ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

EL IRRISORIO Y ESPERPENTICO PRESUPUESTO DE LA EUROZONA

EUROPAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, November 18, 2019 19:03:14

Hace aproximadamente un mes, nada más pactar el Eurogrupo la creación de ese simulacro de presupuesto para la Eurozona al que ha designado con el nombre pomposo -en la Unión Europea todo es pomposo- de Presupuesto para la Competitividad y la Convergencia (BICC, por sus siglas en inglés), me propuse comentarlo en estas páginas. La acumulación de noticias, muchas de ellas si no más importantes, sí más coyunturales y, por lo tanto, con mayor probabilidad de quedar desfasadas, me ha inducido a posponer la tarea hasta este momento.

En realidad, a quien haya seguido la historia de la Unión Europea no le puede causar sorpresa (en contra de lo que decía el editorial del diario El País el pasado 12 de octubre) lo acordado. Sigue la tónica de todas las reformas. La trayectoria siempre es la misma. Primero son muchas las voces que plantean la conveniencia, cuando no la necesidad. A continuación, se origina una enorme oposición por parte de algunos países, principalmente los del Norte, y al final se llega a un acuerdo a base de descafeinar la medida, de manera que solo permanezca el nombre. Buen ejemplo de ello lo constituye la Unión Bancaria, que ha quedado reducida a transferir las competencias de inspección y liquidación de algunas entidades financieras (solo de algunas), pero ni hablar de que los costes de las futuras crisis bancarias se asuman por el conjunto de la Eurozona. Ni siquiera ha prosperado, ni prosperará, el Fondo de Garantía de Depósitos europeo, y si se crea alguna vez será con condiciones tales que esté ausente todo factor de mutualización, es decir, cualquier asunción colectiva de las pérdidas.

De una manera o de otra, las reformas que a menudo se plantean, y que serían totalmente necesarias para el funcionamiento correcto de la Eurozona, o son rechazadas o se desnaturalizan, de modo que lo que se acuerda no tiene nada que ver con lo propuesto, ni con el nombre que se le asigna, pero sirve para que los botafumeiros de la Unión Europea echen las campanas al vuelo y alaben la enorme, según ellos, conquista conseguida. Los mandatarios internacionales resultan a menudo patéticos, especialmente los del Sur, cuando al terminar una cumbre comparecen ante la prensa cantando victoria y encomiando lo mucho conseguido. Y al mismo tiempo no tienen más remedio que reconocer que faltan todos los elementos esenciales para que la medida funcione; pero ellos parecen no darle a esto ninguna importancia, se conforman con el nombre.

Macron se presentó como el salvador del euro, jactándose de que había convencido a Merkel -y por lo tanto a los países del Norte- de la necesidad de crear un presupuesto para la Eurozona, y España se subió al carro proponiendo un Seguro de Desempleo Comunitario. Pues bien, la montaña parió un ratón. Y, sin embargo, tanto el ministro de Hacienda francés como la ministra de Economía española se mostraron muy contentos con el roedor. Nadia Calviño, ese portento, según el presidente del Gobierno, columna y baluarte para afrontar la próxima crisis, ha manifestado que se han conseguido todas las reivindicaciones que planteaba España: que el presupuesto fuese anticíclico, redistributivo, y que la percepción de los recursos no estuviese sometida a reformas ni ajustes especiales. No obstante, nada dice acerca de su escasa cuantía, factor que invalida todos los demás. El futuro presupuesto nace con 13.000 millones de euros, lo que representa el 0,01% del PIB de la Eurozona. Con esa cantidad es imposible que pueda tener alguna efectividad, tanto más cuanto que no se va a nutrir con fondos nuevos, sino que estará incorporado al Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027.

Dos son las finalidades principales que debe cumplir el presupuesto de cualquier Estado, y se supone que son las que debería cubrir también un verdadero presupuesto de la Eurozona: instrumentar una política anticíclica y ejercer una función redistributiva. Y ambas son totalmente imprescindibles para que la Eurozona pueda mantenerse.

Draghi viene avisando desde hace tiempo que la política monetaria ha dado de sí todo lo que podía dar y que precisa ser complementada por la política fiscal. El hasta ahora presidente del BCE no solo ha recomendado que las naciones con margen presupuestario, como por ejemplo Alemania u Holanda, pongan en marcha políticas expansivas, sino que antes de dejar el cargo ha insistido en la necesidad de que se crease en la Eurozona un instrumento global capaz de aplicar políticas anticíclicas. Se sumaba así a las múltiples voces que venían remarcando que una moneda única necesita la unión fiscal, es decir, un presupuesto comunitario.

Resulta, sin embargo, imposible que el proyecto aprobado el mes pasado por el Eurogrupo pueda cumplir este objetivo. Solo el 20% de su dotación, 3.400 millones de euros, podrá dedicarse a esa función anticíclica, esto es, tan solo un 0,003% del PIB de la Eurozona. Para ser conscientes de la insignificancia de la cifra y de su inutilidad en momentos de crisis nada mejor que compararla con las cantidades empleadas en la pasada recesión en los rescates de países con dificultades: Grecia, 273.000 millones de euros; Portugal, 78.000; Irlanda, 85.000; España, 41.000; etc.

La otra función sustancial de cualquier presupuesto es la redistributiva, que sirve para corregir las desigualdades generadas por el mercado y derivadas de toda unión monetaria. El euro nació con esta básica carencia, que ha puesto siempre en duda su viabilidad. De ahí, la necesidad de crear en la Eurozona un presupuesto que asuma esta función. Pero lo acordado por el Eurogrupo es una broma de mal gusto, incapaz también de cumplir este objetivo. En primer lugar, y principalmente, por lo ridículo de su cuantía, pero, por si esto fuese poco, por las normas establecidas de funcionamiento, que dejan reducido al mínimo su potencial de cohesión territorial.

Aun cuando en principio pudiese pensarse que, tal como se ha diseñado, el BICC tiene una finalidad redistributiva, ya que el 80% se repartirá entre las naciones atendiendo a la población y a la renta per cápita, enseguida se llega a la conclusión de que tal disposición queda casi compensada y anulada por el hecho de que ningún país pueda recibir menos del 70% de lo aportado y, además, cada proyecto debe ser financiado en un 25% por los presupuestos nacionales. España y Francia han presentado como un gran triunfo frente a Holanda y Austria que se reduzca a la mitad (12,5%) la cofinanciación de los Estados que se encuentren en dificultades. Ciertamente poca cosa, y menos aun cuando se estipula que la rebaja en la aportación del presupuesto nacional no debe compensarse con un incremento en la parte financiada por el BICC.

Como se puede observar, lo pactado por el Eurogrupo poco tiene que ver con las primeras promesas lanzadas a bombo y platillo por Macron, ni con los planteamientos que el Gobierno de España venía realizando, agarrado al estribo de Francia. No obstante, al terminar la reunión todos se mostraron muy satisfechos. El ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, habló del importante paso dado y de que los socios del euro debían estar orgullosos del acuerdo alcanzado tras las difíciles discusiones. Nuestra ministra de Economía afirmó que se encontraba francamente satisfecha, y que lo conseguido responde plenamente a los objetivos que se había marcado España. El que no se contenta es porque no quiere.

En su afán por cantar las excelencias del Gobierno de Pedro Sánchez, el diario El País publicó dos días después del acuerdo, el 12 del mes pasado, un editorial que debería pasar a los anales como ejemplo de estulticia y sectarismo. Apareció con el subtítulo “El pacto para el nuevo presupuesto es excelente, pese a su escasa cuantía”. Es como si alguien dijese “tengo un trabajo magnífico pese a que el salario mensual es solo de un euro”. Las flores que el editorial echa al proyecto resultan tanto más extravagantes cuanto que poco después reconoce que no entrará en vigor hasta 2021, y aun después de este año, según afirma, “la cuantía inicialmente contemplada, en el entorno de los 17.000 millones de euros para todo el periodo, es extremadamente modesta e insuficiente para afrontar, por ejemplo, una crisis de un empaque similar a la de 2008. Si se repitiese pronto y en esos mismos términos, habría que echar mano, como entonces, de otras medidas de urgencia para afrontarla y de los nuevos instrumentos ya operativos (BCE, fondo de rescate)”.

