ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

LOS PRESUPUESTOS, LA IZQUIERDA Y LA UNIÓN EUROPEA

EUROPAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, December 10, 2018 18:30:42


“España consigue tres blindajes históricos”. Todo es histórico para el sanchismo, y es que ellos están siempre prestos a reescribir la historia, al convertir todo en postureo y propaganda. Presentan todas las cosas con enorme triunfalismo, no como son, sino como les conviene que sean. Bien es verdad que, antes o después, se termina desenmascarando la impostura. En el asunto de Gibraltar han transformado un intento a la desesperada de corregir un grave error y una imperdonable negligencia en una magna epopeya en la que Pedro Sánchez se enfrenta victorioso a la Unión Europea y a Gran Bretaña. Claro que no ha tardado mucho en descubrirse el pastel, y es que después de haber perdido la grande se han quedado con la pequeña. Se han contentado con unas cartas que, por cierto, aún no se conocen y que desde luego no vinculan jurídicamente.

No es la primera vez que se vende la piel del oso antes de haberlo cazado, e incluso cuando se sabe que no se va a cazar. Sánchez, cautivo en el laberinto que ha construido alrededor de la exhumación de Franco, mandó a su sagaz vicepresidenta a Roma con la finalidad de poner de su lado a la jerarquía eclesiástica. A la vuelta, Carmen Calvo, pretenciosa y triunfalista, anunció que había llegado a un pacto con el Secretario de Estado, Pietro Parolin, para que el dictador no fuese enterrado en la Almudena. El Vaticano -cosa totalmente insólita- se vio forzado a corregir al Gobierno español y a matizar que en ningún momento Parolin se pronunció sobre el lugar en el que habían de inhumarse los restos de Franco.

El 21 del mes pasado Sánchez sufrió un nuevo desmentido. En este caso ha sido la Comisión Europea, que ha puesto importantes objeciones al plan presupuestario presentado por el Gobierno y del que Pedro Sánchez en un twitter había asegurado que contaba ya con la aprobación de Europa, twitter que por supuesto ha desaparecido después del dictamen de la Comisión para evitar en lo posible el bochorno.

En realidad, el informe de la Comisión es bastante benigno, y no afirma nada que no fuese ya conocido, o al menos intuido. Cosa distinta son las advertencias del FMI y de la OCDE, pero de estas, en todo caso, hablaremos otro día. El documento que Pedro Sánchez presentó con Pablo Iglesias en un escenario de magnificencia y boato era todo menos un presupuesto en sentido estricto, sino más bien un cúmulo de medidas mal cuantificadas, y de las que, por lo tanto, resultaba difícil poder afirmar si cumplían o no los requisitos impuestos por Bruselas. El no haber presentado una ley sumía todo en una gran ambigüedad y ha hecho que la Comisión tuviese que pedir aclaraciones, aclaraciones que no se han hecho públicas.

Las objeciones finales de la Comisión se reducen principalmente a cuestionar las previsiones del impacto de los nuevos impuestos y del resto de medidas que proyectaban aprobar y, por lo tanto, dudan de que se vayan a cumplir los objetivos de déficit y deuda pública. De hecho, nada nuevo que no se sospechase y acerca de lo cual no hubiesen alertado ya distintos servicios de estudios. Parece claro que los ingresos están infravalorados.

El dictamen negativo de la Comisión no parece haber hecho mucha mella en Pedro Sánchez. Tal vez porque nunca había pensado en serio que se fuesen aprobar unos nuevos presupuestos, presupuestos que por eso mismo hasta ahora no han sido elaborados del todo, y mucho menos presentados. Lo importante para el presidente del Gobierno no son las realizaciones, sino los anuncios, el postureo y la propaganda, por lo que dice ahora que va a mandarlos en enero al congreso. Piensa que ello surtirá efecto electoralmente aun cuando no se lleve a la práctica, ya que si no se aprueban echara la culpa a los otros partidos.

Al que peor ha sentado el informe de la Comisión ha sido a Pablo Iglesias, que ha visto cómo se diluía la rentabilidad política que esperaba obtener de su pacto con Pedro Sánchez. Ha sido él quien ha reaccionado de forma más violenta y con un discurso antieuropeo al que no nos tenía acostumbrados. Que reaccione duramente contra la burocracia de Bruselas resulta bastante lógico del líder de un partido que se llama de izquierdas. Lo preocupante es que desconozca las coordenadas políticas y económicas en las que nos movemos. Su afirmación de que “El FMI y la Comisión Europea tienen que aprender a respetar que en los países, cuando las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, tienen soberanía para decidir qué es lo que hay que hacer” resulta un tanto ingenua y desfasada. Hace tiempo que los Estados nacionales han perdido la capacidad de ser soberanos.

Más de veinte años hace ya, que en Davos, en el World Economic Forum, se escuchó por primera vez el enunciado inverso al que ahora pronuncia Iglesias. Allí fue donde el renacido capitalismo -actual hijo del capitalismo salvaje- se quitó la careta. Fue Tietmeyer, el entonces gobernador del todopoderoso Buba, el encargado de proclamar lo que tantos pensaban, pero entonces no se atrevían a explicitar: “Los gobiernos tienen que empezar a entender que los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”.

Hace dos décadas las palabras de Tietmeyer resultaban novedosas y se podía debatir hasta qué punto eran ciertas. Hoy, tras la hegemonía del libre comercio y de la libre circulación de capitales, pocas dudas caben de que los poderes políticos han renunciado en parte a sus competencias y las han entregado a los mercados. A partir de ahí, son estos los que en gran medida mandan e imponen sus exigencias a los gobiernos, que ante ellos, se sienten impotentes. El resultado, grandes déficits democráticos generados en los actuales sistemas políticos. La globalización es la forma que adopta el actual sistema capitalista, un retorno al capitalismo del siglo XIX.

La globalización ha sido asumida de forma desigual y en distinto grado por los diferentes países, pero ha sido dentro del ámbito de la Unión Europea donde han tomado realidad de la forma más perfecta los principios de la mundialización. Los mercados se han hecho supranacionales, mientras el poder político democrático queda preso dentro de los Estados nacionales. Los gobiernos democráticos han renunciado a establecer medidas de control sobre los mercados y han cedido soberanía a instituciones no democráticas.

Pero lo que ha hecho que los Estados perdiesen absolutamente su autonomía e independencia ha sido la constitución de la Unión Monetaria. Desistir de la propia moneda es renunciar a la soberanía, y quedar al albur de los mercados o del BCE. Muchas de las actuaciones y medidas que podían ser tomadas por los gobiernos nacionales, hoy son imposibles, al menos sin tener la conformidad de las autoridades europeas, especialmente del BCE. Es más, en muchas ocasiones no es ni siquiera necesaria la presión de las instituciones comunitarias. Es la propia realidad económica creada por la moneda única la que fuerza a los gobiernos a tomar medidas que de otra manera no adoptarían y la que les impide en buena parte aplicar una política económica de izquierdas.

Existe en Europa una facción de la izquierda que después de estar a favor de la Unión Monetaria se ha olvidado de ella en la práctica, y pretende actuar como si esta no existiese y no comportase ninguna limitación; y otra que cree que el simple hecho de estar en desacuerdo con ella e ignorarla les libra de sus obstáculos y condicionantes. Unos y otros echan todas las culpas a la Comisión o al BCE de las trabas y restricciones impuestas a una política progresista, como si no fuese el propio diseño de la Unión, carente de integración política y fiscal el que lo impide, y las actuaciones de las instituciones comunitarias, la mayoría de las veces regresivas, una consecuencia de ello.

En España, en las recientes negociaciones presupuestarias llevadas a cabo en el ámbito de la izquierda, para justificar una política expansiva y eludir las limitaciones financieras se ha defendido que los Estados no pueden quebrar. Yo también lo he sostenido a veces, pero siempre he mantenido una excepción: que estén endeudados en una moneda que no es la suya, o bien que siendo la suya no la controlen, como es el caso de los países miembros de la Eurozona. Es claro que entonces sí pueden quebrar. Son muchos los Estados que, forzados por los mercados, se han tenido que echar en manos del FMI o del BCE para no hundirse económicamente.

Pocas dudas caben de que la Unión Europea en su conjunto debería instrumentar (y haber instrumentado estos años de atrás) una política expansiva, pero eso no quiere decir que todos y cada uno de los países puedan seguir actualmente este tipo de política. Ciertamente Alemania con un déficit exterior del 8% del PIB y un stock reducido de deuda pública podría permitírselo, al igual que gran parte de los países del Norte y sería positivo para el conjunto de la Unión, para ellos mismos, e incluso para los países del Sur, que verían su demanda incentivada por el exterior. Pero está claro que no están dispuestos a ello y no hay nada que les obligue. Existe en los tratados una clara asimetría: mientras se sancionan los déficits excesivos, apenas se dice nada de los superávits.

Muy distinto es el caso de los países del Sur. Concretamente España, con un nivel de deuda pública alrededor del 100% del PIB y un endeudamiento exterior muy elevado, no se puede permitir muchas alegrías. Si ahora presenta un superávit en su balanza por cuenta corriente y ha superado los enormes déficits exteriores de los años anteriores a la crisis, ha sido a base de durísimos recortes y sacrificios, ya que no podía devaluar la moneda. Incurrir de nuevo en ese error nos colocaría en una situación muy delicada y dudo de que la sociedad estuviese dispuesta a soportar un ajuste como el realizado en estos últimos años.

La izquierda en los países del Sur debe ser realista. Especialmente aquella que se pronunció a favor de la Unión Monetaria tiene que ser consciente de las esclavitudes a que somete su permanencia en ella. Por eso algunos estuvimos en contra de su constitución. Ahora no vale lamentarse y mucho menos dar coces contra el aguijón. Los que lo han intentado no han salido demasiado bien parados. Que se lo pregunten a Alexis Tsipras y a Syriza. Por supuesto, habrá que aprovechar al máximo el margen que nos permite cada situación, pero sin demagogias e identificando bien dónde se encuentra el problema.

En estos momentos, en España, el margen posible para mantener los gastos sociales y el Estado de bienestar hay que buscarlo mucho más en la elevación de la presión fiscal, muy distante de la de otros países europeos, que en el aumento del déficit. Bien es verdad que lo primero es mucho más desagradable e impopular que lo segundo, especialmente si el incremento del desequilibrio presupuestario se disfraza tras una falsificación de las previsiones.

republica.com 7-12-2018



DE CESES, ESCUPITAJOS Y ESTIÉRCOL

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, December 03, 2018 18:23:53

El 21 del pasado mes de noviembre no fue un buen día para Pedro Sánchez. El FMI, la OCDE y la Comisión de la Unión Europea coincidieron en un análisis no demasiado favorable sobre la economía española y en críticas y advertencias nada positivas acerca de la política del Gobierno. Lo curioso es que diagnósticos tan negativos se han producido sin que Pedro Sánchez haya tomado apenas alguna medida efectiva. Tan solo ha lanzado anuncios y hecho promesas. Las únicas medidas adoptadas han sido las que figuraban en los presupuestos pactados por el PP con Ciudadanos y el PNV. En política, los anuncios y las promesas son flatus vocis y no suelen tener consecuencias a no ser que se cumplan. En economía, sin embargo, la reacción es más inmediata. El dinero es miedoso. Y el simple anuncio tiene ya efectos e induce a inquietud o a optimismo. Por eso hay que tener cuidado con las palabras.

