiente llevar en su programa el objetivo de delinquir. Quizás eso explique que en nuestro país el artículo 155 se quede a mitad de camino al no contemplar de forma clara y explícita la suspensión de la Autonomía, (incluyendo incluso el parlamento) lo que en Alemania no es necesario. Y eso explica también que a los jueces alemanes y a la opinión pública de ese país les cueste tanto comprender la gravedad de las actuaciones cometidas por los independentistas catalanes y que las comparen con la ocupación de un aeropuerto, además de permitir que desde su territorio se conspire tranquilamente para romper España.

La situación es grave, pero el Estado español cuenta aún con muchos instrumentos para controlarla siempre que los partidos constitucionalistas quieran y adopten de forma unánime una postura firme y enérgica, reaccionando inmediatamente ante cualquier reto, y no permitiendo el rearme de las instituciones soberanistas. Pero, sobre todo, huyendo de la tentación de convertir Cataluña en un asunto electoral y deponiendo cualquier actitud oportunista o de aprovechategui.

republica.com 18-5-2018



LA FUTILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS DE PEDRO SÁNCHEZ

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, May 15, 2018 09:19:47


Una semana después de que el Gobierno aprobase el proyecto de los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez presentó en Ferraz lo que denominó "presupuestos alternativos del PSOE", que, tras una aparición fugaz en la prensa, se diluyeron en el olvido y en la futilidad. Nunca más se supo nada de ellos. Era lo lógico. A pesar del nombre, tienen poco de alternativos. Dentro de la Unión Monetaria que el PSOE defiende, hay poco lugar para lo alternativo, al menos en la versión con mayúscula que le da Pedro Sanchez como modificación radical de la política económica. En todo caso, sería posible la alternancia al estilo de la Restauración de finales del siglo XIX. Cambio de partidos en el gobierno, aunque con políticas bastante similares. Pero entonces,y según las encuestas, el tema va para largo. Si tan largo me lo fiais… Por eso la prensa, que siempre va al día y que abandona todo lo que no tiene una aplicación inmediata, enseguida ha relegado el proyecto al baúl de los recuerdos.

Otra cosa muy distinta habría sido si Pedro Sánchez con un poco más de humildad pero también con más sentido práctico, hubiera afirmado estar dispuesto a negociar los presupuestos y hubiera colocado sobre la mesa el citado documento. Este habría adquirido una relevancia inmediata al pensarse que podría servir para algo, al resultar previsible que algunas de esas medidas llegasen finalmente a buen puerto. La labor del PSOE habría trascendido entonces la condición de mero guiño testimonial para convertirse, aunque fuese parcialmente, en posible factor de cambio de la política gubernamental, papel que de este modo ha entregado gratuitamente a Ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco.

El documento presentado por Pedro Sánchez no es desde luego perfecto, tiene aspectos discutibles y en algunas partes peca de la falta de realismo de todo aquello que se elabora en la oposición, pero es bastante más consistente y progresista que los planteamientos de Ciudadanos, que son los que al final se van a aprobar. El PP tiene 143 diputados, en esas circunstancias y con un Parlamento fraccionado los presupuestos dejan de pertenecer en exclusiva al Gobierno para convertirse en el resultado de la negociación de varias fuerzas políticas. Mantenerse al margen tal como están haciendo el PSOE y Podemos es salirse del campo de la política para disputarse entre sí la hegemonía del ámbito de lo testimonial, disputa que no conduce a ningún resultado práctico.

El proyecto del PSOE tiene aspectos que podríamos calificar de ingenuos o voluntaristas como el de ahorrar 2.500 millones de euros mediante una gestión más eficaz del gasto público o de conseguir 1.800 millones más por la lucha contra el fraude fiscal. Ambos objetivos son muy loables, pero es más fácil enumerarlos que alcanzarlos y, en cualquier caso, dada su condición de futurible, nunca se debe contar con ellos y presupuestarlos antes de haberlos obtenido, tanto más cuanto que los presupuestos van a terminar aprobándose a mitad de año.

Más hipotético aún es confiar en saldar el déficit de la Seguridad Social con una modificación de la reforma laboral que eleve los salarios y que, en consecuencia, aumente las cotizaciones. Demasiadas variables en juego. Y, además, se mantiene el error de continuar haciendo pivotar la sostenibilidad de las pensiones sobre el empleo y los salarios, como si las rentas de capital no tuviesen que estar implicadas en su mantenimiento. El déficit de la Seguridad Social, sea cual sea, debe sufragarse por la aportación del Estado; aportación y no préstamo, tal como está haciendo el Gobierno en los últimos años, distinción importante y cuyo quid proquo el PSOE no parece denunciar, aunque bien es verdad que es difícil que lo llegara a hacer ya que fue Pedro Solbes el que comenzó aplicando esta corruptela al principio de los noventa.

