ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

PEDRO SÁNCHEZ: DE LAS PRIMARIAS A LAS GENERALES

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, March 18, 2019 23:18:09

¿Eterno retorno? Esperemos que no. Simple intento de repetición. Sánchez, en la creencia de que su estrategia de 2016 y 2017 le resultó muy favorable, ahora intenta repetir la jugada. En ese libro de caballería titulado “Manual de resistencia”, en el que se retrata como otro Amadís de Gaula, reescribe la historia, la falsifica. Es una mezcla de pedantería, hipocresía y banalidad. En contra de lo que se relata en el libro, cualquiera que haya seguido con cierta objetividad y perspicacia la realidad política española de los últimos tres años habrá observado que está marcada por la desmedida pretensión de Pedro Sánchez (desmedida por el número de diputados con los que contaba) de llegar a presidente de gobierno por cualquier método y con cualquier aliado.

Desde el principio, tras las elecciones de 2015, Sánchez solo excluye una alianza, la del PP, y no por la corrupción, como reitera en su libro. No creo que la historia del PSOE desde la Transición le autorizase a introducir cordones sanitarios alrededor de otro partido político en función de los distintos procesos de corrupción en los que algunos de sus afiliados o cargos estuviesen inmersos, o que incluso afectasen a su financiación. Tampoco me imagino que el motivo fuese la discrepancia ideológica ya que Sánchez estuvo presto en pactar con Ciudadanos con un pensamiento económico al menos tan neoliberal, si no más que el del PP. El verdadero motivo es que la única alianza que le impedía alcanzar la presidencia de gobierno era con Rajoy, dado el número de diputados con los que cada uno contaba.

Muy distinta fue la postura del Comité Federal. No en lo relativo a la negociación con el PP. Aun cuando algún miembro pensase distinto, ninguno estaba dispuesto a asumir, mientras el secretario general mantenía una postura contraria, el coste frente a una militancia educada en considerar al PP como el culmen de todos los males. La verdadera diferencia es que el Comité Federal extendía el veto, y con mayor fuerza, a otras formaciones políticas. En primer lugar y principalmente, a las fuerzas políticas catalanas que estaban ya inmersas en el procés, aun cuando todavía no se había producido el golpe de Estado. Pero el veto fue mucho más lejos. Al secretario general se le prohibía sentarse a negociar (no solo pactar) con cualquier formación política que defendiese el derecho a decidir, y Podemos lo hacía. El mismo Sánchez reconoce este hecho en su libro.

Por supuesto, el secretario general no hizo el menor caso de esta última prohibición. En su megalomanía y concepción caudillista, despreciaba y desprecia la disposición estatutaria que establece que el máximo órgano entre congresos es el Comité Federal. El haber sido elegido por los militantes, mediante primarias, le hacía pensar que solo debía responder ante ellos, lo que resulta mucho más sencillo y al mismo tiempo más fácil de manipular. Así que acarició la idea de alcanzar la presidencia del Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y Podemos. El proyecto fracasó. Resultó imposible reunir a dos formaciones políticas tan heterogéneas.

Tras esta decepción, una vez celebradas las elecciones de 2016 y aun cuando los resultados fueron aún peores que los de 2015, Sánchez continuó con la idea de llegar a la Presidencia del Gobierno. Solo le quedaba un camino, apoyarse en la totalidad de los partidos políticos, descartando al PP y Ciudadanos, lo que incluía a las formaciones políticas independentistas catalanas embarradas ya en el procés y en plena actitud de rebeldía. El proyecto se mantuvo en una cierta ambivalencia y los contactos fueron llevados a cabo con la mayor discreción, consciente Sánchez de la resistencia que despertaba en los órganos de su partido y más concretamente en el Comité Federal. Rubalcaba acuñó el término de gobierno Frankenstein.

La prueba de que la idea estaba presente en el sanchismo se encuentra en que un tiempo después se llevó a cabo mediante la moción de censura a Rajoy, incluso cuando los secesionistas habían perpetrado ya el golpe de Estado y no renunciaban a repetirlo en condiciones más favorables. Es más, se continuó gobernando posteriormente con el apoyo de lo que se llamó el bloque de la moción de censura.

Fue la percepción de que el supremo órgano entre congresos no le iba a permitir apoyarse en los partidos secesionistas la que empujó a Pedro Sánchez a planear una consulta a los militantes, en forma de primarias, que representaba una especie de plebiscito, un voto en blanco al secretario general. Sánchez, en su ya citado libro, falsea la motivación y presenta la consulta como la necesaria búsqueda de apoyo interno para negociar con Podemos y Ciudadanos, lo que resulta a todas luces falso puesto que esa negociación ya se había efectuado en el pasado sin ningún éxito.

La convocatoria de unas primarias en estos términos constituía sin lugar a dudas una trampa, pues con tan solo quince días de plazo era imposible que se pudiera presentar otra candidatura diferente a la del secretario general, tanto más cuanto que la de este iba a contar con todos los medios que le otorgaba el cargo que ostentaba. Fue la conciencia de ello la que llevó al Comité Federal a forzar la dimisión de Pedro Sánchez. Los acontecimientos posteriores son plenamente conocidos. Al final, fueron convocadas las primarias a las que Sánchez se presentó y ganó, basando toda su estrategia en ocultar durante la campaña su posición respecto al tema de Cataluña y especialmente frente a las futuras alianzas con los partidos sediciosos, al tiempo que centraba el debate en el “no es no” contra el Partido Popular. Izquierda-derecha. Señalaba como traidores a los miembros del Comité Federal que le habían defenestrado.

El triunfo de las primarias permitió a Pedro Sánchez conformar los órganos de dirección del PSOE con una composición que le era totalmente favorable, de manera que el partido no constituía ya ningún obstáculo para la operación que le había sido vetada un año atrás (ver mi artículo de 1-6-2017). Ocurría, sin embargo, que en todo ese tiempo la situación en Cataluña se había radicalizado y estaba a punto de perpetrarse el golpe de Estado. En tales circunstancias se hacía imposible una alianza como la que necesitaba Sánchez para llegar a la Moncloa. Es más, en ese contexto tuvo que revestirse de constitucionalista. Hubo que esperar a que fracasase el golpe de Estado y que dejase de estar en vigor el artículo 155, para que se presentase la ocasión adecuada. Aparentemente fue la sentencia de Gürtel, aunque en realidad constituyó más bien, como es bien sabido, un pretexto.

Prescindiendo de detalles, después de la moción de censura y tras las muchas cesiones que ha hecho a los golpistas (ver mi artículo de 15-11-2018), Sánchez creyó que había llegado al máximo que podía llegar. La cascada de protestas levantadas en su propio partido y la indignación mostrada en la sociedad con temas como el del relator o el de los 23 puntos le llevaron al convencimiento de que no podía avanzar más en las concesiones al independentismo sin poner en peligro el resultado de las elecciones que, antes o después, se vería obligado a convocar. Decide por tanto repetir la estrategia que tan buenos resultados le había dado: antes convocar primarias, ahora convocar elecciones.

El doctor Sánchez aprovecha la negativa de los golpistas a votar sus presupuestos para disolver las Cortes, argumentando y vanagloriándose de que no ha cedido frente al independentismo, desmarcándose así de los nueve meses anteriores, con la intención de que el debate electoral se centre en el binomio izquierda-derecha, y su discurso en un intento de meter en el mismo saco a Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Confía en que gracias a las transferencias de votos de Podemos, que incomprensiblemente se ha ayuntado aún más con los golpistas, y a la división en cinco partidos del arco parlamentario, aun cuando sus resultados no sean demasiado boyantes, hará posible que el PSOE sea el partido más votado, y que él llegue a ser presidente de nuevo con el bloque que ganó la moción de censura.