¿Alguien puede pensar en serio que ante una nueva recesión sería posible emplear las mismas medicinas que en 2008? El propio BCE ha manifestado que la política monetaria no da más de sí, y todo indica que los países a los que ya se sometió a durísimos ajustes no resistirían de nuevo la misma terapia. No resulta creíble que las poblaciones de Grecia, Portugal, España, e incluso de Italia y de Francia, estuviesen dispuestas a tolerar devaluaciones internas como las de los años pasados, sobre todo cuando muchos de los efectos de la anterior crisis permanecen vivos (endeudamiento público, desempleo, bajos salarios, situación social y política etc.).

Los españoles, sin embargo, no tenemos por qué preocuparnos. El candidato del PSOE ha encontrado la piedra filosofal, la receta para solucionar el problema, poner de vicepresidenta económica a la actual ministra de Economía. Todo arreglado. Pedro Sánchez debe de creer que en Economía los problemas se solucionan como en política, a base de postureo. Bien es verdad que ese mal no es privativo de Sánchez. La falta de consistencia se ha instalado en España en el discurso económico de todos los partidos. Ya el 4 de abril pasado publiqué en este diario digital un artículo titulado “La insufrible levedad de los discursos económicos de las formaciones políticas”. Creo que lo allí dicho mantiene toda su vigencia, en especial la amnesia que afecta a nuestros políticos acerca de las limitaciones que impone la Unión Monetaria. El peligro consiste en que los hechos futuros nos los tengan de nuevo que recordar de forma traumática.

republica.com 15-11-2019



ALLÁ LOS MUERTOS QUE ENTIERREN COMO DIOS MANDA A SUS MUERTOS

PARTIDOS POLITICOSPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, November 12, 2019 22:20:16

Era difícil de creer, pero ahí estaba Pedro Sánchez en la ONU afirmando que “hoy hemos cerrado el círculo democrático”, como si hubiera sido necesario esperar cuarenta años para que nuestro sistema político fuese una verdadera democracia. Parece que todo hubiera estado pendiente de que la momia de Franco saliese del Valle de los Caídos.

Hay mucha similitud entre Sánchez y Zapatero. Ambos tienen la pretensión de situarse en el centro de la historia. La coincidencia en el tiempo de Zapatero como presidente de turno de la UE con Obama presidente de EEUU fue descrito por Leire Pajín como un acontecimiento histórico de dimensiones planetarias, y Sánchez, por su parte, pretende hacernos creer que en España la transición a un sistema democrático ha estado incompleta hasta que él no ha llegado a la presidencia del gobierno; por cierto, aupado por las fuerzas políticas que acababan de perpetrar un golpe de Estado. Quizás sea para que esto se olvide por lo que Sánchez ha querido desenterrar a Franco y con él al fantasma del franquismo.

Seamos serios. Por lo menos desde mediados de los ochenta, el franquismo ha desaparecido. Los que en otras épocas lo sufrimos lo más parecido que encontramos en la actualidad es el régimen dictatorial que intentan implantar los independentistas catalanes, aun cuando –paradojas- ellos llaman fascistas al resto. No se puede negar una cierta semejanza, hasta pretenden implantar en la universidad el aprobado patriótico, tal como exigían los falangistas con la camisa azul después de la guerra civil. Creían tener derecho a ello pues habían perdido tres años de carrera. Detrás de ambos movimientos se vislumbra el fantasma del nacional catolicismo. No obstante, no cometeré el error de negar la distancia inmensa que existe entre ambas posiciones, la que hay entre lo trágico y lo cómico, aunque lo cómico se puede transformar en cualquier momento en trágico.

No, hoy no quedan franquistas, por más que por rentabilidad electoral le hubiera venido bien a Sánchez su existencia, y por más que haya hecho para resucitarlos montando toda una verbena con el traslado de la momia de Cuelgamuros al Pardo. El Ejecutivo anunció que no iba haber prensa y, no obstante, invitaron a quinientos medios, eso sí, manteniendo el Gobierno o su comisaria, Rosa María Mateo, el monopolio de las imágenes televisivas.

Han sido unos días irritantes, pero también tremendamente aburridos. Fuese cual fuese la televisión, solo había una noticia. Siempre las mismas imágenes, que querían emular a las de otras épocas, pero que ahora resultaban esperpénticas. El escaso número de personas que se acercaron al Pardo en un intento de despedir al dictador era grotesco, patético, y contrastaba claramente con aquella cola interminable que hace cuarenta y cinco años desfilaba para ver el cadáver en el Palacio Real. Es precisamente esta enorme disparidad la que mejor expresa que ese capítulo oscuro de nuestra historia, al que se refería Pedro Sánchez en la ONU, no se cerraba ahora, ni tampoco se cerró en tiempos de Zapatero, sino que llevaba muchos años cerrado y bien cerrado.

En su afán por hablar de Franco en la ONU, Pedro Sánchez trastocó la historia y dotó a esta Organización de una característica que nunca ha tenido, la de estar compuesta únicamente por Estados democráticos. España estuvo excluida del grupo de los fundadores, no porque su forma de gobierno fuese una dictadura (había bastantes dictaduras presentes en su constitución), sino porque la ONU fue creada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y Franco se había situado, aunque con un papel discreto, al lado de los vencidos que previamente le habían ayudado a llegar al poder.

Sánchez ha proclamado que “ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto y de respeto institucional”. Dicho así parece bastante sensato. La duda se encuentra en saber si la tumba de Franco en Cuelgamuros correspondía a esa descripción. En la actualidad, los únicos que la visitaban eran los turistas y no creo que precisamente como lugar de culto y de respeto institucional, sino más bien por curiosidad, para ver el símbolo de un régimen dictatorial que duró cuarenta años con la aquiescencia y complicidad de las democracias occidentales, que tras la Segunda Guerra Mundial se contentaron con hacer pasar hambre durante unos años a los españoles.

El Valle de los Caídos es lo que es, la obra y la expresión de un régimen inhumano y megalómano que, como los de todos los sátrapas, ha pretendido dejar su recuerdo para la posteridad, construyendo a costa del sudor y la sangre de los presos políticos (estos sí que eran presos políticos) un colosal monumento que fuese admirado en los tiempos futuros. No creo que pueda convertirse nunca en un signo de reconciliación. Personalmente me inclino por mantener estos vestigios con los menores retoques posibles. Solo así serán transmisores fieles de los horrores del pasado. Ahora que tanto se lleva lo de la memoria histórica no parece que convenga edulcorarla.

Por otra parte, cuidado con andar moviendo las tumbas de todos los enemigos de la democracia. Sería una tarea infinita. ¿Qué tendríamos que hacer con el panteón de los reyes en el Monasterio del Escorial? Pocos tiranos como Fernando VII. No creo que los miles de visitantes anuales vayan a dar culto y mostrar su respeto al rey felón. Dejemos a la historia y a los historiadores que pongan a cada uno en su sitio. Pero en todo caso, sea cual sea la opinión acerca de la conveniencia o no de las exhumaciones, lo que constituye una infamia es afirmar que hasta que no se ha llevado a cabo la de Franco, la democracia española estaba incompleta.

El asunto es especialmente grave cuando el discurso de los golpistas catalanes gira y se apoya de cara al exterior sobre la idea de que el sistema político español no es democrático, y una vez que se dieron cuenta de que el manido eslogan de “España nos roba” resultaba inverosímil, lo cambiaron por la cantinela de “España oprime a Cataluña” y que “el Estado español está lleno de franquistas y de fascistas”. Lo único que faltaba es que el presidente del Gobierno lo confirmase proclamando que nuestro sistema democrático estaba inconcluso. Claro que después del concepto que parece tener del ministerio fiscal cualquier cosa.

