ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

ARTÍCULOS RECIENTES CONTRAPUNTO

El Banco de España, la AIReF y las pensiones

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Mon, October 14, 2019 23:44:40

Es obvio que el nombre de banco emisor predicado de los bancos centrales obedece a su facultad en exclusiva de emitir dinero. Pero no es menos cierto que en el caso del Banco de España (BE) y de otros muchos bancos centrales ese nombre podría hacer referencia también al papel que asumen de ser el principal centro de emisión de cultura económica neoliberal. No se precisa que sea una opinión oficial de la entidad ni un acuerdo de su Consejo, basta con que uno de sus altos cargos dé una conferencia para que toda la prensa titule “El Banco de España afirma…”, como si constituyese un oráculo infalible, cuando la realidad es que nuestro banco emisor ha fallado más que una escopeta de repetición, y ha permitido no se sabe cuántas crisis bancarias sin enterarse de lo que estaba ocurriendo.

No es extraño por tanto que cada poco tiempo lancen un mensaje derrotista sobre el sistema público de pensiones. Constituye este una diana muy propicia para centrar los ataques del neoliberalismo económico. Primero, porque es uno de los capítulos más importantes del gasto público; segundo, porque aparece como claro competidor de los fondos privados de pensiones. En esta ocasión ha sido el director general de economía y de estadística del banco emisor en unas jornadas organizadas por el BBVA, lugar sin duda muy a propósito y donde jugaba en campo propio.

Esta intervención ha coincidido en el tiempo con las manifestaciones realizadas por José Luis Escribá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un acto organizado por Servimedia bajo el título de “La sostenibilidad del sistema de pensiones”. Como se ve, los órganos “independientes” compiten por hacer declaraciones acerca de asuntos políticos, que nunca deberían ser independientes, sino dependientes de las decisiones del Parlamento y en consecuencia, de la soberanía popular. El problema es que esta ha quedado muy mermada y perjudicada con la Unión Monetaria.

La Unión Europea se ha esforzado en mantener la política monetaria al albur de las decisiones políticas, de ahí el carácter de independencia que ha pretendido dar a los bancos centrales y en especial al Banco Central Europeo. Pero no contentas con ello, y a pesar de que las políticas fiscales quedan relegadas a los Estados nacionales, las autoridades comunitarias, cuando han podido, han presionado a cada país para que se crease una institución dedicada a las finanzas públicas y con la teórica característica de independencia, es decir, al margen de las decisiones políticas.

En esta ocasión el BE, como siempre, ha tirado por elevación. Tras pronosticar que si no se mantienen las reformas de 2011 y 2013 y se pretende actualizar anualmente las pensiones por el IPC, el gasto en este capítulo se incrementaría de aquí a 2030 en 2 puntos del PIB y, si extrapolamos hasta 2050 el incremento en lugar de 2 sería de 3 puntos, lo que según el alto funcionario del BE sería inasumible. Es curiosa la facilidad con la que se califica de inasumible todo lo que hace referencia a las pensiones. Nadie dice que el gasto en educación, en defensa, en intereses de la deuda, en sanidad, en esa maraña cada vez más densa de subvenciones y en otras muchas partidas, no es asumible.

El ser o no asumible (no las pensiones, sino todo el gasto público) depende del montante de impuestos que seamos capaces de soportar, pero conviene no olvidar que la presión fiscal en España es seis puntos inferior a la media de Europa. Y seis puntos también en porcentaje del PIB separan el nivel de nuestro gasto público del de la media de la Unión Europea. Catorce puntos del de Francia y nueve puntos del de Italia. ¿De verdad sería inasumibles dentro de treinta años dedicar tres puntos más del PIB a gasto público? Lo que ciertamente resultaría socialmente inasumible sería reducir la cuantía de las pensiones en un 30 o un 40%, resultado forzoso de no actualizarlas por el IPC. Se condenaría a la pobreza más severa a una gran parte de la población, y precisamente aquella que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad por encontrarse al final de su vida.

El presidente de la AIReF ha estado más moderado y mucho más acertado, quizás porque este organismo no pretende ser tan independiente como quiere serlo el BE y, además, se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda. Ha comenzado por reconocer el descalabro social que significaría mantener la actualización del 0.25% que fija la última ley de pensiones aprobada, e intenta buscar soluciones alternativas. No obstante, comete algunos errores como el de colocar parte de la solución en el retraso de la edad de jubilación y en la inmigración. Ello podría ser correcto si nuestra tasa de paro tuviese un nivel adecuado, pero mientras la oferta de trabajo sea muy inferior a la demanda, lo único que conseguiríamos sería incrementar el desempleo, es decir, aliviar un problema para agravar otro. La emigración se puede defender desde distintos puntos de vista, pero, hoy por hoy, no puede justificarse en la necesidad de importar mano de obra si luego no sabemos dónde colocarla.

Escribá acierta al sostener que la respuesta a los déficits que se puedan producir en el sistema de Seguridad Social remiten al presupuesto del Estado. Es el Estado con todos sus ingresos el que tiene que garantizar las pensiones y su adecuada actualización. Así lo dispone la Constitución. El error cometido hasta ahora parte de esa disociación espuria que hizo el Pacto de Toledo entre Estado y Seguridad Social. Es por eso por lo que tampoco parece apropiado el método que propone el presidente de la AIReF de trasladar al presupuesto del Estado las pensiones no contributivas, las bonificaciones sociales por creación de empleo y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social. Sin duda sería una solución a corto plazo, pero nadie asegura que antes o después no estuviésemos en las mismas y, sobre todo, continuaría la confusión de presentar las pensiones contributivas como si el Estado no tuviese nada que ver con ellas.

El planteamiento debe ser más directo, considerar las cotizaciones sociales como un impuesto más (así lo considera la Contabilidad Nacional) y hacer que el presupuesto del Estado asuma tanto el déficit como el superávit de la Seguridad Social. En realidad, se trata de cambiar los que en estos momentos aparecen como préstamos por aportaciones a fondo perdido. En los momentos actuales, y lo mismo ocurrió a mediados de los noventa, el déficit de la Seguridad Social se enjuga con un préstamo del Estado y, viceversa, cuando el sistema ha tenido superávit el excedente se ha prestado al Estado, comprando deuda pública (es la tan cacareada hucha). Ninguna de las dos cosas tiene sentido si se supone, tal como hay que suponer, que la Seguridad Social pertenece al Estado.

Se dirá, y con cierta razón, que de esta manera no se ha solucionado el problema, sino que simplemente se ha trasladado al presupuesto del Estado, pero lo que sí ocurre es que se le da una dimensión mucho más general. No existe un problema especifico de las pensiones; y, de existir alguno, es el de toda la economía del bienestar y de la capacidad para financiarla. La cuestión radica, por una parte, en la decisión política acerca de la presión fiscal necesaria y, por otra, en algo a lo que se suele dar muy poca importancia, la productividad de la economía. De ella depende en parte la suficiencia del sistema fiscal y sobre todo la capacidad económica de la totalidad de la sociedad porque, dependiendo de la productividad, cien trabajadores pueden producir igual que quinientos o mil. Pero de la productividad hablaremos otro día.

republica.com 11-10-2019



DE LA BAJADA DE IMPUESTOS A "MADRID NOS ROBA"

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, September 03, 2019 18:57:44

En el artículo de la semana pasada, entre otros, señalaba cómo la Unión Monetaria impone una serie de limitaciones a los gobiernos, dejándoles poco margen para que la orientación de sus políticas económicas diverja. La distinción entre izquierda y derecha se diluye. Quizás sea en el campo de la política fiscal y tributaria donde aparentemente las diferencias podrían ser mayores, al menos en el relato. El nombramiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su anunciada bajada de impuestos, ha hecho surgir opiniones muy encontradas y discursos muy diversos, dando la impresión de que existen en la política planteamientos antitéticos.

Para comenzar, habrá que afirmar que en esta materia se da una gran confusión, mezclada con un cúmulo de intereses. La mayoría de los tertulianos y creadores de opinión son favorables a la bajada de impuestos. Es probable que casi todos ellos estén pensando en su propio bolsillo, y para justificar su posición hacen afirmaciones de lo más peregrinas. No hace mucho escuché por radio a un líder actual de las ondas hacer una entrevista al secretario general de uno de los principales sindicatos. Se refería este último a la existencia de más de seis puntos de diferencia entre la presión fiscal española y la media de la Unión Europea. El periodista, supongo que llevado por sus prejuicios en esta materia, le objetó que había otra forma de elevar la presión fiscal diferente a subir los impuestos, la de potenciar la actividad económica, y mostraba con ello el desconocimiento que tiene acerca de este concepto.

La presión fiscal se define como una fracción cuyo numerador es la recaudación impositiva y el denominador la producción o la renta. Potenciar la actividad económica con toda seguridad incrementa la recaudación fiscal, es decir el numerador, pero debido precisamente a que se ha aumentado el producto y la renta, es decir el denominador, con lo que la presión fiscal se mantendrá más o menos estable. Para elevar esta última variable solo existen dos caminos, subir los impuestos o combatir el fraude fiscal. En ambos casos se trata de drenar recursos al sector privado para trasladarlos al público. Hay una socialización, aunque parcial, de la economía. Bien es verdad que esa socialización es relativa. Buena parte de lo que se detrae al sector privado en forma de impuestos retorna a la sociedad, primero, en forma de trasferencias y prestaciones sociales y, segundo, en forma de bienes y servicios públicos; aunque en ambos casos, seguramente, no a los mismos ciudadanos a los que se les ha gravado, o por lo menos no en la misma medida, y tal vez sea esto último lo lo que molesta a los extractos más favorecidos de la sociedad. La socialización es también relativa porque, en la actualidad, muchos de los bienes y servicios públicos son gestionados a través de empresas privadas.

Hay quienes mantienen un discurso demagógico. Con la intención de proclamar la fuerte presión fiscal que según ellos soportamos, dividen el año en dos mitades. Solo en una de ellas trabajamos para nosotros; en la otra, para Hacienda. Olvidan hasta qué punto toda nuestra vida precisa del espacio y el contexto que el Estado crea y de los bienes y servicios que proporciona. Es más, estos últimos resultan tanto más necesarios que los privados, que en muchos casos sin el concurso de los públicos serían inviables.