El triunfo en los comicios generales, y ocupado el PSOE en las elecciones europeas, autonómicas y municipales, poca contestación interna puede haber, y con cuatro años por delante la repulsa popular no importa demasiado. Estos condicionantes permitirán a Sánchez ceder ante los independentistas en muchas de las cuestiones que hasta ahora no se había atrevido a transigir. Recuerdo que un gran número de sus botafumeiros, en la primera etapa de su secretaría general rechazaban indignados que Sánchez estuviese dispuesto a llegar a la presidencia de gobierno con el apoyo de los secesionistas. El caso es que dos años después llegó, incluso cuando los secesionistas ya se habían transformado en golpistas. Ahora gritan soliviantados que Sánchez jamás pondrá en peligro la Constitución y la Unidad de España. Veremos.

republica.com 15-3-2019



EL RELATO DE SÁNCHEZ DE CARA A LAS ELECCIONES (III)

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, March 12, 2019 18:25:51

En su estrategia de alejar del debate electoral la ignominia de haber sido presidente del Gobierno gracias al apoyo de los golpistas, Pedro Sánchez pretende centrar la cuestión en el binomio izquierda-derecha. Soy un convencido de que el antagonismo existe. Hay claras diferencias entre un pensamiento, una teoría, una ideología, como se la quiera llamar, de izquierda y otra de derecha; y cuando esa diferencia se niega es porque existen importantes intereses en esconder tal distinción.

Aranguren, en el capitulo IX de su obra “Ética y política”, contestaba con una metáfora a los que ya entonces (1966) hablaban de la superación de tal dicotomía. Refería que, ante la opinión extendida de que no existía el demonio, Baudelaire realizaba con agudeza la siguiente reflexión: “La última astucia del diablo es divulgar la noticia de su muerte”. Por cierto, la frase fue recogida muchos años después (1995) en la película de Bryan Singer “Sospechosos habituales”. Pues bien, añadía Aranguren, la última astucia de la derecha es propagar el rumor de la superación de la antítesis derecha-izquierda.

Mientras haya clases sociales –y, como las meigas, haberlas, haylas- mientras se mantengan profundas diferencias económicas, mientras persistan hirientes injusticias, por fuerza tiene que darse disparidad entre las ideologías políticas. De lo que no estoy nada seguro es que esa distinción pueda trazarse de forma tan nítida cuando hablamos de partidos, especialmente si solo nos fijamos en las siglas, los nombres o las posiciones que ocupan en el arco parlamentario. No es izquierda todo lo que reluce, ni el que dice Señor, Señor, entrará, según San Mateo, en el reino de los cielos. Un partido no es de izquierdas por repetir que lo es, o por calificar—mejor diríamos descalificar— de derechas al adversario político.

De hecho, la distancia entre los partidos políticos que se denominan de izquierdas y de derechas se ha ido reduciendo progresivamente, al menos en los países occidentales. Los partidos conservadores a lo largo del tiempo han ido asumiendo muchos de los principios y los supuestos del Estado Social. A su vez, los partidos socialdemócratas se han hecho socialiberales, adoptando los axiomas del neoliberalismo. Es más, estas últimas formaciones políticas han defendido la globalización y la Unión Monetaria sin ser conscientes -o tal vez siéndolo- de que su aceptación implicaba de hecho la casi eliminación de toda posibilidad de realizar una política de izquierdas, o, dicho de otro modo, los parámetros económicos creados por ambas realidades convierten a menudo las medidas que en teoría podían ser claramente de izquierdas en contraproducentes, ya que el resultado obtenido es el contrario del que teóricamente se pretendía conseguir.

Este proceso de transformación de la socialdemocracia ha sido palpable en todos los países, y desde hace muchos años también en el nuestro. Recuerdo que allá por el año 89, en un debate informal acerca de las señas de identidad del socialismo organizado por Sotelo y Paramio, en el que nos enfrentamos dialécticamente críticos y oficialistas, estos llegaron a la feliz conclusión de que, dada la dificultad que tenían para distinguir su mensaje de cualquier otra corriente política, socialismo era “lo que hacían los socialistas”. Muy ilustrativo, ciertamente. Expresión de hasta dónde se puede llegar en la desideologización y el pragmatismo. Pero si no queremos caer en un cinismo de tal calibre, la frase deberíamos construirla a la inversa, un partido solo es socialista, progresista o de izquierdas si promueve y lleva a cabo una política propia de ese nombre. El problema surge cuando hemos construido un entorno social y económico en el que esas políticas apenas son viables.

Un partido no es socialista, progresista o de izquierdas por autodenominarse así, ni tampoco por tener muchos años de historia. El PSOE en las primeras elecciones democráticas apareció en los carteles con el eslogan de “Cien años de honradez”, al que de forma maliciosa el Partido Comunista añadía “y cuarenta de vacaciones”, en alusión a su práctica ausencia de la realidad política durante los cuarenta años de franquismo. Luego se vio además que la honradez del pasado no era garantía de la honradez en el futuro.

Ahora es Esquerra Republicana de Cataluña la que continuamente hace referencia a su historia pasada, tal vez en un intento de justificar su maridaje espurio con el partido más corrupto y reaccionario social y económicamente hablando de la realidad política española (CiU y sus metamorfosis). En el caso de Esquerra Republicana su historia misma deja mucho que desear. También quizás habría que hablar de cuarenta años de vacaciones. De su nombre lo único cierto tal vez sea lo “de Cataluña”. Parece ser que no fue muy leal precisamente con la República y lo de izquierda resulta difícil de creer cuando lo único que le importa es la independencia de Cataluña. En fin, en todo caso y parafraseando a Celaya, allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos.

Resulta bastante difícil reconocer como socialista a un partido que defiende el tipo único en el impuesto sobre la renta o que elimina el impuesto de patrimonio, y desde luego es imposible tener como de izquierdas a una formación política que persigue por métodos ilegales y por la fuerza la ruptura del Estado, especialmente cuando lo que pretende es defender los privilegios de regiones prósperas a costa de los territorios menos desarrollados. Detrás del independentismo catalán se oculta la rebelión de los ricos, de la oligarquía catalana, ante las exigencias derivadas de la aplicación territorial de la política redistributiva del Estado social.

No dudo de que el nacionalismo, como todo movimiento reaccionario, haya sabido esconder los motivos económicos bastardos tras una mística sensiblera capaz de convencer a muchos incautos, empleando de forma abusiva y fuera de contexto palabras como libertad o democracia. Hay una cierta similitud con el neoliberalismo económico que esconde los intereses económicos de los pudientes tras el nombre de la libertad y de la defensa de los derechos del individuo frente a un Estado asfixiante.

Los planteamientos más reaccionarios se encuentran en la base del neoliberalismo económico y del nacionalismo de las regiones más ricas. En los momentos actuales las cotas mayores de desigualdad susceptibles de ser corregidas se dan seguramente a nivel territorial, desigualdad que, lejos de corregirse, se incrementa año tras año y que, desde luego, se haría mucho mayor de tener éxito las pretensiones nacionalistas. La diferencia en el nivel de oportunidades dependiendo del domicilio afecta en mayor medida, como es lógico, a las clases bajas. Por esa razón, y por mucho que se empeñen en presentarse con otro ropaje, todo nacionalismo se basa en el supremacismo cuando no en la xenofobia, y termina lindando más que ninguna otra formación política con la ultraderecha.

La valoración, sin embargo, tiene que volverse mucho más negativa cuando se intentan conseguir estos objetivos por procedimientos ilegales contraviniendo todo tipo de normas. Nos movemos ya en un plano distinto y mucho más radical. No se trata ya de izquierdas y derechas, sino de legal-ilegal, constitucional o inconstitucional, ley o anarquía. Nos enfrentamos con el intento, realizado por una parte del Estado, de expropiación de la soberanía que corresponde al todo. Y, además, por la fuerza, por métodos ilegales y coercitivos.

No hay Estado social, si antes no es democrático, y no hay Estado democrático sin Estado de derecho. Subvertir el Estado de derecho es quebrar el orden político, la democracia, la seguridad jurídica, es dañar gravemente la economía y por ende toda política social y redistributiva. Por eso, en los momentos actuales, ante el reto golpista y anárquico que se vive en Cataluña y que constituye una amenaza para toda España, el debate fundamental, de cara a las próximas elecciones, no puede centrarse en el sentido clásico entre izquierda y derecha, tal como pretende Sánchez. Hay una alternativa más radical. Quiénes están dispuestos y quiénes no a parar el golpe de Estado. La cuestión esencial a la que Sánchez, le guste o no, tiene que responder es si piensa continuar aliado con los golpistas y si está dispuesto a ser de nuevo presidente de Gobierno con su apoyo.

republica.com 8-3-2019



EL RELATO DE SÁNCHEZ DE CARA A LAS ELECCIONES (II)

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, March 12, 2019 18:11:00

Decíamos en el artículo de la semana anterior que el relato de Pedro Sánchez se fundamenta, en gran medida, en hacer que nos olvidemos de Cataluña y que no recordemos que había sido y es presidente del Gobierno gracias a los golpistas. Pero si esto no es posible o no lo consigue, su estrategia va a pasar por situarse ficticiamente en el medio entre unos independentistas cerriles que solo quieren negociar el derecho de autodeterminación y una derecha retrógrada que por toda solución propone aplicar el 155. “In media virtus”, que dirían los escolásticos, y su postura según él es la virtuosa: la solución de Cataluña no puede venir de la mano dura sino del diálogo.