El otro día en el Valle de los Caídos quedó patente que el franquismo está muerto. Por más que el sanchismo pretendió sacarlo a la luz, las cámaras de televisión solo pudieron enseñar a un hatajo de fantoches nostálgicos que casi daban pena. Por otra parte, por mucho que algunos se empeñen, a Vox no se le puede atribuir el calificativo de franquista, al igual que a Podemos tampoco el de comunista. Ambos partidos están en los extremos respectivos del arco parlamentario y son, nos gusten o no, equivalentes a otras formaciones políticas de la Eurozona.

En la actualidad, el peligro que acecha a España no es precisamente el franquismo, sino el nacionalismo identitario y supremacista, y más en concreto el de aquellos que han dado un golpe de Estado, golpe que se mantiene activo y latente después de un año. Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos y preocupémonos de los vivos que pueden desestabilizar la sociedad y el Estado.

republica.com 8-11-2019



INDEPE BUENO, INDEPE MALO

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, November 04, 2019 23:00:25

Con ocasión de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, el independentismo catalán ha dejado poco espacio para la duda. Ha mostrado su verdadera faz. Se le ha caído la careta. Las atrocidades cometidas en las calles han descubierto ese discurso hipócrita, de Tartufo, acerca de la revolución de las sonrisas y la falsedad de su profesión de pacifismo y democracia. No obstante, una vez que ha subido el telón y se ha divisado lo que hay entre bambalinas, se pretende, como último recurso, engañar al personal con un nuevo relato, la existencia en Cataluña de dos independentismos, uno violento y minoritario; otro, masivo y pacífico. El mismo presidente del Gobierno y su ministro del Interior han colaborado en mantener el simulacro al distinguir entre los que cometen los actos vandálicos y los manifestantes mayoritarios, por ejemplo, los de las tres marchas llamadas por la libertad y la consiguiente concentración, como si fuesen dos cosas diferentes, sin conexión alguna, círculos sin intersección.

Es cierto que nadie puede pensar que todos los que se confiesan independentistas tengan capacidad ni estén dispuestos a hacer barricadas, incendiar la calle, tirar piedras o artefactos explosivos a la policía, etc. Es lógico que la extrema violencia sea propia de una minoría, pero eso no quiere decir que minoría y mayoría pertenezcan a espacios distintos. Esas marchas por la libertad tan “pacíficas” que han recorrido Cataluña durante tres días han cortado carreteras causando graves perjuicios a muchos transportistas y viajeros. Y los asistentes a esa manifestación tan “sosegada y democrática” no tuvieron ningún reparo en bombardear con todo tipo de proyectiles a la tribuna de la prensa, hasta que hicieron bajar a los periodistas de la plataforma. Y habrá que preguntarse a cuál de los dos grupos pertenecen los varios miles de manifestantes que pretendieron apoderarse del aeropuerto e interceptaron las vías de ferrocarril, ocasionando que se suspendiese un buen número de aviones y de trenes.

El ojo no es el oído ni la pierna es el brazo, las funciones son diversas, pero todos esos órganos pertenecen al mismo cuerpo, por ellos corre la misma sangre, e igual sucede con el independentismo catalán. Todos integran el mismo proyecto, aunque las intervenciones y los desempeños sean diferentes. El nacionalismo -como todo totalitarismo- es monolítico, no admite bifurcaciones. Las divisiones solo pueden ser funcionales, deberse a la asignación de distintos papeles y, en todo caso, a distintas estrategias.

La prueba de que todos pertenecen al mismo espacio es la lentitud y la ambigüedad que han mantenido la mayoría de los líderes del independentismo en condenar (algunos no lo han hecho aún) las barbaridades que tras la sentencia se han visto en Cataluña, situándose en una postura intermedia entre manifestantes y policía, cuando no manifiestamente en contra de los policías. Parecen decir: son unos salvajes, pero son nuestros salvajes. Quizás haya sido Carles Riera, de la CUP, el más sincero al increpar a los líderes de otros partidos haciéndoles notar que son sus hijos. Torra y algún otro podrían afirmarlo en sentido estricto y no solo en sentido figurado. Por si cabía alguna duda la presidenta de la ANC lo ha dejado meridianamente claro, al considerar la violencia como un factor positivo para la propaganda internacional del Procés

Se atribuye a Xavier Arzalluz la frase de “mientras ellos agitan el árbol, nosotros recogemos las nueces”, en referencia a la actuación de ETA. Da la sensación de que algo así quieren los dirigentes del secesionismo porque, cuando se adueña de Cataluña una cascada de sabotajes y de actuaciones violentas, el presidente de la Generalitat insiste una y otra vez en entrevistarse con el presidente del Gobierno para establecer un diálogo sin líneas rojas, es decir, para negociar la independencia y la amnistía. En realidad, plantea un chantaje: “Yo puedo hacer que la violencia cese en Cataluña, siempre que accedas a mis propuestas”.

Todo lo anterior no quiere decir que en ocasiones no existan distintas estrategias en los secesionistas y que, en función de ellas, pueda parecer que se dan tipos distintos, unos mejores que otros. Pero los papeles pueden invertirse en cualquier momento. Es posible que Esquerra aparezca hoy como más flexible y dialogante que los ex convergentes. Eso al menos piensa Pedro Sánchez, o quiere pensarlo, ya que considera que tras las elecciones la única posibilidad de mantenerse en el gobierno es pactar de nuevo con Esquerra. Es esta suposición la que ha condicionado y condiciona la forma de actuar del Ejecutivo en los graves disturbios que están ocurriendo en Cataluña. Es esa creencia la que hace que Pedro Sánchez, aparte de afirmar que tiene todo controlado, no haga nada ante la violencia que se está generando. En cualquier caso, conviene no olvidar que fueron los representantes de Esquerra los que presionaron a Puigdemont para que no convocase elecciones y declarase unilateralmente la independencia. Recordemos a Rufián y las 155 monedas de plata.

En esa estrategia de utilizar todos los medios posibles en la difícil tarea de convencer a la opinión pública nacional e internacional de la ausencia de violencia en el procés, se pretende a veces borrar toda conexión de las fuerzas independentistas con los brutales tumultos desatados estos días en Cataluña, por lo que, de forma solapada, atribuyen los disturbios a colectivos un tanto equívocos y de contornos confusos, como el de los antisistema o el de los anarquistas. Puede ser que tengan razón, pero ello no implica que no sean además secesionistas.

Pocos movimientos más anárquicos y antisistema que el procés. El Gobern, el Parlament y todo el entramado independentista saltaron por encima de la Constitución, del Estatuto y de todo el marco legislativo, pretendiendo justificar tal voladura del preexistente orden jurídico en una pseudovoluntad del pueblo de Cataluña. Transgredieron una multitud de leyes, desobedecieron a los tribunales y obstaculizaron sus mandatos, manejaron cuantiosos fondos públicos al margen del presupuesto y de todo procedimiento administrativo. El Parlament se declaró soberano, soberanía de la que se pretende privar a todo el pueblo español y a las Cortes generales. ¿Puede haber comportamiento más anárquico y antisistema que el planteado por los líderes independentistas? ¿Puede extrañarnos entonces que una parte del movimiento queme contenedores y coches, corte las carreteras, pretenda adueñarse del aeropuerto, sabotee las líneas férreas, agreda a la policía con todo tipo de artefactos, incluso empleando los más violentos? El que puede lo más, puede lo menos. El que justifica lo más, justifica lo menos. Ante un golpe de Estado por muy incruento que sea, todas esas cosas carecen de importancia.