Todo esto se encuentra en el orden del discurso, de la teoría, de la ideología, pero, ¿qué ocurre en la práctica? La realidad es que las políticas fiscales aplicadas por Aznar y Zapatero, por ejemplo, apenas presentan diferencias, como no sea que la de este ha sido incluso más regresiva que la de aquel: eliminación del impuesto sobre el patrimonio; sucesivas rebajas en el IRPF, que no solo redujeron la recaudación sino que hicieron al impuesto más regresivo; o las múltiples modificaciones en el impuesto de sociedades, casi hasta vaciarlo de contenido para las grandes corporaciones. En el extremo, llegaron incluso a hablar de tipo único en el IRPF, algo a lo que no se ha atrevido ningún partido de derechas, y cuya aplicación –por supuesto– resulta inviable. Paradójicamente, los gobiernos de Rajoy tuvieron que instrumentar una política fiscal mucho más dura, seguramente no por convicción sino por necesidad debido a la crisis económica. Es muy probable que la derecha mediática y económica no se lo haya perdonado nunca y una de las razones por las que ha sido tan criticado por los suyos.

Se podría pensar que en Europa la falta de armonización fiscal origina políticas fiscales muy heterogéneas, lo cual en principio puede ser cierto, pero ello obedece más a diferencias entre los países que al signo político de los gobiernos. Países como Luxemburgo, Irlanda, Holanda y, últimamente, Portugal actúan a menudo, ante la pasividad de la Unión Europea, como paraísos fiscales ejerciendo el dumping fiscal. Pero precisamente esa competencia desleal va conformando una especie de armonización fiscal automática, solo que a la baja, porque todos los países terminan rebajando impuestos para no perder competitividad. Si se examina con detenimiento la evolución de los sistemas fiscales de los Estados se observa como todos ellos, en mayor o menor medida, han ido derivando hacia estructuras más regresivas. Incremento de los impuestos indirectos y reducción de los directos; disminución del gravamen sobre el capital y del impuesto de sociedades; exenciones y rebajas, cuando no eliminación, de los impuestos de sucesiones y patrimonio; y minoración tanto de los tramos como de los tipos marginales altos de la tarifa del impuesto sobre la renta, con lo que este tributo ha perdido progresividad poco a poco.

En el caso español existe un agravante, el Estado de las Autonomías y la creciente asunción por estas de la llamada responsabilidad fiscal y de la autonomía normativa. Especialmente desafortunada fue la cesión de los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones. El modelo europeo se repite con todos sus defectos, pero a una escala geográfica mucho más pequeña con lo que los resultados son aun más negativos. Las distintas Comunidades Autónomas entran en competencia acerca de quién baja más los tributos y todas –quieran o no quieran– no tienen más remedio que reducirlos.

La promesa de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid de bajar los impuestos en esta autonomía, ha hecho que desde el resto de las Comunidades Autónomas, especialmente desde las gobernadas por el PSOE, hayan surgido voces indignadas y muy críticas. Tanto Ximo Puig desde Valencia como Adrián Barbón desde Asturias han gritado que en España no tiene sentido que haya paraísos fiscales ni competencia tributaria entre autonomías. No corresponde al espíritu de la Constitución, afirma el asturiano.

Sin duda todas estas críticas tienen razón. No tiene sentido ni quizás esté en el espíritu de la Constitución, pero por desgracia sí está en la letra y en la ley. El Estado de las Autonomías, al menos como se ha ido concretando pacto tras pacto y normativa tras normativa, genera contradicciones sin cuento y no es la menor la de las discrepancias fiscales que se producen entre los territorios, estableciéndose entre ellos una competencia desleal. Pero habría que preguntar a los que ahora se quejan si están dispuestos a dar marcha atrás en el proceso y a renunciar, por ejemplo, a la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas.

Menos razón tiene el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Aguado califica de infierno fiscal al resto de las autonomías y afirma que la fiscalidad baja o moderada ha funcionado, ha generado crecimiento económico y puestos de trabajo. Con carácter general tal afirmación es falsa. El argumento de que la reducción de impuestos reactiva la economía no tiene demasiada consistencia, ya que olvida el descenso en el gasto público que es preciso acometer como contrapartida y que a su vez deprimirá la actividad económica, incluso en mayor medida que lo que puede haberla incentivado la bajada tributaria. Desde Keynes se sabe que el aumento del gasto público tiene más potencialidad para reactivar la economía que la minoración de impuestos, ya que los receptores en el primer caso tienen una propensión a consumir mayor que en el segundo, y por lo tanto incentivarán la demanda en un porcentaje superior.

Esto es con carácter general, pero cuando se produce el dumping fiscal los efectos pueden ser diferentes. El primer país o Comunidad Autónoma que se adelanta en disminuir la imposición puede obtener beneficios adicionales al robar a los otros países o autonomías un trozo de la tarta. Por ejemplo, las exenciones o desgravaciones en los impuestos de patrimonio y sucesiones en una Comunidad Autónoma pueden incrementar la recaudación de esta autonomía, principalmente vía impuesto sobre la renta, ya que determinados contribuyentes, en particular los de patrimonio e ingresos altos, trasladarán, si les es posible, su residencia a ella. Ahora bien, es de prever que esos beneficios serán transitorios puesto que lógicamente el resto de las autonomías reaccionarán adoptando medidas similares. El resultado será una menor recaudación generalizada y mayor regresividad en el sistema fiscal.

Lo que no tiene razón de ser son los reproches surgidos desde Cataluña; curiosamente desde uno de los principales, si no el principal, periódico de la región, La Vanguardia, caracterizado por su conservadurismo y tendencia liberal, amante siempre de la bajada de impuestos. Basa su perorata en que Madrid goza de una situación privilegiada, lo cual es cierto, pero no por la capitalidad sino por la concentración de poder económico; algo similar a lo que ocurre en Cataluña, o al menos ocurría hasta que el "procés" expulsó a muchas empresas hacia otras regiones de España. Precisamente estas situaciones privilegiadas, concretadas en última instancia en una renta per cápita superior a la de la mayoría de las comunidades, debe compensarse mediante el sistema de financiación autonómica con transferencias a las regiones menos favorecidas. Así ocurre en el caso de Madrid, pero en mucha menor medida en el de Cataluña, hecho que quedó complemente de manifiesto con la publicación de las deseadas balanzas fiscales, tan reclamadas por el nacionalismo y olvidadas en cuanto que se vio que los resultados no eran favorables para sus argumentos. Los resultados no podían ser distintos, puesto que el actual sistema de financiación, del que tanto reniega ahora el nacionalismo, se elaboró en tiempos de Zapatero y el tripartito, a conveniencia de Cataluña.

Si los catalanes son de los españoles que pagan más impuestos y la Generalitat la institución autonómica más endeudada, no es porque el sistema de financiación autonómica les perjudique; todo lo contrario. Tampoco es porque los catalanes disfruten de mejores servicios públicos (no parece que sea así), y mucho menos porque el gobierno de la Generalitat sea de izquierdas. Lo llevo escribiendo desde hace muchos años, el partido más de derechas desde la óptica social y económica ha sido siempre CiU. Solo se necesita repasar las actas del Congreso de los Diputados y constatar cuales han sido todas sus proposiciones. La razón de los mayores impuestos y del fuerte endeudamiento es otra: la desviación de recursos a finalidades espurias, irregulares o partidistas, cuando no delictivas.

Es curioso que La Vanguardia, entre los reproches comentados, haya introducido la corrupción de la Comunidad de Madrid, pues esta, grave como todas las corrupciones, ha sido coyuntural y obedece a una determinada época. La de Cataluña, sin embargo, es estructural. El tres por ciento ha estado presente desde el inicio, enraizado completamente en todo el tejido económico, público o privado. Ha contado con el silencio cómplice de toda la sociedad. Todos lo sabían y todos callaban, desde la prensa hasta la oposición, pasando por los empresarios y todo tipo de organizaciones y asociaciones. Del tres por ciento o similar se han nutrido las cuentas privadas en Andorra o en otros paraísos fiscales de los dirigentes del nacionalismo, pero también la financiación de CiU, e incluso se han costeado aquellas actuaciones tendentes a fomentar el independentismo que no podían hacerse a las claras.

Los recursos de la Generalitat se han destinado asimismo a lo que Pujol llamaba "crear país", es decir, a propagar el nacionalismo dentro y fuera de Cataluña, mediante la creación de chiringuitos, la subvención de las actividades más variopintas, y de ayudas a los medios de comunicación públicos y privados. El mayor gasto de la Generalitat se explica también porque paga los sueldos más altos de las Administraciones españolas, comenzando por el presidente, cuya remuneración es la más elevada de todas las Comunidades Autónomas, incluso mayor que la del presidente del Gobierno, y siguiendo por los propios ex presidentes que gozan de prebendas que no tienen comparación en ninguna otra Autonomía. Hay que suponer que los sueldos de los funcionarios, al menos de los altos, gozan de la misma ventaja comparativa. Ello se percibe a menudo con suma claridad cuando se comparan ciertos colectivos como el de la policía o el de los funcionarios de prisiones.

La Vanguardia, en la línea del victimismo nacionalista, insinúa que la Comunidad de Madrid pide al resto de los españoles que financien las rebajas fiscales de los madrileños. Es el "Madrid nos roba” de siempre, pero aquí los únicos que roban es un grupo de catalanes a otros catalanes y quizás a todos los españoles. Eso sí, con la complicidad de ciertos medios y empresas que son partícipes a título lucrativo.

republica.com 29-8-2019



DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LOS TÉCNICOS DE HACIENDA

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Thu, August 15, 2019 09:26:23

Terminaba yo el artículo de la semana pasada afirmando que valía más no tener experiencia de gestión que una mala experiencia. Venía esto a cuenta del reproche que los sanchistas hacían a Podemos de carecer de práctica de gobierno. Lo cierto es que en los momentos actuales ningún partido político puede jactarse del currículum vitae de sus dirigentes. La casi totalidad de ellos ha iniciado desde muy temprano la actividad política en las respectivas juventudes, abandonando estudios y cualquier otra profesión. Se hacen expertos en escaramuzas y refriegas internas. Su bagaje se reduce en el mejor de los casos al ejercicio de responsabilidades organizativas o a la asunción de cargos públicos en Ayuntamientos y Comunidades.