Alega que los resultados del Gobierno anterior fueron mucho peores: dos referéndums de autodeterminación y una declaración unilateral de independencia, etc. A Sánchez hay que recordarle que, si todo eso no se ha repetido últimamente, no es gracias al gobierno frankenstein, sino a que los líderes secesionistas han tomado conciencia del fracaso del primer golpe y, principalmente, al miedo a las consecuencias penales. De ahí que al mismo tiempo que no abdican lo más mínimo de sus bravuconadas, material de consumo para su clientela, tengan sumo cuidado en no traspasar la débil frontera que les separa de acabar acusados en los tribunales. No es el diálogo de Pedro Sánchez el que los mantiene dentro de un cierto orden, sino la justicia. Es más, el independentismo tantea el terreno para poder recorrer el camino máximo posible sin incurrir en delito. Bien es verdad que ese máximo posible se ha hecho más laxo con el sanchismo, ya que la actual Fiscal general parece estar de vacaciones.

Que son los tribunales y los jueces los únicos que están siendo eficaces contra los sediciosos aparece de forma clara al contemplar el empeño que ponen en arremeter con lo que llaman “judicialización de la política”. Es un problema político, repiten sin cesar. Nadie lo duda, pero lo convirtieron en un problema penal en cuanto se saltaron la ley, la Constitución y pretendieron la segregación por la fuerza de una región española. Son ellos los que han judicializado la política, y ahora quieren politizar la justicia cuando presionan a los tribunales e intentan que el Gobierno haga lo mismo.

Sánchez no puede estar, como pretende, en el medio, porque en esta materia no puede haber medio. Se está con los constitucionalistas o con los golpistas, y Sánchez hasta cierto punto ha comprado el discurso de los sediciosos: la España nación de naciones; es un problema político; no se debe judicializar la política, etc. Por eso, el relato de Sánchez resulta tan torticero e hipócrita cuando con tono melifluo afirma que lo único que pide es que la oposición actual sea tan leal como él lo fue estando en la oposición con el Gobierno de Rajoy.

En primer lugar, hay mucho que decir acerca de su pretendida lealtad en la oposición. Desde que Pedro Sánchez ocupa la Secretaría General, el PSOE ha seguido la estela del PSC. Y el PSC no ha sabido nunca en qué terreno se encontraba. Se ha movido en la mayor ambigüedad. Llegó incluso a defender el derecho a decidir. Bastantes de sus miembros incluso se han pasado a las filas independentistas. Fue el PSC el que terminó elaborando un Estatuto anticonstitucional y arrastró a Zapatero a esa aventura, y su corrección por el alto tribunal ha servido de excusa y pretexto a los secesionistas para tirarse al monte. Pedro Sánchez ha empleado los retos que el procés presentaba al Gobierno anterior para desgastarle, culpabilizándole de la situación en Cataluña. Cada vez que los sanchistas criticaban al independentismo se sentían en la obligación de atacar al mismo tiempo a Rajoy y al PP, repartiendo las culpas por igual.

En esto Sánchez no ha cambiado nada. Antes y ahora responsabiliza a los populares del incremento sufrido en el número de los que se consideran independentistas. Es el mismo argumento que utilizan los golpistas. En este razonamiento, sin embargo, anida una falacia. El número de nacionalistas se ha mantenido constante a lo largo de los años y de las distintas elecciones. El porcentaje de votos cosechados por el nacionalismo en los múltiples comicios autonómicos no ha variado. Lo que sí se modificaba en cada elección era la distribución entre los distintos partidos.

¿Dónde se encuentra la novedad de los últimos años? En la radicalización sufrida por los líderes, especialmente los de Convergencia, que han arrastrado tras de sí a todos sus votantes. Los nacionalistas han pasado a proclamarse secesionistas y posteriormente a abrazar la sedición y el golpismo, desde el mismo momento en el que estuvieron dispuestos a defender y a llevar a cabo la declaración unilateral de independencia. La culpabilidad en esta metamorfosis solo se puede atribuir a los propios independentistas; y, si hablamos de causa, no andamos desencaminados si señalamos la crisis económica y la pretensión del Gobern de la Generalitat de librarse de la responsabilidad de los ajustes y trasladarla a un sujeto externo al que llamaron Estado español, y a su intención de obtener una situación económica privilegiada frente a las otras Autonomías, reclamando el excepcional régimen fiscal del País Vasco.

Sánchez, lejos de ser la personificación de la lealtad de la que ahora se pavonea, ha sido una rémora para el anterior Gobierno a la hora de que tener que tomar medidas más o menos estrictas en Cataluña. Siguiendo la estela del PSC, ha coartado a menudo las actuaciones contra el independentismo. Sánchez e Iceta se mantuvieron siempre en contra de aplicar el 155, siendo en buena medida responsables de que este artículo no se aplicase antes, dando lugar a los aciagos acontecimientos del 1º de octubre, que se hubiesen podido evitar asumiendo el Estado al menos algunas competencias como las de Interior o las de Hacienda.

En todos esos días, Iceta y su discípulo Sánchez, no dudaron en utilizar, en contra de lo que dicen ahora, los conflictos en Cataluña como arma electoral con la que perjudicar al adversario. Tan solo cuando la ofensiva sediciosa llegó al límite y los golpistas declararon unilateralmente la independencia, Sánchez aceptó que se aplicase el artículo 155, pero imponiendo múltiples limitaciones tanto en sus competencias -dejando fuera algo tan importante como los medios de comunicación públicos-, como en su duración, que hicieron que la medida perdiese gran parte de su eficacia.

Sin duda fue la moción de censura el exponente de la máxima deslealtad de Sanchez, al apoyarse en los golpistas para llegar a presidente del Gobierno y al hacer posteriormente toda clase de cesiones para mantenerse en el cargo. ¿Cabe mayor acrobacia? No deja de resultar chistoso, aunque muy indignante, que encima pida lealtad a los partidos de la oposición, identificando aquella con la complicidad en su vergonzosa trayectoria de concesiones. La lealtad no es a un gobierno, sino a la nación y al Estado, y colaborar con Sánchez en su coqueteo con los golpistas no es lealtad, sino todo lo contrario.

Pedro Sánchez es un artista en reescribir la historia, en manipularla y presentarla según sus intereses. Sirva de ejemplo el libro que ha publicado. Poco en él es verdad. Resulta que Sánchez quiere y respeta a Rajoy, y Junquera ama y ama muchísimo a España. El libro del colchón nos sirve, no obstante, para intuir por dónde va a ir el discurso engañoso en esta campaña electoral. No solo se quiere presentar como el summum de la lealtad, también quiere aparecer como hombre de Estado, moderado, a los efectos de situar a los otros partidos en la crispación. Él, que ha convulsionado la política española desde el inicio de la legislatura estableciendo un cordón sanitario alrededor de lo que llamaba la derecha; él, que ganó las primarias a base de remover los sentimientos más sectarios en las bases y que redujo todo su mensaje a anatematizar a la derecha y a oponerse radicalmente a todo pacto con el PP.

De cara a las próximas elecciones, retornará de nuevo a centrar su relato en la contraposición izquierda-derecha. Pero de eso hablaremos la próxima semana.

republica.com 1-3-2019



EL RELATO DE SÁNCHEZ DE CARA A LAS ELECCIONES (I)

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Thu, February 28, 2019 22:56:35

Si algo caracteriza a Pedro Sánchez por encima de cualquier otro aspecto es su condición camaleónica, es su capacidad de cambiar de relato y de afirmar hoy lo contrario de lo que declaró ayer. Ya lo decía su elocuente vicepresidenta: “Eso era antes de ser presidente”. Pues bien, ahora, de cara a las elecciones, le conviene dar un giro de 180 grados, va a procurar vender una apariencia radicalmente distinta de la realidad y presentarse como buen tartufo con una nueva careta. Por eso, si queremos juzgar los méritos y deméritos del doctor Sánchez habremos de fijarnos en sus obras y no en sus palabras. Si queremos intuir cómo se va a comportar en el futuro, no podemos fiarnos de sus promesas, sino que deberemos proyectar hacia adelante la historia pasada, no solo desde que es presidente del Gobierno, sino al menos desde su enroque en el “no es no”.