Han sido muchos años de adoctrinamiento. Para los cachorros independentistas, toda su vida. Desde su más tierna infancia han escuchado un discurso monolítico, centrado en la gran epopeya que ha protagonizado a lo largo de la historia el pueblo catalán; se les ha inoculado la idea de que las virtudes de la sociedad catalana son muy superiores a las del resto de España, se les ha repetido una y otra vez que los españoles les roban, que el origen de todos los problemas se encuentra en el Estado español, conglomerado de todos los males; que todo sería distinto si algún día alcanzasen la independencia; que este debería ser el objetivo número uno de todo buen catalán; los otros son malos catalanes, botiflers.

En los últimos años los cachorros secesionistas han visto a sus mayores aceptar plenamente el concepto maquiavélico de que el fin justifica los medios. Les han dicho que las leyes o los mandatos de los tribunales podían no cumplirse, siempre que fuese por una buena causa, y no hay causa más excelsa que colaborar a que el pueblo catalán recobre la libertad que no se sabe muy bien quién le había arrebatado. Han visto a sus políticos y a sus líderes situarse al margen de todo el ordenamiento jurídico con el argumento de que la independencia estaba al alcance de la mano. ¿Puede extrañarnos ahora que se comporten anárquicamente, bárbaramente, saltándose cualquier precepto o norma, cuando comienzan a ser conscientes de que la república prometida no se consigue y sus políticos les convocan a manifestarse?

Sí, los que han puesto patas arriba estos días a Cataluña son ácratas, antisistemas, pero no más que los que han dado y mantienen un golpe de Estado. Cataluña se ha convertido en una región sin ley. El independentismo catalán ha sacado de la jaula al tigre y es posible que no sepa ahora cómo encerrarlo.

republica.com 1-11-2019



CIEN AÑOS DE HONRADEZ

PSOEPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Thu, October 31, 2019 17:05:42

Acompañando al nacimiento en España de nuevas fuerzas políticas, ha surgido el fenómeno de que algunos partidos, cuyas siglas provienen de otras épocas anteriores a la Guerra Civil, tales como el PSOE, Esquerra Republicana o el PNV, han sacado pecho y se vanaglorian de sus muchos años de historia. Antes que nada, habrá que convenir en que no todo tiempo pasado fue mejor. En la historia de las organizaciones, al igual que en la de las naciones o en la de las personas, no todo es bueno, hay de todo, claroscuros, actos y realidades de los que sentirse orgulloso y otros de los que avergonzarse.

En las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, el PSOE escogió como eslogan electoral “100 años de honradez”, al que los militantes del partido comunista añadieron con cierta sorna e ironía “y cuarenta de vacaciones”, haciendo referencia a su escasa presencia durante la dictadura, en contraposición a la actuación del partido comunista. Presiento que de Esquerra Republicana y del PNV se podría predicar algo parecido, mucho más presentes en el exilio que en el interior, por más que ahora, cuando Franco ha muerto hace más de cuarenta años, estén dispuestos a luchar contra franquistas imaginarios que ven por todas partes. Tampoco se puede decir que estos dos últimos partidos tuviesen un papel muy lúcido durante la Segunda República y la Guerra Civil.

No hay por qué dudar de los cien años de honradez del PSOE, pero no se puede decir lo mismo de los que vinieron después. El partido socialista tiene poco que reprochar al PP en materia de corrupción. En ambas formaciones políticas ha surgido con largueza cuando y allí donde gobernaban. La memoria de los ciudadanos es frágil y es posible que hayan olvidado lo que sucedió en los últimos años del felipismo, y cómo la corrupción se expandió de tal manera por todas las Administraciones que en 1996 hizo perder el gobierno al PSOE. Y con toda probabilidad muchos tampoco recordarán que fue en el Ayuntamiento de Madrid, a principio de los ochenta en un contrato de limpieza licitado por el gobierno municipal del PSOE, donde se ensayó por primera vez la financiación ilegal de un partido político.

Últimamente ha estado muy presente en la prensa la formación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra. Lo que le ha dado ese carácter de extraordinario es que lo presida una socialista, apoyada en un conglomerado político muy heterogéneo entre los que se encuentran incluso los herederos de ETA. Lógicamente, esta forma de actuar ha suscitado muchas críticas en contra del PSOE. No obstante, hay quienes han pretendido explicar la postura del partido socialista navarro por el mono de poder, al llevar 23 años fuera del gobierno. Ningún medio, sin embargo, se ha preguntado por la razón de esta ausencia, que muy probablemente radica en el escándalo que protagonizaron los dos últimos socialistas que ocuparon el cargo de presidente de la Comunidad. Estuvieron procesados por corrupción. Uno de ellos incluso pasó varios años en la cárcel y el otro fue absuelto, pero tan solo porque había prescrito el delito.

Sánchez ha basado toda su oposición a Rajoy en el asunto de la corrupción. Incluso ha querido justificar la moción de censura ganada con el apoyo de los golpistas, con la excusa de una sentencia en la que se daba por probada la corrupción del PP. En realidad, la sentencia no afirmaba nada nuevo que no se conociese hace tiempo. Pero sirvió de coartada. Pedro Sánchez se ha creído legitimado para adoptar esa postura puritana de inquisidor inexorable, ya que no se sentía vinculado por los escándalos pasados de su partido. Esta actitud hasta cierto punto era coherente en un personaje que ha pasado por encima de todos los órganos de su formación política, hasta el extremo de configurar un partido prácticamente nuevo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que pretenda recurrir ahora a los 140 años de historia de los que no queda nada sino las siglas?

Al felipismo se le pueden achacar cantidad de errores y defectos. No seré yo el que los oculte cuando tantas veces los he censurado, pero ese PSOE, el de los años ochenta y noventa, nunca hubiese pactado en Navarra con los herederos de ETA, ni sus federaciones del País Vasco, Baleares y Navarra se habrían comportado tal como están actuando en los momentos presentes con la aquiescencia de Sánchez. Tampoco se hubiese hipotecado a los intereses del PSC, ni hubiese dejado que fuesen los planteamientos de esta formación política los que se impusiesen en todo el partido. Aquel PSOE, por mucho que le tentase el poder, jamás hubiese aceptado ponerse al frente de un gobierno Frankenstein, formado por un amasijo de fuerzas políticas dispares entre las que se encontraban aquellas que acababan de dar un golpe de Estado y que permanecían en las mismas posiciones. Es verdad que en los años ochenta y noventa tanto el PSOE como el PP pactaron con los nacionalistas, que cedieron a muchas de sus reivindicaciones, colaborando así, de forma quizás inconsciente, a que se fortaleciesen de cara a la traca actual. Pero entonces aún no habían mostrado su auténtica faz. Se trataba de nacionalistas, no de golpistas. No se habían sublevado, permanecían, al menos aparentemente, dentro del marco constitucional. La situación ha cambiado radicalmente.

Sí, Pedro Sánchez ha inventado un nuevo PSOE, y ha barrido casi en su totalidad a todos los que representaban algo en el antiguo, pero por eso resulta tan irónica -más bien hipócrita- la postura de la vicepresidenta pretendiendo disculpar los coqueteos del sanchismo con los batasunos amparándose en las víctimas que ETA ha causado al PSOE. Es precisamente esa historia del partido socialista frente al terrorismo la que censura con mayor dureza el comportamiento actual del sanchismo. Pedro Sánchez quiere usar el pasado del partido para lavar sus escarceos con golpistas y herederos de terroristas, pero curiosamente no se siente concernido con la parte oscura de la historia del partido, piensa que no le salpica la corrupción pasada y se cree legitimado para censurar duramente a la de los otros partidos.