Y ahí es donde viene lo de la mala experiencia en la gestión, porque las deficiencias, cuando no la corrupción, se han originado principalmente en las administraciones locales y autonómicas. Es uno de los puntos oscuros -no el único, desde luego- del estado de las Autonomías. Las administraciones nuevas se han construido sin los controles ni los contrapesos necesarios. No es ningún secreto que en aquellas Comunidades como el País Vasco, Cataluña o Andalucía en las que el poder apenas ha cambiado de manos, el clientelismo político haya sido el principio en el que se ha basado el reclutamiento de los funcionarios.

Estos días no se ha dado demasiada importancia a una noticia que venía de Andalucía. El anterior equipo de gobierno había dejado 4.656 millones de euros en derechos pendientes de cobro y 3.990 millones de subvenciones sin justificar. Según afirman desde el gobierno actual de la Junta, y parece que nadie lo ha desmentido, hay deudas de hace más de 30 años y son muchas las irrecuperables por haber prescrito ante la pasividad de la anterior administración. Es de esperar que se trate solo de negligencia (aunque ya es grave) y no de corrupción.

El problema radica, además, en que el anterior equipo de la Consejería de Hacienda es el mismo que rige ahora el Ministerio de Hacienda. La pregunta surge de forma espontánea, ¿es a esta experiencia a la que se refiere Pedro Sánchez? En la situación actual las Comunidades Autónomas, excepto el País Vasco y Navarra, apenas tienen gestión en materia fiscal, y sería de desear que se mantuviese así durante mucho tiempo. La cuestión es que, si las escasas competencias de que disponen se han desarrollado tan incompetentemente en Andalucía, ¿qué se puede esperar, además de verborrea, del funcionamiento actual del Ministerio de Hacienda donde el número y la importancia de asuntos a gestionar es infinitamente superior?

Siendo el tema fiscal en buena medida el núcleo en el que se debate la posibilidad o no de dar respuesta al Estado social, ¿nos puede extrañar que Podemos quiera estar presente en la gestión, como garantía de que la asfixia presupuestaria no aborta cualquier reforma social necesaria? Otra cosa distinta es si ello mejoraría o no la situación y, sobre todo si, tal como plantea la corriente anticapitalista, no constituiría una trampa para la formación morada al quedar comprometida en la marcha del Gobierno.

La Administración tributaria del Estado tiene una larga tradición y muchos años de experiencia. Se puede decir que marcha sola, al margen del buen o mal hacer de los responsables políticos. Pero no es cierto del todo. En primer lugar, la interferencia de estos puede ser decisiva, en especial si se pretende utilizar como arma política. En segundo lugar, porque las decisiones políticas son imprescindibles en muchos temas, no solo en el aspecto normativo, sino en algo tan sensible como el fraude fiscal.

Es por ello, por lo que,por ejemplo, el Sindicato de Técnicos de Hacienda se ha dirigido en estos días a las autoridades del Ministerio para que se aborde el agujero negro del fraude de los autónomos. Contrastan los pronunciamientos habituales del sindicato del cuerpo de titulados medios (GESTHA) con el silencio del cuerpo superior (inspectores), que es del que se nutren los altos cargos de la Administración tributaria. En esta ocasión, sin embargo, tiene su lógica, ya que son los técnicos los que asumen principalmente la inspección de los autónomos, por lo que saben bien de qué hablan.

Los datos además son los datos, y no deja de ser llamativo que uno de cada cinco autónomos con trabajadores a su cargo declare que gana menos que sus propios empleados. Según las estadísticas, hay tres millones de trabajadores por cuenta ajena que cobran más que sus jefes. Que el colectivo de autónomos constituye una importante bolsa de fraude no es ninguna novedad. Quien tenga curiosidad y ganas, puede consultar la hemeroteca y comprobar cómo los que éramos responsables de la materia a mediados de los ochenta denunciábamos ya la diferencia que se advertía en la tributación del IRPF entre los trabajadores dependientes y los empresarios (autónomos) y rentas de capital, en perjuicio de los primeros. Seguro que muchos lectores recordarán aún una figura que se hizo popular en la sociedad, la del fontanero, como ejemplo típico de facturación en negro.

Precisamente el sistema de módulos surgió en buena medida con la finalidad de que los beneficios gravados de los autónomos se adecuasen lo más posible a los reales. Ante la imposibilidad de poder controlar debidamente los ingresos y los gastos de millones de pequeños empresarios, especialmente si facturaban directamente al consumidor, se implantó el sistema de módulos. Tras el estudio detallado de una serie de sectores y de analizar en cada uno de ellos la correlación que existía entre determinados indicadores y los beneficios, este régimen fiscal preveía que los primeros sirviesen de valoración de los segundos. Aun cuando la estimación se realizó de forma conservadora, el impacto en la recaudación fue considerable. El sistema era voluntario, pero muchos autónomos se acogieron a él ante el riesgo de que en caso contrario podían sufrir una inspección, ya que el número de contribuyentes a inspeccionar de forma directa se reducía sustancialmente, y además se habían reclutado 5.000 funcionarios nuevos (agentes tributarios) con esta finalidad.

Pero lo que en un principio fue un régimen positivo para reducir el fraude en el colectivo de los autónomos se ha convertido en un mecanismo que progresivamente ha ido minorando la contribución de muchos de ellos y generando una clara injusticia con respecto al resto de contribuyentes. La razón hay que buscarla en que los diferentes gobiernos, en lugar de actualizar correctamente los módulos, llevados por la presión del colectivo y la rentabilidad electoral, han apostado por bajarlos de forma reiterada hasta el extremo en el que se encuentran ahora y que con razón denuncian los técnicos de Hacienda.

Mucho ha cambiado en estos últimos treinta años el colectivo de autónomos. Constituyen en la actualidad un grupo enormemente heterogéneo. La liberalización del mercado laboral y la permisividad de la que disfrutan las empresas para externalizar muchas de sus actividades han creado una clase laboral nueva, que podríamos denominar de falsos autónomos. En realidad, nada les diferencia de los trabajadores por cuenta ajena excepto la carencia de la mayoría de los derechos. Constituyen en muchos casos la parte más precarizada del mundo laboral. Desde luego no es ahí donde se encuentra el fraude ni es a ellos a los que se refiere el comunicado de GESTHA.

Hay otro grupo que podríamos denominar “autónomos a la fuerza”. Es el de aquellos que, ante la dificultad de encontrar un empleo, se lanzan en su desesperación a montar su propio negocio, que en la mayoría de los casos carece de viabilidad. A menudo estamos en presencia de paro encubierto. Tampoco es a estos ciertamente a los que se refiere el informe de los técnicos de Hacienda. Es muy improbable que alguno de ellos tenga capacidad para contratar asalariados o para la defraudación fiscal. Con frecuencia somos testigos en nuestros barrios de cómo se cierran locales comerciales y tornan a abrirse con nuevos dueños y quizás con un objeto comercial distinto, buscando afanosamente un nicho en un mercado cada vez más estrecho por la expansión de las grandes superficies.

Aun excluyendo los dos grupos anteriores, la tipología continúa siendo amplísima y muy heterogénea. Profesiones liberales (notarios, arquitectos, médicos y personal sanitario con consulta privada, dentistas, abogados, asesores fiscales o financieros, un gran número de periodistas, etc.). Además, todo tipo de oficios destinados principalmente a la obra doméstica (pintores, albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros…etc. y en general pequeños empresarios con negocios consolidados. La diversidad es enorme no solo en la actividad sino en las cantidades que facturan, pero sin peligro de equivocarnos la casi totalidad de ellos tributan menos que aquellos que perciben cantidades semejantes, pero en calidad de trabajadores por cuenta ajena.

Hay otro grupo de autónomos que han dejado de serlo fiscalmente, porque de forma un tanto tramposa se han transformado en sociedades sin que existan más socios que los familiares o los que con carácter de mariachis figuran tan solo a efectos legales. Este colectivo cae ciertamente fuera del objeto del informe de los técnicos de Hacienda y le afecta un impuesto distinto al IRPF, el de sociedades, lo cual no quiere decir que este tipo de sociedades y las patrimoniales no constituyan claramente un nicho de fraude y un campo abonado para que actuase prioritariamente la inspección de Hacienda. La extensión de esta actitud fraudulenta se ha hecho claramente presente con la composición del Gobierno de Pedro Sánchez y la manía de este de nombrar a lo que llamaba “representantes de la sociedad civil”. Poco a poco fueron cayendo, de uno en uno como en la novela “Los diez negritos” de Agatha Christie. Se fue descubriendo que muchos de los nuevos ministros poseían una sociedad que, se quiera o no, solo podía tener una finalidad, contribuir menos a Hacienda.

El informe de GESTHA ha provocado la indignación de las asociaciones de autónomos. No es de extrañar, últimamente no están acostumbrados a la crítica, dada la opinión favorable que se ha ido extendiendo en la sociedad respecto a este colectivo desde que se acuñó el término de emprendedor. Todos los partidos políticos y los creadores de opinión se han esforzado por encomiar su figura y defender la disminución de sus gravámenes y cotizaciones. Los primeros, porque consideraban que les proporcionaba réditos electorales; los segundos, porque muchos de ellos son autónomos.

Lo peor del asunto es que esta defensa a ultranza se hace sin la menor discriminación y sin establecer diferencia alguna en un colectivo que, como hemos visto, es muy heterogéneo y complejo y, se quiera o no, una buena parte de los que lo componen pertenece a eso que algunos periodistas llaman clase media y que en realidad no lo es. Son ciudadanos que se encuentran en los estratos del 10 o del 5% de la población con mayor renta, y que tributan muy por debajo de lo exigido por su capacidad económica.