Tenía la intención de dedicar este artículo a los problemas económicos señalados y a las recomendaciones lanzadas por los tres organismos internacionales. Pero el mismo día 21 sucedían ciertos acontecimientos que me convencieron de cambiar de tema. Me refiero, por una parte, al cese del jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal y, por otra, al folklore que se formó en el Parlamento con los golpistas cabreados porque les llamaban golpistas. Ha colaborado también en mi decisión al cambio pensar que la situación económica no va a sufrir mucha alteración de una semana para otra y que las recomendaciones del Fondo, de la OCDE y de la Comisión suelen ser siempre las mismas.

He observado que en gran parte de la prensa y de la opinión pública se ha instalado una idea equivocada: la creencia de que los fiscales son independientes, pero los abogados del Estado no. Si no lo son, deberían serlo. Lo cierto es que la Abogacía del Estado, al igual que toda la Administración Pública, tiene que regirse, de acuerdo con el art. 103 de la Constitución, por el principio de legalidad, lo que quiere decir que debe actuar con objetividad, neutralidad e independencia, y tanto la selección como la remoción de todos los empleados públicos, también de los abogados del Estado, deberán basarse en el mérito y la capacidad.

Es verdad que, según el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno dirige la Administración, pero eso no quiere decir que pueda sustituirla, ni apartarla de su finalidad y del cumplimiento de la ley. El Gobierno marca las políticas, determina los objetivos y los proyectos, pero todo ello dentro del margen establecido por el ordenamiento y los procedimientos administrativos. La neutralidad política de la Administración constituye una protección para los ciudadanos y uno de los aspectos esenciales a la hora de medir el nivel democrático de una sociedad. La estabilidad en el puesto de trabajo no es un privilegio de los empleados públicos, sino una garantía de los administrados (véase mi artículo del 2 de agosto pasado).

La autoridad y el control del Gobierno y demás altos cargos sobre los funcionarios públicos tienen límites muy claros. Caben pocas dudas de que ningún político puede -o al menos no debe- intervenir en un órgano de contratación, violentando la adjudicación. Todo el mundo condenaría que el ministro de Hacienda decidiese a quién hay que inspeccionar o a quién no, y mucho más si seinmiscuyese en un procedimiento de inspección manipulando el resultado. Del mismo modo, resulta reprochable que el ministro de Justicia, por razones políticas, dé directrices a un abogado del Estado personado en un proceso de corrupción acerca de la calificación del delito y de las penas a demandar. La neutralidad de la Administración en su funcionamiento exige que no haya interferencia política en los procedimientos administrativos, y que los empleados públicos ejerzan sus funciones atendiendo únicamente a los dictados de la ley.

Lo anterior explica la inmoralidad cometida (bordeando la prevaricación) y el escándalo producido cuando la abogada general del Estado ha cesado -se supone que por indicación de la ministra de Justicia- a Edmundo Bal de su puesto de jefe del departamento de lo penal de la Abogacía del Estado. Y ello por el único motivo de no querer firmar un escrito que él no había elaborado, escrito de muy baja calidad, en el que la relación de los hechos se había reconstruido y era claramente fraudulenta, evitando emplear la palabra violencia, y dirigido a poder cambiar la calificación de rebelión por la de sedición y calcular a la baja las penas de defraudación.

El Ministerio de Justicia y la portavoz del Gobierno fundamentan el cese en que se trata de un puesto de confianza. Y es que para el sanchismo todos los puestos deben ser de confianza, de confianza del sanchismo. No le basta haber cambiado nada más llegar al poder cientos y cientos de puestos que tenían un carácter meramente técnico, como el de la presidencia del CIS, para sustituirlos por perfiles claramente partidistas, incluso sectarios. No le resulta suficiente haber establecido una auténtica purga en Televisión Española, sino que está dispuesto a que todos los puestos de libre designación sean también de libre remoción y de confianza política. En la Administración hay miles y miles de puestos de libre designación, casi todos los que comportan cierta responsabilidad, pero ello no quiere decir que en su provisión se prescinda del mérito y de la capacidad o que los ceses puedan aplicarse arbitrariamente y cuando el empleado público se niegue a suscribir las irregularidades que el ministro de turno considere convenientes.

El caso que nos ocupa es de suma gravedad, puesto que no se trata de un mero asunto administrativo más o menos importante, sino de la postura que el Estado (no el Gobierno) a través de la Abogacía mantiene en un proceso de los más relevantes- si no el que más- de la historia reciente de España. Unos días antes de que se presentase el escrito de calificación y ante los rumores de que la Abogacía iba a cambiar de opinión, la portavoz del Gobierno, con ese tono con el que parece hablar ex cátedra, mantuvo que la Abogacía del Estado estaba trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad".

La realidad ha desvelado el embuste. El escrito de acusación presentado no fue elaborado por los técnicos competentes, que se mantenían en la misma postura, sino por la abogada general del Estado (este si es cargo de confianza, aunque debería ser menos de confianza y más de mérito y capacidad) que siguió fielmente las indicaciones de la ministra de Justicia- y es de suponer que del mismo Sánchez- y, ante la negativa de Bal a suscribirlo, debió firmarlo ella misma quedando en un papel bastante desairado. Esta es la verdadera razón del cese, que un técnico, aunque progresista y que estuvo a punto de ser nombrado fiscal general del Estado por la propia Dolores Delgado, se negó a retorcer la ley y a traicionar su función administrativa en aras de la conveniencia política de Sánchez.

La destitución va a acarrearle serias consecuencias tanto en su carrera profesional como en su economía. Lo sé por experiencia profesional puesto que hace 28 años, por criticar públicamente la participación española en la Guerra del Golfo, fui cesado del puesto de interventor del Ministerio de Cultura y tuve que pasar seis años en el dique seco, con pérdidas significativas en las retribuciones. Supongo que Bal dirá ahora lo que yo dije entonces: todos al suelo que vienen los míos. Lo peor del asunto no es que uno u otro empleado público puedan salir perjudicados, sino que constituye un aviso a navegantes y una llamada de atención para todos los funcionarios. El deterioro es para la Administración y para los ciudadanos, que no podrán estar seguros de que la neutralidad y la objetividad rigen en la función pública.

Que en el caso que nos ocupa no se puede hablar de puesto de confianza queda meridianamente claro cuando se repara en que Bal llevaba en ese cargo 16 años y había visto pasar a ministros del PSOE y del PP: Michavila, López Aguilar, Fernández Bermejo, Caamaño, Gallardón y Catalá. Ninguno de ellos puso en cuestión su trayectoria y su trabajo, incluso cuando a pesar de estar Rajoy de presidente del Gobierno fue, en nombre de la Hacienda Pública, un acusador implacable en el caso Gürtel en el que se juzgaba la financiación del PP. Han bastado seis meses, sin embargo, para que Dolores Delgado le considere persona (funcionario) non grata, y es que el sanchismo no tolera todo aquello que se oponga a sus intereses, que se concretan en uno solo, permanecer en la Moncloa, y para ello necesita a los golpistas.

He escrito golpistas a propósito, porque golpista es quien da un golpe de Estado, el que intenta cambiar la constitución de un país al margen de los procedimientos establecidos en la propia constitución y en la ley para hacerlo, modificar la ley no desde la ley, sino desde la fuerza, sea cual sea esta, la física, practicada por las fuerzas armadas, o la coacción ejercida por instituciones investidas de poder por el Estado y que utilizan ese mismo poder para violentar las leyes y la constitución.

Son golpistas porque no esconden sus propósitos e incluso reivindican las acciones ejecutadas para alcanzarlos, y lo son con independencia de cuál sea el resultado del proceso penal, bien sea rebelión, sedición o nada. Al llamarlos golpistas ni se les está insultando ni violando su presunción de inocencia, sencillamente porque no es una calificación penal, sino una constatación política que describe claramente sus intenciones, aquellas que ellos mismos confiesan.

No obstante, si nos referimos a la calificación penal, hay quienes van de tertulia en tertulia asegurando que de ninguna forma se puede hablar de rebelión, ya que la mayoría de los juristas dicen lo contrario, que no se cumple la condición de violencia. Bien es verdad que nunca dicen qué juristas son esos, y cómo saben ellos que son la mayoría. Supongo que opiniones hay para todos los gustos, pero lo que importa es el criterio de aquellos que hasta ahora han sido competentes para intervenir en el proceso y que han conocido toda la información sobre lo sucedido. Tanto el juez instructor, como la Fiscalía, como la Abogacía del Estado antes de la intervención interesada del Gobierno, han coincidido en que ha existido violencia suficiente para calificar lo ocurrido de rebelión. Por supuesto que el juicio está por celebrarse, y hay que estar por lo tanto a lo que sentencie el tribunal, pero mientras tanto es lógico que los que no somos juristas nos fiemos más de los que intervienen en el proceso que de cualquier charlatán que da su opinión sin demasiado fundamento.

Quizás la presidenta del Congreso no estuviera muy acertada el otro día cuando pretendió situarse en la equidistancia y comparó golpista con fascista. Aunque en realidad, en boca del señor Rufián y compañía lo de fascista no representa tampoco ningún insulto, es un simple calificativo equivalente a no secesionista, y que lanzan contra todos aquellos que se oponen a su gran objetivo: la Magna Cataluña. Cuando la extensión de una palabra es tan grande, y abarca a todos, difícilmente puede constituir una ofensa. A los militantes de Ciudadanos y a Borrell se les puede calificar de muchas cosas, pero no utilizaría yo precisamente la denominación de fascistas. Es un apelativo tal vez un poco anticuado. Pero, puestos a encontrar similitudes, me orientaría más al mundo independentista, en el que no se puede por menos que encontrar muchas semejanzas con el nacionalismo, supremacismo, empleo de la coacción y desprecio de la legalidad establecida, que caracterizó a los movimientos fascistas y similares del siglo pasado.