No es que no se precise un cambio de la última reforma laboral (y quizás de algunas otras), pero no para solucionar el problema de las pensiones, sino para devolver a los trabajadores los derechos de los que se les ha privado, y que muy posiblemente se encuentre en el origen del profundo deterioro que han sufrido los salarios. No obstante, el problema trasciende con mucho el ámbito de los presupuestos de un ejercicio concreto. No se puede desligar de la Unión Monetaria, de la crisis económica generada en buena medida por la introducción del euro, de la imposición impuesta por Bruselas y Frankfurt y, nos guste o no, incluso del crecimiento actual del PIB.

A veces cerramos los ojos a lo que significa haber perdido la soberanía sobre la moneda y la capacidad de devaluar. Y me temo que eso es lo que les pasa tanto a Podemos como al PSOE. El PSOE, quizás para eludir su responsabilidad en la constitución de la moneda única. El origen de la vasta crisis económica que se cernió sobre España en 2008 tuvo su origen en el desmedido déficit de la balanza por cuenta corriente que se fue agrandando en los diez años anteriores hasta alcanzar el 10% en 2007, y en la consiguiente acumulación de deuda exterior que hipotecaba la economía y lastraba el posible futuro crecimiento. La salida de la crisis en condiciones normales hubiera pasado por la devaluación de la moneda, pero ese camino estaba vedado al pertenecer España a la Unión Monetaria. Ciertamente este problema no fue exclusivo de nuestro país, en mayor o menor medida afectó a todos los del sur de Europa que habían sufrido un proceso semejante.

La situación, por supuesto, hubiera sido distinta si la Unión Monetaria se hubiese construido con otros parámetros, los de aprobar al mismo tiempo una unión fiscal, es decir, unos instrumentos redistributivos entre países, pero estos no existen y los países acreedores se niegan radicalmente a cualquier mecanismo de solidaridad. Todas las ayudas se han diseñado con contrapartidas muy onerosas que, más que ayudas, constituyen una pesada carga para el país que las recibe. Las únicas alternativas posibles se encontraban en la permanencia de la recesión que a medio plazo habría ocasionado la desaparición del euro o en someter a los países deudores a lo que se ha llamado deflación interior, es decir, conseguir mediante una reducción de los salarios y recortes en los derechos sociales un descenso de los precios interiores frente al exterior, consiguiendo así un efecto macroeconómico similar, pero con unos costes sociales y de equidad mucho más elevados, que la devaluación exterior. Esta última alternativa fue la elegida.

Paul Krugman, con un análisis económico impecable, era un convencido de que el euro no se podía mantener. Cuando la Unión Monetaria despejó (aparentemente y de forma provisional) sus nubarrones, Krugman reconoció haberse equivocado en sus previsiones, achacándolo a que nunca hubiera imaginado que ciudadanos de sociedades europeas aceptasen procesos de ajustes tan brutales. Yo tengo que reconocer que también me equivoqué. Innumerables veces escribí que dentro de la Unión Monetaria no era posible la recuperación económica. Me basaba en que, aunque la recesión originaba una contracción del déficit exterior, sin devaluación, este comenzaría de nuevo a incrementarse tan pronto empezasen los primeros atisbos de la reactivación, con lo que de nuevo se estrangularía el crecimiento.

Por otra parte, no confiaba en la devaluación interna. No existía ninguna garantía de que los recortes y la reducción de salarios se trasladasen a los precios, depreciando los nacionales con respecto a los exteriores. Me equivoqué porque se cumplió lo que parecía imposible, en pocos años el déficit por cuenta corriente pasó del 10% a un superávit del 1,5%. Pero también acerté porque la reducción salarial se orientó en buena medida a incrementar el excedente empresarial, lo que pasa es que el recorte de las retribuciones fue tan violento que otra parte se aplico a mejorar los precios relativos frente al exterior, con lo que nuestra posición competitiva se corrigió casi tanto como si hubiésemos acometido una devaluación monetaria.