La fiscalidad de los autónomos es uno de tantos aspectos a tratar en una reforma fiscal, que es algo mucho más complejo que elevar el gravamen de las grandes fortunas o establecer un impuesto ecológico. No digo que no haya que subir la tributación a las rentas altas, pero ello más por justicia y ejemplaridad que por efectos recaudatorios. Si se quiere garantizar el Estado social, no hay más remedio que abordar una reforma fiscal en profundidad más allá de toques cosméticos o demagógicos. Bien es verdad que en ese cometido aparecerá el obstáculo de siempre, la Unión Europea que dictamina sobre la mantequilla, las bolsas de plástico y la contaminación, pero que en un contexto de libre circulación de capitales se niega a toda armonización fiscal y consiente los paraísos fiscales.

republica.com 8-8-2019



LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LA OCURRENTE SEÑORA CALVO

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Wed, July 17, 2019 19:32:18

El día 1 de este mes terminó el plazo para la presentación de la declaración del IRPF. Uno de los temas siempre presentes durante toda la campaña, aunque tangencial a ella, es el relativo a las casillas para la financiación de la iglesia católica y para la de las organizaciones no gubernamentales (ONG). En varias ocasiones, a lo largo de estos meses, he tenido la tentación de dedicar a este tema uno de mis artículos semanales. Pero la existencia de otros asuntos quizá de mayor actualidad me hacía desistir. Sin embargo, las declaraciones del nuncio y, en mayor medida, la rabieta de la señora vicepresidenta me han hecho decidirme por abordar la cuestión reiterando las ideas que había escrito en varias ocasiones, por ejemplo, en el artículo titulado “El impuesto religioso” y publicado el 4 de junio de 2008 (hace once años) en Estrella digital, cuando este diario era algo parecido a lo que ahora es República.

Calificaba yo el sistema de cruces en la declaración del impuesto sobre la renta como una gran trampa y una enorme farsa. La Transición heredó del franquismo un sistema de financiación de la iglesia, mediante aportaciones del Estado, que era difícil de mantener. Se modificó en tiempos de Felipe González, pero como en “El Gatopardo”, se cambió para que todo continuase igual. El método actual no es sustancialmente diferente del anterior, la financiación continúa haciéndose con cargo al erario público. La iglesia y los defensores del sistema alegan que la aportación la realizan los creyentes que de forma voluntaria colocan la cruz en la casilla correspondiente. Nada más inexacto, puesto que estos no contribuyen con un euro más de lo que lo harían si no marcasen la cruz.

La aportación a la iglesia sale del erario público. Sea por el procedimiento que sea, consume fondos que no podrán destinarse a otras aplicaciones. Al final, el Estado precisará crear nuevos impuestos o elevar los existentes si quiere acometer tales gastos. En definitiva, todos, hayamos o no hayamos marcado la cruz, terminaremos afrontando un mayor gravamen. Aquí precisamente se encuentra la trampa del actual procedimiento: en que no solo van a pagar más aquellos que señalen la casilla de la iglesia, sino todos los contribuyentes, ya sean católicos o no. Una minoría dispone de lo que es de la totalidad. Cosa muy distinta sería si la aportación, aun cuando el Estado hiciera de recaudador, fuese adicional a la cuota del impuesto, y recayese exclusivamente sobre los que la aceptasen voluntariamente.

Parece lógico que el sostenimiento de una confesión religiosa recaiga únicamente sobre sus fieles, y no sobre todos los ciudadanos. Además, se obtendría así un beneficio adicional, se sabría a ciencia cierta cuántos católicos hay en España, y quizás se terminaría con el tópico de que nuestro país es mayoritariamente católico. Los teóricos creyentes parecen no estar dispuestos a financiar los servicios de la iglesia, con lo que es preciso interrogarse acerca de si el número de fieles de verdad no es mucho más reducido que el de las estadísticas oficiales. La propia iglesia saldría favorecida, pues, prescindiendo de hábitos y convenciones sociales, podría saber cuántos feligreses tiene. La jerarquía eclesiástica, sin embargo, parece querer vivir en una ficción, la de que la mayoría de los españoles son católicos; son tan católicos, que los obispos son conscientes de que no están demasiado dispuestos a sostener económicamente a la iglesia, por eso recurren al Estado.

El mismo razonamiento se podría aplicar a la casilla de las ONG. La aportación tampoco es gratuita y los recursos canalizados hacia ellas no podrán utilizarse en aplicaciones alternativas. En realidad, la casilla de las ONG ha surgido para ocultar en parte el privilegio que se concedía a la iglesia y tuvo en un principio un carácter alternativo, los que no marcaban la cruz de la iglesia católica tenían la opción de elegir la de las ONG. Más tarde, las presiones de la una y de las otras han conseguido que se puedan marcar las dos casillas, con lo que aumentan sin duda los recursos que van a estos fines, pero disminuyen los del erario público.

Se argumenta que tanto la iglesia como las ONG acometen obras benéficas de gran valor social. Habría entonces que preguntarse por qué tareas sociales que van a financiarse por el Estado deben ser gestionadas por asociaciones y organizaciones privadas, entre ellas la iglesia, a las que se está concediendo un poder delegado difícil de controlar. Si los recursos son públicos, es el Estado el que debe determinar las tareas sociales que hay que acometer y debe también controlar después su realización, aun cuando se ejecuten por entidades privadas mediante el sistema de transferencias. El mecanismo de las casillas traspasa los fondos sin control público ninguno, como si desde el principio fuese dinero privado y perteneciese en origen a la iglesia y a las ONG.

Caben pocas dudas de que el sistema de financiación de la iglesia debe cambiarse; es más, debería haberse cambiado ya. Del mismo modo tendría que haberse modificado el sistema fiscal de la iglesia, por ejemplo, la exención del IBI, que puede tener un sentido en aquellos edificios con valor cultural e histórico, pero no en otros, que incluso tienen una finalidad crematística, como los dedicados a la enseñanza. No vale argüir que los ayuntamientos no lo pagan. Los ayuntamientos son precisamente los beneficiarios del impuesto. No tiene sentido que paguen aquellos a quienes se les paga.

Pero las modificaciones que haya que realizar bien en el asunto mayor (la financiación) bien en el menor (las exenciones fiscales) no pueden ser el resultado de la pataleta de la vicepresidenta del Gobierno ante unas declaraciones más o menos afortunadas del nuncio. Quizás estas no fuesen muy diplomáticas, pero se explican y se comprenden por lo muy harto que debía de estar de aguantar a la ínclita Carmen Calvo, a la que el propio Vaticano tuvo que desmentir por la versión que ofreció de su encuentro con el secretario de Estado. Al dejar ya el cargo se ha permitido un pequeño desahogo. Es posible también que el nuncio no estuviese muy acertado al enunciar cierta observación ambigua como la de “que algunos tenían a Franco como un dictador”, observación que podía entenderse como que existiesen dudas de que lo fuera. Pero, prescindiendo de lo anterior, las observaciones del representante del Vaticano dieron en la diana al afirmar que este Gobierno había resucitado a Franco.

Son muchos los que piensan lo mismo. La gran mayoría, por no decir la totalidad de los que sufrimos a Franco, nos habíamos olvidado ya de él. Estaba enterrado y bien enterrado. Pero curiosamente son los que no le han conocido los que están empeñados en resucitarlo. Los números indican que nunca habían sido tantas las visitas al Valle de los Caídos. El otro día quedé tremendamente sorprendido al explorar el anaquel de novedades en la librería de unos grandes almacenes. Jamás había visto la publicación simultánea de tantos libros sobre Franco y el franquismo.

Lo anterior de ninguna manera quiere decir que no haya que exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Es más, tal vez se debía haber hecho antes. Pero, antes o después, se tendría que haber llevado a cabo sin concederle ninguna importancia, como algo natural y lógico después de tantos años de democracia, casi como un mero trámite, y desde luego negociando con la familia antes de anunciarlo. El problema es que se ha proyectado con una clara finalidad electoral y política, como propaganda gubernamental, que se pregonó a bombo y plantillo, como un enorme éxito y triunfo del Ejecutivo, Se ha hecho de ello una epopeya, un grito de guerra, un desafío, un artefacto para lanzar a la cara del contrario. Y ahí están las consecuencias. Por otra parte, cuidado con andar moviendo los cadáveres de todos los tiranos de la historia. ¿Qué hacemos con Fernando VII? Todo el panteón del Escorial podría peligrar.

Ya apenas existían franquistas. Como mucho, un pequeño grupo de nostálgicos que no constituían ningún peligro. Había conservadores, reaccionarios, retrógrados, católicos fundamentalistas y neoliberales económicos -los más peligrosos-, pero ni fascistas ni franquistas. Pues bien, ahora han resucitado con Franco, y su número crece como el de las setas. Al menos en esto el hasta ahora nuncio tiene razón. Tal vez por ello la elocuente Carmen Calvo ha saltado como una pantera. Ha amenazado al nuncio, al Vaticano y a toda la iglesia con quitarles las exenciones y los beneficios fiscales.

Y aquí está el quid de la cuestión, porque la señora vicepresidenta actúa como si el sistema fiscal fuese suyo y pudiese diseñarlo a su antojo en función de sus caprichos. Cree poder utilizarlo como arma arrojadiza contra todos aquellos que critican al Gobierno. El tema es tan grave que linda con el Código Penal, con la prevaricación y la apropiación indebida de las instituciones públicas. Las palabras de Carmen Calvo en su rabieta y enojo le salieron espontáneas. Pero he ahí precisamente el peligro. Porque indican la mentalidad del Gobierno, o al menos de su vicepresidenta, de adueñarse del Estado y de emplear para sus particulares fines todas sus instituciones. Hoy es al nuncio y a la iglesia a los que se amenaza, mañana puede ser a cualquier institución o ciudadano.

Si hay que quitar a la iglesia sus beneficios fiscales o, lo que es más importante, su sistema privilegiado de financiación, no puede ser porque el nuncio haya criticado al gobierno de turno, sino porque se considere justo y conveniente para el interés general.

republica.com 11-7-2019



EL PLAN DE ESTABILIDAD Y LA CAMPAÑA ELECTORAL

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Fri, May 17, 2019 09:39:57

Entre las muchas cosas que han podido sorprendernos de la campaña electoral se encuentra la ausencia, a lo largo de toda ella, de uno de los dos grandes problemas que tiene nuestro país, la pertenencia a la Unión Europea (UE) y a la Moneda Única (el otro es, sin duda, el de las Autonomías y el peligro de desintegración territorial). Ninguna formación política se refirió en toda la campaña a la UE y a los retos que en todos los órdenes representa para nosotros. Tampoco se trató el tema en los dos debates mantenidos por los candidatos, ni siquiera en el segundo que tan manipulado estuvo por los presentadores y medios de comunicación anfitriones.