Dicen que hay crispación en el hemiciclo, ¿cómo no va a haberla? Es la sociedad la que está crispada. Eso es lo que ha conseguido el secesionismo. Crispación en Cataluña, donde la mitad de la población se encuentra enfrentada a la otra media. Y crispación con el resto de España, que está hasta las mismas narices de tantas ofuscaciones y atrocidades. Lo malo es que estos fanáticos son los aliados de Sánchez, los que necesita para seguir gobernando. ¿Cómo iba el otro día a defender a su ministro de Exteriores? Hace dos semanas escribí un artículo que titulé “Un antes y un después de la moción de censura”. Estamos en el después.

republica.com 30-11-2018

POPULISMO, HIPOTECAS E IMPUESTOS

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Wed, November 28, 2018 18:24:58

Farsa, sainete, pantomima. Todos los sinónimos son insuficientes para calificar el espectáculo (formado recientemente alrededor de la determinación del sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en el supuesto de la suscrición de las hipotecas. Todos los actores se han precipitado en la mayor demagogia e hipocresía. La totalidad de los partidos políticos ha abrazado el populismo. Han intentado arrimar el ascua a su sardina. Todos se han guiado no por lo justo o injusto, ni siquiera por lo más eficaz, sino por lo que piensan que va a tener más aceptación entre su clientela.

El PP y Ciudadanos, con poca imaginación, entre la banca y los prestatarios, han tirado por elevación, han roto el nudo gordiano, recurriendo a su senda preferida, la de reducir la imposición y pedir la eliminación del gravamen. Que pierda la Hacienda Pública o, lo que es lo mismo, todos los españoles. Ni que decir tiene que la reivindicación ha sido muy bien acogida por una gran parte de los creadores de opinión, que en seguida la han coreado, haciendo comparaciones internacionales. Comparaciones que, por supuesto, se realizan siempre sin contemplar la totalidad del sistema fiscal, en las que España se situaría entre los Estados con menor presión fiscal, sino considerando tan solo una figura tributaria y eligiendo los países en los que no existe o cuyo tipo es más reducido. Entre la mayor parte de la sociedad, la supresión de los impuestos tiene siempre buena prensa, sobre todo cuando no se pone sobre la mesa el coste de oportunidad y, por lo tanto, los ciudadanos no son conscientes de a lo que tienen que renunciar a cambio. No es el momento de criticar a fondo esta forma de populismo de derechas. Creo que ya lo he hecho desde estas páginas otras muchas veces.

Pero hay otro populismo que padecen los partidos que se consideran de izquierdas. El presidente del Gobierno y Podemos, ante la alternativa, han optado por atacar a la banca, lo que también goza de asentimiento mayoritario, y constituye uno de los deportes favoritos de cierto progresismo. Conviene desmontar los tópicos y los anacronismos que están asentados en la opinión pública acerca de las entidades financieras. Se aprecia una cierta demagogia que considera rentable políticamente todo lo que sea lanzar anatemas sobre la banca, y convertirla en una especie de diana, sin considerar que, en la mayoría de las ocasiones, un ataque indiscriminado puede convertirse en un bumerán que a menudo se vuelve contra nosotros.

En cierta forma, aunque suene exótico, la banca terminamos siendo todos. Las entidades financieras son totalmente necesarias para el funcionamiento de la economía. Otra cosa distinta es si deben ser públicas o privadas y hasta qué punto deben ser controladas por el poder político. Por desgracia, los errores y problemas de las entidades financieras acaban afectando de manera muy importante a la economía nacional, y en consecuencia a casi todos los ciudadanos. Las crisis financieras terminan siendo también recesiones económicas que acarrean graves daños a la mayoría de sociedad. Por otra parte, todas las crisis bancarias que se han producido, al menos en nuestro país, han finalizado a base de sanear las entidades en pérdidas con dinero público.

Los bancos tienen una característica especial que los diferencia del resto de las empresas. El capital constituye una pequeña parte del pasivo, de manera que, en caso de quiebra, los perjudicados no son solo los accionistas sino en número mucho mayor los acreedores, entre los que se encontrarán también empresas que pueden verse obligadas a cerrar y, a su vez, pueden arrastrar a otras empresas al abismo. Esto es, una reacción en cadena. De manera que quizás no sea tan buena idea utilizar a la banca de diana de todos los posibles impuestos. A menudo, hay una confusión en el objetivo. Lo conveniente quizás no sea gravar a la banca, sino a los banqueros por los desproporcionados sueldos que cobran o a los accionistas por los dividendos percibidos. Desde el punto de vista del interés social, lo más importante tal vez consista en someter a las entidades financieras a una fuerte supervisión, de manera que no se puedan repetir las graves situaciones pasadas que hundieron la economía y costaron tantos recursos públicos. En ocasiones, incluso puede resultar conveniente prohibir el reparto de dividendos.

Concretamente en España los bancos (no los banqueros) quedaron en muy mala situación después de la crisis. Es cierto que no se hundieron como la mayoría de las Cajas, pero tuvieron graves dificultades y se vieron en la obligación de aprovisionar pérdidas por los activos tóxicos que mantenían en sus balances. Estas pérdidas no pudieron deducirse en su momento en el impuesto sobre sociedades, bien porque todavía no se habían realizado, bien porque en esos ejercicios no había saldos suficientes y quedaban pendientes de una compensación en los años posteriores. Es lo que se ha llamado activos fiscales diferidos (DTA). Sin entrar de lleno en su problemática, cosa imposible en estos momentos, hay que señalar que se produjeron dos efectos bastante negativos.

El primero es que, debido a ellos, la banca apenas ha pagado impuestos todos estos años, puesto que los DTA se hicieron deducibles de cualquier tributo al que la entidad financiera estuviese obligada. El segundo es aún más grave. Para cumplir los niveles de solvencia exigidos por Basilea III, la banca española pretendió computar como capital los DTA. Para que Bruselas lo aceptase fue preciso que el Estado español avalase dichos activos. He aquí que el erario público se convirtió en fiador de todas las entidades financieras y, en caso de que estas incurran en concurso o quiebra, deberá responder ante los acreedores. Ya ha surgido el primer caso. El hundimiento del Popular y su adquisición por el Santander han llevado a este último banco a reclamar a la Agencia Tributaria 1.500 millones de euros, correspondientes a los DTA que el Popular mantenía en el balance.

Resulta, por tanto, bastante obvio que desde una óptica de izquierdas la actuación frente a las entidades financieras es mucho más compleja que la de simplemente gravarlas con un nuevo impuesto o, tal como ha hecho Pedro Sánchez, salir corriendo, aprovechando una actuación aciaga de los tribunales, a dar una rueda de prensa para vanagloriarse de modificar la ley y hacer recaer sobre la banca el IAJD en la subscrición de las hipotecas. La norma que Sánchez ha reformado llevaba en vigor más de veinte años, aprobada, por cierto, por un gobierno socialista, y hasta ahora nadie había propuesto el cambio. Una reacción tan atropellada no puede por menos que calificarse de mero oportunismo político, de pura demagogia. La precipitación del Gobierno ha sido tan grande que no se dieron cuenta de que dejaban exentas a todas las cajas rurales y cooperativas, de modo que, tal como ya nos tienen acostumbrados, tuvieron que corregirse posteriormente.

Que la postura adoptada por el Gobierno obedece a un simple postureo y a ganas de engañar al personal aparece de forma palmaria al considerar que el cambio acometido en la norma resulta totalmente inútil. Ni el Gobierno ni la ley ni los tribunales pueden dictaminar quién va a soportar el impuesto en una transacción económica. Establecen tan solo quién es el sujeto pasivo, pero no sobre quién va a recaer el gravamen efectivo. Esta decisión surge del mercado, del juego de la oferta y la demanda. El resultado es el mismo sea quien sea (banca o cliente) el sujeto pasivo. Nos guste o no, vivimos en una economía de mercado y por lo tanto resulta imprescindible conocer sus leyes, de lo contrario podemos obtener un efecto contrario al que pretendíamos o decíamos pretender. Bien es verdad que ello importa poco, cuando el único objetivo es la propaganda política.

En una transacción económica, todos los gastos y los impuestos forman parte del precio real, y así son considerados tanto por el oferente como por el demandante. En su actuación en el mercado tanto la oferta como la demanda tendrán en cuenta quién paga el gravamen para ajustar el precio. De manera que, sea quien sea el sujeto pasivo, el desenlace final será el mismo, normalmente un reparto del impuesto entre oferentes y demandantes que no tiene por qué ser de la misma cuantía. Todo dependerá de la fuerza de cada una de las partes.

La suscripción de una hipoteca constituye una transacción económica, en la que los prestatarios ajustarán su demanda de acuerdo con el coste de la operación, pero incluyendo en él no solo el tipo de interés sino todos los gastos y los impuestos, si son ellos -como hasta ahora- los obligados a pagarlos. Por el contrario, si, tal como va a ser a partir de este momento, la entidad financiera se convierte en el sujeto pasivo, pocas dudas caben que todos los bancos acomodarán el tipo de interés de manera que su rentabilidad continúe siendo la misma. Es posible que, dada la polémica suscitada, para no dar una mala imagen, no lo hagan de manera inmediata, pero en muy poco tiempo, de forma generalizada y sin que apenas nos demos cuenta, se habrá producido el ajuste. De poco vale que la Comisión Nacional de la Competencia afirme que va a vigilar para que las entidades financieras no se pongan de acuerdo. No hará falta ningún pacto. El nuevo equilibrio surgirá de manera natural y por las propias leyes del mercado.

La cosa cambia cuando hablamos de retroactividad, puesto que en ese caso los prestatarios sí se pueden encontrar con un beneficio inesperado, extraordinario, en cierta forma podríamos hablar de un enriquecimiento injusto, ya que en su momento suscribieron el préstamo con unas condiciones estipuladas y fijadas de acuerdo con el hecho de que eran ellos los sujetos pasivos del impuesto, y no las entidades financieras. Si la situación hubiera sido la contraria, las condiciones también habrían sido distintas.

Todo enriquecimiento injusto conlleva el injusto empobrecimiento de alguna otra parte. Desde la exaltación populista se podría alegar que en este caso tiene poca importancia, ya que la otra parte es la banca. No corramos tanto. Si las entidades financieras sufren una importante pérdida extraordinaria, con toda probabilidad la repercutirán en los futuros clientes y serán estos los que acaben asumiendo el empobrecimiento. Pero es que, incluso, puede ocurrir que el coste de la devolución del impuesto no alcance, ni siquiera como intermediarias, a las entidades financieras, y sea asumido directa y definitivamente por el erario público. Desde luego, la reclamación de los prestatarios debería dirigirse a las haciendas autonómicas que son las que en primera instancia tendrían que hacer frente al reembolso y es muy dudoso que legalmente pudieran más tarde cargar el impuesto atrasado sobre la banca. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, basándose en el principio de confianza legítima con la Administración, rechaza un recurso de la hacienda del País Vasco, con el argumento de que empresas y particulares no deben hacer frente retroactivamente a tributos vencidos cuando se reclaman por un cambio de criterio de la Administración.

Es muy posible, por tanto, que el quebranto recayese sobre la Hacienda Pública y, en consecuencia, el perjuicio sobre todos los contribuyentes. Tal vez esto no tenga demasiada importancia para la vicepresidenta del Gobierno actual, que pensaba cuando era ministra de Zapatero que el dinero público no es de nadie, pero sí la tiene y mucha para todos aquellos que de verdad crean que la Hacienda Pública somos todos. Es por ello por lo que se entiende mal que los líderes de Podemos convoquen una manifestación para defender el enriquecimiento injusto de un colectivo con el consiguiente empobrecimiento también injusto de otros colectivos o de la totalidad de los ciudadanos.