Pero el hecho es que la corrupción del PSOE no queda confinada en el pasado, llega al presente. Como cabría esperar, se ha mantenido, allí donde ha venido gobernando, principalmente en Andalucía. Pedro Sánchez se ha desentendido de la corrupción de la Junta de Andalucía como si no fuese con él, un asunto exclusivo de Susana Díaz. Pero lo quiera o no, esa Comunidad Autónoma proporciona una parte muy importante de los parlamentarios del grupo socialista y en los que Pedro Sánchez ha venido apoyándose tanto en su acción de oposición como de gobierno. Él también se ha beneficiado del supuesto dopaje que ha usado el partido socialista de Andalucía. Pero es que, además, la corrupción de la Junta toca más directamente a Sánchez desde el momento en el que ha incorporado a su gobierno a altos cargos de esa Comunidad Autónoma; especialmente en el Ministerio de Hacienda, al que la ministra se ha traído a media Consejería, bloqueando e invadiendo múltiples cargos del Ministerio.

Hace pocos días surgió la noticia de que había dimitido el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al ser llamado a declarar como investigado en el caso del yacimiento minero de Aznalcóllar. Se le imputaba participar en la adjudicación de un contrato en el que, según la Audiencia provincial, podría haberse producido malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, y prevaricación.

Es un proceso más de los que afectan a los pasados responsables de la Junta de Andalucía. La relevancia del caso se encuentra en la imputación del presidente de la SEPI. Para los que no lo sepan, la SEPI es el holding propiedad del Estado y dependiente del Ministerio de Hacienda, que engloba a casi todas las sociedades estatales que han quedado sin privatizar. Resulta evidente la importancia del cargo, el poder económico que acumula y la cuantía de sus retribuciones. Haber designado para ese puesto a quien después ha resultado imputado no deja en muy buen lugar "in vigilando" a la ministra que lo ha traído de Andalucía.

Además, el ahora dimitido de la presidencia de la SEPI había ocupado previamente el cargo de Interventor General de la Junta de Andalucía, es decir, encargado de controlar la legalidad y correcta administración de los recursos públicos en todos los organismos, entes y consejerías de la Junta. Se supone que fue nombrado también por la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de la Junta en la misma área. La trascendencia de estos nombramientos surge de que la Audiencia provincial ha mandado investigar si hay un posible delito de cohecho, por "ascensos" que pudieran haberse dado a modo de recompensa a las personas relacionadas con el concurso. Llueve sobre mojado, puesto que quien ocupaba el cargo de Interventor General de la Junta entre 2000 y 2010 se encuentra procesado en la actualidad en el caso de los ERE, porque conociendo la irregularidad de las subvenciones que se estaban tramitando no las impidió.

Quizás, la relevancia de todo lo anterior se encuentre de forma prioritaria en la alegría con la que algunos políticos usan y abusan de lo público. Una concepción del poder que cree que el gobierno puede apropiarse de la Administración, incluso de aquellas instituciones que como las intervenciones generales tienen que actuar con total objetividad e independencia, al margen de los intereses partidistas. Actitud que hasta ahora había anidado principalmente en las Autonomías, pero que con Pedro Sánchez puede estarse contagiando a la Administración central. Buena prueba de ello es la utilización espuria a la que se ha sometido a la Abogacía del Estado, primero haciéndole cambiar la calificación en el juicio del procés y últimamente con el informe acerca de los anticipos a cuenta a las Autonomías. Esto también es corrupción, y de las más graves. Qué papelón el de la Abogada general del Estado.

republica.com 25- 10- 2019



SÍ, HUBO GOLPE DE ESTADO

CataluñaPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, October 21, 2019 23:52:31



La figura del golpe de Estado no se encuentra en el Código Penal (al menos en el nuestro). No es un concepto jurídico. Pertenece a la teoría política. En ese sentido, no tienen razón los que mantienen que después de la sentencia del Tribunal Supremo no se debe hablar de golpe de Estado. La denominación política aplicada a los acontecimientos ocurridos en Cataluña no depende de su tipificación penal. Sea cual sea esta, los hechos se ajustan como anillo al dedo a lo que la teoría define como golpe de Estado. Se puede estar o no de acuerdo con la sentencia, pero ello es totalmente independiente de que, con toda propiedad, se pueda seguir calificando de golpe de Estado lo que ha ocurrido en Cataluña y se pueda continuar llamando golpistas a los partidos secesionistas.

Por otra parte, el hecho de que la sentencia haya optado por la tipificación de sedición, en lugar de rebelión, no lava al Gobierno de Pedro Sánchez de la infamia de presionar a la Abogacía del Estado para que cambiase su postura en el proceso. Es más, habría que preguntarse hasta qué punto la inferencia no ha sido la contraria. Es decir, si el cambio de opinión de la Abogacía del Estado no ha colaborado a que la sentencia se haya decantado por la sedición y no por la rebelión. En cualquier caso, el giro de la Abogacía seguro que ha facilitado al Tribunal Supremo pronunciarse tal como lo ha hecho, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación.

No se puede negar -a no ser con mala intención- que la división de poderes se da en el sistema democrático español al menos con la misma solidez que en los demás países europeos. Prueba de ello se encuentra en el gran número de políticos que se hallan procesados o en la cárcel; muchos después de ocupar puestos muy relevantes en el organigrama de aquellos partidos que se han turnado en el gobierno durante treinta años. Incluso el cuñado del rey permanece en prisión. Pero una cosa es que el poder judicial sea independiente del gobierno y de los poderes fácticos y otra muy distinta que no se produzca ninguna influencia. Pecaríamos de inocentes si no aceptásemos que esta se da en todos los países y, por supuesto, también en el nuestro.

No es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión alguna presión ha habido para que el Tribunal Supremo haya optado por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que fuese determinante, pero sí que ha coadyuvado junto con el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia se dictase por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que ha realizado el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. La violencia psíquica, por tanto, no puede descartarse como elemento integrante del delito de rebelión. Los magistrados argumentan profusamente, desbaratando la tesis de casi todos los que defendían que no se había producido este delito, puesto que todos ellos se basaban en que no se había utilizado la violencia física.

El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Es más, desde el campo de la Psicología parece bastante claro que la intimidación o la amenaza puede ser tanta o más coactiva que la mera fuerza física. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales acontecimientos en los que se ha producido esta violencia, en concreto, el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. No obstante según el Tribunal, y no puede sorprender a nadie, no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Los magistrados mantienen que se precisa que la violencia sea “instrumental, funcional y preordenada”. Hasta aquí todo puede ser perfectamente coherente. Parece una obviedad afirmar que en el delito de rebelión la violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472, pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Sin embargo, llama la atención lo que a partir de este momento se afirma en la sentencia. Comienzan los esfuerzos para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar que se afirme que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012. Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Es difícil creer que la violencia ocasionada a lo largo de esos cinco años se ordene a una finalidad distinta de la secesión.

Concretamente, la violencia desplegada por el independentismo el 1 de octubre iba dirigida a la celebración de un referéndum, referéndum que era condición necesaria y suficiente para la proclamación unilateral de la independencia. Aún más, las leyes de desconexión establecían entre ambos (referéndum y secesión) una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en 48 horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación es una aseveración gratuita y totalmente contradictoria con los hechos y con las manifestaciones de los propios golpistas, que no solo se ratifican en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los magistrados basan el argumento, por ejemplo, en el testimonio del señor Vila, pero no parece que este exconsejero sea el más representativo de todos los condenados. La negativa del Gobierno a permitir la independencia estuvo clara desde 2012, y no podía ser de otra manera puesto que no lo permite la Constitución. Los golpistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente del de la negociación, el de la vía unilateral.

Mantener que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que estos últimos no se lo creían es un juicio de valor sin soporte fáctico y difícil de aceptar, como también es un juicio de valor y muy osado el mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación o que los responsables se asustasen ante el 155 no quiere decir que la independencia no se declarase públicamente y que el presidente de la Generalitat, ante el requerimiento del presidente del Gobierno central se negase siempre a manifestar lo contrario. Desde luego, no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. Se esfuerzan para convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público. Cosas de la unanimidad.

republica.com 18-10-2019



El Banco de España, la AIReF y las pensiones

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, October 14, 2019 23:44:40

Es obvio que el nombre de banco emisor predicado de los bancos centrales obedece a su facultad en exclusiva de emitir dinero. Pero no es menos cierto que en el caso del Banco de España (BE) y de otros muchos bancos centrales ese nombre podría hacer referencia también al papel que asumen de ser el principal centro de emisión de cultura económica neoliberal. No se precisa que sea una opinión oficial de la entidad ni un acuerdo de su Consejo, basta con que uno de sus altos cargos dé una conferencia para que toda la prensa titule “El Banco de España afirma…”, como si constituyese un oráculo infalible, cuando la realidad es que nuestro banco emisor ha fallado más que una escopeta de repetición, y ha permitido no se sabe cuántas crisis bancarias sin enterarse de lo que estaba ocurriendo.