Pero en cuanto han terminado las elecciones, la prosa se ha impuesto a la poesía, y, al menos, el Gobierno no ha tenido más remedio que mirar a la Unión Europea, dada la necesidad de enviar a la Comisión el programa de estabilidad. Pero eso sí, lo ha hecho con un lenguaje muy alejado de la demagogia propia de una campaña electoral. Contrasta, sobre manera, con lo que se ha venido diciendo las semanas anteriores. ¿Cómo no extrañarse al observar al Gobierno de Pedro Sánchez encomiar la política económica del Ejecutivo anterior?

“…Tras cinco años de recesión, entre 2008 y 2013, el PIB recuperó el signo positivo en 2014, iniciando una fase expansiva que se mantiene hasta la actualidad… La evolución de la economía española en los últimos años refleja no solo una elevada resistencia y fuerte dinámica de recuperación de la crisis, sino también cambios estructurales importantes, que han reforzado su potencial de crecimiento a medio plazo al establecer un patrón de crecimiento más equilibrado y sostenible… En efecto, al contrario que en etapas anteriores, el crecimiento no se sustenta en fenómenos insostenibles (crecimiento excesivo del crédito, sobredimensionamiento del sector inmobiliario, déficit excesivo de balanza de pagos por cuenta corriente y necesidad de financiación frente al exterior…)”. Parece que se está refiriendo a la época de Zapatero.

“…Sino que cuenta con fundamentos más sólidos, que explican que el crecimiento esté siendo rápido, duradero y compatible con un cuadro macroeconómico equilibrado. Así, el crecimiento económico registrado desde 2014 ha permitido avanzar en la corrección de algunos desequilibrios heredados importantes: la tasa de desempleo se ha reducido en más de doce puntos, desde el máximo del 26,9% en el primer trimestre de 2013; el saldo por cuenta corriente tiene signo positivo desde entonces, incluso con tasas de crecimiento de la demanda interna elevadas; se ha reducido la posición deudora neta de la economía española frente al resto del mundo; y se ha redimensionado el sector de la construcción residencial…”.

…” El proceso de consolidación previsto ha de sumarse al significativo ajuste fiscal llevado a cabo en España durante los últimos años. En el periodo 2011-2018, el déficit público se ha reducido en más de siete puntos de PIB. Casi la mitad del ajuste fiscal realizado en este periodo ha sido estructural, situándose España entre los países europeos que mayor consolidación fiscal han realizado…”.

En el programa de estabilidad, el Gobierno de Sánchez, tras recordar el buen hacer del Ejecutivo de Rajoy en todas estas materias, parece que promete a las instituciones europeas continuar en la misma senda y manifiesta que “su compromiso con la disciplina fiscal es indudable”. Así, establece unos objetivos hasta el año 2022, acomodados y en consonancia con las exigencias comunitarias. Es verdad que el papel es muy sufrido y admite casi todo. No obstante, las cifras tienen que tener alguna coherencia y ahí es donde el programa anunciado presenta lagunas difíciles de justificar. La Comisión ha puesto ya en duda que las cifras de déficit se puedan cumplir para este año y el próximo. La incertidumbre sin embargo es mucho mayor para los ejercicios sucesivos.

Por una parte, Pedro Sánchez se ha llenado la boca, y no solo en la campaña electoral, afirmando la finalidad y el papel social de su Gobierno, y criticando duramente los ajustes que acometió el anterior. En el mismo plan de estabilidad se incide en la preocupación por el gasto social y los servicios públicos, así como en la dedicación especial que se va a dar a estos capítulos: sanidad, educación, etc. Pues bien, para medir adecuadamente este objetivo, al margen de las ocurrencias de los viernes sociales, hay que mirar a la evolución del consumo público (gasto en el consumo final de las administraciones públicas). Las previsiones que el Gobierno establece para esta magnitud en los años futuros no van precisamente por este camino.

Era de esperar que un gobierno que se jacta de ser social estableciese que el consumo público, después de los recortes sufridos, y de la continua pérdida de peso relativo en el PIB experimentada desde 2010, se recobrase y creciese a un ritmo mayor que esta última variable, aunque fuese tan solo para recuperar el porcentaje del que disfrutaba con anterioridad a la crisis. Pues nada de eso, los incrementos reales que se establecen para el periodo 2019-2022 son 1,9, 1,6, 1,5 y 1,4%. Todos ellos inferiores a los respectivos del PIB real: 2,2, 1,9, 1,8 y 1,8%.

Lo mismo cabe decir referente al gasto total, que descenderá desde el 41,3% PIB al 40,7% del 2019 al 2022. El Gobierno se apresura a decir que ello no representa ningún recorte, sino simplemente que esta partida crece menos que el PIB real. Pues ese es el problema, que constituye una minoración de la importancia que dentro de la economía nacional va a tener el sector público y, desde luego, lo que no se va a conseguir es una recuperación de los muchos recortes que se han dado a lo largo de estos años a los bienes y servicios públicos.

Dentro de las razones dadas por el Gobierno para explicar el escaso incremento del gasto público se encuentra el recurso a los ahorros que se van a generar por las reformas derivadas de la auditoría que está realizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Todo menos independiente. La aseveración resulta un tanto risible. Primero por la escasa capacidad que puede tener la AIReF para realizar un trabajo de tal envergadura, y segundo porque casi todos los gobiernos se han propuesto lo mismo sin que se llegase a buen puerto y es que, a pesar de la mucha demagogia existente sobre todo entre los periodistas y los medios de comunicación, no es fácil podar de forma significativa el sector público.

El consumo público se compone fundamentalmente de sueldos y salarios, pero las cuantías importantes y representativas a nivel macroeconómico no están en los costes de la burocracia -que es lo que todo el mundo piensa de inmediato y donde supone que se encuentra el despilfarro-, sino en la educación, en la sanidad, en la policía, en la justicia, etc. La reducción del gasto implica menos personal o sueldos más reducidos. En ambos casos se produce un deterioro del servicio, aulas saturadas, enormes listas de espera en la sanidad, retrasos excesivos en los juzgados, etc.

Tampoco por el lado de los ingresos parece que las cuentas cuadren demasiado bien. Según el plan de estabilidad, el Gobierno prevé elevar la presión fiscal del 35,1% en 2018 al 37,3% en el 2022, lo que va representar un incremento en la recaudación de más de 26.000 millones de euros. En principio, no habría nada que objetar. Es totalmente cierto que en nuestro país se ha venido desarbolando, reforma tras reforma, el sistema tributario, de manera que la presión fiscal en España se sitúa varios puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Todo aquel que examine objetivamente el presupuesto tiene que llegar a la conclusión de que, si se quiere mantener la economía del bienestar, se precisa una reforma en profundidad del sistema fiscal, lo que ningún partido se atreve a defender, excepto Podemos, y eso de una manera un tanto chapucera y desorganizada.

¿Dónde radica entonces el problema? En que el Gobierno en el pacto de estabilidad no concreta de dónde va a sacar el dinero. Los sanchistas tenían razón cuando durante la campaña electoral exigían a aquellos partidos que de forma un tanto osada y delirante proponían rebajas impositivas a gogó que explicasen qué gastos iban a recortar como contrapartida. Pues por el mismo motivo habría que exigirle al Gobierno que especifique qué tributos piensa elevar.

El pacto de estabilidad únicamente concreta la subida de impuestos respecto al año 2020, en el que se espera que entren en vigor las medidas fiscales establecidas en los presupuestos de 2019, que no pudieron aprobarse y cuya contribución cifra el Gobierno en 5.654 millones de euros. Resulta dudoso que esta cifra se alcance, ya que, al ser en parte el resultado de gravámenes nuevos y un tanto novedosos, se desconoce cómo van a funcionar y cuál va a ser su capacidad recaudatoria, pero en cualquier caso estarán muy lejos de los 26.000 millones en los que se cifra la recaudación para el año 2022, a efectos de elevar la presión fiscal 2,2 puntos y cumplir así las previsiones de déficit establecidas en el plan de estabilidad.

El Gobierno pretende engañar al personal cuando afirma que la diferencia entre los 26.000 millones de euros y los 5.654 se recaudará como consecuencia del incremento de la actividad y empleo. Y desde el diario El País, siempre presto a ayudar a Pedro Sánchez, se pretende explicarlo con gran paciencia y pedagogía. Pero también se equivocan, porque el impacto que puede tener el incremento de la actividad y el empleo está ya contemplado en el simple hecho de mantener la presión fiscal. Esta variable es un cociente entre la recaudación y el PIB, luego para que se mantenga constante el numerador debe incrementarse en la misma medida que el denominador. El incremento de presión fiscal no puede deberse al aumento de la actividad y el empleo a no ser que supongamos que la elasticidad de la recaudación sobre el PIB es muy superior a la unidad, lo que es mucho suponer.

Una vez más, el Gobierno pretende engañarnos y, de paso, engañar a la Comisión. No tiene ninguna intención de acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal. Se contenta con unos cuantos parches, ya diseñados en el presupuesto no nato de 2019. Todo se reduce a crear algunas figuras tributarias desconocidas que no se sabe muy bien cómo van a funcionar ni sobre quiénes va recaer finalmente el gravamen, aunque en algunos casos como en el impuesto sobre el gasóleo sí se conoce: sobre los ciudadanos de menores rentas que son los que no pueden cambiar de coche de un día para otro. El Gobierno no piensa, en realidad, elevar la presión fiscal y por lo tanto cumplir los objetivos de déficit, pero si no tuviese más obligación que cumplirlos por estar en la Unión Monetaria, se vería abocado a tener que hacer importantes recortes en el gasto público, que es lo que hoy por hoy no quiere confesar.

republica.com 10-5-2019



EL IBI, IMPUESTO DE PATRIMONIO DE LAS CLASES BAJAS

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Thu, February 14, 2019 23:50:21

Quizás sea el de patrimonio el impuesto más odiado y vilipendiado por ese pensamiento único que se ha adueñado de la economía, lo cual, hasta cierto punto, tiene su lógica ya que este tributo junto con el de sucesiones y el de renta constituyen los instrumentos esenciales de la progresividad del sistema fiscal. No pretendo en esta columna refutar el discurso falaz que se suele emplear para denostarlo. Para ello, véase mi artículo en este mismo periódico del 22 de septiembre de 2011 o en mi libro “Economía, mentiras y trampas” de la editorial Península. Persigo, eso sí, señalar la contradicción que representa el hecho de que los mismos que condenan sin paliativos este tributo muestren indiferencia e incluso promocionen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es en realidad un gravamen sobre la riqueza, si bien limitado a un único tipo de patrimonio, el inmobiliario. Este tributo tiene además el agravante de no ser progresivo, sino proporcional (lo que en cierta forma es congruente al no incidir sobre todas las riquezas del contribuyente). Será tal vez esa ausencia de progresividad la razón de que este gravamen no moleste demasiado a los realmente adinerados, que son los que imponen el pensamiento único.