También algunos jueces del Supremo se cubrieron de gloria. En primer lugar, la Sección Segunda de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, que en sentencia de 10 de 0ctubre, con cierta pedantería y autosuficiencia, declara nulo el art. 68.2 del Reglamento del ITPAJD que había sido aprobado en 1995 con Pedro Solbes en el Ministerio de Hacienda, y que establecía que el sujeto pasivo en los créditos hipotecarios era el prestatario. La sentencia contradecía así el criterio que hasta entonces y durante veinte años venía manteniendo el Tribunal Supremo, con argumentos tanto o más fundados que los que se exponían en la sentencia citada. Lo lógico hubiera sido que esta sección, antes de pronunciarse, hubiera consultado con el presidente de la Sala y con los miembros de la sala primera (de lo civil) del alto tribunal, que en el mes de marzo de este mismo año se habían manifestado en la línea tradicional y aceptada hasta entonces, y a la que venía a contradecir la nueva sentencia.

Tampoco estuvo muy fino el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo quien, pretendiendo arreglar el lío creado por la última sentencia, forzó a que esta quedase en suspenso y fuese revisada por el pleno de toda la sala, a efectos de uniformar la doctrina. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque dio lugar a toda clase de sospechas acerca de las presiones de la banca, hizo revisable una sentencia que no lo era y violentó el principio de juez natural que se identificaba con la sección segunda.

En fin, unos y otros dieron un espectáculo lamentable, precisamente en un momento en el que el Tribunal Supremo es objeto de una ofensiva interesada y deleznable con la intención de exhibir que España no es un Estado democrático y europeo, y que en él no se respetan los derechos humanos. No puede extrañar, por tanto, que desde el ámbito del independentismo se aprovechase la ocasión para salir en tropel con la pretensión de descalificar al Tribunal Supremo, y minar así su autoridad de cara al proceso contra los golpistas. Mucho menos explicable es aún que los líderes de Podemos asumiesen una tarea parecida, y no digamos que sea el presidente del Gobierno el que utilice el desliz del alto tribunal para desacreditarlo y menoscabar su objetividad y competencia. Ya no se trata de populismo y de demagogia, sino de hacer el juego a los golpistas, pagarles quizás sus servicios y sus favores.

republica.com 23-11-2018



UN ANTES Y UN DESPUÉS DE LA MOCIÓN DE CENSURA

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Sun, November 18, 2018 23:20:19

Entre las muchas supercherías y estulticias a las que nos tiene acostumbrados Carmen Calvo, ha surgido con propio esplendor su afirmación acerca de que el presidente del Gobierno no ha cambiado de opinión referente a no calificar de rebelión la actuación de los procesados por el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. Razón, que cuando mantuvo la opinión contraria no era presidente del Gobierno. Un perfecto acto fallido de tipo freudiano. Supongo que no quería decir lo que dijo, pero lo dijo.

Aparentemente la frase es una estupidez, pero en una segunda lectura tiene su sentido, porque en la realidad política española hay un antes y un después respecto de la moción de censura con la que Pedro Sánchez logró apoderarse del gobierno. Lo que hace a este suceso tan especial no es que lo haya conseguido tan solo con 85 diputados. Ello sería totalmente lícito tras alcanzar el apoyo de otros partidos, el problema se halla en que entre estas formaciones políticas, como pieza necesaria, se encuentran las que han protagonizado un golpe de Estado y se mantienen en él, sin dar ningún paso atrás. Sanchez se ha sentido muy ofendido porque Casado le ha reprochado ser partícipe del golpe de Estado. Al menos, lo es a titulo lucrativo. Es presidente del Gobierno gracias a los secesionistas.

El hecho de que sean golpistas los que han nombrado al presidente del Gobierno cambia todo y contagia todo. Toda actuación posterior del Ejecutivo está contaminada, y convierte en sospechosas todas sus acciones. No hay por qué extrañarse, por tanto, de los múltiples despropósitos y tropelías que desde entonces están sucediendo. El discurso y el comportamiento de Sánchez tienen su razón de ser a la luz de esta realidad. Es perfectamente explicable, que Pedro Sánchez mantuviese hace varios meses que el delito cometido por los secesionistas era de rebelión y defienda ahora todo lo contrario.

En realidad, estas últimas declaraciones corresponden a un proyecto perfectamente planificado y concertado con los separatistas, que se desarrolla por etapas y va destinado a conseguir la liberación de los procesados o, al menos, a minimizar la calificación de los delitos. Primero fueron las múltiples manifestaciones de algunos miembros del Gobierno mostrando sus preferencias por la libertad de los presos. Más tarde, fue la postura infame adoptada por el Ministerio de Justicia, en contra de los informes de la Abogacía del Estado, acerca de no dar asistencia jurídica al juez LLarena con el pretexto de que se trataba de declaraciones privadas, postura que no tuvo más remedio que rectificar por la contestación que suscitó entre jueces y fiscales.

Posteriormente, se lanzó al ruedo a Pascual Salas, ex presidente del Tribunal Supremo, siempre tan diligente en prestar buenos oficios al PSOE en todos los puestos de relevancia que viene ocupando interrumpidamente desde 1982 hasta 2013 (Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), gracias al manto protector del partido socialista. Lógicamente se ha avenido, sin poner ningún reparo, a negar la existencia de violencia en el golpe de Estado y, en consecuencia, la comisión del delito de rebelión por los procesados. En esta plaza invitaron a intervenir también a López Garrido, que se ha apresurado a repetir que en este caso no se podía aplicar el art. 472 del Código Penal y, para afianzar su postura, añade que a él se lo iban a decir, que había sido su redactor. Ahora se explica por qué este artículo da lugar a tantas dudas y a interpretaciones tan diversas.

Es en esta secuencia donde hace su aparición en el Congreso el Presidente del Gobierno para contradecir lo que había dicho hace algunos meses Pedro Sánchez y servir así de telonero a la acusación presentada por la Abogacía del Estado, que se desdice de la postura anteriormente adoptada y varía la calificación penal de rebelión a sedición. Se confirma una vez más que hay un antes y un después de la moción de censura. En esta ocasión el estiércol llega al Ministerio de Justicia y hasta a la Abogacía del Estado.

Por último, (pero solo por ahora, porque la procesión no ha terminado) se encuentra la salida apoteósica a lo Robin Hood de Pedro Sánchez en el tema del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre las hipotecas. En su estrategia de pinchar el proceso penal de los secesionistas, no pierde la menor ocasión de desacreditar y censurar al Tribunal Supremo, aunque hay que reconocer que en esta ocasión el Supremo le ha dado la excusa perfecta para hacerlo. Mucho habría que escribir acerca de la demagogia y el oportunismo mostrados por todos los partidos políticos y del grado de intoxicación pública que se ha generado. Quizás merezca analizarse en otro artículo.

Decía más arriba que la procesión no ha terminado. La ofensiva está solo comenzando. Es de suponer que el Gobierno deseaba que la Fiscalía también hubiese rectificado en este momento procesal, lo que le ha resultado imposible conseguir, ya que esta institución goza de más independencia que la Abogacía del Estado y el escándalo, de haberlo intentado, habría sido mucho más sonoro. No es disparatado pensar que lo procurará de nuevo al final de juicio.

En cualquier caso, la intromisión del Gobierno en la Abogacía ha sido tan burda y el escrito de acusación, tan deficiente que los abogados del Estado destinados en el Supremo se han negado a firmarlo. La Abogada General del Estado, para dar gusto al Ejecutivo, se ha visto en la obligación de avocarlo. Me imagino la irritación que se habrá apoderado de todo el colectivo.

La torpeza de este Gobierno se manifiesta, entre otras cosas, en que cuando pretende justificar sus actuaciones las empeora. Buen ejemplo de ello ha sido la intervención del Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento pretendiendo defender la intromisión del Gobierno en la Abogacía. Ha dejado al descubierto la concepción que los sanchistas tienen de la Administración como un cortijo a su servicio. Ábalos se extraña de la polémica creada. No hay lugar para la crítica porque, según él, lo normal es que el Gobierno use a los abogados del Estado. Según dice, él los usa en el ministerio. El traspié es considerable. Porque una cosa es que el Gobierno o un ministro puedan pedir un informe o un dictamen a la Abogacía del Estado y otra cosa muy distinta es que el Gobierno o el ministro le dicten el contenido del documento. No digo que no se haya hecho nunca, pero es diferente hacerlo que vanagloriarse de ello. Y desde luego tampoco es lo mismo un informe, o incluso un dictamen, que una acusación penal en un proceso de tanta importancia.

La rectificación adoptada por la Abogacía del Estado puede tener también un efecto perverso a largo plazo. En el caso de que el Tribunal Supremo termine condenando a los procesados por rebelión y estos decidan recurrir a Estrasburgo o al Tribunal de Justicia europeo, será la propia Abogacía del Estado la que tenga que defender ante estas instituciones la sentencia del Supremo. ¿Qué credibilidad podrá tener entonces si en España ha mantenido la postura contraria?

El Gobierno tiene esperanza de que el hecho de haber forzado a la Abogacía del Estado influya en el proceso, tanto más cuanto que confía lograr que más adelante la Fiscalía también realice el mismo giro. A pesar de ello, no descarta el hecho de que la sentencia pueda ser desfavorable, y por eso mantiene dos bazas de cara a contentar a sus socios golpistas. La primera, el indulto. Pedro Sánchez se ha negado a contestar todas las veces en las que en sede parlamentaria se le ha preguntado si descartaba indultar a los procesados por el golpe de Estado. Además, mantiene bloqueada en el Congreso la ley del indulto, en cuya aprobación tendría que pronunciarse acerca de si está de acuerdo en eliminar la posibilidad de indulto para los delitos de rebelión y sedición. El mismo hecho de que la calificación de la Abogacía del Estado haya cambiado puede ayudar a que el indulto sea más asimilable para la opinión pública.

En segundo lugar, está la baza de los tribunales internacionales. He ahí una razón más para que el Gobierno esté sembrando dudas acerca de la postura que mantiene el Tribunal Supremo, incluso aliándose con aquellos que pretenden minar su prestigio. Es evidente que las razones de los magistrados españoles quedan deterioradas si es el propio Gobierno de España el que discrepa y las critica. Algunos de los miembros que hoy componen el Consejo de Ministros se quejaban hace tiempo de que el Gobierno anterior no había sabido combatir el relato de los secesionistas en los foros internacionales. Es posible. Pero resulta difícil creer que la situación no haya empeorado cuando es el propio Gobierno el que acepta parte de su discurso y pretende situarse una vez más en una tercera vía.