No es extraño por tanto que cada poco tiempo lancen un mensaje derrotista sobre el sistema público de pensiones. Constituye este una diana muy propicia para centrar los ataques del neoliberalismo económico. Primero, porque es uno de los capítulos más importantes del gasto público; segundo, porque aparece como claro competidor de los fondos privados de pensiones. En esta ocasión ha sido el director general de economía y de estadística del banco emisor en unas jornadas organizadas por el BBVA, lugar sin duda muy a propósito y donde jugaba en campo propio.

Esta intervención ha coincidido en el tiempo con las manifestaciones realizadas por José Luis Escribá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un acto organizado por Servimedia bajo el título de “La sostenibilidad del sistema de pensiones”. Como se ve, los órganos “independientes” compiten por hacer declaraciones acerca de asuntos políticos, que nunca deberían ser independientes, sino dependientes de las decisiones del Parlamento y en consecuencia, de la soberanía popular. El problema es que esta ha quedado muy mermada y perjudicada con la Unión Monetaria.

La Unión Europea se ha esforzado en mantener la política monetaria al albur de las decisiones políticas, de ahí el carácter de independencia que ha pretendido dar a los bancos centrales y en especial al Banco Central Europeo. Pero no contentas con ello, y a pesar de que las políticas fiscales quedan relegadas a los Estados nacionales, las autoridades comunitarias, cuando han podido, han presionado a cada país para que se crease una institución dedicada a las finanzas públicas y con la teórica característica de independencia, es decir, al margen de las decisiones políticas.

En esta ocasión el BE, como siempre, ha tirado por elevación. Tras pronosticar que si no se mantienen las reformas de 2011 y 2013 y se pretende actualizar anualmente las pensiones por el IPC, el gasto en este capítulo se incrementaría de aquí a 2030 en 2 puntos del PIB y, si extrapolamos hasta 2050 el incremento en lugar de 2 sería de 3 puntos, lo que según el alto funcionario del BE sería inasumible. Es curiosa la facilidad con la que se califica de inasumible todo lo que hace referencia a las pensiones. Nadie dice que el gasto en educación, en defensa, en intereses de la deuda, en sanidad, en esa maraña cada vez más densa de subvenciones y en otras muchas partidas, no es asumible.

El ser o no asumible (no las pensiones, sino todo el gasto público) depende del montante de impuestos que seamos capaces de soportar, pero conviene no olvidar que la presión fiscal en España es seis puntos inferior a la media de Europa. Y seis puntos también en porcentaje del PIB separan el nivel de nuestro gasto público del de la media de la Unión Europea. Catorce puntos del de Francia y nueve puntos del de Italia. ¿De verdad sería inasumibles dentro de treinta años dedicar tres puntos más del PIB a gasto público? Lo que ciertamente resultaría socialmente inasumible sería reducir la cuantía de las pensiones en un 30 o un 40%, resultado forzoso de no actualizarlas por el IPC. Se condenaría a la pobreza más severa a una gran parte de la población, y precisamente aquella que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad por encontrarse al final de su vida.

El presidente de la AIReF ha estado más moderado y mucho más acertado, quizás porque este organismo no pretende ser tan independiente como quiere serlo el BE y, además, se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda. Ha comenzado por reconocer el descalabro social que significaría mantener la actualización del 0.25% que fija la última ley de pensiones aprobada, e intenta buscar soluciones alternativas. No obstante, comete algunos errores como el de colocar parte de la solución en el retraso de la edad de jubilación y en la inmigración. Ello podría ser correcto si nuestra tasa de paro tuviese un nivel adecuado, pero mientras la oferta de trabajo sea muy inferior a la demanda, lo único que conseguiríamos sería incrementar el desempleo, es decir, aliviar un problema para agravar otro. La emigración se puede defender desde distintos puntos de vista, pero, hoy por hoy, no puede justificarse en la necesidad de importar mano de obra si luego no sabemos dónde colocarla.

Escribá acierta al sostener que la respuesta a los déficits que se puedan producir en el sistema de Seguridad Social remiten al presupuesto del Estado. Es el Estado con todos sus ingresos el que tiene que garantizar las pensiones y su adecuada actualización. Así lo dispone la Constitución. El error cometido hasta ahora parte de esa disociación espuria que hizo el Pacto de Toledo entre Estado y Seguridad Social. Es por eso por lo que tampoco parece apropiado el método que propone el presidente de la AIReF de trasladar al presupuesto del Estado las pensiones no contributivas, las bonificaciones sociales por creación de empleo y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social. Sin duda sería una solución a corto plazo, pero nadie asegura que antes o después no estuviésemos en las mismas y, sobre todo, continuaría la confusión de presentar las pensiones contributivas como si el Estado no tuviese nada que ver con ellas.

El planteamiento debe ser más directo, considerar las cotizaciones sociales como un impuesto más (así lo considera la Contabilidad Nacional) y hacer que el presupuesto del Estado asuma tanto el déficit como el superávit de la Seguridad Social. En realidad, se trata de cambiar los que en estos momentos aparecen como préstamos por aportaciones a fondo perdido. En los momentos actuales, y lo mismo ocurrió a mediados de los noventa, el déficit de la Seguridad Social se enjuga con un préstamo del Estado y, viceversa, cuando el sistema ha tenido superávit el excedente se ha prestado al Estado, comprando deuda pública (es la tan cacareada hucha). Ninguna de las dos cosas tiene sentido si se supone, tal como hay que suponer, que la Seguridad Social pertenece al Estado.

Se dirá, y con cierta razón, que de esta manera no se ha solucionado el problema, sino que simplemente se ha trasladado al presupuesto del Estado, pero lo que sí ocurre es que se le da una dimensión mucho más general. No existe un problema especifico de las pensiones; y, de existir alguno, es el de toda la economía del bienestar y de la capacidad para financiarla. La cuestión radica, por una parte, en la decisión política acerca de la presión fiscal necesaria y, por otra, en algo a lo que se suele dar muy poca importancia, la productividad de la economía. De ella depende en parte la suficiencia del sistema fiscal y sobre todo la capacidad económica de la totalidad de la sociedad porque, dependiendo de la productividad, cien trabajadores pueden producir igual que quinientos o mil. Pero de la productividad hablaremos otro día.

republica.com 11-10-2019



DE DRAGHI AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

EUROPAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Wed, October 09, 2019 19:14:15

Ha sido necesario esperar casi treinta años para que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) reconozca la cojera que desde el inicio afecta a la Unión Monetaria (UM). Al final de su mandato, Draghi ha manifestado abiertamente lo que de forma más encubierta venía insinuando en los últimos tiempos: “Una diferencia clave de la Eurozona con otras uniones monetarias avanzadas es la falta de un instrumento fiscal que actúe de manera anticíclica en el plano federal. “No hay política monetaria que no cuente con una política fiscal" (ver mi artículo de la semana pasada).

El presidente del BCE no solo manifiesta que sería preciso que países como Alemania u Holanda, que tienen margen presupuestario o financiero, realizasen una política fiscal expansiva, sino que la propia UM debería dotarse de un instrumento con una dimensión creíble para poder realizar en el plano europeo una política anticíclica y que, al mismo tiempo, compensase los desequilibrios que la UM puede producir entre los diferentes países.