En esta campaña electoral va a intentar convencernos de que él no ha pactado con el golpismo, de que no ha hecho concesiones, y para ello agitará la ruptura de la negociación anunciada pomposamente el otro día. El que no haya cedido (más bien que no haya podido ceder) por ahora en la grande, no quiere decir que no haya cedido en muchas chicas hasta donde su propio partido y el clamor social se lo permitían, y tampoco garantiza que no esté dispuesto en ceder también en lo grande si se presentan condiciones más favorables. El mismo Tardá lo ha dicho: “Habíamos llegado ya muy lejos en el pacto”. Al independentismo, como siempre, le ha fallado la perspectiva y ha echado un órdago que en estos momentos el doctor Sánchez no podía aceptar.

Al grito de que hay que dialogar son muchas las concesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho al golpismo. Les liberó del control que el Ministerio de Hacienda tenía sobre las cuentas de la Generalitat y que minimizaba el riesgo de que los fondos públicos se empleasen en preparar un nuevo golpe de Estado; trasladó a las cárceles catalanas a los sediciosos pretendiendo hacer pasar lo que era una mera recomendación de la ley, como obligación, cuando había muchos motivos para no hacerlo; retiró múltiples recursos que el anterior gobierno había interpuesto ante el Tribunal Constitucional acerca de ciertas leyes que habían sido aprobadas por el Parlament y sobre las que existían serias sospechas de que vulnerasen la Carta Magna. Y está consintiendo que en Cataluña los CDR impidan las manifestaciones legales que no les gustan y coaccionen y persigan a los no independentistas (jueces, políticos, policías, etc.).

La ministra de Justicia, para no incomodar a los sediciosos, pretendió dejar tirado al juez Llarena en la patética demanda judicial de Bruselas. Y por el mismo motivo forzó a la Abogacía General del Estado a cambiar la calificación en el proceso penal del 1-0. De igual forma, para agradar a los independentistas, varios miembros del Gobierno, entre los que se encontraba Pedro Sánchez, hablaron de indultos, de que creían que los procesados no debían estar en prisión provisional y de que pensaban que no había habido rebelión en el golpe de Estado de los independentistas.

Se han establecido relaciones bilaterales, creando múltiples mesas, entre el Gobierno español y el Consejo de Gobierno de la Generalitat, a pesar de que este se ha negado a participar de los foros comunes con otras Comunidades Autónomas. Con esta bilateralidad se pretende dar la impresión de que la negociación se establece entre dos poderes soberanos e iguales. Esa misma imagen es la que se ofrece cuando se acepta que la reunión entre el presidente del Gobierno español y el presidente del Consejo de Gobierno de la Generalitat se celebren alternativamente en Madrid y Barcelona. Además, se consintió que en el orden del día figurara el derecho de autodeterminación y la libertad de los presos del procés.

Pedro Sánchez mendigó en Pedralbes una entrevista con el supremacista Torras y, para conseguirla, el Gobierno accedió a celebrar, según los deseos de los independentistas, una mini cumbre con un comunicado final en el que se eliminó toda referencia a la Constitución. Así mismo, se aceptó recibir una lista de 21 puntos disparatados y ofensivos para el Estado español, tan disparados y ofensivos que el Gobierno ha preferido mantenerlos en secreto y solo se han conocido cuando la Generalitat ha creído que le convenía publicarlos.

Últimamente los intereses de Sánchez han estado asociados a la aprobación de los presupuestos y por eso se intensificó el cortejo a los golpistas. En este sentido, se han consignado en el proyecto de presupuestos unos créditos para inversión en Cataluña con un incremento desproporcionado y muy discriminatorio para el resto de Comunidades Autónomas, pero, además, se asumió el esquema del independentismo de crear mesas de negociación al margen de las instituciones y de nombrar lo que llaman un relator, y aun cuando el Gobierno ha pretendido minimizar la figura quitándole toda relevancia, lo cierto es que la referencia a una vieja aspiración de los independentistas, la de nombrar un intermediario de cara a poder internacionalizar el proceso, resulta inevitable.

Algunas de estas cesiones pueden considerarse aparentemente y a primera vista sin demasiada importancia, pero tienen un gran valor simbólico para los secesionistas y para su relato. El independentismo vive de símbolos: la bilateralidad, la intermediación, la supremacía frente al Estado. En política las cosas no son como son, sino como parecen. Y lo que parece y los independentistas quieren dar a entender es que hay una negociación entre dos estados soberanos, por eso se pretende que el diálogo se celebre en mesas bilaterales al margen de las instituciones de las Cortes y del Parlament.

El coro de botafumeiros que acompaña a Pedro Sánchez ha repetido sin cesar, para justificar lo injustificable, que el Gobierno no ha hecho nada ilegal y que no ha transgredido la Constitución. Solo faltaba. Es evidente que hoy por hoy es un paso que nadie puede dar. Pero la cuestión no es esa. El problema es que progresivamente se está facilitando el camino y dotando de armas a los independentistas para que, en un futuro, un nuevo golpe de Estado acabe teniendo éxito. La malignidad del fin, se quiera o no, se traslada a los medios. Si el fin es anticonstitucional, en cierta manera los medios también.

Frente a todas estas concesiones del Gobierno, el independentismo no ha dado un paso atrás en sus reivindicaciones, no ha aportado nada como no sea apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura y en otras múltiples votaciones. Aunque bien es verdad que esa era la finalidad del presidente del Gobierno. El diálogo no va dirigido a solucionar el problema de Cataluña, sino a conseguir mantenerse en el poder. De ahí que cuando comprobó que los independentistas no estaban dispuestos a retirar la enmienda a la totalidad en los presupuestos, escenificó la ruptura del tan cacareado diálogo con el pretexto de que el secesionismo pretendía discutir sobre el derecho de autodeterminación. Menudo descubrimiento, cuando en la primera entrevista de Sánchez con Torra ya se aceptó que figurase en el orden del día, junto al tema de los golpistas presos.

De cara a los comicios del 28 de abril, el sanchismo va a transmutarse, pretenderá convencernos de que no se ha doblegado frente a los sediciosos. Intentarán metamorfosearse, borrar todas las cesiones realizadas, que la sociedad se olvide de que el secretario general del partido socialista fue presidente del Gobierno gracias al apoyo de los golpistas, y tratarán de ocultar lo que aún es más grave: que está dispuesto a repetir la aventura y a constituir la misma mayoría después de las elecciones si es que los resultados lo permiten.

republica.com 22-2-2019



DEL ASTRONAUTA A LA DOCTORA EN MEDICINA

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, February 19, 2019 18:01:47

Se suponía que los Parlamentos hacían las leyes y los Ejecutivos los decretos, los reglamentos, el desarrollo de las leyes. Aunque bien es verdad que siempre han existidos listillos que han creído que era más importante hacer los reglamentos que las leyes. Hagan ustedes las leyes, que ya haré yo los reglamentos, dicen que afirmaba con tono retador don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Pero Pedro Sánchez está dispuesto a hacer las leyes y los reglamentos y para ello ha encontrado el subterfugio del decreto-ley que prevé nuestra Constitución en su artículo 86, pero solo para los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es verdad que todos los gobiernos se han extralimitado en su utilización, pero ninguno como el doctor Sánchez, que lo mantiene como la única forma legislativa. Hasta la realidad más baladí se considera de extraordinaria y urgente necesidad.

Incluso el ministro astronauta se ha aprendido la treta y en el último consejo de ministros utilizó el decreto-ley para cambiar la forma de control de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), excepcionandoles de la ley general presupuestaria, y sustituyendo la fiscalización previa por el control financiero permanente. Conviene antes que nada resaltar que los OPIs son órganos de investigación, pero también son públicos, es decir, los recursos que manejan son de todos los españoles y es fundamental garantizar no solo que tenemos buenos investigadores (todo el mundo se cree muy bueno en su profesión), sino también que se emplean los recursos adecuadamente, con eficacia, con eficiencia y orientándolos a la finalidad y del modo que el Parlamento ha decidido, en otras palabras, de acuerdo con la ley.