En España, el IBI es el impuesto que más ha crecido en los últimos treinta años. Su recaudación nunca se ha reducido, por el contrario, se ha multiplicado por ocho desde 1990. Incide directamente sobre la vivienda, que es el único ahorro y patrimonio del que dispone la mayoría de los ciudadanos. El 77% de los españoles tienen casa en propiedad, diez puntos más que en la media de la Unión Europea. En este caso, sí nos encontramos frente a un impuesto que grava a las clases medias y bajas y, además, como ya se ha dicho, de una manera proporcional y no progresiva.

Sobre la vivienda inciden también otra serie de impuestos: plusvalía municipal, plusvalía estatal, transmisiones patrimoniales, etc., que hacen que, en España, según la OCDE, el porcentaje que representa la imposición sobre el patrimonio inmobiliario respecto a la totalidad de ingresos esté muy por encima del de la mayoría de los países de la Organización. Curiosamente, los que recurren al argumento de la doble imposición para oponerse al impuesto de patrimonio o al de sucesiones no encuentran objeción a que se paguen dos veces por el mismo concepto las plusvalías generadas en las ventas de los inmuebles. Una vez al ayuntamiento, y otra al Estado dentro del impuesto sobre la renta.

El Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido popularmente como plusvalía municipal), que solo grava los inmuebles urbanos (no las grandes fincas de los terratenientes), se ha convertido en un tributo discrecional, puesto que cada ayuntamiento aplica los criterios que cree convenientes y de forma nada transparente. Hay que añadir que la obligación de este gravamen se genera en cualquier transmisión, incluso en los casos en los que se produce por herencia, lo que no ocurre en el impuesto sobre la renta con la plusvalía estatal (llamada habitualmente la “plusvalía del muerto”). La arbitrariedad de esta figura tributaria es tan clara que el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir y considera que este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

Habrá que considerar, además, tal como ya se ha dicho, que el Estado en el IRPF grava también el incremento de los bienes inmuebles manifestado en las transmisiones (las llamadas plusvalías). Esta carga fiscal se ha hecho tremendamente gravosa después del injusto y distorsionante tratamiento dado a estas operaciones en la reforma fiscal de 2014. Desde la implantación del IRPF por la Ley 44/1978, una cuestión ha estado siempre presente en el desarrollo legislativo: cómo descontar la inflación de las plusvalías de manera que no se grave una ganancia que es puramente ficticia. El tema es especialmente relevante cuando el incremento patrimonial se produce en la transmisión de un activo que ha permanecido largo tiempo en el patrimonio del sujeto pasivo (suele ocurrir con los inmuebles), ya que el efecto de la inflación se acentúa, de tal forma que la parte de ganancia debida a la pérdida de valor de la moneda puede llegar a ser muy elevada. Por ello, en las sucesivas reformas de la Ley, el legislador ha introducido en todos los casos mecanismos correctores (aunque no siempre los mismos) para separar los incrementos reales de los ficticios.

En 2014, el Gobierno decidió modificar el régimen fiscal vigente en aquel momento sobre esta materia, y aun cuando el injustificable tratamiento previsto en el proyecto se suavizó a lo largo de la tramitación parlamentaria, las plusvalías por la venta de un inmueble tributan en el IRPF por cantidades muy superiores a las que correspondía con anterioridad a la reforma. Especial gravedad reviste este tema para los inmuebles adquiridos en los años setenta y principios de los ochenta, puesto que, dado el tiempo transcurrido y las elevadas tasas de inflación de aquellos años, dichas ventas pasaron de estar casi exentas a tributar en un porcentaje significativo de la totalidad del valor inmueble.

Los damnificados no son desde luego ni las empresas ni los contribuyentes de rentas altas, que tienen todos sus inmuebles depositados en sociedades, ya que a todos ellos se les ha dado la opción en múltiples ocasiones de revalorizar todos sus activos sin coste alguno. Afecta en mayor o menor medida a las clases medias con una segunda vivienda, y en especial a personas mayores jubiladas o a punto de jubilarse y que han considerado la propiedad inmobiliaria como la mejor forma de ahorrar para completar la pensión frente a los fondos de pensiones, y ahora, después de sufrir la merma de valor de la crisis inmobiliaria, se les dice que van a perder un porcentaje importante del resto de sus ahorros.

En España, la propiedad inmobiliaria está fundamentalmente en manos de las clases medias y bajas. La verdadera riqueza se encuentra, por el contrario, en el capital mobiliario al que por supuesto no le afecta ni el IBI ni la plusvalía municipal y cuenta con infinidad de medios para escapar del gravamen de las plusvalías en el impuesto sobre la renta. De ahí la importancia del impuesto de patrimonio y del de sucesiones, y de ahí también el empeño del neoliberalismo económico en suprimirlos.

republica.com 8-2-2019



LOS PRESUPUESTOS DE LA VERGÜENZA

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Tue, January 29, 2019 19:37:56

Durante los años duros de la actuación de ETA, todas las fuerzas políticas, la opinión pública y la opinión publicada, coincidían, al menos en teoría, en que el terrorismo no podía tener premio. Digo en teoría, porque en ocasiones se tuvo la tentación de lo contrario. Por ejemplo, en las negociaciones que Zapatero estableció con la banda en las que si las cesiones no se llegaron a consolidar se debió al atentado de la terminal cuatro del aeropuerto de Barajas. Incluso también cabría pensar que en algunos momentos, aunque de forma indirecta, por intermediario, a través del PNV, sí hubo cesiones. Ahí está la afirmación de Arzallus acerca de que “ETA agita el árbol y nosotros recolectamos las nueces”.

En los momentos presentes parecería lógico suscribir que el golpismo tampoco debe tener premio y, sin embargo, lo está teniendo. De hecho, ahí se encuentra uno de los grandes fallos de la teoría del diálogo. Resulta una contradicción, amén de una enorme injusticia, primar a una región frente a las demás por el único motivo de que sus dirigentes se hayan rebelado contra la Constitución y el Estado. El asunto bordea la iniquidad cuando la negociación se establece con la finalidad exclusiva de mantener a un gobierno que de otra manera no existiría. El diálogo entonces se convierte en una compra de votos, y además con el dinero ajeno.

Desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura con el apoyo de los secesionistas no ha dejado de conceder dádivas a Cataluña, aunque más bien habría que decir que las concesiones son a los independentistas. La situación ciertamente es humillante para él, pero lo es aún más para su partido y para todos los españoles. La temperatura ha ascendido muchos grados con la elaboración de los presupuestos. Estos se han convertido en una variable fundamental para Pedro Sánchez. No tanto para mantenerse en el poder (estoy convencido de que piensa hacerlo aun cuando no se aprueben las cuentas públicas, prorrogando las del año pasado) como para aumentar sus posibilidades de cara a las futuras elecciones. Por eso han elaborado unos presupuestos irreales.

Estos presupuestos no están hechos para cumplirlos, sino para la batalla electoral. Son populistas, orientados a la captación de votos de colectivos concretos. Lo que importa es el documento inicial, sin que tenga demasiada relevancia su ejecución. Presenta a todas luces una previsión inflada de los ingresos, por lo que antes o después se terminará por recortar los gastos. Se afirma que son unos presupuestos sociales. Todos los gobiernos cuando presentan sus presupuestos los consideran los más sociales de la historia. (Ver las declaraciones en su momento de Montoro y mi artículo del 19 de abril del año pasado). No obstante, hay que reconocer que en este caso se han sabido escoger partidas de gasto de pequeñas cuantías a las que no se precisa añadir grandes recursos para presentar incrementos espectaculares. En realidad, las dos partidas mayores, el aumento del sueldo de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones, estaban en cierta forma condicionadas ya por acuerdos realizados por el anterior Gobierno.

En los ingresos se ha seguido una táctica parecida, primando las medidas efectistas, por encima de la verdadera eficacia en la tarea de reformar a fondo el sistema fiscal español, lo que sin duda es urgente para acercar la recaudación de la Hacienda española a la de los países de su entorno. En cierta forma son unos presupuestos mentirosos. Me recuerdan lo que nos ocurrió hace mucho tiempo a un grupo de amigos en una de esas tabernas antiguas, la que solíamos frecuentar para el aperitivo. En cierta ocasión, pedimos una morcilla a la plancha y cuando nos la sirvieron troceada observamos con extrañeza que era una morcilla muy rara, tenía tres culos. Estos presupuestos son también muy raros, tienen cinco trimestres de IVA.

Las medidas anunciadas tienen solo la apariencia de cambio, en realidad dejan las cosas casi como están, sin abordar los auténticos problemas. Ejemplo significativo es lo que se estipula acerca de las SICAV. Independiente de la conveniencia o no de su existencia, lo cierto es que su uso está siendo abusivo y tramposo por parte de las grandes fortunas, que han convertido una figura financiera de inversión colectiva, y por lo tanto con una tributación reducida del 1%, en una sociedad de inversión individual que debería tributar al tipo general. El procedimiento es sencillo, reclutan 99 hombres de paja (a los que coloquialmente se les llama mariachis), con lo que formalmente se cumple el requisito de los 100 partícipes, pero cometiendo fraude de ley.

Esta forma de actuar originó que la inspección de Hacienda en los primeros años de este siglo levantara actas a las principales SICAV considerando que no tenían esta condición y que por lo tanto debían tributar al tipo general. La presión del poder económico sobre el poder político no se hizo esperar. El medio empleado fue el de casi siempre cuando se trata de favorecer al capital, Convergencia y Unión (CiU). Es conveniente que en Podemos sean conscientes de quiénes son sus aliados. Constituyó uno de los asuntos más bochornosos en materia fiscal de Rodríguez Zapatero y de su ministro de Hacienda, Pedro Solbes. Con la aquiescencia del Gobierno se aceptó una enmienda de CiU por la que se retiraba a la Agencia Tributaria la competencia para determinar si una sociedad tiene o no la condición de SICAV, y se le encomendaba a la CNMV, cuya presidencia ocupaba a la sazón Manuel Conte. Es más, cosa insólita, se consiguió que la medida tuviese carácter retroactivo, con lo que quedaban anuladas las actas levantadas. Ni que decir tiene que hasta la fecha la CNMV no ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto y durante este tiempo las grandes fortunas de este país han continuado utilizando las SICAV a su antojo.