Todo lo anterior nos debe hacer reflexionar acerca de dónde estamos. No solo es que el crecimiento económico actual no se haya distribuido, sino que en buena medida ese crecimiento ha tenido como precio la desigualdad y hasta cierto punto era su condición necesaria. Ese es el enorme coste a pagar por pertenecer a la Unión Monetaria, y la amenaza que continua cerniéndose sobre el futuro. Esto hay que tenerlo muy presente a la hora de plantear cualquier reforma del mercado laboral. Bien es cierto que en este proceso el excedente empresarial se apropió de unas rentas que no le pertenecían, ya que los salariosse redujeron en una cuantía mucho más elevada que la precisa para que los precios interiores convergiesen con los exteriores. Ello deja sin duda un margen abierto a una reforma del mercado laboral, pero mediante una actuación medida y nada improvisada, desde luego no reducida al estrecho margen de la ley de presupuestos y menos con la única finalidad de elevar las cotizaciones sociales.

Pero junto a estos elementos discutibles el documento presentado por Pedro Sánchez contiene otros muy válidos, no tanto como una alternativa de política económica sino de cara a lo que podía haber sido una negociación con el Gobierno: aumento del seguro destinado al desempleo, actualización de las pensiones por la inflación, incremento del impuesto de sociedades, elevación del tipo marginal a los contribuyentes por encima de 150.000 euros de renta al año, impuesto sobre las transacciones financieras, etc. Que no se trata de una propuesta alternativa aparece con claridad en las medidas de carácter fiscal que se proponen que, aun cuando la mayoría de ellas son totalmente aceptables, no constituyen una reforma en profundidad que es lo que precisa el sistema fiscal español.

Si Pedro Sánchez hubiera puesto este documento o alguno parecido sobre la mesa de negociación, es bastante probable que el PSOE hubiera conseguido modificar en algunos puntos importantes el proyecto de presupuestos del PP, tal como en su lugar lo han logrado Ciudadanos y el PNV. Desde luego no hubiera podido aspirar a que se aceptasen todas las medidas planteadas, pero en todo caso, de no llegarse a un acuerdo, siempre habría podido responsabilizar al Gobierno de su cerrazón y falta de diálogo, y quitarse así el sambenito de la irrelevancia. A un partido político -y eso vale también para Podemos- se le exige algo más que incorporarse a las movilizaciones, hacer declaraciones reivindicativas en los medios públicos o presentar proyectos y documentos que de antemano se sabe que no van a tener ninguna utilidad. Se le exige que en la medida de lo posible convierta en leyes esas reivindicaciones, pero no solo cuando esta en el gobierno sino desde la oposición pactando cuando ello es viable.

No deja de ser curioso que después de que tanto Podemos como el PSOE se hayan apuntado a las manifestaciones de los pensionistas, haya tenido que ser el PNV el que haya terminado por capitalizar las propuestas y haya conseguido que el Gobierno acepte actualizar todas las pensiones por el IPC. En esta ocasión. el PNV al menos ha cifrado su reivindicación en una medida que afecta a todos los españoles. Es verdad que una de las Comunidades más afectadas y en las que por el mismo motivo las protestas de los pensionistas ha sido más constantes y broncas ha sido el País Vasco, como también es verdad que al Gobierno vasco le había quedado un mal sabor de boca con las muchas críticas que había suscitado la negociación anterior sobre el cupo, y la acusación generalizada de que Euskadi gozaba de un sistema fiscal y presupuestario privilegiado. No es extraño, por tanto, que ahora pretenda revestir sus demandas de un carácter más general.

Lo más criticable de la inanidad del PSOE es el protagonismo que ha concedido a los nacionalistas vascos, al permitirles humillar a todo el Estado español, condicionando los presupuestos a la retirada del 155, lo que ha sido acogido todo este tiempo con euforia y regocijo por los independentistas pensando que estaban condicionando la economía del resto de España. Ha sido la evidencia de que son los propios secesionistas los que no permiten que se retire el 155 lo que ha hecho cambiar la postura del PNV y por lo tanto ha facilitado la aprobación de los presupuestos, y no la actuación política del PSOE.

republica.com 11-5-2018



LA UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA AL CUADRADO

CORRUPCIÓNPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, May 08, 2018 22:05:06

No suelo referirme en mis artículos a los casos concretos de corrupción. Las denuncias y comentarios suelen estar casi siempre contaminados por los linchamientos; en la mayoría de los casos, rodeados de intereses electorales de los partidos de la competencia o del fuego amigo y, si no, del ajuste de cuentas o del morbo más nauseabundo, sin respetar en muchas ocasiones la presunción de inocencia. En las acusaciones se dan a menudo posturas inquisitoriales, demasiado fariseísmo y bastantes personas dispuestas a tirar la primera piedra.