La historia es antigua, los responsables de casi todos los organismos, en aras de una supuesta eficacia, pretenden liberarse del yugo de la ley y del control previo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), confundiendo una con el otro. Actualmente, la fiscalización previa está muy limitada a determinados actos y hechos jurídicos que se consideran esenciales, y el tiempo que los expedientes permanecen en las intervenciones es muy reducido, cinco días por término medio. De existir rigideces y retrasos no se encuentran desde luego en el control previo, sino en la normativa aplicable, en la carencia de recursos económicos (en la época de crisis se ha hecho evidente), pero con mayor probabilidad en la ineptidud de los gestores y altos cargos que esconden su incompetencia tras la excusa de la intervención.

Lo que realmente incomoda a los gestores que se muestran descontentos, es la norma, el hecho de tener que someterse a procedimientos reglados; ahora bien, son estos procedimientos los que garantizan que los recursos se utilizan adecuadamente, que no se desvían a finalidades espurias, que no se malgastan y que se cumple la igualdad de oportunidades. En contra de lo que piensan muchos, no sé si por conveniencia o por ignorancia, la ausencia de norma no incrementa la eficacia, sino todo lo contrario, el despilfarro, el amiguismo e incluso la corrupción.

A menudo he señalado cómo los casos de corrupción se han acumulado allí donde el control de la intervención es más deficiente, primero en los ayuntamientos, donde el interventor es nombrado por los alcaldes; segundo en las Comunidades Autónomas, ya que los interventores generales no suelen ser funcionarios y se encuentran muy mediatizados como recientemente ha demostrado el proceso de los ERE en la comunidad andaluza, de donde son oriundas las actuales autoridades del Ministerio de Hacienda; y, por último, en los entes y organismos de la Administración central (por ejemplo, en las empresas públicas) en los que no existe la fiscalización previa.

Los políticos que compiten para ver quién asume mejor el papel de campeón contra la corrupción se van normalmente por las ramas a la hora de proponer medidas, medidas carentes de eficacia y que solo tienen valor de pura propaganda de cara a la galería. Por el contrario, pocos se preocupan de acometer reformas realmente efectivas como la potenciación de los órganos de control. Más bien, tal como estamos viendo en este caso, el camino seguido es el contrario y se elimina la fiscalización previa con el pretexto de incrementar la eficacia.

Se ha publicado que los OPIs fueron sometidos al régimen de fiscalización previa en 2014. Solo es cierto parcialmente, puesto que en ese año lo único que se hizo fue recuperar el régimen de control que primigeniamente tenían y que había sido modificado, al igual que se hace ahora, a finales de la década de los noventa. El cambio de 2014 obedeció precisamente a la mala gestión y a las múltiples irregularidades que los informes de control a posteriori habían detectado en el funcionamiento de estas entidades desde que se les había librado de la intervención a priori. No hubiera estado mal que el Gobierno actual, antes de tomar esta medida, hubiese consultado los numerosos documentos que se encuentran en la IGAE y que describen los defectos y las lacras que se están dando en la actividad de estos organismos.

Al lado de una corrupción a lo grande, de casos espectaculares, aquellos que terminan en el juzgado y salen en la prensa, se encuentra una corrupción a lo pequeño, tanto o más importante, porque puede emponzoñar a la totalidad de una entidad cuando el control se relaja; es el amiguismo, la endogamia, los contratos amañados, el reclutamiento de personal sin seguir los criterios de mérito y capacidad, las subvenciones concedidas de forma arbitraria o no justificadas adecuadamente con posterioridad, etc. Algo de todo ello hemos intuido en este tiempo de atrás en el mundo universitario. Los escándalos que se han hecho públicos, han mostrado tan solo la punta de ese magma de irregularidades y pequeñas corrupciones sobre el que se asienta la universidad, precisamente por la ausencia de control en su régimen administrativo.

Es hasta cierto punto lógico que los investigadores no entiendan mucho de gestión del gasto público y que en esa ignorancia consideren como recursos propios los fondos provenientes de las subvenciones que se les conceden para los proyectos de investigación. En buena medida es explicable que piensen que no tienen por qué justificar su aplicación. Tampoco nos puede extrañar demasiado que el ministro astronauta no esté muy ducho en Derecho Administrativo y en gestión presupuestaria. Cómo lo va a estar cuando incluso desconoce los rudimentos más elementales de la hacienda pública y piensa, según ha dicho, que las personas físicas pueden tributar como sociedades para ahorrarse impuestos. Son las consecuencias de elegir como ministros a los famosillos por el único motivo de serlo.

Por el contrario lo que no es fácil de comprender es la inactividad y la indolencia del Ministerio de Hacienda permitiendo que se incremente el descontrol en los recursos propios. Bien es verdad que algo aclara el hecho del desembarco en el Ministerio de la brigada sanitaria de la Junta de Andalucía, una jubilosa panda de amigas, cuyos currículos giran principalmente alrededor de los másteres en medicina, cuando no en la diplomatura de ciencias laborales. Titulaciones y conocimientos todos ellos muy respetables, pero no demasiado apropiados para regir un ministerio tan complejo y fundamental como el de Hacienda.

Hace ocho meses, todos los que conocemos un poco la Administración quedamos profundamente sorprendidos cuando al publicarse la estructura del Ministerio de Hacienda vimos con estupor que se ubicaba a la IGAE en la Subsecretaría. Jamás había sido así. No tenía sentido ni por las competencias ni por criterios de jerarquía administrativa. No resulta lógico que un subsecretario (La IGAE tiene esta categoría administrativa) dependa de otro subsecretario. La IGAE, que funcionalmente depende del Consejo de Ministros, lo lógico es que se hubiese adscrito directamente al ministro, o al menos a la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto Público. La explicación llegó más tarde. La subsecretaria desconocia la estructura administrativa y creía que su puesto era el segundo en importancia en el ministerio; pensaba que iba detrás de la ministra y por eso reclamó la IGAE. Creo que su cabreo fue monumental cuando se enteró de que no era así y de que las secretarias de Estado tenían más categoría que ella. En fin, que así nos va moviéndonos entre astronautas.

republica.com 15-2-2019



EL IBI, IMPUESTO DE PATRIMONIO DE LAS CLASES BAJAS

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Thu, February 14, 2019 23:50:21

Quizás sea el de patrimonio el impuesto más odiado y vilipendiado por ese pensamiento único que se ha adueñado de la economía, lo cual, hasta cierto punto, tiene su lógica ya que este tributo junto con el de sucesiones y el de renta constituyen los instrumentos esenciales de la progresividad del sistema fiscal. No pretendo en esta columna refutar el discurso falaz que se suele emplear para denostarlo. Para ello, véase mi artículo en este mismo periódico del 22 de septiembre de 2011 o en mi libro “Economía, mentiras y trampas” de la editorial Península. Persigo, eso sí, señalar la contradicción que representa el hecho de que los mismos que condenan sin paliativos este tributo muestren indiferencia e incluso promocionen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es en realidad un gravamen sobre la riqueza, si bien limitado a un único tipo de patrimonio, el inmobiliario. Este tributo tiene además el agravante de no ser progresivo, sino proporcional (lo que en cierta forma es congruente al no incidir sobre todas las riquezas del contribuyente). Será tal vez esa ausencia de progresividad la razón de que este gravamen no moleste demasiado a los realmente adinerados, que son los que imponen el pensamiento único.

En España, el IBI es el impuesto que más ha crecido en los últimos treinta años. Su recaudación nunca se ha reducido, por el contrario, se ha multiplicado por ocho desde 1990. Incide directamente sobre la vivienda, que es el único ahorro y patrimonio del que dispone la mayoría de los ciudadanos. El 77% de los españoles tienen casa en propiedad, diez puntos más que en la media de la Unión Europea. En este caso, sí nos encontramos frente a un impuesto que grava a las clases medias y bajas y, además, como ya se ha dicho, de una manera proporcional y no progresiva.