Dadas las manifestaciones airadas de los golpistas, se podría pensar que las cesiones que está realizando el Gobierno no son suficientes. Torra ha acusado a Sánchez de ser cómplice de la represión que, según él, sufre el independentismo catalán y, de manera altisonante, rayando casi en el exabrupto, afirma: “Nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos". Es curiosa la tendencia que tienen los secesionistas en identificarse con todo el pueblo de Cataluña. Para ellos, todos aquellos que no son independentistas no son catalanes. Pero, al margen de ello, se tiene la impresión que todos esos bramidos tienen mucho de teatro, de actuación de cara a la galería, para el consumo interno de su clientela.

Todo indica que hay mucho más acuerdo y avenencia de lo que unos y otros dejan entrever. De ahí que no se rompan las comisiones bilaterales, en las que claramente la Generalitat está obteniendo pingües beneficios y privilegios, y que el presidente del Gobierno mantenga la idea de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona y esté dispuesto a entrevistarse con Torra en la Generalitat, lo que constituye un agravio manifiesto para todas las otras Comunidades y un reconocimiento de la negociación de poder a poder que tanto han ansiado siempre los independentistas.

Los golpistas saben que su única baza hoy por hoy es Pedro Sánchez. No tienen otra alternativa. No en vano era el ahora presidente de la Generalitat, el que dos años antes, en aquella noche de los cuchillos largos, cuando tan solo era un activista, gritaba como un energúmeno más, a las puertas de Ferraz, defendiendo a Pedro Sánchez frente al Comité Federal del PSOE que exigía su dimisión. Es un hecho que parece haberse olvidado, pero que es sumamente significativo. El independentismo mas xenófobo y radical lo ha tenido siempre claro, vociferen lo que vociferen, no duda de que su única salida es Pedro Sánchez. No sé si al final los partidos secesionistas aprobarán los presupuestos de 2019, pero, de no hacerlo, no me cabe duda de que prestarán su apoyo al Gobierno para que se mantenga mediante decretos leyes.

Pedro Sánchez, desde el mismo momento en que decidió aceptar el apoyo de los golpistas para su investidura, era consciente de que se desposaba con ellos para el resto de la legislatura. Después de haberse negado desde la oposición a cualquier negociación con el Gobierno, no podía esperar nada ni del PP ni de Ciudadanos. No dejan de sorprender las palabras de la ministra de Economía acerca de que le resulta difícil de entender que haya partidos que ni siquiera quieran sentarse a discutir los presupuestos. Debe de ser que su estancia en Bruselas la ha desconectado de la política española y del comportamiento en la oposición del su ahora jefe. Para astronautas, ya tenemos al de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pedro Sánchez sabe que solo tiene dos alternativas, o convocar elecciones o aparearse con los golpistas, y no está dispuesto de ninguna forma a disolver las Cortes. “Si Dios no existe, todo está permitido”, frase con la que el Iván Karamazov de Dostoievski pasó a la posteridad. No sé si era ese mismo objetivo el que conducía hace poco a un ministro de Sánchez a pronunciar una expresión en cierto sentido contrapuesta: “En política, no todo está permitido”. Pues bien, Pedro Sánchez no parece estar de acuerdo con su ministro. Él debe de pensar que, en política, con Dios y sin Dios, todo está permitido.

republica.com 16-11-2018

CIUDADANOS Y EL IMPUESTO DE SUCESIONES

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, November 12, 2018 09:48:42

La actualidad política se asemeja a un carrusel, lo que hoy se da por seguro, mañana se desvanece en las sombras. Los anuncios duran un día, como mucho una semana, antes de ser desmentidos. Esta suerte de maleabilidad general se materializa también en el tema fiscal. En el fondo, nadie sabe qué modificaciones impositivas van a regir para el próximo año. En este tiovivo tributario, hace poco más de una semana que Ciudadanos presentó una proposición de ley para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en todo el territorio español. Lo cierto es que la discusión de la iniciativa solo ha durado dos sesiones porque su admisión ha sido rechazada por la totalidad de los grupos parlamentarios, excepto el del PP, lo que no deja de ser grotesco especialmente en lo referente al PNV, que hace tiempo eliminó el tributo casi en su totalidad en los territorios forales. Pero también lo es en relación al resto de partidos, ya que la mayoría de ellos han colaborado a que el gravamen en buena medida haya desaparecido en la mayor parte de las Comunidades Autónomas.

Ciudadanos tiene razón al denunciar la situación caótica en la que se encuentra este tributo, consecuencia de que, contra toda lógica, aparece, junto con el impuesto de patrimonio, entre los primeros tributos que se cedieron a las Autonomías. Se les otorgó además la capacidad normativa, sin más limitación que los principios de coordinación con la Hacienda Estatal previstos en el art.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Se ha generado, por tanto, una legislación dispersa y heterogénea, en muchos casos deficiente técnicamente, con la consiguiente desigualdad y falta de equidad, que lleva a que los contribuyentes soporten distintas cargas en función del territorio en el que residen.

Las Comunidades Autónomas han utilizado dicha capacidad normativa para disminuir la carga fiscal, rara vez para elevarla, produciéndose una carrera competitiva para ver cuál de ellas reducirá más el gravamen. De esta forma, no solo se crean enormes desigualdades en función de dónde se produzca la defunción, sino que progresivamente va desapareciendo el tributo. Este proceso competitivo termina privando de la capacidad de decisión a las propias Autonomías, ya que se ven obligadas a eliminar, o al menos a rebajar, el impuesto para no quedar en una situación de indefensión frente al vecino. Los únicos que salen ganando son el capital y las grandes fortunas, que se verán exentos de tributación. En realidad, es el mismo proceso que, ante la carencia de armonización fiscal, se está desarrollando en la Unión Europea con la libre circulación de capitales. Pero si esta situación es grave entre países, cuánto más no lo será entre regiones, dado que en ellas es mucho más fácil la movilidad de empresas y de contribuyentes.

Ciudadanos tiene razón en criticar el caos actual y las desigualdades que se han generado por la multiplicidad normativa derivada del fraccionamiento del impuesto por Autonomías. Pero la solución no puede provenir de eliminarlo, ya que constituye una pieza esencial en la progresividad de todo sistema fiscal. Ciudadanos se ha unido a la ofensiva creada por el neoliberalismo económico en contra de este gravamen, repite la serie de tópicos que han utilizado en su discurso los adversarios de este impuesto: que es confiscatorio, que grava únicamente a las clases medias, que genera doble imposición, que penaliza el ahorro, etc.

La ofensiva tiene su coherencia ya que esta figura tributaria posee una elevada potencialidad redistributiva. La herencia representa una de las mayores fuentes de desigualdad. Constituye una injusticia, porque no parece equitativo que sea el nacimiento el que otorgue a algunos todas las oportunidades mientras que a otros les cierre todas las puertas. Alguien tan poco sospechoso como Alexis de Tocqueville señalaba la importancia que las leyes sobre la herencia tienen a la hora de hacer una sociedad más igualitaria y justa. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones impide, o al menos obstaculiza, la acumulación progresiva de las riquezas en unas pocas manos. Si no se cumplieron todas las previsiones de Marx acerca de la acumulación capitalista fue porque el capitalismo supo reaccionar a tiempo e introducir en su sistema correcciones importantes como la que supone una imposición progresiva.

En contra de lo que afirma Ciudadanos, este tributo no penaliza el ahorro. Grava la capacidad económica del heredero y no la del causante o transmitente. Es un impuesto directo, personal y subjetivo que incide sobre el incremento patrimonial obtenido por un contribuyente a causa de la aceptación de una herencia o de una donación. La herencia, al igual que las donaciones, representa un incremento en la renta de carácter gratuito y extraordinario, obtenido sin ningún esfuerzo, por lo que parece coherente y justa su imposición. Tan es así que un sector doctrinal (por ejemplo, Musgrave) ha señalado la conveniencia de considerar los recursos obtenidos por herencia o por donación como un incremento patrimonial más y, en consecuencia, de someterlo a gravamen en el impuesto sobre la renta. Tal tratamiento sería más riguroso con el contribuyente que el de instrumentar un tributo independiente.

Dado el carácter extraordinario que tienen la herencia o la donación en contraposición a otros ingresos de la renta que tienen normalmente un carácter periódico, parece más lógico eximirlas en el IRPF y gravarlas con un impuesto específico. En cualquier caso, lo que no se puede poner en duda es la oportunidad de someter a tributación este incremento de renta que se genera, además, sin riesgo. Pero por eso mismo, al ser un incremento de renta gratuito, malamente se puede afirmar que tiene un carácter confiscatorio.

Por otra parte, la mayoría de las veces es conveniente gravar el ahorro o, mejor dicho, a los que tienen capacidad de ahorrar. No hay ninguna garantía de que el ahorro se convierta en inversión y empleo. Y menos, dada la libre circulación de capitales, de que se invierta dentro de España. A menudo, para estimular el crecimiento es preferible incentivar el consumo, puesto que el motivo más importante para que los empresarios inviertan es la existencia de demanda, mercados en los que poder vender sus productos.

Los que, como Ciudadanos, tachan de injusto este impuesto acuden a una teoría en boga, la de la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya por el IRPF. Algunos han encontrado la piedra filosofal, siempre que quieren arremeter contra un gravamen se escudan en la doble imposición. Y es que, dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha, solo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los impuestos especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el Impuesto sobre la Renta? En el impuesto de transmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados, que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos. Además, en este caso resulta disparatado defender la doble imposición cuando se trata de dos contribuyentes distintos. El impuesto de sucesiones no recae sobre el causante o el transmitente, sino sobre el heredero.

Menos consistencia tiene aún apoyarse en que en las herencias debe pagarse también la plusvalía municipal, puesto que este impuesto local grava cualquier transmisión de un bien inmueble, sea esta onerosa o gratuita, siempre que se haya incrementado su valor. Por el contrario, las adquisiciones mortis causa están exentas de la plusvalía estatal (lo que se llama plusvalía del muerto), teniendo un tratamiento beneficioso respecto a otro tipo de adquisiciones.

Ciudadanos acude a un tópico constantemente utilizado por los detractores de cualquier tributo progresivo. Solo recae, dicen, sobre las clases medias, porque los muy ricos lo eluden con distintas artimañas. Pero si es así, lo que debe hacerse no es eliminarlo, sino tomar las medidas legislativas precisas para que no resulte posible evadirlo. A menudo, son los mismos los que proponen la eliminación de este impuesto y de otros progresivos que los que reclaman y permiten mecanismos y agujeros legales que propician la elusión.