No digo que la corrupción no deba ser perseguida. Todo lo contrario, pero sin algaradas, sin talibanes y dejando trabajar a los jueces. Claro que en eso de dejar actuar a los tribunales cada vez nos deslizamos más por la pendiente de manera peligrosa. La judicatura se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. Todos reclamamos la división de poderes, pero a la hora de la verdad son frecuentes los intentos de, por uno u otro motivo, presionar a los jueces mediante manifestaciones o revueltas populares, en ocasiones respaldadas, cuando no propiciadas, por instituciones públicas y por partidos políticos. Con el pretexto de la libertad de expresión se puede poner en peligro la independencia de los jueces, valor tanto o más fundamental para la democracia.

Retornando a nuestro tema, más importante que linchar a los corruptos es descubrir y combatir la corrupción estructural, implementar las medidas para eliminarla y crear los mecanismos adecuados de control. Pero todo eso no parece que interese demasiado a las fuerzas políticas, ni siquiera a aquellas que se presentan como paladines de la honestidad y la honradez. Los casos concretos deberían tan solo servir de plataforma para planteamientos más generales.

El affaire del máster supuestamente fraudulento de la hasta hace algunos días presidenta de la Comunidad de Madrid (lo del vídeo es mejor no comentarlo) y los múltiples sucesos que ha ido dejando al descubierto dan ocasión para incidir sobre el funcionamiento defectuoso y las numerosas lacras que afectan desde hace muchos años a la universidad española. Lo más curioso ha sido la actitud de escándalo que se ha generalizado y cómo muchos se han apresurado a rasgarse las vestiduras, como si la mayoría de los aspectos que se iban detectando no fuesen de sobra conocidos.

El problema viene de muy lejos, pero se ha podrido más y más según han ido pasando los años. Un célebre administrativista afirmaba que la única institución democrática que se mantuvo durante el franquismo había sido el sistema de oposiciones establecido para acceder a la Administración pública. Creo que en gran medida tenía razon, pero de esa aseveración habría que excluir con toda seguridad a la universidad. La concesión de cátedras, adjuntías y demás puestos docentes seguía sus propios procedimientos, que en la mayoría de los casos poco tenían que ver con el mérito y la capacidad, sino más bien con la predisposición a llevar la cartera del jefe del departamento y seguir fielmente sus instrucciones.

Eran muchos los que al terminar la carrera permanecían de PNN, profesores no numerarios (algo así como los profesores colaboradores de ahora, contratados sin la condición de funcionarios); la mayoría de ellos, sin embargo, en seguida continuaban su carrera por otros derroteros o bien pasaban al sector privado o se presentaban a oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración. Solo unos pocos, quizás los peor preparados, incapaces de abrirse camino en otras instancias, permanecían y aceptaban esa especie de meritocracia impuesta por el cátedro de turno.

Al primer gobierno de Suárez se le denominó en tono coloquial "el de los PNN". No es que en realidad sus miembros perteneciesen a este colectivo. Se quería indicar tan solo la relativa juventud y escaso pedigrí de los ministros en comparación con los currículos que eran habituales en los ejecutivos del tardofranquismo. Pero era en las filas del PSOE de aquel año 82 donde abundaban los PNN, o al menos escaseaban los catedráticos, de tal modo que para ocupar la Secretaría de Estado de Universidades, tuvieron que recurrir a Carmina Virgili, seguramente la única catedrática disponible, persona entrañable pero sin demasiado interés por la gestión pública. En aquel entonces los socialistas llegaron al poder con cierto complejo y respeto y no les parecía correcto colocar en este cargo a alguien que no fuese catedrático.

De hecho, no había nada de malo ni de reprochable en esta ausencia de profesores titulares. Para ser político no se exige ningún título. Lo que, no obstante, sí resulta cuando menos extraño es la celeridad con la que cantidad de altos cargos adquirieron rápidamente a partir de entonces la condición de catedráticos. Cualquiera que haya ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración sabe que no sobra demasiado tiempo para elaborar tesis doctorales o para hacer oposiciones. Por supuesto que estas facilidades no afectaron exclusivamente a los militantes del PSOE, pudieron beneficiar también a políticos de otros partidos e incluso a no políticos, pero que poseían cierta preeminencia social. Quizás parte de la explicación se encuentre en la evolución que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la universidad, agudizando los defectos de partida.