Ahora Pedro Sánchez, bajo la presión de Podemos, devuelve en la Ley de Presupuestos la competencia a la inspección de Hacienda, pero, como quien hace la ley hace la trampa, establece que la última palabra la continúe teniendo la CNMV. No podía ser de otra manera, ya que lo que ahora se quiere corregir es lo que había establecido el propio PSOE con Zapatero y, lo que es más importante, porque el patrocinador de la medida fue CiU cuyo sucesor en estos momentos es el PDeCAT que, junto con Esquerra, constituye el oscuro objeto de deseo de Pedro Sánchez, y a los que no se quiere desairar. En buena medida, la totalidad del presupuesto está montado para conquistarles. Esto es lo que convierte a estos presupuestos en los presupuestos de la vergüenza.

En la moción de censura, Aitor Esteban del PNV inició su intervención en tono irónico, mofándose del Estado español, cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del País Vasco. Comentario humillante, pero cierto. El Gobierno de España lo decidió quienes no creen en España, los que quieren separarse de ella, romper el Estado español. A partir de ese día, se han dado muchos más pasos en la misma dirección. El Gobierno de España tiene como objetivo no ya mantener contento al nacionalismo, sino a los golpistas. Está secuestrado por ellos y dispuesto a humillarse todo lo que sea necesario para no perder su apoyo. Ha elaborado un presupuesto para darles satisfacción y en detrimento del resto de las Comunidades Autónomas.

Desde el primer momento, Pedro Sánchez descartó acometer la reforma del sistema de financiación autonómica con la finalidad de tener las manos libres para negociar bilateralmente con la Generalitat y destinar a Cataluña los recursos necesarios para comprar el voto de los golpistas. Ahora, en los presupuestos, ha consignado un importante aumento de la inversión pública (la regionalizada se incrementa en un 22,25%), lo que le permite dotar a Cataluña con 2.251,38 millones de euros, un 66,82% de incremento, y casi la quinta parte de toda la inversión regionalizada. Solo el incremento de Navarra es superior, aunque en realidad, dada su pequeña cuantía, carece de relevancia. El trato de favor que se pretende dar a Cataluña carece de toda lógica y constituye una enorme injusticia, ya que Cataluña es de las Comunidades más ricas y desarrolladas y su equipamiento contrasta con el de otras regiones como Extremadura, tristemente de actualidad por los desafortunados sucesos acaecidos en las últimas fechas y que ponen de manifiesto el estado calamitoso en el que se encuentran sus infraestructuras.

El Gobierno intenta justificar el arbitrario reparto de los recursos entre las distintas Comunidades y el trato extremadamente privilegiado dado a Cataluña, por la disposición adicional tercera del Estatuto, que establece que “la inversión del Estado en Cataluña se equiparará a la participación relativa del PIB de Cataluña con relación al PIB del Estado”. La ministra de Hacienda, obviando (no se sabe si por conveniencia o por ignorancia) la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional, afirmó en rueda de prensa con mucho descaro -como suele hablar siempre, aun cuando desconozca la materia: “El Gobierno contempla el respeto al Estatuto no como una contrapartida, sino en cumplimiento estricto de la ley y porque creemos que hay que cumplir aquellas disposiciones que se establecen en las leyes orgánicas, como son los Estatutos de Cataluña y otras Comunidades, y que en demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde”.

La disposición adicional citada rompe la integración territorial y los principios del Estado social. Cumplirla implica consolidar el grado de desigualdad regional existente en la actualidad, incluso lo aumentaría y, por lo tanto, hace imposible la convergencia. Solo se entiende como parte de la demencia que se apoderó de Zapatero al aprobar un estatuto anticonstitucional. La Abogacía del Estado, para cumplir las indicaciones del Gobierno de Zapatero de lograr que el Tribunal Constitucional anulase la menor parte posible del Estatuto, no vio otra manera de salvar esta disposición que haciendo una interpretación sui generis, como mero deseo político sin que pueda haber ninguna exigencia legal al Gobierno. Y esta interpretación fue la que acabó siendo refrendada por el Tribunal Constitucional e hizo posible que la disposición no fuese declarada anticonstitucional. Existe una razón más que invalida la postura mantenida por la ministra al pretender basar en el Estatuto su prodigalidad con el dinero ajeno hacia Cataluña y es que lo dispuesto en la disposición adicional tercera tenía una vigencia de siete años, con lo que ha vencido en 2014.

Las cifras que figuran consignadas en el capítulo 6 de los Presupuestos tienen un elevado grado de incertidumbre pues no existe ninguna seguridad de que se realicen. Ello introduce una duda acerca de si muchas de esas cantidades que pueden parecer elevadas en determinadas Comunidades Autónomas no están solo puestas para que los recursos destinados a Cataluña no sean tan escandalosos, sin que en realidad se piense llevar a cabo la inversión. Por ejemplo, en el caso de Extremadura la cifra consignada en los presupuestos actuales engloba la que figuraba el año pasado y que no se realizó.

De los 2.251,38 millones de euros que se consignan para inversión en Cataluña 200 millones corresponden al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que sostenía que la Generalitat tenía derecho a ellos no por el Estatuto sino porque el Gobierno se había comprometido a dárselos. Lo preocupante de la cuestión es que no figuran en el capítulo 6 sino en el 7, como transferencia de capital. Es decir, se acepta que la Administración central no vaya a realizar las obras (por otra parte, no se sabe cuáles son), sino que se transfieran esos 200 millones a la Generalitat para que disponga de ellos a su gusto. Dada la parcialidad de sus órganos de control y el abandono del Gobierno central de sus funciones fiscalizadoras no hay ninguna garantía de que no se terminen gastando en embajadas o en aplicaciones parecidas, orientadas a preparar el siguiente golpe de Estado.

Contemplar al Gobierno de España mendigando los votos de los separatistas y dispuesto a todo tipo de concesiones es un panorama triste y humillante. Hay quien pretende disculpar este comportamiento alegando que todos los gobiernos han comprado el voto de los nacionalistas cuando no han tenido mayoría absoluta. Lo cual es cierto y ha sido uno de los graves defectos que han carcomido nuestro sistema político. Son múltiples las veces que en distintos artículos desde su comienzo he venido refiriéndome a ello y señalando cómo esta actuación distorsiona la equidad interregional y potencia las fuerzas centrífugas, siendo la antesala de lo ocurrido después. Pero lo que no es cierto es que se pueda comparar con la situación actual y con la postura de Pedro Sánchez. Hay una diferencia esencial. Ahora no se trata de nacionalistas, ni siquiera de secesionistas, sino de formaciones políticas que han protagonizado un golpe de Estado y, lo que es peor, muestran su intención de repetirlo. Es este factor el que otorga extrema gravedad a la actitud adoptada por este Gobierno y permite calificar a estos presupuestos como los de la vergüenza.

correspondencia.com 25-1-2019

POPULISMO, HIPOTECAS E IMPUESTOS

HACIENDA PUBLICAPosted by JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO Wed, November 28, 2018 18:24:58

Farsa, sainete, pantomima. Todos los sinónimos son insuficientes para calificar el espectáculo (formado recientemente alrededor de la determinación del sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en el supuesto de la suscrición de las hipotecas. Todos los actores se han precipitado en la mayor demagogia e hipocresía. La totalidad de los partidos políticos ha abrazado el populismo. Han intentado arrimar el ascua a su sardina. Todos se han guiado no por lo justo o injusto, ni siquiera por lo más eficaz, sino por lo que piensan que va a tener más aceptación entre su clientela.

El PP y Ciudadanos, con poca imaginación, entre la banca y los prestatarios, han tirado por elevación, han roto el nudo gordiano, recurriendo a su senda preferida, la de reducir la imposición y pedir la eliminación del gravamen. Que pierda la Hacienda Pública o, lo que es lo mismo, todos los españoles. Ni que decir tiene que la reivindicación ha sido muy bien acogida por una gran parte de los creadores de opinión, que en seguida la han coreado, haciendo comparaciones internacionales. Comparaciones que, por supuesto, se realizan siempre sin contemplar la totalidad del sistema fiscal, en las que España se situaría entre los Estados con menor presión fiscal, sino considerando tan solo una figura tributaria y eligiendo los países en los que no existe o cuyo tipo es más reducido. Entre la mayor parte de la sociedad, la supresión de los impuestos tiene siempre buena prensa, sobre todo cuando no se pone sobre la mesa el coste de oportunidad y, por lo tanto, los ciudadanos no son conscientes de a lo que tienen que renunciar a cambio. No es el momento de criticar a fondo esta forma de populismo de derechas. Creo que ya lo he hecho desde estas páginas otras muchas veces.

Pero hay otro populismo que padecen los partidos que se consideran de izquierdas. El presidente del Gobierno y Podemos, ante la alternativa, han optado por atacar a la banca, lo que también goza de asentimiento mayoritario, y constituye uno de los deportes favoritos de cierto progresismo. Conviene desmontar los tópicos y los anacronismos que están asentados en la opinión pública acerca de las entidades financieras. Se aprecia una cierta demagogia que considera rentable políticamente todo lo que sea lanzar anatemas sobre la banca, y convertirla en una especie de diana, sin considerar que, en la mayoría de las ocasiones, un ataque indiscriminado puede convertirse en un bumerán que a menudo se vuelve contra nosotros.

En cierta forma, aunque suene exótico, la banca terminamos siendo todos. Las entidades financieras son totalmente necesarias para el funcionamiento de la economía. Otra cosa distinta es si deben ser públicas o privadas y hasta qué punto deben ser controladas por el poder político. Por desgracia, los errores y problemas de las entidades financieras acaban afectando de manera muy importante a la economía nacional, y en consecuencia a casi todos los ciudadanos. Las crisis financieras terminan siendo también recesiones económicas que acarrean graves daños a la mayoría de sociedad. Por otra parte, todas las crisis bancarias que se han producido, al menos en nuestro país, han finalizado a base de sanear las entidades en pérdidas con dinero público.