A pesar de todo, tenemos que reconocer que los ricos terminan pagando una cantidad importante a causa del impuesto de sucesiones, siempre que esté vigente. A título de ejemplo, podemos considerar que Emilio Botín Sáenz de Sautuola García de los Ríos tuvo que pagar a la Hacienda Pública (concretamente a la cántabra, por sentencia del Supremo) 10.842 millones de las antiguas pesetas en concepto de impuesto de sucesiones correspondiente a la herencia de su padre, Emilio Botín Sáenz de Sautuola López, fallecido en 1993. Es posible que existiese ocultación y se eludiese parte de la obligación tributaria, pero en ese año 1993 la cantidad pagada era sin duda respetable y, de cara a la progresividad del sistema fiscal y a la justa redistribución de la renta, mucho mejor que si no se hubiese ingresado nada en el erario público porque no existiese el impuesto; o una cantidad mucho menor, como ocurrió con la herencia de Emilio Botín hijo, fallecido en 2014, al ser abonado el impuesto en Madrid y estar exento en un 99%. El interés de que desaparezca este gravamen no se encuentra precisamente en la clase media, sino en los que tienen que abonar millones de euros.

Por otra parte, sería muy conveniente que nos pusiésemos de acuerdo en qué entendemos por clase media. Muchos de los que creen pertenecer a ella y se quejan de la enorme carga fiscal que soportan, se encuentran en el 10%, cuando no en el 5%, de mayor renta. Según los últimos datos del INE, en 2016 los ingresos medios por persona en España han sido de 10.708; y por familia, de 26.730 euros anuales. No creo que las familias con estos ingresos paguen mucho en el impuesto de sucesiones.

No obstante, Ciudadanos puede atinar cuando señala algunos defectos que quizás presente la legislación en vigor, tales como el sistema de valoración de los inmuebles o que el periodo de liquidación del impuesto no sea suficiente cuando se trata de bienes que carecen de liquidez y se necesita realizar parte de ellos para hacer frente al tributo, o en la cantidad en que se sitúa el límite exento dependiendo del grado de parentesco, y algunos temas más. Todo ello se puede discutir y corregir, pero ello en ningún caso nos autoriza a decretar la muerte del impuesto o a dejarlo convertido en una figura inútil por su escasa cuantía.

La respuesta dada por el resto de los partidos es también criticable, porque podían haber aprovechado la ocasión no para eliminar el impuesto sino para homogeneizarlo, corregirlo, potenciarlo y devolverle la dimensión que debe tener en el sistema fiscal y que nunca se debía haber abandonado. Especialmente, no puede resultar creíble la pretendida voluntad de Podemos y del PSOE de acometer una verdadera reforma fiscal cuando ante uno de los impuestos más progresivos se adopta la postura del avestruz y se prefiere no plantearse siquiera el problema. Cuando el presidente del gobierno se queja de que las Comunidades Autónomas no tienen recursos para atender los servicios sociales que tienen encomendados podía orientar la vista hacia esta figura tributaria.

Unos y otros deberían considerar que este gravamen, a diferencia del Impuesto sobre el Patrimonio, tiene una larga tradición en nuestro país. Se remonta a finales del siglo XVIII y constituye una figura clásica en la mayoría de los países democráticos, como un importante instrumento para la redistribución de la renta. Concretamente, en todos los países de la Europa de los 15 se grava la transmisión gratuita de riqueza con un impuesto especial, excepto en Suecia e Italia que lo derogaron en 2001 y Portugal que lo hizo en 2004. En cuanto a los países de la Europa del Este incorporados recientemente a la Unión Europea, solo la mitad de ellos mantiene vigente un impuesto de esta naturaleza. La explicación en este último caso es sencilla y se encuentra en el sistema económico por el que se han regido hasta la caída del comunismo y que en cierta forma hacía innecesario un gravamen de este tipo.


republica.com 9-11-2018



LA TRAMPA DE LA DIVERSIDAD INTERPELA A BUENA PARTE DE LA IZQUIERDA

ECONOMÍA DEL BIENESTARPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, November 06, 2018 18:59:29


Entre los muchos libros que se han publicado en lo que va de año, me ha llamado la atención uno que lleva por título “La trampa de la diversidad”. El reclamo no ha sido tanto el libro en sí mismo, como la furibunda reacción que su edición ha originado en una parte de la izquierda, siendo así que, paradójicamente, está escrito desde la izquierda. El libro se ha convertido en un revulsivo para determinados grupos progresistas, lo que hace sospechar que tal vez haya hecho diana. Buen ejemplo lo constituye la reacción del joven coordinador general de IU, quien se ha tomado la molestia de hacer una crítica en “eldiario.es” de nada menos que de 19 páginas. Si se descuida, casi tantas como las del propio libro. La crítica es en extremo premiosa, diría que hasta alambicada y enmarañada, empeñada en requerir para cada aseveración que en el libro se hace tales comprobaciones, análisis y pruebas que, para dar cumplimiento a estas exigencias, el autor del libro, Daniel Bernabé, tendría que haber escrito una enciclopedia de varios tomos y no un ensayo político.

Al margen de disquisiciones teóricas, disquisiciones que me atrevo a decir que no están claras ni para el propio Garzón (tengo comprobado que cuando no se habla ni se escribe con claridad es que tampoco se tiene claro lo que se quiere transmitir), hay que preguntarse qué es lo que indigna tanto al coordinador de IU. Al leer cualquier libro resulta difícil estar de acuerdo con todas sus afirmaciones, pero no por ello hay que reaccionar con agresividad y virulencia, a no ser que uno se sienta aludido personalmente. Ciertamente, estoy lejos de suscribir todas las tesis del ensayo, pero resaltaría ciertas ideas que me parecen acertadas y que tienen el mérito de interpelar a la izquierda desde la propia izquierda.

Pocas dudas hay, aunque parece que algunos lo cuestionan, de que a principios de los ochenta se produce una inversión profunda del pensamiento político en el mundo occidental. En los años cincuenta, sesenta e incluso setenta la ideología socialdemócrata fue ganando terreno hasta hacerse dominante en la concepción del Estado y de la política en los países desarrollados occidentales. Este pensamiento contagia incluso a los partidos conservadores, que asumen muchos de sus principios y termina informando las constituciones de todos los países. En todas ellas se establece el Estado social frente al Estado liberal. Incluso España, que sale de una dictadura, copia en su Constitución el espíritu y la letra de los Estados vecinos de Europa.

En 1980, sin embargo, coincidiendo con los gobiernos de Reagan y Thatcher, comienza un proceso inverso. Aprovechando las dos crisis del petróleo de la década de los setenta, se declaró sin razón alguna la muerte de Keynes. Poco a poco se va imponiendo la globalización en la economía, con lo que los mercados y muchas empresas se hacen transnacionales, mientras que el poder político se mantiene encerrado en el estrecho campo del Estado-nación. Comienza a desmoronarse así la columna en la que se asentaba el Estado social, la subordinación de las fuerzas económicas al poder político democrático. Lo más grave de esta situación es que los partidos de izquierdas asumen la globalización y lo hacen no como una decisión política libremente adoptada por cada uno de los Estados, sino como un hecho social y económico obligatorio e imposible de eludir.

A su vez, la Unión Europea que se había mantenido durante bastantes años sin apenas modificaciones, emprende en los años ochenta una carrera en orden a la integración, pero siempre en la misma dirección, la del neoliberalismo económico, la de encarnar la globalización en sus estructuras. El último paso de este proceso ha sido la Unión Monetaria en la que al renunciar los Estados a la moneda propia renuncian al mismo tiempo a la capacidad de control sobre la encomia entregándosela a los mercados o a instituciones políticamente irresponsables y carentes de configuración democrática, tales como el Banco Central Europeo. La izquierda europea no parece haber sido consciente de que al dar la aquiescencia a la moneda única se echaba en manos del neoliberalismo económico y cerraba casi cualquier posibilidad de instrumentar en el futuro una política economía de izquierdas.

Esta evolución de la realidad económica y política en las últimas seis décadas resulta bastante evidente, al menos para los que tenemos ya una cierta edad y hemos sido testigos presenciales de ella. No necesitamos ni fuentes empíricas ni encuestas ni examen de los resultados electorales que parecen necesitar las nuevas generaciones de la izquierda, tal como reclama Garzón en su artículo. Basta por ejemplo comprobar cómo han evolucionado los sistemas fiscales (incluso en España) y las normas laborales de los distintos países, o ver los discursos y el pensamiento de los principales mandatarios de la izquierda: Tony Blair, Schröder, Felipe González o, últimamente en España, Zapatero y Sánchez.

En contra de lo que algunos parecen defender, no se precisa hacer una tesis doctoral acerca de si se denomina neoliberalismo económico, clase dominante, oligarquía financiera, etc., para aceptar que a partir de principios de los ochenta, una serie de grupos sociales, económicos y políticos, sea cual sea su denominación, se rebelan contra el Estado social pensando que se ha ido demasiado lejos en la política redistributiva. Alguien lo ha llamado “rebelión de los ricos”. No en vano el primer detonante se produce con las reformas fiscales de Reagan y Thatcher. No creo demasiado en las teorías conspiratorias, pero cuando la finalidad es común resulta lógico pensar que los grupos confluyan de forma natural (sin ser necesario que se pongan explícitamente de acuerdo) en establecer una estrategia para conseguir por todos los medios posibles el logro de sus objetivos, entre ellos el de fragmentar las clases sociales y las posiciones ideológicas contrarias a sus intereses.

El subtítulo del libro de Daniel Bernabé reza así: “Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora”. Con la palabra diversidad Bernabé se refiere a todas esas políticas y reivindicaciones transversales que afectan a determinados grupos sociales definidos por criterios diferentes de la situación económica de sus componentes: matrimonio homosexual, lenguaje inclusivo, igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres, derechos de los animales, memoria histórica, educación para la ciudadanía, defensa del medio ambiente y un largo etcétera. Nada negativo encuentra Bernabé en todas estas reivindicaciones, ni en los grupos que las defienden, siempre que no compitan y suplanten la lucha más global e integral entre clases sociales, es decir aquella que se produce frente a una oligarquía que quiere imponer sus intereses y su modelo económico, en detrimento de la mayoría social menos afortunada.

Del libro de Bernabé parece deducirse algo más, y es que esa minoría a la que se denomina neoliberalismo propicia esas reivindicaciones más particulares y la diversidad en los planteamientos que de ellas se derivan para romper la unidad de las clases bajas y desviar así la atención de las exigencias más generales y universales. No sé hasta qué punto es siempre así. Desde luego en España existe un caso en el que se cumple este aserto de forma clara. El nacionalismo y el regionalismo dividen a la izquierda y la apartan de su finalidad principal y de sus aspiraciones más genuinas. La España plural colabora muy eficazmente a los intereses del neoliberalismo y de la clase dominante.

El 15-M desapareció de Cataluña en cuanto hizo su aparición el soberanismo, y las reivindicaciones sociales y laborales se transformaron en exigencias independentistas. Esa fue la habilidad de Artur Más. Cuando, como consecuencia de los ajustes de los que era cómplice, la contestación y la crítica se dirigieron hacia él, hasta el extremo de que se vio forzado a entrar en helicóptero en el Parlament, supo quitarse de en medio y hacer únicos responsables a los extremeños, andaluces, castellanos, aragoneses, gallegos, etc., que, según los nacionalistas, se estaban aprovechando de los catalanes.