La competencia en materia universitaria pasó a las Comunidades Autónomas y todas ellas se dedicaron a multiplicar -a mi entender más de lo conveniente- las facultades, las universidades y en consecuencia los puestos docentes y las cátedras. No es de extrañar que el acceso a estas se fuese deteriorando aún más y, en consecuencia, la calidad de los títulos y de los profesores. Es chocante, sin embargo, la consideración que los medios de comunicación social continúan otorgando hoy en día a los catedráticos. A menudo son requeridos en las tertulias o en otros foros como auténticos oráculos, cuando lo cierto es que con frecuencia tanto sus opiniones como su preparación son muy discutibles y dejan mucho que desear.

Es posible que no se considere políticamente correcto afirmarlo, pero los hechos hablan por sí mismos. Hay una cierta correlación entre autonomía y corrupción, corrupción que no tiene por qué referirse exclusivamente al tema económico. A medida que se incrementa la emancipación de cualquier entidad se suelen debilitar los controles e incrementar las posibilidades de fraude. En la universidad, a la autonomía territorial se le ha añadido la autonomía universitaria, autonomía al cuadrado. Es más, últimamente se ha acumulado también la autonomía departamental, con lo que se ha generado una auténtica endogamia en la que cada departamento universitario campa por sus respetos sin apenas controles externos.

Los másteres han crecido como las setas sin orden ni concierto. Su proliferación ha tenido sin duda graves consecuencias, comenzando por que se ha creado un escenario heterogéneo y anárquico en el que resulta difícil distinguir el grano de la paja. Se han convertido a menudo en un simple negocio para el estamento universitario, donde el aspecto lucrativo prima sobre cualquier otra consideración. La calidad y las exigencias se reducen si de esta forma se consiguen más alumnos o se puede elevar el precio. No tiene por tanto nada de insólito que en ocasiones se hayan puesto a la venta los títulos, bien directamente por dinero o bien por compensaciones más sibilinas, ciertas o esperadas. Y ahí intervienen los políticos.

El problema de los másteres se ha agravado con la introducción de la normativa europea que los considera condición necesaria para la habilitación profesional. Se complica más si cabe el caos existente, contradice el principio de la gratuidad e introduce elementos privatizadores en la enseñanza universitaria. La aprobación de las universidades privadas ya había roto la igualdad de oportunidades, permitiendo que aquellos estudiantes con recursos pudiesen elegir la carrera que prefiriesen, mientras que el resto tuviera que conformarse con las que le permitían sus notas de acuerdo con los cupos existentes en cada una de las facultades. Es más, no parece demasiado arriesgado pensar que el principio de lucro conduce a que el grado de exigencia de las universidades privadas sea inferior, salvo excepciones, al de las públicas. Bien es verdad que la proliferación de los másteres y los intereses económicos generados por ellos pueden estar terminando por igualar todas las enseñanzas, pero a la baja.

El deterioro de la enseñanza universitaria ha ido en paralelo con el menoscabo de la actividad política. He insinuado a menudo que en la política se estaba cumpliendo perfectamente la ley que Gresham aplicaba a las monedas, la mala desplaza a la buena. No es ningún secreto que la mayoría de los políticos actuales se han incorporado a la actividad pública o partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. De ahí que muchos han podido caer en la tentación de falsificarlos o al menos mixtificarlos, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta, bien utilizando a otros para que les escriban los trabajos y las tesis. El caos generado con los másteres y el deterioro de la universidad lo propicia.

Habrá que preguntarse si no es hora ya de poner coto a esa idea tan romántica de la autonomía universitaria, que en la práctica se concreta en una endogamia extremadamente peligrosa tanto para el alumnado como para los docentes y para la sociedad. ¿Acaso no ha llegado el momento de que desde el Gobierno central se establezcan los controles necesarios que garanticen el rigor y una cierta homogeneidad en los estudios, en los títulos, en el acceso y actividad de los profesores, y también, por qué no, en las finanzas, que tampoco viene mal? Algún día habrá que escribir acerca del papel que ciertas instituciones financieras como el Santander o la Caixa han jugado en las universidades y mediante ellas en la ideología y en la política, pero eso lo haremos otro día.

republica.com 4- 5- 2018



LA OSADÍA Y LA FRIVOLIDAD DE UN MINISTRO

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Wed, May 02, 2018 23:15:49

Han sido múltiples las ocasiones en las que desde esta misma tribuna he manifestado mi convencimiento de que los problemas planteados en Cataluña tienen su origen en buena parte en la política española, y son los errores del Estado español y de sus representantes los que impiden, también en gran medida, su solución. Pero no, como a menudo se dice, porque hayan faltado, y falten, diálogo y mano izquierda. Todo lo contrario. A lo largo de varias décadas, los partidos nacionales y el gobierno de turno han sido totalmente permisivos con el nacionalismo y han ido incubando con sus cesiones un monstruo que se ha adueñado de Cataluña y que ahora es difícil de combatir. Es por ello por lo que resulta tan patética e hipócrita la postura adoptada por Felipe González, Aznar o Zapatero cuando en la actualidad se empeñan en dar lecciones de cómo enfrentar el problema catalán, ya que han sido ellos los que nos han conducido a la situación presente anteponiendo sus conveniencias de partido a los intereses generales.