Draghi, en su despedida, afirmó tajantemente que el BCE ha hecho su trabajo; lo cual es cierto. Ha sido la política monetaria, junto con las políticas deflacionistas adoptadas por los países del Sur, las que por el momento han salvado al euro, cuando muchos creíamos que la UM estaba condenada a desaparecer. Paul Krugman, uno de los economistas que había negado con más fuerza la viabilidad de la moneda única y había pronosticado su ruptura a corto plazo, reconoció su error situando el origen de su confusión en que no podía imaginar que los ciudadanos de las sociedades europeas pudiesen soportar semejantes recortes y políticas deflacionistas como las aplicadas en el sur de Europa en esos años.

No obstante, ante los signos de desaceleración presentes ya en toda Europa, es forzoso preguntarse qué ocurriría si se produjese una crisis como la del 2008. No resulta creíble que esta vez la solución pudiese provenir de los mismos factores. La política monetaria no puede dar más de sí y es muy dudoso que sea capaz de continuar asumiendo el papel de parachoques de la crisis. Pero más difícil es aún que se pueda someter a las sociedades de los países del Sur a otra devaluación interior como la que padecieron en la crisis pasada.

Mientras tanto, los países del Norte no han cedido casi en nada. La UM continúa con los mismos defectos con los que nació. Aquellos que ingenuamente e imbuidos de un espíritu evangélico defendían “hagamos la Unión Monetaria y el resto se nos dará por añadidura” tendrán que reconocer que, de añadidos, poco. De hecho, en muchos casos se ha ido para atrás. Cuando se firmó el tratado de Maastricht el presupuesto comunitario ascendía a un escaso 1,24% del PIB global; treinta años después es tan solo del 1,20%. Tras el fracaso del Sistema Monetario Europeo, los mandatarios europeos mantuvieron bobaliconamente que la moneda única haría imposible la divergencia de las tasas de inflación y la disparidad de los tipos de interés. La falsedad del planteamiento apareció relativamente pronto. Desde la constitución de la UM en 1999 y hasta 2008 los precios se incrementaron en Grecia, España, Irlanda y Portugal alrededor de 17 puntos más que en Alemania, y en julio de 2012 las primas de riesgo de España y de Italia rondaban los 600 puntos.

Si hoy las tasas de inflación convergen no es porque la UM haga imposible la divergencia, sino por la brutal devaluación interna a la que se ha sometido a ciertas sociedades, y si en los momentos actuales las primas de riesgo se mueven en unos niveles relativamente modestos no se debe a que el euro haya forzado la confluencia de los tipos de interés, sino a que el BCE echó un pulso a los mercados. En realidad, el mismo concepto de prima de riesgo -por reducida que esta sea- resulta contradictorio con una unión monetaria y es bastante representativo de los fallos que rodean al euro. Sin que exista riesgo de cambio, ya que todos los países utilizan una misma moneda, no parece que haya razón para que los intereses que se pagan por la deuda soberana sean diferentes, a no ser que haya dudas acerca de la permanencia de la Unión y se esté considerando la distinta solvencia de los Estados.

Desde Maastricht, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Entonces la UE comprendía 12 países, hoy son 28. Aun cuando en el momento presente solo 19 pertenezcan a la Eurozona, el resto potencialmente están llamados a integrarse. La heterogeneidad entre los Estados se ha hecho mucho más acentuada. Las diferencias en renta per cápita, salarios, costes laborales etc. son notables y los sistemas fiscales, muy diferentes. Todo ello sin que se haya dado un paso real hacia la integración fiscal y presupuestaria. Los países del Norte se han opuesto a todo avance o han descafeinado las posibles medidas, prescindiendo de cualquier aspecto que pueda representar una redistribución de recursos entre los Estados, o la mutualización del riesgo. Por supuesto, resulta imposible hablar de un presupuesto comunitario verdaderamente significativo, pero es que ni elementos muy básicos como el de un fondo europeo de garantía de depósitos o un seguro de desempleo comunitario tienen viso alguno de poder ser aprobados.

Como cabría esperar, la integración política aparece como una utopía imposible de alcanzarse, pero por eso la UE se queda en tierra de nadie, "es" pero "no es", mantiene un equilibrio radicalmente inestable. Es terreno abonado para todo tipo de contradicciones e incompatible con el Estado Social. Se ha convertido en una trampa para la izquierda. Por ello resulta paradójico que, desde nuestro país, y especialmente desde la izquierda, por una parte, se ansíe y se defienda la integración política de Europa, que tal como se ha dicho es una quimera y, por otra, de forma un tanto frívola, se haya construido interiormente un escenario en el que se dispara todo tipo de fuerzas centrífugas.

Si la UM es una trampa que rompe el equilibrio entre política y economía, el Estado de las Autonomías se ha transformado en el germen de una dinámica en la que se van a repetir los mismos errores y surgirán idénticos problemas a los de la Eurozona, pero en este caso a escala regional, lo que es mucho más grave. Desaparece la igualdad en derechos y obligaciones de los ciudadanos. Se pretende deteriorar gravemente la política redistributiva del Estado entre territorios y se cae progresivamente en un dumping fiscal extremadamente peligroso entre regiones de un mismo país.

La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Y no deja de ser verdad porque lo defienda la extrema derecha o se oponga a lo políticamente correcto y a lo que se estipuló en la Carta Magna. Pienso que el mayor error que se cometió al redactar la Constitución fue crear el Estado de las Autonomías. Es posible que, en esto como en tantas otras cosas, no existiesen en aquel momento muchas alternativas. Se pretendió solucionar dos problemas y, por el contrario, se crearon quince más, y los dos que se querían arreglar se han agravado hasta extremos que eran difícilmente imaginables.

El error parte de creer que los nacionalismos pueden satisfacerse con cesiones. Cada logro alcanzado, lejos de conformarles, les proporciona una nueva plataforma para nuevas reivindicaciones en un proceso que no tiene fin, si no es con la independencia. En cualquier caso, lo que se produce es una situación privilegiada en aquellas Comunidades que cuentan con partidos nacionalistas y que adquiere especial gravedad al tratarse de los territorios más ricos.

El nacionalismo termina contaminando a todas las regiones. El ejemplo de las ventajas conseguidas por los partidos nacionalistas propicia que en casi todas las Comunidades hayan surgido formaciones políticas regionales. Incluso, las fuerzas centrífugas están actuando en algunos de los partidos que se llaman nacionales. No existen dudas en el caso de Podemos, en el que la disgregación por territorios es un hecho, hasta el extremo de poner en peligro la propia supervivencia del partido. El fenómeno, aunque con menos fuerza, también sucede en el PSOE, especialmente con el sanchismo. El PSC juega por su cuenta, y las agrupaciones de Baleares, País Vasco y Navarra siguen su ejemplo.

En la Unión Europea los intereses nacionales priman sobre las posiciones ideológicas. En España vamos camino de ello, solo que aplicado a las Comunidades Autónomas. Con el tiempo, pero ya está empezando a suceder, el enfrentamiento clásico entre izquierdas y derechas va a dejar el espacio a la contienda en clave territorial. El hecho es evidente en Cataluña y en el País Vasco. Solo así se explica que dos fuerzas claramente de derechas (como el PNV y los herederos de los convergentes, como quieran que se llamen), se alíen con partidos que se proclaman de extrema izquierda. Pero dentro de poco es posible que esta anomalía política se extrapole a todas las Comunidades. Unir políticamente distintos estados es una tarea ardua y quizás quimérica. Lo estamos comprobando en Europa. Por el contrario, disgregar y romper una unidad política puede ser más fácil de lo que pensamos. Es seguro que no uniremos Europa, pero es posible que troceemos España.

republica.com 4-11-2019



UNA EXPANSIÓN CUANTITATIVA NUEVA Y DIFERENTE

EUROPAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, October 01, 2019 18:26:37

Quienes en los años setenta preparaban oposiciones para ingresar en el Banco de España lo primero que debían aprender eran las funciones encomendadas a un banco central, entre las que se encontraba el ser prestamista en última instancia, lo que implicaba no solo ser el banco de banqueros, sino también el banco del Tesoro Público. En la instrumentación, por tanto, de la política monetaria se asumía que el sector público, junto con el sector exterior, constituían factores autónomos de liquidez, cuyas variaciones, a efectos de controlar la masa monetaria, debían ser compensadas por el banco central aumentando o reduciendo el crédito al sistema bancario.