Sobre la vivienda inciden también otra serie de impuestos: plusvalía municipal, plusvalía estatal, transmisiones patrimoniales, etc., que hacen que, en España, según la OCDE, el porcentaje que representa la imposición sobre el patrimonio inmobiliario respecto a la totalidad de ingresos esté muy por encima del de la mayoría de los países de la Organización. Curiosamente, los que recurren al argumento de la doble imposición para oponerse al impuesto de patrimonio o al de sucesiones no encuentran objeción a que se paguen dos veces por el mismo concepto las plusvalías generadas en las ventas de los inmuebles. Una vez al ayuntamiento, y otra al Estado dentro del impuesto sobre la renta.

El Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido popularmente como plusvalía municipal), que solo grava los inmuebles urbanos (no las grandes fincas de los terratenientes), se ha convertido en un tributo discrecional, puesto que cada ayuntamiento aplica los criterios que cree convenientes y de forma nada transparente. Hay que añadir que la obligación de este gravamen se genera en cualquier transmisión, incluso en los casos en los que se produce por herencia, lo que no ocurre en el impuesto sobre la renta con la plusvalía estatal (llamada habitualmente la “plusvalía del muerto”). La arbitrariedad de esta figura tributaria es tan clara que el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir y considera que este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

Habrá que considerar, además, tal como ya se ha dicho, que el Estado en el IRPF grava también el incremento de los bienes inmuebles manifestado en las transmisiones (las llamadas plusvalías). Esta carga fiscal se ha hecho tremendamente gravosa después del injusto y distorsionante tratamiento dado a estas operaciones en la reforma fiscal de 2014. Desde la implantación del IRPF por la Ley 44/1978, una cuestión ha estado siempre presente en el desarrollo legislativo: cómo descontar la inflación de las plusvalías de manera que no se grave una ganancia que es puramente ficticia. El tema es especialmente relevante cuando el incremento patrimonial se produce en la transmisión de un activo que ha permanecido largo tiempo en el patrimonio del sujeto pasivo (suele ocurrir con los inmuebles), ya que el efecto de la inflación se acentúa, de tal forma que la parte de ganancia debida a la pérdida de valor de la moneda puede llegar a ser muy elevada. Por ello, en las sucesivas reformas de la Ley, el legislador ha introducido en todos los casos mecanismos correctores (aunque no siempre los mismos) para separar los incrementos reales de los ficticios.

En 2014, el Gobierno decidió modificar el régimen fiscal vigente en aquel momento sobre esta materia, y aun cuando el injustificable tratamiento previsto en el proyecto se suavizó a lo largo de la tramitación parlamentaria, las plusvalías por la venta de un inmueble tributan en el IRPF por cantidades muy superiores a las que correspondía con anterioridad a la reforma. Especial gravedad reviste este tema para los inmuebles adquiridos en los años setenta y principios de los ochenta, puesto que, dado el tiempo transcurrido y las elevadas tasas de inflación de aquellos años, dichas ventas pasaron de estar casi exentas a tributar en un porcentaje significativo de la totalidad del valor inmueble.

Los damnificados no son desde luego ni las empresas ni los contribuyentes de rentas altas, que tienen todos sus inmuebles depositados en sociedades, ya que a todos ellos se les ha dado la opción en múltiples ocasiones de revalorizar todos sus activos sin coste alguno. Afecta en mayor o menor medida a las clases medias con una segunda vivienda, y en especial a personas mayores jubiladas o a punto de jubilarse y que han considerado la propiedad inmobiliaria como la mejor forma de ahorrar para completar la pensión frente a los fondos de pensiones, y ahora, después de sufrir la merma de valor de la crisis inmobiliaria, se les dice que van a perder un porcentaje importante del resto de sus ahorros.

En España, la propiedad inmobiliaria está fundamentalmente en manos de las clases medias y bajas. La verdadera riqueza se encuentra, por el contrario, en el capital mobiliario al que por supuesto no le afecta ni el IBI ni la plusvalía municipal y cuenta con infinidad de medios para escapar del gravamen de las plusvalías en el impuesto sobre la renta. De ahí la importancia del impuesto de patrimonio y del de sucesiones, y de ahí también el empeño del neoliberalismo económico en suprimirlos.

republica.com 8-2-2019



AQUÍ TODOS SOMOS CAUDILLOS DE NUESTRA CABEZA

PARTIDOS POLITICOSPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, February 05, 2019 19:16:38

Cuenta Sánchez Albornoz en su libro “España un enigma histórico” que como el jefe de una de tantas mesnadas (bien de moros, bien de cristianos) que en el siglo XII recorrían los territorios salmantinos preguntase en un poblado quién era el señor de aquella aldea, recibió la siguiente contestación: “Aquí todos somos caudillos de nuestras propias cabezas”. Y es que quizás esa ha sido siempre una característica del ser español. Cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. Cada pueblo, cada comarca, cada provincia, ha ansiado siempre desligarse y constituirse en autoridad soberana e independiente. De ahí que secularmente el anarquismo haya enraizado con tanta fuerza en nuestro país y me atrevería a decir que también del mismo modo la otra cara de la moneda, el liberalismo. Los extremos se tocan. España no es que sea más plural que otros estados, sino que es más anárquica, y cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. En los momentos en los que las circunstancias políticas lo han permitido esta tendencia se ha hecho presente de la forma más estrambótica posible gritando “Viva Cartagena”.

Era previsible que la organización territorial del Estado creada en la Transición, con las Autonomías, fuera a enervar tales posiciones y sentimientos. La tentación se ha cernido especialmente sobre la izquierda, portadora en su ADN de esa idea anarquizante. En tiempos recientes, Podemos ha surgido como partido con un pecado original, la defensa del derecho a decidir de cada territorio, región o provincia. ¿Cómo negar entonces el derecho a decidir de cada agrupación, facción o grupúsculo dentro de la propia formación política? Las confluencias, lejos de ser tales, se van transformando en corrientes divergentes. Incluso llegan a contagiar a regiones poco dadas a la independencia como Andalucía y Madrid.

Errejón justifica su pacto con la alcaldesa de Madrid argumentando, con ese aire jesuítico que le caracteriza, que su intención era sumar dentro del ámbito de la izquierda, pero lo cierto es que, se quiera o no, y él tenía que ser consciente de ello, con su actuación lo que ha propiciado ha sido la división interna. Sostuvo, como si estuviese enunciando un axioma o una regla moral irrebatible: “La razón de las siglas no está por encima de la razón de las personas”. Planteado de esta forma suena bien, y parece convincente, pero cuando se profundiza lo que realmente se está afirmando es que las razones colectivas no están por encima de las individuales, en el bien entendido de que el individuo siempre se identifica con el “yo”.

La historia es vieja en política. Se asciende a través de la comunidad, del grupo y del partido, pero tan pronto como se llega arriba se cae en la tentación de declararse independiente y soberano y de pensar que las reglas generales no les competen. Errejón fue elegido por Podemos como cabeza de lista de la propia formación a la Comunidad de Madrid. Pero ha creído que la lista era suya y que la podía manejar a su antojo y sin someterse a ninguna regla. Carmena surgió del anonimato gracias a Ahora Madrid y a Podemos (fue quien era entonces secretario regional de esta formación quien la propuso), pero en cuanto se vio alcaldesa se dispuso a jugar a la autonomía y a la independencia.

Carmena no ha dejado de repetir que ella no es política, que no pertenece a ningún partido y que es independiente, y como independiente ha actuado todos estos años. Se ha movido en la confusión y en la anarquía, pero también, aunque parezca paradójico, en la autarquía. Ahora ha dado el paso definitivo y, como diría Errejón, abandona las siglas por las personas, por su persona, por su plataforma personal. No se siente obligada a ningún colectivo. La lista es suya y por eso afirma con la mayor tranquilidad, como si fuese un derecho innato, que no permitirá que le impongan ningún nombre. Reiteradamente he afirmado que las primarias fomentan en las organizaciones políticas el caudillismo. Ahora se da un paso más. Carmena, como Colau, no quiere primarias. Habla de listas participativas. Es decir, que participa solo quien ella designe. La lista es suya, siempre que gane y sea la alcaldesa, porque, de lo contrario, se marchará y abandonará a sus seguidores. Para no ser política y no tener ambiciones, va sobrada.