Tampoco en los últimos años, a pesar de haber hecho ya su aparición con todas sus consecuencias la sedición, las fuerzas políticas y sociales han estado muy finas. Frente a un movimiento independentista que ha sabido sobreponerse a cualquier división ideológica o de clase y aúna las posturas más enfrentadas supeditando todo al objetivo del secesionismo, los partidos llamados constitucionalistas, bajo un disfraz de unidad, actúan en función de sus diferencias y de sus intereses; no desaprovechan ocasión para utilizar la cuestión catalana en su lucha partidista y de acuerdo con su provecho electoral.

La oposición no tiene reparo alguno en usar lo que ocurre en Cataluña como medio para desgastar al Gobierno, situándose en una equidistancia inadmisible. Cuando se critica a Rajoy y al PP por haber, según dicen, judicializado la política, en realidad lo que se hace es debilitar al Estado. Esto lo saben perfectamente los independentistas y por eso eluden presentar su procés como ofensiva frente a la otra mitad de Cataluña e incluso frente al Estado español; sino que, lo plantean como una lucha de todo el pueblo de Cataluña contra un gobierno (el del PP) opresor. En este punto Inés Arrimadas estuvo muy acertada en su intervención en la investidura fallida en el Parlament. En realidad, los únicos que han judicializado la política son los propios independentistas, ya que, al adentrarse en el ámbito de la delincuencia, por fuerza tenían que provocar la reacción de la ley y la justicia.

Se afirma que en la solución de los problemas de Cataluña ha escaseado la política, lo que puede ser cierto, pero en sentido opuesto de lo que a menudo se entiende. No es que hayan faltado el diálogo y las concesiones, sino que quizás de lo que se haya carecido sea de la firmeza del Estado para imponer por vías políticas la ley y la Constitución. Sin duda, el origen puede encontrarse en primer lugar en la vacilación y debilidad del Gobierno, pero no puede olvidarse que el PP cuenta tan solo con 134 diputados y que es lógica, por tanto, su aspiración a sentirse acompañado en las medidas que tiene que adoptar en Cataluña. Ahí se encuentra quizás la explicación de que el art. 155 se haya aplicado tarde y mal. Tarde, porque se debería haber instrumentado mucho antes, pero nadie deseaba hacerlo; mal, porque se ha hecho de forma vergonzante convocando inmediatamente elecciones e incidiendo lo menos posible en las instituciones catalanas, hasta el punto de dejar actuar sin control alguno a los medios de comunicación públicos a favor del secesionismo (ver mis artículos del 2 de noviembre y del 28 de diciembre del año pasado en este periódico digital).

A menudo se reprocha al Gobierno, incluso al servicio exterior del Estado, su apatía y quizás su ineficacia para neutralizar el discurso secesionista en el extranjero, pero resulta difícil contrarrestar y desenmascarar las mentiras del nacionalismo, cuando partidos como Podemos mantienen un alegato similar, o cuando Ada Colau y las organizaciones sindicales no tienen reparo en manifestarse junto a ANC y Ómnium Cultural portando las mismas pancartas y poniendo en cuestión la democracia y el Estado de derecho de España. ¿Cómo extrañarnos de que representantes del SPD hagan declaraciones ambiguas en Alemania, si las manifestaciones del PSC (formación que pertenece a la misma familia política) gozan de idéntica ambivalencia y se apuntan a las críticas en contra del Tribunal Supremo?

La tercera vía y el buenismo de los partidos de la oposición, de las organizaciones sindicales, de algunos medios de comunicación y de ciertos creadores de opinión dificultan y complican la lucha contra el independentismo. Ahora bien, el problema adquiere una gravedad mucho mayor cuando la confusión se promueve desde el propio Gobierno. Por eso han resultado tan sumamente improcedentes las manifestaciones del ministro de Hacienda afirmando de forma tajante que no se ha empleado un solo euro público ni en el procés ni en el referéndum. Resulta bastante evidente el daño que se ha podido infligir a la investigación judicial y me imagino la cara de asombro que se le ha debido de quedar al juez Llarena y en general a todos los magistrados del Tribunal Supremo. No tiene nada de extraño que todos los acusados y huidos, así como sus abogados, se hayan agarrado inmediatamente a locuacidad del ministro y la estén usando no solo ante los jueces españoles, sino también ante los tribunales extranjeros.