Lo más grave es que la desorientación que afecta a la izquierda catalana se ha contagiado a buena parte de la izquierda del resto de España, que de forma inexplicable ha asumido los argumentos y la causa de los secesionistas. El absurdo ha llegado a tal extremo que el Parlamento español se encuentra dividido en dos mitades casi iguales, pero la mayoritaria, donde se sitúa la izquierda, está sometida al dictado de los golpistas.

Bernabé nos advierte acerca del peligro de que lo que en su libro llama diversidad sirva de coartada y pretexto para que determinados gobiernos que implementan políticas de derechas puedan presentarse a sus electores como representantes de la izquierda. La política económica de Zapatero, bajo la batuta de Solbes y Salgado, fue pura continuación -cuando no superación- de los errores de Aznar, y entre ambos generaron las condiciones para la recesión en la que se vio sometida posteriormente la economía española. Su política fiscal estuvo entre las más reaccionarias que han existido, eliminando el impuesto de patrimonio, reduciendo el IRPF y modificando el impuesto de sociedades hasta el extremo de que el tipo efectivo de las grandes empresas llegó a no superar el 3%, y eso sin hablar de las medidas que acometió al final de su mandato cuando entró en pánico ante la crisis. Sin embargo, se ha pretendido considerar a sus gobiernos de izquierdas por el hecho de mantener la paridad de género en su composición, aprobar el matrimonio gay o crear un ministerio de la igualdad.

Sánchez se mantiene en la misma senda de Zapatero. Es más, intenta superarlo introduciendo más mujeres que hombres en su Ejecutivo. Y pretende que su gobierno pase por izquierdista por exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque después no sepa qué hacer con ellos. Bernabé se refiere explícitamente a este tema: “Yo soy nieto de un represaliado republicano, que fue trabajador esclavo durante la dictadura. Con esto quiero decir que la Memoria Histórica es algo que me toca de manera personal, pero entiendo que eso no puede utilizarse para esconder otras cosas. No me parece inocente que el Gobierno de Pedro Sánchez se centre en El Valle de los Caídos al mismo tiempo que evita derogar la reforma laboral. Si el PSOE quisiera, tardaría una mañana en publicar la lista de amnistiados fiscales, pero no está dispuesto a meterse en conflictos económicos con las élites”. No deja de ser curioso que los que hemos sufrido a Franco casi ya nos hemos olvidado de él. Y que sean los que no lo han conocido los que se empeñan en utilizarlo como un comodín, especialmente los golpistas, para acreditar su pedigrí democrático y de izquierdas.

Tanto Zapatero como Sánchez han creado el Ministerio de Igualdad, pero resulta significativo que su cometido no sea enfrentarse a la desigualdad con mayúscula, la que se produce entre las distintas capas sociales, la que describe en su libro Thomas Piketty, sino tan solo la que se supone que hay entre mujeres y hombres. Es también revelador que cuando la vicepresidenta del Gobierno, en un gesto de audacia, anuncia que van a regular la composición de los consejos de administración de las empresas privadas se refiere tan solo a la proporción que se debe dar entre mujeres y hombres, pero por supuesto ni se le ocurre hablar de la presencia entre sus miembros de representantes de los trabajadores, sean hombres o mujeres, lo que antes se llamaba cogestión.

Nada que objetar a la batalla del feminismo, siempre que no se caiga en el ridículo de querer cambiar la Constitución para adaptarla a lo que llaman lenguaje inclusivo, o emplear la expresión ininteligible de “los derechos de los niños y las derechas de las niñas”, pero sobre todo que no se pretenda con ella blanquear la incapacidad e impotencia que una parte de la izquierda tiene después de asumir la globalización y la Unión Monetaria para separarse de las políticas de derechas.

Es posible que los llamados impuestos ecológicos generen efectos beneficiosos de cara al medio ambiente, pero suelen tener un carácter regresivo desde el punto de vista de la equidad fiscal, ya que todos ellos tienen la condición de indirectos; y, además, en la mayoría de los casos inciden más en las clases modestas que en las adineradas, que pueden eludirlo de forma más sencilla. Es lo que ocurre con el gravamen al gasóleo que proyecta el actual Gobierno. Y también sucede lo mismo en lo referente a las penalizaciones establecidas por el Ayuntamiento de Madrid de cara a la movilidad y a las restricciones por contaminación. No toda medida a favor de la lucha contra el cambio climático puede ser aceptable sin más para la izquierda, sin tener en cuenta otras consideraciones.

El libro de Bernabé “La trampa de la diversidad” reta a buena parte de los partidos socialdemócratas, y de otras formaciones más a la izquierda, que han asumido la globalización y la moneda única y que se ven por tanto impotentes para implementar o incluso defender una auténtica política de izquierdas. Sienten la tentación de agarrarse a determinadas batallas, que serán perfectamente lícitas y justas, pero que no pueden ni deben sustituir la lucha por la desigualdad social y económica. Interpela, en definitiva, a aquellos que afirman que el euro no es ningún problema y que el problema está en la monarquía.

republica.com 2-11-2018

UNA LEGISLATURA FALLIDA

PARTIDOS POLITICOSPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Sun, October 28, 2018 22:55:10

Mi buen amigo Luis Velasco, a finales del pasado mes de septiembre, escribía un artículo en este diario digital con el título "Elecciones generales, ya, por favor". Se unía así a las muchas voces, y a gran parte de la opinión pública, que vienen reclamando la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios. Sin duda, tienen buenas razones para ello, pero no siempre lo político se encamina por la senda de lo razonable, como demuestra el hecho de que se haya querido gobernar con 84 diputados y con el apoyo de un conglomerado tan heterogéneo de partidos que resulta imposible cualquier acuerdo, tanto más cuanto que entre ellos se encuentran formaciones secesionistas cuyo único objetivo, por lo menos es lo que dicen, es la independencia.

Me temo que esta sea una de esas ocasiones en las que lo razonable escapa de lo político y que, por lo menos de manera inmediata, no habrá convocatoria de elecciones. Todo indica que Pedro Sánchez está dispuesto a enrocarse en la Moncloa. Ya lo dice la portavoz con tono solemne: "Este Gobierno es de granito engrasado". Por lo visto, el engrasado debe de ser más duro que el granito a secas. Será por eso que le resbale todo. En cualquier caso, lo que sí parece seguro es que, dure lo que dure, esta es una legislatura fallida. En realidad, lo deberíamos de haber intuido desde el principio, desde el mismo momento en que Pedro Sánchez se encastilló en lo del "no es no".

Éramos muchos los que veíamos con gran recelo el bipartidismo que, junto con la injusta ley electoral en vigor, nos condenaba o bien a la mayoría absoluta de un partido, estableciéndose un gobierno un tanto despótico, o bien a que una formación nacionalista prestase sus votos y cobrase el correspondiente peaje que, además de romper la equidad con otras Autonomías, producía los efectos desastrosos que en estos últimos años estamos presenciando. Así que saludamos con cierto optimismo el hecho de que la crisis económica dibujase un nuevo mapa electoral. Pensábamos que era el momento de la negociación, de los acuerdos y del consenso.

Hay que reconocer que Rajoy supo ver desde el primer día la nueva situación política creada y, habiendo sido el partido más votado, estuvo presto al consenso, ofreciendo la negociación y el diálogo por lo menos a los dos partidos que él consideraba constitucionalistas, sin cerrar ninguna forma de acuerdo, desde la coalición de partidos, hasta los compromisos puntuales, pasando por el pacto de legislatura. La proposición tenía sentido, ya que los dos problemas centrales con los que se enfrentaba España eran el problema catalán, ante el que se suponía que las posturas de las tres fuerzas eran convergentes, y la crisis económica, en la que, campañas publicitarias y electorales aparte, tampoco podía haber diferencias sustanciales, ya que los tres defendían la Unión Monetaria y por ende los condicionantes que esta imponía.

El PSOE, como partido que se postula de izquierdas, podría haber aprovechado el escaso margen que dejaba la carencia de moneda propia, para haber obtenido los beneficios sociales y las medidas progresistas posibles a lo largo de toda la legislatura, cualquiera que hubiese sido el tipo de acuerdo adoptado. Sin embargo, lo cierto es que el escenario cambió radicalmente con la tajante negativa de Pedro Sánchez a sentarse en cualquier mesa de negociación, lo que no puede por menos que resultar paradójico a estas alturas cuando se ha convertido en el campeón del diálogo con los independentistas.

No es demasiado arriesgado suponer que en aquellas circunstancias Rajoy hubiese adoptado una gran flexibilidad en la negociación. Es posible que estuviese dispuesto a conceder casi todo. Sin embargo, en cualquier alianza, había algo que no podía ceder el partido mayoritario, la presidencia del Gobierno, y paradójicamente era lo único que interesaba a Pedro Sánchez. Por eso, a pesar de la sorpresa colectiva -me atrevería a decir que incluso en buena parte de su propio partido-, se negó a sentarse en cualquier mesa de negociación con el PP. “No es no”. Ahí comenzó y terminó la legislatura.

Pedro Sánchez, en su megalomanía, se hizo otros planes, los de ser él el presidente de gobierno, a pesar de haber obtenido los peores resultados en la historia reciente de su partido y de contar con bastantes menos diputados que el PP. Es conocido cómo acarició la idea de establecer un acuerdo con Ciudadanos y Podemos, lo que resultaba bastante difícil. No hay duda de que Pedro Sánchez podía pactar por separado con ambas formaciones y que podía hacerse totalmente dúctil en materia ideológica para decirle a cada uno lo que quería oír, pero la mezcla resultaba inviable. Ciudadanos y Podemos eran como el aceite y el agua.

Teniendo en cuenta que el Comité Federal de su partido no veía con buenos ojos el pacto con Podemos, Sánchez ideó la táctica de negociar primero con Ciudadanos, creyendo que Podemos estaría obligado a votarle sin condiciones, con el argumento de que, de no hacerlo, se les podía acusar de preferir a Rajoy como presidente del Gobierno. No fue así, Pablo Iglesias consideraba que la diferencia en escaños entre el PSOE y Podemos era muy reducida y que, por lo tanto, se merecían una alianza en toda regla, un gobierno de coalición; por otra parte, pensaban que en unas nuevas elecciones podía darse el sorpasso y, sobre todo, de cara a un pacto de investidura, no querían ser compañeros de viaje de Ciudadanos, sino de los nacionalistas, como lo han conseguido dos años después. Bien es cierto que este amor por los golpistas es algo que un partido teóricamente de izquierdas como Podemos difícilmente puede explicar, sobre todo cuando uno de los dos partidos del independentismo (la antigua Convergencia, ahora llamada PDeCAT) no tiene que envidiar en nada al PP ni en conservadurismo ni en corrupción.