Carmena y Errejón, en ese extraño maridaje entre anarquía y prepotencia, en ese prescindir de lo colectivo y de la norma para declarar como única ley la propia voluntad, tienen cierto parecido con los golpistas catalanes. Estos han alcanzado y ocupan puestos de poder, porque la Constitución y el Estado español se los han concedido, pero desprecian a este mismo Estado español y se sublevan contra la Constitución y las reglas que les han sacado del anonimato. La anarquía es contagiosa. Si los mandatarios y líderes catalanes la practican, y saltan por encima de las leyes, ¿por qué los CDR no se van a sentir legitimados para instaurar cuando les apetezca el caos en Cataluña?: cortan carreteras y autopistas; deciden quién puede y quién no puede manifestarse y reunirse; escrachan a jueces, políticos y hasta a mossos de escuadra que consideran enemigos; amenazan, coaccionan y atentan contra la propiedad de los que no piensan como ellos. Cataluña, región sin ley ni democracia. El Gobern y el resto de cargos de la Generalitat que han defendido la legitimidad de transgredir el ordenamiento jurídico, en función de las razones personales, carecen de autoridad y se sienten impotentes -aunque quizás tampoco lo deseen- para implantar el orden.

El ejemplo cunde y los taxistas catalanes, viendo el comportamiento de los CDR, se preguntan que, si sus reivindicaciones están más fundadas, ¿por qué no van a actuar de forma similar al menos en lo que al orden público se refiere y ejercer para sus fines la misma presión social? Es más, si la Generalitat no procede frente a los CDR ¿por qué habría de actuar frente a ellos? Y no se equivocan, las autoridades de Cataluña ceden ante el caos. Y de los taxistas de Barcelona a los de Madrid. Unos y otros tienen sus razones seguramente derivadas de la dejadez e inoperancia de las autoridades municipales, que han permitido que la situación se pudriera y se creara un mercado secundario de licencias totalmente desproporcionado.

Pero sean cuales sean sus razones más o menos ciertas, la cuestión no radica en ellas sino en creer que esas razones personales están por encima del interés y de los derechos de la colectividad. La cuestión se encuentra también en la indolencia y dejación de funciones de las distintas autoridades. El espectáculo montado estos días por el sector del taxi ha sido realmente deplorable y sombrío. No es que los taxistas no tengan derecho a la manifestación y a la huelga como cualquier profesional, aunque hay quien afirma que es un cierre patronal y que está prohibido por la Constitución. En cualquier caso se trata de un servicio público y como tal debería estar sometido a una regulación precisa y a la vigilancia de su cumplimiento. Quizá muchos de los problemas actuales provienen de la desidia de los ayuntamientos que han permitido que el servicio prestado por este sector se haya ido deteriorando y que perdiera competitividad respecto a otras empresas que proporcionan servicios similares. En esta ocasión ni Carmena ni Colau han hecho el menor intento de establecer servicios mínimos, lo cual era previsible dados los planteamientos populistas y anárquicos que mantienen ambas alcaldesas en otros temas.

Especial responsabilidad ha tenido en esto de inhibirse y echar balones fuera el ministro de Fomento que, siendo consciente de la complejidad del problema, no dudó en quitarse de en medio y trasladarlo a las Comunidades Autónomas, aunque fuese a costa de crear una situación caótica con soluciones diferentes según la región. E inhibición también la de los responsables del orden público de la Administración central y de la Generalitat, que están permitiendo graves disturbios y fuertes restricciones en la movilidad de ciudades como Madrid y Barcelona, con daños graves para las poblaciones y para los intereses del Estado español. Han consentido que las razones particulares de un gremio primen sobre las normas, el orden público y el interés colectivo. Además, ceder a la coacción de los taxistas puede terminar costando una cantidad elevada de dinero al erario público, si este tuviera que asumir finalmente las indemnizaciones a las compañías de VTC.

Surge la duda de si la razón de esta pasividad no se encuentra en la inacción que la Generalitat mantiene respecto a los CDR y en la renuncia del Gobierno central a intervenir en Cataluña. Quizás se busque que la indolencia ante los desmanes de los taxistas sirva de alguna manera de coartada para excusar la apatía ante el caos que los golpistas están generando en Cataluña. Algo debe de significar el que una delegación de taxistas catalanes haya ido a Waterloo a postrarse a los pies de Puigdemont; que la Generalitat haya cedido a las primeras de cambio; que sea Tito Álvarez (Cataluña) el que capitanee a los taxistas de Madrid y que estos se hayan manifestado en Génova al grito de menos 155 y más 1/30.

republica.com 1-2-2019



LOS PRESUPUESTOS DE LA VERGÜENZA

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, January 29, 2019 19:37:56

Durante los años duros de la actuación de ETA, todas las fuerzas políticas, la opinión pública y la opinión publicada, coincidían, al menos en teoría, en que el terrorismo no podía tener premio. Digo en teoría, porque en ocasiones se tuvo la tentación de lo contrario. Por ejemplo, en las negociaciones que Zapatero estableció con la banda en las que si las cesiones no se llegaron a consolidar se debió al atentado de la terminal cuatro del aeropuerto de Barajas. Incluso también cabría pensar que en algunos momentos, aunque de forma indirecta, por intermediario, a través del PNV, sí hubo cesiones. Ahí está la afirmación de Arzallus acerca de que “ETA agita el árbol y nosotros recolectamos las nueces”.

En los momentos presentes parecería lógico suscribir que el golpismo tampoco debe tener premio y, sin embargo, lo está teniendo. De hecho, ahí se encuentra uno de los grandes fallos de la teoría del diálogo. Resulta una contradicción, amén de una enorme injusticia, primar a una región frente a las demás por el único motivo de que sus dirigentes se hayan rebelado contra la Constitución y el Estado. El asunto bordea la iniquidad cuando la negociación se establece con la finalidad exclusiva de mantener a un gobierno que de otra manera no existiría. El diálogo entonces se convierte en una compra de votos, y además con el dinero ajeno.

Desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura con el apoyo de los secesionistas no ha dejado de conceder dádivas a Cataluña, aunque más bien habría que decir que las concesiones son a los independentistas. La situación ciertamente es humillante para él, pero lo es aún más para su partido y para todos los españoles. La temperatura ha ascendido muchos grados con la elaboración de los presupuestos. Estos se han convertido en una variable fundamental para Pedro Sánchez. No tanto para mantenerse en el poder (estoy convencido de que piensa hacerlo aun cuando no se aprueben las cuentas públicas, prorrogando las del año pasado) como para aumentar sus posibilidades de cara a las futuras elecciones. Por eso han elaborado unos presupuestos irreales.

Estos presupuestos no están hechos para cumplirlos, sino para la batalla electoral. Son populistas, orientados a la captación de votos de colectivos concretos. Lo que importa es el documento inicial, sin que tenga demasiada relevancia su ejecución. Presenta a todas luces una previsión inflada de los ingresos, por lo que antes o después se terminará por recortar los gastos. Se afirma que son unos presupuestos sociales. Todos los gobiernos cuando presentan sus presupuestos los consideran los más sociales de la historia. (Ver las declaraciones en su momento de Montoro y mi artículo del 19 de abril del año pasado). No obstante, hay que reconocer que en este caso se han sabido escoger partidas de gasto de pequeñas cuantías a las que no se precisa añadir grandes recursos para presentar incrementos espectaculares. En realidad, las dos partidas mayores, el aumento del sueldo de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones, estaban en cierta forma condicionadas ya por acuerdos realizados por el anterior Gobierno.

En los ingresos se ha seguido una táctica parecida, primando las medidas efectistas, por encima de la verdadera eficacia en la tarea de reformar a fondo el sistema fiscal español, lo que sin duda es urgente para acercar la recaudación de la Hacienda española a la de los países de su entorno. En cierta forma son unos presupuestos mentirosos. Me recuerdan lo que nos ocurrió hace mucho tiempo a un grupo de amigos en una de esas tabernas antiguas, la que solíamos frecuentar para el aperitivo. En cierta ocasión, pedimos una morcilla a la plancha y cuando nos la sirvieron troceada observamos con extrañeza que era una morcilla muy rara, tenía tres culos. Estos presupuestos son también muy raros, tienen cinco trimestres de IVA.

Las medidas anunciadas tienen solo la apariencia de cambio, en realidad dejan las cosas casi como están, sin abordar los auténticos problemas. Ejemplo significativo es lo que se estipula acerca de las SICAV. Independiente de la conveniencia o no de su existencia, lo cierto es que su uso está siendo abusivo y tramposo por parte de las grandes fortunas, que han convertido una figura financiera de inversión colectiva, y por lo tanto con una tributación reducida del 1%, en una sociedad de inversión individual que debería tributar al tipo general. El procedimiento es sencillo, reclutan 99 hombres de paja (a los que coloquialmente se les llama mariachis), con lo que formalmente se cumple el requisito de los 100 partícipes, pero cometiendo fraude de ley.