El estupor, desde luego, no es privativo de la judicatura, me atrevo a adelantar que incluso es mayor entre todos aquellos que conocemos, aunque sea parcialmente, la complejidad de las finanzas de cualquier unidad económica, y no digamos de una Comunidad Autónoma como Cataluña compuesta por 13 o más consejerías, 200 o 300 direcciones generales, múltiples delegaciones territoriales, con un presupuesto anual cercano a los 25.000 millones de euros, amén de un conglomerado de más de doscientas entidades públicas, cada una con su contabilidad propia, y de la naturaleza más variopinta: organismos autónomos, fundaciones, empresas, consorcios, etc. ¿Ante una cantidad tal de recursos y un panorama tan complejo, alguien en su sano juicio puede acreditar que no se ha gastado ni un solo euro público en la aventura independentista?

Una afirmación de tal calibre por parte del ministro de Hacienda es grave, sin duda, por las implicaciones negativas que puede tener sobre el procedimiento penal que se sigue contra los independentistas catalanes; pero es aún más grave por la estulticia que demuestra y el desconocimiento que manifiesta de los medios y limitaciones que tiene el control del gasto público. Un sistema de control, por muy perfecto que sea, no puede garantizar que se haya eliminado toda posibilidad de fraude, tan solo minimiza su viabilidad. Cualquier auditor sabe que su trabajo está sometido a la contingencia de que la información que le faciliten sea veraz. De ahí que se apresure, por ejemplo, a poner limitaciones al alcance y exija la carta de manifestaciones.

El ministro de Hacienda ni siquiera puede asegurar de forma absoluta que no exista malversación de recursos públicos en su propio ministerio y eso a pesar de contar con uno de los instrumentos más potentes para evitarlo, la Intervención General de la Administración del Estado; lo mismo que no puede prometer que va a desaparecer el fraude fiscal, por mucho que disponga de la Agencia Tributaria. La corrupción, al igual que el fraude fiscal, se puede minimizar, pero difícilmente eliminar, del mismo modo que no es posible aniquilar la delincuencia. Montoro suele vanagloriarse de ser el ministro de Hacienda que va a ocupar el puesto durante más tiempo. La cuestión es si a pesar de ello va a percatarse en algún momento de su cometido. Uno tiene la impresión de que, al menos en materia de control del gasto público, va a pasar por el cargo sin romperlo ni mancharlo, es decir, sin enterarse de nada.

En sus meteduras de pata el ministro parece estar unido fatídicamente con Rivera. Ha sido el líder de Ciudadanos el que, mostrando un total desconocimiento de lo que es el sector público, se ha empecinado en pedir responsabilidades al Gobierno por el dinero que los independentistas hayan podido gastarse en el referéndum. No es la primera vez que Ciudadanos hace gala de la más radical ignorancia de la Administración y de la Hacienda Pública, ni es la primera vez que arrastra al Gobierno al mayor de los ridículos.

A ello me refería el 15 de junio del año pasado desde estas mismas páginas en un artículo titulado A Montoro no le gustan los interventores: “Todos aquellos que conozcan mínimamente la Administración –escribía- no habrán podido por menos que quedar estupefactos al leer en la prensa que el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio, acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de las Administraciones públicas… El encargo se realiza a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las conclusiones deberán estar disponibles a finales de 2018… Resulta insólito que se pretenda inspeccionar de golpe todo el sector público, y que para ello se encomiende a un organismo carente de medios y de experiencia, que como mucho es tan solo un mediocre servicio de estudios, muy inferior desde luego al del Banco de España”.

En el mismo artículo indicaba yo “que tan maravillosa idea parecía tener su origen en el pacto firmado con Ciudadanos, necesario para que Rajoy alcanzase la investidura. Eso es lo malo de tener que aceptar las exigencias de un partido que desconoce totalmente la Administración y el sector público, cuyos miembros no han regido ni un pequeño ayuntamiento y que, además, huyen de las responsabilidades de gobierno y orientan su actuación política en función tan solo de todo aquello que tiene buena prensa”.