La historia es de sobra conocida: nuevas elecciones con peores resultados del PSOE, intento de Pedro Sánchez de prescindir del Comité Federal de su partido, investidura in extremis y en precario de Rajoy como presidente de gobierno con tan solo 135 diputados y sin que la izquierda pudiera obtener casi nada a cambio dada la premura del tiempo. Posteriormente, las primarias en el PSOE en las que triunfó la demagogia de Pedro Sánchez que supo explotar con el “no es no” el odio y el sectarismo originados durante 30 años de bipartidismo en las relaciones entre las dos formaciones mayoritarias. Es curioso que los mismos militantes de toda España que repudiaban cualquier negociación con el PP se encuentren ahora tan cómodos dialogando con partidos golpistas, supremacistas, fascistas y responsables del 3%.

Las primarias consolidaron el caudillismo de Pedro Sánchez, destruyendo todo posible equilibrio de poder en el PSOE. Después de haber sido coronado por las bases, nadie tiene fuerza dentro del partido para oponerse a sus planes, por muy descabellados que sean. Se cerró así toda posibilidad de consenso y acuerdo con el Gobierno y Sanchez volvió a coquetear, aunque pareciese incoherente y poco ética, con la posibilidad de constituir lo que desde su propio partido habían denominado gobierno Frankenstein, y que en la legislatura pasada no había podido lograr.

Ante el cerco del PSOE, Rajoy, con 135 diputados y con un apoyo vacilante de Ciudadanos, que tampoco era suficiente para alcanzar la mayoría necesaria, apenas pudo gobernar. Para aprobar dos años los presupuestos, se vio obligado a acercarse puntualmente al PNV, que cobró sus servicios a muy buen precio. Se retornaba así a lo de siempre, a que la llave estuviese en manos de los nacionalistas. En esta ocasión, sin embargo, con una diferencia, tan solo los vascos entraban en el posible pacto, puesto que era impensable llegar a un acuerdo con los catalanes, declarados ya en franca rebeldía. Todo el mundo lo consideraba insólito, una contradicción en sus propios términos. Todo el mundo menos Sánchez, quien no tuvo ningún reparo en apoyarse en ellos para llegar al gobierno.

Lo concedido por el Gobierno de Rajoy al PNV y a Ciudadanos indica bastante bien las conquistas sociales y las medidas progresistas que el PSOE a lo largo de estos cuatro años podría haber conseguido mediante el pacto y la negociación. De haberse planteado la legislatura de otra manera, habrían sido mucho más elevadas y numerosas que las ahora presentadas con toda solemnidad y boato con Podemos, y que resulta tan improbable que puedan aplicarse, y en todo caso su aprobación quedaría condicionada a los golpistas y a sus exigencias. Pero es que, en el fondo, a Pedro Sánchez le importa poco todo esto y las medidas que podrían o no, aprobarse. Lo único relevante para él es haber llegado a presidente del Gobierno y conseguir mantenerse en el puesto en la próxima legislatura.

Es por eso por lo que la puesta en escena de Sánchez con Pablo Iglesias el pasado 11 de octubre constituye una copia mimética de la que organizó hace poco más de dos años con Rivera. Entonces se trataba de un programa de gobierno en las antípodas del que se ha firmado ahora. Eso para Sánchez carece de valor. Lo substancial es el fin y ese sí que es idéntico, llegar o permanecer en la Moncloa. El documento que los líderes del PSOE y de Podemos han firmado y han presentado a la prensa no es un presupuesto, sino un plan de gobierno, en definitiva, un programa electoral para la próxima legislatura y como todo programa electoral está elaborado en buena medida para no cumplirse.

La señora ministra de Hacienda afirma que estos son los presupuestos más sociales de la Historia. Por este lado, nada nuevo. Hace poco lo proclamaba Montoro en referencia a los de este año. Es una constante en toda presentación. Lo específico en este caso es que se predica de unos presupuestos que no existen o, al menos, no se han hecho públicos. Lo que sí es irónico y hasta jocoso es la aseveración de la ministra de Hacienda indicando que nunca se había dado más información, y ello cuando no se ha facilitado, y es de suponer que no existen, ni ley ni estado numérico ni partidas, ni posibilidad de descubrir si los números cuadran o no porque sencillamente no hay números. Por no saberse, no se sabe ni la cuantía del gasto público ni cuál va a ser el déficit. Sus explicaciones acerca del 1,3% o del 1,8% parecían extraídas de una película de Berlanga. ¿Cómo no va a pedirles explicaciones la Comisión Europea? ¿Muy benignos? No. Solo pueden decirles, oigan, con esto que nos han enviado no podemos afirmar nada. Cuando tengan un presupuesto, nos lo mandan. Por ello, la carta la firma un director general en lugar del Comisario. El documento no ha podido pasar ni la primera criba. No tenía consistencia ni siquiera para ser acreedor a un primer dictamen.

Rajoy con 135 escaños apenas pudo gobernar, ¿cómo va a hacerlo Sánchez con 84 diputados, teniendo que apoyarse en los golpistas y en los grupos más heterogéneos, sin controlar la Mesa del Congreso, y teniendo el PP mayoría en el Senado? Y lógicamente no puede esperar que el PP les apoye después del cerco al que le sometieron cuando estaba en el gobierno. Se quiera o no, la legislatura está agotada, ha sido una legislatura fallida, lo que era previsible desde que Pedro Sánchez comenzó a entonar el “no es no”, negándose a todo pacto que no incluyese para él la presidencia del gobierno. Esperemos que en la próxima legislatura no vuelva a repetirse la faena.

republica.com 26-10-2018

APLICAR DE NUEVO EL ART. 155 EN CATALUÑA

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, October 23, 2018 19:25:37

El PP y Ciudadanos reclaman la aplicación del art. 155 de la Constitución. No les falta razón. El PSC y el Gobierno, por el contrario, se oponen y para ello se escudan tras la distinción entre palabras y hechos, empleando además una versión cercenada de estos últimos, reduciéndolos tan solo a los jurídicos, o a los acuerdos formales del Gobern y del Parlament que sean claramente ilegales o que violen la Constitución. Esta concepción puede ser correcta a efectos de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional o incluso en el ámbito penal, aunque nuestro código sanciona también la conspiración para determinados delitos, como el de rebeldía, sin esperar a que se comentan de forma fáctica, pero desde luego no hay por qué mantener una interpretación tan restrictiva para la aplicación del art. 155. de la Constitución.

Hace casi un año, el 2 de noviembre de 2017, que desde estas mismas páginas me refería yo al art. 155 de la Constitución afirmando que el error del Estado había sido atribuir un carácter casi sacro y solemne a este artículo, pensando que solo se podía o se debía utilizar en ocasiones dramáticas o críticas, cuando en realidad su contenido es mucho más amplio, y debe usarse siempre que una Comunidad "incumpla las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España". En ese mismo artículo del 2 de noviembre tachaba de error haber convocado inmediatamente elecciones en Cataluña y poner plazo de caducidad a la vigencia del 155. El tiempo creo que ha confirmado lo desacertado de esa forma de actuar y cómo se debería haber mantenido las condiciones de excepcionalidad hasta que la situación de rebeldía creada por la Generalitat se hubiese desactivado.

Pero dejemos de lamentar lo que podría haber sido y no fue y consideremos el presente. Es fácil reconocer que hay suficientes motivos para aplicar de nuevo en estos momentos el 155 y quizás con una amplitud, si no mayor, sí distinta de la de hace un año. El golpe de Estado continúa activo y los independentistas no se privan de afirmar que, si el Gobierno no cede al chantaje de convocar un referéndum de secesión y si los jueces no absuelven a los presos, retornarán a las andadas. Es más, gran parte de sus actuaciones se encaminan a fortalecer medios e instrumentos para garantizarse que la próxima vez no fallarán.

¿Alguien se atreve a afirmar que el Gobierno de la Generalitat está cumpliendo las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes? ¿Quién puede negar que su actuación va dirigida a dañar gravemente el interés general de España, cuando el muy honorable presidente afirma abiertamente que hay que atacar al Estado español, y cuando toda la actuación exterior de la Generalitat se dirige a desacreditar y vilipendiar a España? ¿Acaso no es evidente que el Gobern no puede, y además no quiere, mantener el orden público? ¿No es patente que los derechos de la mitad de la población no están garantizados, entre otros el de manifestación? ¿Está la Generalitat gestionando adecuadamente el régimen penitenciario de los presos del procés? ¿No es cierto que TV3 y Catalunya ràdio no están cumpliendo la función de medio de comunicación público y que actúan más bien como un instrumento de publicidad y propaganda de los secesionistas y del golpe de Estado? ¿Acaso este Parlamento ha revocado la declaración de independencia proclamada en la legislatura anterior?

Motivos hay y muchos para volver a utilizar el 155 en Cataluña. Es más, antes o después habrá que ponerlo en vigor y será tanto más difícil su instrumentación cuanto más tarde se haga. Dicho todo eso, hay una realidad que hoy por hoy hace imposible su aplicación y es el hecho de que el Gobierno de España gobierna gracias a los golpistas, y les necesita para aprobar los presupuestos. Se lo recuerdan cada poco. Es esta situación viciada y adulterada del Ejecutivo del Estado español la que hace irrealizable el empleo en Cataluña del 155 de la Constitución. Solo permite el diálogo del apaciguamiento. Pero por eso mismo resulta tan cínica la postura de Sánchez cuando realiza una invocación al PP y a Ciudadanos para que “hagan lo mismo que él hizo con Rajoy y apoyen al Gobierno en esta materia, ya que es una cuestión de Estado”. El doctor Sánchez miente ya que lo que él propone, el diálogo del apaciguamiento, no es una cuestión de Estado, sino una condición para su propia supervivencia en el poder.

Por otra parte, el PSOE de Sánchez no apoyó a Rajoy en el tema catalán, tal como ahora pretende. Tan solo cuando las cosas llegaron al límite con la declaración de independencia accedió al 155, pero imponiendo tales condiciones que en buena parte fue el causante de que se aplicase de manera precaria e incompleta. El PSOE de Pedro Sánchez en el tema catalán ha sido una prolongación del PSC y por lo tanto un freno para todas las medidas que se pretendían adoptar desde el Gobierno y desde los tribunales. Ante el propósito de Rajoy de que los partidos constitucionalistas caminasen juntos en el proceder del Estado en Cataluña, Pedro Sánchez, arrastrado por el PSC, se convirtió en un lastre que obstaculizaba todas las actuaciones. La prueba más evidente es que no ha tenido ningún reparo en unirse a los golpistas para llegar a la Moncloa y para mantenerse en ella. ¿Cómo va a aplicar ahora el 155?

Pedro Sanchez es rehén de los golpistas, pero el PSOE de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Aragón y de tantas otras regiones que no son precisamente Cataluña, están cautivos de Sánchez. Van a tener difícil explicar a sus votantes que los intereses de su líder están por encima de los intereses de todos los españoles.

republica.com 19-10-2018





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