A partir de los años ochenta el panorama fue cambiando en casi todos los países. La monetización del déficit comenzó a considerarse tabú, un peligro para la economía, bien por sus efectos inflacionarios, bien porque se podía producir el llamado credit out, expulsión del sector privado del crédito. La ortodoxia se asentó por un lado en la defensa a ultranza de la autonomía de los bancos centrales y por el otro circunscribiendo la financiación del déficit público exclusivamente a la emisión de deuda.

El diseño de la Unión Monetaria se elaboró sobre estos principios. Los tratados estipulan, en primer lugar, que ni el Banco Central Europeo (BCE) ni los bancos centrales nacionales pueden solicitar o recibir instrucciones de las autoridades comunitarias y tampoco de los gobiernos de los países miembros y, en segundo lugar, la prohibición de los descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el BCE y los bancos centrales nacionales a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados miembros.

Una característica de la Eurozona es la separación entre política monetaria y fiscal. La política monetaria se encomienda al BCE mientras que la política fiscal permanece en los Estados nacionales. Esta disociación y la ausencia de una hacienda pública europea consistente se encuentran en el origen de la mayoría de las contradicciones y problemas del euro. En la Unión Europea no existe una unión fiscal y presupuestaria que pueda compensar los desequilibrios y desigualdades que produce la moneda única.

No obstante, se impone a los Estados miembros una serie de limitaciones acerca del nivel de déficit y de deuda pública en los que pueden incurrir. Al margen de que tales prohibiciones se encuentren en los tratados, son los mercados los que, al no tener los países moneda propia, antes o después los fuerzan a ello. De hecho, así ocurrió en 2008, cuando los mercados pusieron en aprietos a muchos gobiernos que, tras incrementar sus déficits públicos, se vieron en graves dificultades para financiarlos. A algunos les resultó imposible y tuvieron que ser rescatados por las instituciones europeas. En otros casos, como en los de Italia y España, ante los niveles desorbitados que alcanzaron sus primas de riesgo, necesitaron que el BCE acudiera en su ayuda comprando bonos en el mercado abierto, con lo que mostraba a los inversores que estaba dispuesto a intervenir todo lo que fuese necesario para defender al euro.

No hay duda de que la actuación del BCE fue una pieza esencial en la recuperación económica y en la corrección -eso sí, provisional- de los problemas que asediaban al euro en la pasada crisis. Para ello, como el mismo Draghi afirmó, se sirvió de todos los medios, acudiendo incluso a los instrumentos que se han dado en llamar no convencionales y que ya estaban siendo empleados por otros bancos centrales, en concreto el del Japón y la Reserva Federal de EE. UU.

Desde 2015, el BCE adoptó la llamada expansión cuantitativa, conocida por sus siglas en ingles QE, quantitative easing, que consiste básicamente en que el BCE compra títulos (en particular deuda pública) en el mercado a las entidades financieras, regando de esta manera con dinero la economía. Se supone que los bancos incrementan sus créditos a los particulares y a las empresas, lo que se traducirá en aumento de la demanda y por ende del crecimiento económico. Sin embargo, no han faltado detractores a esta forma de actuar del BCE. Desde Alemania, Holanda, Austria etc. se consideraba que la QE constituía una forma encubierta, aunque indirecta, de financiar a los Estados, al comprar sus títulos en el mercado.

La política monetaria es de lo poco que ha funcionado en la UM y ha sacado a la Eurozona de la encrucijada y de la trampa sin aparente salida en la que se encontraba. Pero ello no es óbice para reconocer que se han generado también efectos negativos. Ha incrementado la desigualdad. Al elevar el precio de los activos financieros, se ha beneficiado a sus tenedores, que principalmente y en una proporción muy elevada se identifican con los acaudalados. Así mismo, se corre el riesgo de que los bajos tipos de interés mantengan empresas zombis o que la facilidad crediticia genere burbujas y bolsas de insolventes.

Pero sobre todo es que la política monetaria tiene unos claros límites si no va acompañada de la política fiscal. Ambas se complementan. Una política fiscal expansiva tiene el peligro de fracasar si no se financia mediante la emisión de dinero. De lo contrario, sus efectos pueden verse malogrados porque la emisión de deuda drenaría fondos del sector privado, produciendo en este un efecto contractivo, a no ser que la iniciativa privada esté debilitada y el sector privado no se muestre dispuesto a invertir.

A su vez, una política monetaria en ausencia de una política fiscal presenta claras limitaciones para expandir la economía. Hace ya muchos años que Keynes lo puso de manifiesto: “es posible llevar el caballo al abrevadero, pero no se le puede obligar a beber”. Se puede inundar de dinero a la banca, pero de nada sirve si no existe demanda de crédito. Es lo que se ha denominado “trampa de liquidez”. En este caso únicamente la actuación del sector público puede incentivar la demanda.

Todo indica que la política monetaria ha dado ya todo lo que podía dar de sí. Los tipos de interés están a niveles sorprendentemente bajos, en algunos casos negativos. Los bancos no saben qué hacer con la liquidez y, a pesar de ello, la tasa de inflación no remonta, y no se acerca ni de lejos al 2% que tiene establecido como objetivo el BCE. Sería preciso, tal como ha insinuado Draghi, que la política fiscal tomase el relevo, pero ello parece vedado en la UM, porque en determinados países la situación financiera no deja margen para instrumentarla, y aquellos que tienen capacidad, como Alemania, y Holanda se niegan a ponerla en práctica.

Todas estas circunstancias crean una situación crítica de cara a la recesión que parece anunciarse. De ahí que ciertos autores y políticos se pregunten si la nueva QE que se proyecta no debería tener unas características distintas de la antigua; si no tendría que instrumentarse vertiendo directamente el dinero sobre los particulares en lugar de sobre los bancos. Las ventajas serían evidentes. Incrementaría la igualdad, ya que los recursos irían orientados a los ciudadanos más necesitados y, por la misma razón, el impacto sobre la actividad económica sería más inmediato, teniendo en cuenta que los receptores de los recursos tendrían una propensión al consumo mucho más elevada.

La propuesta es menos novedosa de lo que parece. Se trata de aunar la política monetaria y la política fiscal. Consistiría en realidad en instrumentar a nivel europeo una serie de programas de gasto público, tanto de infraestructuras como de prestaciones sociales a los más perjudicados por la crisis, financiados con la creación de dinero y no con impuestos. Ciertamente, esta inyección de efectivo tendría una dificultad evidente para la vuelta atrás en el momento en que el BCE decidiese drenar liquidez del sistema, pero en la actualidad esta institución cuenta con tal nivel de activos en su balance, proveniente de la primera expansión cuantitativa, que le bastaría y sobraría para instrumentar, si fuera necesaria, una política restrictiva.

La idea es sugerente, pero un tanto alambicada y desde luego ingenua. Alambicada, porque, ante la carencia en la Unión de un verdadero presupuesto y de tributos con suficiencia recaudatoria que pudiesen servir para instrumentar una política fiscal expansiva, se propone la acción del BCE financiando toda una serie de gastos públicos mediante la expansión monetaria. Ingenua, porque supone que los que se niegan a toda expansión fiscal en el ámbito nacional y se oponen radicalmente a todo incremento del presupuesto comunitario o a cualquier procedimiento con vistas a mutualizar el riesgo iban a permitir la monetización de un volumen sustancial de gasto público y, además, en el plano supranacional y europeo.

republica.com 27-9-2019





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