Lo peor del asunto es que Ciudadanos continúa impertérrito en los mismos errores. El partido que ha centrado toda su actuación política en luchar, según dicen, contra la corrupción, ha reducido su actuación en esta materia a ejercer funciones inquisitoriales, pero a estar ausente de cualquier planteamiento serio para el futuro, ya que ignora radicalmente el funcionamiento de la Administración, y todas sus propuestas -eso sí, manifestadas con mucha arrogancia- son ideas de Perogrullo. Hace pocos días en una tertulia en televisión aparecía su portavoz de economía, Toni Roldán, mostrándose plenamente satisfecho y orgulloso de la auditoría que gracias a ellos la AIReF estaba realizando de la totalidad del sector público. Dejaba relucir tal nivel de desconocimiento de la materia, y sus palabras, por muchos másteres que muestre en el currículo, comportaban tal simplificación del tema, que daban ganas de echarse a llorar.

Los múltiples sumarios de corrupción que campan por los tribunales dan buena muestra de que su eliminación es una utopía; pero, eso sí, al mismo tiempo se puede extraer de ellos algunas interesantes conclusiones. La casi totalidad de los casos se han producido en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, lo que tiene una explicación obvia: la falta de independencia de los órganos de control (los interventores son nombrados y retribuidos por los responsables políticos) de estas administraciones públicas. La situación es bastante diferente en la Administración central, por eso en las escasas ocasiones en las que la corrupción ha salpicado al presupuesto del Estado lo ha hecho en las entidades carentes de un interventor in situ y donde el control se ejercita a posteriori mediante auditorías, por ejemplo, en las sociedades estatales, y donde, en consecuencia, el riesgo es mayor.

Todo lo anterior confirma las dificultades que existen para que el Ministerio de Hacienda, con 155 o sin 155, controle las finanzas de la Generalitat e impida de forma total que fondos públicos se destinen a finalidades delictivas o espurias. Su enorme envergadura, la complejidad de su estructura, las deficiencias en sus mecanismos de control interno y la contaminación por el secesionismo de una buena parte de la Administración autonómica dificultan enormemente esta labor. Haría falta que Montoro hubiera desplazado a Cataluña en su totalidad a los colectivos de funcionarios, interventores y auditores del Estado y técnicos de contabilidad y auditoría, y así y todo no se podría haber asegurado al cien por cien que no se hubiesen desviado fondos públicos al procés. Por otra parte, existe una malversación que va unida simplemente al empleo indebido de los medios personales y materiales de la Administración y de los entes públicos. La utilización de colegios, centros sanitarios, recursos informáticos, empleados públicos, medios de comunicación, etc., en actividades ilegales o delictivas constituye también corrupción y malversación de fondos públicos.

Es muy probable que durante todos estos meses los servicios del Ministerio hayan establecido un buen sistema de control de los gastos y pagos de la Generalitat, pero hasta donde es posible hacerlo, desde el exterior y a distancia. ¿Qué garantía hay de que las anotaciones, certificaciones, papeles, etc., que mandan desde Cataluña sean correctos y que los fondos se dirijan a la finalidad señalada? ¿Cómo estar seguros de que las inversiones y las subvenciones se han aplicado al objetivo adecuado y no han sufrido desviaciones? ¿Es que acaso Montoro y Rivera esperaban que los gastos del referéndum apareciesen correctamente documentados en facturas y explicitados en la contabilidad? Habría que preguntarles si son conscientes de que existen las facturas falsas, la doble contabilidad, los fondos de reptiles, las cajas b, la contabilidad creativa, la ingeniería financiera, la evasión de capitales, etc., etc. Circuitos e instrumentos difíciles de detectar si no es por medios y mecanismos policiales. De ahí que no tenga nada de extraño que sea la Guardia Civil (con las posibilidades que le concede el hecho de ser policía judicial) la que pueda haber localizado recursos públicos malversados que seguramente serán tan solo una parte de todos los desviados a finalidades ilegítimas.

No nos puede sorprender que quienes poseen un desconocimiento tal de la Administración como para suponer que la AIReF puede auditar la totalidad del sector publico piensen que desde unos despachos a muchos kilómetros de distancia se puedan controlar todas las cuentas de la Generalitat hasta el extremo de garantizar que no se ha desviado ni un solo euro y hacer responsable al Gobierno de España de lo contrario. Montoro ha caído en el mismo despropósito que Rivera. Y en lugar de reírse de él y reprocharle su desconocimiento de la Administración y sus planteamientos simples e imberbes, ha entrado al trapo, ha sacado pecho y ha puesto la mano en el fuego de que no se ha desviado un solo euro. Es evidente que va a achicharrarse, pero además ha dado muestras de una enorme frivolidad y de una desmedida osadía.

republica.com 27-4-2018

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