Los bancos tienen una característica especial que los diferencia del resto de las empresas. El capital constituye una pequeña parte del pasivo, de manera que, en caso de quiebra, los perjudicados no son solo los accionistas sino en número mucho mayor los acreedores, entre los que se encontrarán también empresas que pueden verse obligadas a cerrar y, a su vez, pueden arrastrar a otras empresas al abismo. Esto es, una reacción en cadena. De manera que quizás no sea tan buena idea utilizar a la banca de diana de todos los posibles impuestos. A menudo, hay una confusión en el objetivo. Lo conveniente quizás no sea gravar a la banca, sino a los banqueros por los desproporcionados sueldos que cobran o a los accionistas por los dividendos percibidos. Desde el punto de vista del interés social, lo más importante tal vez consista en someter a las entidades financieras a una fuerte supervisión, de manera que no se puedan repetir las graves situaciones pasadas que hundieron la economía y costaron tantos recursos públicos. En ocasiones, incluso puede resultar conveniente prohibir el reparto de dividendos.

Concretamente en España los bancos (no los banqueros) quedaron en muy mala situación después de la crisis. Es cierto que no se hundieron como la mayoría de las Cajas, pero tuvieron graves dificultades y se vieron en la obligación de aprovisionar pérdidas por los activos tóxicos que mantenían en sus balances. Estas pérdidas no pudieron deducirse en su momento en el impuesto sobre sociedades, bien porque todavía no se habían realizado, bien porque en esos ejercicios no había saldos suficientes y quedaban pendientes de una compensación en los años posteriores. Es lo que se ha llamado activos fiscales diferidos (DTA). Sin entrar de lleno en su problemática, cosa imposible en estos momentos, hay que señalar que se produjeron dos efectos bastante negativos.

El primero es que, debido a ellos, la banca apenas ha pagado impuestos todos estos años, puesto que los DTA se hicieron deducibles de cualquier tributo al que la entidad financiera estuviese obligada. El segundo es aún más grave. Para cumplir los niveles de solvencia exigidos por Basilea III, la banca española pretendió computar como capital los DTA. Para que Bruselas lo aceptase fue preciso que el Estado español avalase dichos activos. He aquí que el erario público se convirtió en fiador de todas las entidades financieras y, en caso de que estas incurran en concurso o quiebra, deberá responder ante los acreedores. Ya ha surgido el primer caso. El hundimiento del Popular y su adquisición por el Santander han llevado a este último banco a reclamar a la Agencia Tributaria 1.500 millones de euros, correspondientes a los DTA que el Popular mantenía en el balance.

Resulta, por tanto, bastante obvio que desde una óptica de izquierdas la actuación frente a las entidades financieras es mucho más compleja que la de simplemente gravarlas con un nuevo impuesto o, tal como ha hecho Pedro Sánchez, salir corriendo, aprovechando una actuación aciaga de los tribunales, a dar una rueda de prensa para vanagloriarse de modificar la ley y hacer recaer sobre la banca el IAJD en la subscrición de las hipotecas. La norma que Sánchez ha reformado llevaba en vigor más de veinte años, aprobada, por cierto, por un gobierno socialista, y hasta ahora nadie había propuesto el cambio. Una reacción tan atropellada no puede por menos que calificarse de mero oportunismo político, de pura demagogia. La precipitación del Gobierno ha sido tan grande que no se dieron cuenta de que dejaban exentas a todas las cajas rurales y cooperativas, de modo que, tal como ya nos tienen acostumbrados, tuvieron que corregirse posteriormente.

Que la postura adoptada por el Gobierno obedece a un simple postureo y a ganas de engañar al personal aparece de forma palmaria al considerar que el cambio acometido en la norma resulta totalmente inútil. Ni el Gobierno ni la ley ni los tribunales pueden dictaminar quién va a soportar el impuesto en una transacción económica. Establecen tan solo quién es el sujeto pasivo, pero no sobre quién va a recaer el gravamen efectivo. Esta decisión surge del mercado, del juego de la oferta y la demanda. El resultado es el mismo sea quien sea (banca o cliente) el sujeto pasivo. Nos guste o no, vivimos en una economía de mercado y por lo tanto resulta imprescindible conocer sus leyes, de lo contrario podemos obtener un efecto contrario al que pretendíamos o decíamos pretender. Bien es verdad que ello importa poco, cuando el único objetivo es la propaganda política.

En una transacción económica, todos los gastos y los impuestos forman parte del precio real, y así son considerados tanto por el oferente como por el demandante. En su actuación en el mercado tanto la oferta como la demanda tendrán en cuenta quién paga el gravamen para ajustar el precio. De manera que, sea quien sea el sujeto pasivo, el desenlace final será el mismo, normalmente un reparto del impuesto entre oferentes y demandantes que no tiene por qué ser de la misma cuantía. Todo dependerá de la fuerza de cada una de las partes.

La suscripción de una hipoteca constituye una transacción económica, en la que los prestatarios ajustarán su demanda de acuerdo con el coste de la operación, pero incluyendo en él no solo el tipo de interés sino todos los gastos y los impuestos, si son ellos -como hasta ahora- los obligados a pagarlos. Por el contrario, si, tal como va a ser a partir de este momento, la entidad financiera se convierte en el sujeto pasivo, pocas dudas caben que todos los bancos acomodarán el tipo de interés de manera que su rentabilidad continúe siendo la misma. Es posible que, dada la polémica suscitada, para no dar una mala imagen, no lo hagan de manera inmediata, pero en muy poco tiempo, de forma generalizada y sin que apenas nos demos cuenta, se habrá producido el ajuste. De poco vale que la Comisión Nacional de la Competencia afirme que va a vigilar para que las entidades financieras no se pongan de acuerdo. No hará falta ningún pacto. El nuevo equilibrio surgirá de manera natural y por las propias leyes del mercado.

La cosa cambia cuando hablamos de retroactividad, puesto que en ese caso los prestatarios sí se pueden encontrar con un beneficio inesperado, extraordinario, en cierta forma podríamos hablar de un enriquecimiento injusto, ya que en su momento suscribieron el préstamo con unas condiciones estipuladas y fijadas de acuerdo con el hecho de que eran ellos los sujetos pasivos del impuesto, y no las entidades financieras. Si la situación hubiera sido la contraria, las condiciones también habrían sido distintas.

Todo enriquecimiento injusto conlleva el injusto empobrecimiento de alguna otra parte. Desde la exaltación populista se podría alegar que en este caso tiene poca importancia, ya que la otra parte es la banca. No corramos tanto. Si las entidades financieras sufren una importante pérdida extraordinaria, con toda probabilidad la repercutirán en los futuros clientes y serán estos los que acaben asumiendo el empobrecimiento. Pero es que, incluso, puede ocurrir que el coste de la devolución del impuesto no alcance, ni siquiera como intermediarias, a las entidades financieras, y sea asumido directa y definitivamente por el erario público. Desde luego, la reclamación de los prestatarios debería dirigirse a las haciendas autonómicas que son las que en primera instancia tendrían que hacer frente al reembolso y es muy dudoso que legalmente pudieran más tarde cargar el impuesto atrasado sobre la banca. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, basándose en el principio de confianza legítima con la Administración, rechaza un recurso de la hacienda del País Vasco, con el argumento de que empresas y particulares no deben hacer frente retroactivamente a tributos vencidos cuando se reclaman por un cambio de criterio de la Administración.

Es muy posible, por tanto, que el quebranto recayese sobre la Hacienda Pública y, en consecuencia, el perjuicio sobre todos los contribuyentes. Tal vez esto no tenga demasiada importancia para la vicepresidenta del Gobierno actual, que pensaba cuando era ministra de Zapatero que el dinero público no es de nadie, pero sí la tiene y mucha para todos aquellos que de verdad crean que la Hacienda Pública somos todos. Es por ello por lo que se entiende mal que los líderes de Podemos convoquen una manifestación para defender el enriquecimiento injusto de un colectivo con el consiguiente empobrecimiento también injusto de otros colectivos o de la totalidad de los ciudadanos.

También algunos jueces del Supremo se cubrieron de gloria. En primer lugar, la Sección Segunda de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, que en sentencia de 10 de 0ctubre, con cierta pedantería y autosuficiencia, declara nulo el art. 68.2 del Reglamento del ITPAJD que había sido aprobado en 1995 con Pedro Solbes en el Ministerio de Hacienda, y que establecía que el sujeto pasivo en los créditos hipotecarios era el prestatario. La sentencia contradecía así el criterio que hasta entonces y durante veinte años venía manteniendo el Tribunal Supremo, con argumentos tanto o más fundados que los que se exponían en la sentencia citada. Lo lógico hubiera sido que esta sección, antes de pronunciarse, hubiera consultado con el presidente de la Sala y con los miembros de la sala primera (de lo civil) del alto tribunal, que en el mes de marzo de este mismo año se habían manifestado en la línea tradicional y aceptada hasta entonces, y a la que venía a contradecir la nueva sentencia.

Tampoco estuvo muy fino el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo quien, pretendiendo arreglar el lío creado por la última sentencia, forzó a que esta quedase en suspenso y fuese revisada por el pleno de toda la sala, a efectos de uniformar la doctrina. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque dio lugar a toda clase de sospechas acerca de las presiones de la banca, hizo revisable una sentencia que no lo era y violentó el principio de juez natural que se identificaba con la sección segunda.

En fin, unos y otros dieron un espectáculo lamentable, precisamente en un momento en el que el Tribunal Supremo es objeto de una ofensiva interesada y deleznable con la intención de exhibir que España no es un Estado democrático y europeo, y que en él no se respetan los derechos humanos. No puede extrañar, por tanto, que desde el ámbito del independentismo se aprovechase la ocasión para salir en tropel con la pretensión de descalificar al Tribunal Supremo, y minar así su autoridad de cara al proceso contra los golpistas. Mucho menos explicable es aún que los líderes de Podemos asumiesen una tarea parecida, y no digamos que sea el presidente del Gobierno el que utilice el desliz del alto tribunal para desacreditarlo y menoscabar su objetividad y competencia. Ya no se trata de populismo y de demagogia, sino de hacer el juego a los golpistas, pagarles quizás sus servicios y sus favores.

republica.com 23-11-2018



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