Esta forma de actuar originó que la inspección de Hacienda en los primeros años de este siglo levantara actas a las principales SICAV considerando que no tenían esta condición y que por lo tanto debían tributar al tipo general. La presión del poder económico sobre el poder político no se hizo esperar. El medio empleado fue el de casi siempre cuando se trata de favorecer al capital, Convergencia y Unión (CiU). Es conveniente que en Podemos sean conscientes de quiénes son sus aliados. Constituyó uno de los asuntos más bochornosos en materia fiscal de Rodríguez Zapatero y de su ministro de Hacienda, Pedro Solbes. Con la aquiescencia del Gobierno se aceptó una enmienda de CiU por la que se retiraba a la Agencia Tributaria la competencia para determinar si una sociedad tiene o no la condición de SICAV, y se le encomendaba a la CNMV, cuya presidencia ocupaba a la sazón Manuel Conte. Es más, cosa insólita, se consiguió que la medida tuviese carácter retroactivo, con lo que quedaban anuladas las actas levantadas. Ni que decir tiene que hasta la fecha la CNMV no ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto y durante este tiempo las grandes fortunas de este país han continuado utilizando las SICAV a su antojo.

Ahora Pedro Sánchez, bajo la presión de Podemos, devuelve en la Ley de Presupuestos la competencia a la inspección de Hacienda, pero, como quien hace la ley hace la trampa, establece que la última palabra la continúe teniendo la CNMV. No podía ser de otra manera, ya que lo que ahora se quiere corregir es lo que había establecido el propio PSOE con Zapatero y, lo que es más importante, porque el patrocinador de la medida fue CiU cuyo sucesor en estos momentos es el PDeCAT que, junto con Esquerra, constituye el oscuro objeto de deseo de Pedro Sánchez, y a los que no se quiere desairar. En buena medida, la totalidad del presupuesto está montado para conquistarles. Esto es lo que convierte a estos presupuestos en los presupuestos de la vergüenza.

En la moción de censura, Aitor Esteban del PNV inició su intervención en tono irónico, mofándose del Estado español, cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del País Vasco. Comentario humillante, pero cierto. El Gobierno de España lo decidió quienes no creen en España, los que quieren separarse de ella, romper el Estado español. A partir de ese día, se han dado muchos más pasos en la misma dirección. El Gobierno de España tiene como objetivo no ya mantener contento al nacionalismo, sino a los golpistas. Está secuestrado por ellos y dispuesto a humillarse todo lo que sea necesario para no perder su apoyo. Ha elaborado un presupuesto para darles satisfacción y en detrimento del resto de las Comunidades Autónomas.

Desde el primer momento, Pedro Sánchez descartó acometer la reforma del sistema de financiación autonómica con la finalidad de tener las manos libres para negociar bilateralmente con la Generalitat y destinar a Cataluña los recursos necesarios para comprar el voto de los golpistas. Ahora, en los presupuestos, ha consignado un importante aumento de la inversión pública (la regionalizada se incrementa en un 22,25%), lo que le permite dotar a Cataluña con 2.251,38 millones de euros, un 66,82% de incremento, y casi la quinta parte de toda la inversión regionalizada. Solo el incremento de Navarra es superior, aunque en realidad, dada su pequeña cuantía, carece de relevancia. El trato de favor que se pretende dar a Cataluña carece de toda lógica y constituye una enorme injusticia, ya que Cataluña es de las Comunidades más ricas y desarrolladas y su equipamiento contrasta con el de otras regiones como Extremadura, tristemente de actualidad por los desafortunados sucesos acaecidos en las últimas fechas y que ponen de manifiesto el estado calamitoso en el que se encuentran sus infraestructuras.

El Gobierno intenta justificar el arbitrario reparto de los recursos entre las distintas Comunidades y el trato extremadamente privilegiado dado a Cataluña, por la disposición adicional tercera del Estatuto, que establece que “la inversión del Estado en Cataluña se equiparará a la participación relativa del PIB de Cataluña con relación al PIB del Estado”. La ministra de Hacienda, obviando (no se sabe si por conveniencia o por ignorancia) la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional, afirmó en rueda de prensa con mucho descaro -como suele hablar siempre, aun cuando desconozca la materia: “El Gobierno contempla el respeto al Estatuto no como una contrapartida, sino en cumplimiento estricto de la ley y porque creemos que hay que cumplir aquellas disposiciones que se establecen en las leyes orgánicas, como son los Estatutos de Cataluña y otras Comunidades, y que en demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde”.

La disposición adicional citada rompe la integración territorial y los principios del Estado social. Cumplirla implica consolidar el grado de desigualdad regional existente en la actualidad, incluso lo aumentaría y, por lo tanto, hace imposible la convergencia. Solo se entiende como parte de la demencia que se apoderó de Zapatero al aprobar un estatuto anticonstitucional. La Abogacía del Estado, para cumplir las indicaciones del Gobierno de Zapatero de lograr que el Tribunal Constitucional anulase la menor parte posible del Estatuto, no vio otra manera de salvar esta disposición que haciendo una interpretación sui generis, como mero deseo político sin que pueda haber ninguna exigencia legal al Gobierno. Y esta interpretación fue la que acabó siendo refrendada por el Tribunal Constitucional e hizo posible que la disposición no fuese declarada anticonstitucional. Existe una razón más que invalida la postura mantenida por la ministra al pretender basar en el Estatuto su prodigalidad con el dinero ajeno hacia Cataluña y es que lo dispuesto en la disposición adicional tercera tenía una vigencia de siete años, con lo que ha vencido en 2014.

Las cifras que figuran consignadas en el capítulo 6 de los Presupuestos tienen un elevado grado de incertidumbre pues no existe ninguna seguridad de que se realicen. Ello introduce una duda acerca de si muchas de esas cantidades que pueden parecer elevadas en determinadas Comunidades Autónomas no están solo puestas para que los recursos destinados a Cataluña no sean tan escandalosos, sin que en realidad se piense llevar a cabo la inversión. Por ejemplo, en el caso de Extremadura la cifra consignada en los presupuestos actuales engloba la que figuraba el año pasado y que no se realizó.

De los 2.251,38 millones de euros que se consignan para inversión en Cataluña 200 millones corresponden al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que sostenía que la Generalitat tenía derecho a ellos no por el Estatuto sino porque el Gobierno se había comprometido a dárselos. Lo preocupante de la cuestión es que no figuran en el capítulo 6 sino en el 7, como transferencia de capital. Es decir, se acepta que la Administración central no vaya a realizar las obras (por otra parte, no se sabe cuáles son), sino que se transfieran esos 200 millones a la Generalitat para que disponga de ellos a su gusto. Dada la parcialidad de sus órganos de control y el abandono del Gobierno central de sus funciones fiscalizadoras no hay ninguna garantía de que no se terminen gastando en embajadas o en aplicaciones parecidas, orientadas a preparar el siguiente golpe de Estado.

Contemplar al Gobierno de España mendigando los votos de los separatistas y dispuesto a todo tipo de concesiones es un panorama triste y humillante. Hay quien pretende disculpar este comportamiento alegando que todos los gobiernos han comprado el voto de los nacionalistas cuando no han tenido mayoría absoluta. Lo cual es cierto y ha sido uno de los graves defectos que han carcomido nuestro sistema político. Son múltiples las veces que en distintos artículos desde su comienzo he venido refiriéndome a ello y señalando cómo esta actuación distorsiona la equidad interregional y potencia las fuerzas centrífugas, siendo la antesala de lo ocurrido después. Pero lo que no es cierto es que se pueda comparar con la situación actual y con la postura de Pedro Sánchez. Hay una diferencia esencial. Ahora no se trata de nacionalistas, ni siquiera de secesionistas, sino de formaciones políticas que han protagonizado un golpe de Estado y, lo que es peor, muestran su intención de repetirlo. Es este factor el que otorga extrema gravedad a la actitud adoptada por este Gobierno y permite calificar a estos presupuestos como los de la vergüenza.

correspondencia.com 25-1-2019

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